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Teódulo López Meléndez

Democracia del siglo XXI

Meta de Internet en los ODS encuentra rezagada a América Latina

Internet

Por Emilio Godoy

MÉXICO, 27 ago 2015 (IPS) – Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluirán entre sus metas el fortalecimiento de Internet y América Latina va a comenzar su cumplimiento con rezago en aspectos que son clave para ampliar su uso educativo o médico e incrementar su seguridad y ancho de banda.

Ese retraso se observa especialmente en la construcción de puntos de intercambio de tráfico de Internet (IXP, en inglés) y la migración del protocolo de Internet de la versión 4 a la 6 (IPv6, en inglés).

En el primer caso, esos puntos neutros de interconexión permiten la gestión veloz de mayor cantidad de datos, porque circulan en el territorio nacional sin necesidad sin necesidad de accesos hacia el exterior. Así se rebajan costos y se aumenta la calidad del servicio.

En el segundo, la versión IPv6 brinda espacio de direcciones prácticamente infinito, mejor soporte para seguridad, computación móvil, mejor calidad de servicio y un mejor diseño para el transporte de tráfico multimedia en tiempo real. Ello representa un enorme potencial para su aplicación social en temas como salud y educación.

Para Lacier Dias, profesor de la consultora brasileña VLSM, el avance en su país no es suficiente.

“Falta inversión y más infraestructura. Es un desafío llevarlo a todo el país, por el tamaño del territorio y la distancia. Otro desafío es ofrecer banda ancha a todos los usuarios”, refirió el especialista a IPS.

En la región, Brasil lidera la operación de IXP, con 31 sitios, según el estudio de 2014 “Expansión de infraestructura regional para la interconexión de tráfico de Internet en América Latina”, elaborado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), que opera como banco de desarrollo regional.

La posición de Brasil obedece a una política pública a favor de esta infraestructura, combinado con una agencia multisectorial eficaz, el Comité Gestor de Internet (CGI), que administra la red de país con la participación del gobierno, las empresas, la academia y la sociedad civil.

En 2004, el CGI lanzó la iniciativa “Punto de intercambio de tráfico” para instalar más IXP entre universidades y proveedores de servicios de telecomunicaciones e Internet.

Los 32 IXP cubren al menos 16 de los 26 estados brasileños, con un pico de tráfico agregado de 250 gigabytes. Se ha identificado 16 puntos potenciales de IXP, mientras al menos 47 están bajo evaluación.

En Argentina, el primer IXP surgió en 1998 y ahora operan 11 en cinco provincias. Con ellos se entrelaza a más de 80 operadores de redes mediante un nodo en Buenos Aires. El tráfico total supera ocho gigabytes por segundo.

Este concentrador, conocido también por el vocablo inglés hub, es gestionado por la Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea, que aglutina a proveedores de internet, telefonía y contenidos en línea.

México abrió su único IXP en 2014, administrado por el Consorcio para el Intercambio de Tráfico por Internet, integrado por la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet y proveedores de servicios cibernéticos.

Los usuarios de esos sitios son proveedores de Internet, los sistemas educativos, los gobiernos estadales y otros.

En una cumbre que congregará a jefes de Estado y de gobierno en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, entre el 25 y el 27 de septiembre, se adoptarán los 17 ODS, con 169 metas específicas a alcanzar para 2030.

El noveno ODS compromete a “desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación”, y dentro de él la meta 9-C demanda “incrementar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados en 2020”.

En América Latina, al contrario que en Europa, aún no operan IXP regionales para agregar tráfico entre países.

En el Estado de la Banda Ancha 2015, lanzado en julio por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se indica que casi la mitad de la población latinoamericana usa Internet.

Chile, Argentina y Uruguay, por ese orden, son los países con más usuarios conectados, mientras Guatemala, Honduras y Nicaragua cuentan con el menor número, en una región dominada por la brecha en el acceso entre las zonas rurales y urbanas.

En cuanto a de la banda ancha,  el acceso a Internet de alta velocidad según estándares de la estadounidense Comisión Federal de las Comunicaciones, el estudio de la Cepal indica que Uruguay, Argentina, Chile y México reportan las mayores conexiones superiores a los 10 megabytes por segundo y a la zaga quedan Perú, Costa Rica, Venezuela y Bolivia.

En tanto, el mayor consumo de banda ancha por dispositivos móviles se da en Costa Rica, Brasil, Uruguay y Venezuela, mientras el menor lo tienen Paraguay, Guatemala, Perú y Nicaragua.

“La región debe interconectarse más y, para ello, hay que fomentar el tráfico e IXP regional. En intercambio de tráfico, hay mucho por hacer. No hay nodos. Hay que construir infraestructura, con anillos regionales”, declaró a IPS el secretario nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación de Paraguay, David Ocampos.

Esa nación construye su primer punto IXP.

De todo el contenido consultado en América Latina, solo 30 por ciento es producido en alguno de sus países, lo cual es achacable a la disponibilidad de banda ancha y a infraestructuras como puntos IXP e IPv6, según el estudio “El ecosistema y la economía digital en América Latina”, elaborado por  el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina.

De los 100 sitios más populares en la región, solo 26 son creados en alguno de sus países, aunque el consumo de cibertráfico por usuario subió 62 por ciento en los últimos años, por encima del incremento mundial.

En los países latinoamericanos se han invertido 150.000 millones de dólares en telecomunicaciones en los últimos siete años, pero para los próximos siete se requiere de otros 400.000 millones para cerrar la llamada brecha digital.

La CAF propone la construcción de tres IXP interregionales, situados en Brasil, Panamá y Perú, así como tres tipos de conexión nacionales en el resto de la región, para integrarse a las primeras.

Respecto a IPv6, lanzado mundialmente en 2012, América Latina y el Caribe transitan lentamente a ese estándar.

La región agotó oficialmente en junio de 2014 el espacio de direcciones IPv4 que le habían sido asignadas.

El año pasado, Brasil poseía casi 54 por ciento de ese espacio regional asignado, México, 10 por ciento; Argentina, 10 por ciento; Chile, casi seis por ciento y Colombia, casi cuatro por ciento, según las estadísticas del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe.

En el protocolo IPv6, Brasil comanda la lista, con 70 por ciento; Argentina, nueve por ciento; Colombia, tres por ciento; Chile, 2,5 por ciento, y México, 2,3 por ciento.

“Con IPv6 se puede abarcar a todos los usuarios de internet, redes de tercera generación, móviles. A partir de este año, Brasil solo compra equipos tecnológicos que soporten IPv6”, señaló el brasileño Dias.

“Todos apuestan a IPv6, es la migración natural de Internet. Con más IXP, viene el paso a IPv6. La banda ancha impulsa el IPv6 y permite el incremento de usuarios”, planteó el paraguayo Campos.

La Cepal indica que en 2013, la penetración de banda ancha fija se situó en nueve por ciento en la región y de móvil, en 30 por ciento. De los 18 países analizados, en 16 hay mayor penetración de banda ancha móvil que fija.

La Unión de Naciones Suramericanas, que reúne a 12 naciones, construye un anillo de más de 10.000 kilómetros de fibra óptica para unir a los integrantes del bloque. 

Editado por Estrella Gutiérrez

Brasil al borde el equilibrio inestable

crisis Brasil

En esta columna, Fernando Cardim de Carvalho, economista y profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, analiza la situación política de Brasil y sostiene que el país se encuentra en un punto muerto, ya que ningún partido político tiene la fuerza suficiente o el interés para hallar una estrategia política alternativa que sea mejor y más promisoria.

Por Por Fernando Cardim de Carvalho |English version

Fernando Cardim de Carvalho

Fernando Cardim de Carvalho

RÍO DE JANEIRO, 27 ago 2015 (IPS) – Mientras que la situación política en Brasil parece alcanzar un estado de equilibrio inestable, o más directamente, que la inestabilidad se transforma en un punto muerto, la economía sigue deteriorándose.

La agudización de los conflictos políticos que podrían conducir al colapso absoluto de la economía parece haberse atenuado por el traspaso, el 7 de abril, del poder político real de la presidenta Dilma Rousseff al vicepresidente Michel Temer.

Temer logró traer de vuelta al bando gubernamental a Renan Calheiros, el presidente del Senado federal, con un pacto de reparto de poder destinado a aislar al presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, quien asumió una postura mucho más radical.

El acuerdo ha funcionado hasta el momento.

La presión para que la presidenta dimita o para que los órganos competentes inicien los procedimientos de juicio político parece haber alcanzado su límite.

La oposición popular a la administración federal, que tiene su fuerte en São Paulo – como se demostró en las manifestaciones masivas de marzo y abril y, más recientemente, del 16 de agosto – no tuvo el crecimiento de bola de nieve que sus dirigentes esperaban.

En suma, las posiciones parecen haberse solidificado a medida que se alcanzó cierto grado de acuerdo político.

El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) tomó la delantera del lado del gobierno, y la oposición formal a Rousseff, incluido el partido que lidera nominalmente a la oposición, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), se congregó en torno a Cunha, que sigue siendo su mejor esperanza para la vía hacia el juicio político.

En este punto las manifestaciones callejeras no parecen capaces de cambiar el panorama. Sin embargo, cabe señalar que solo la oposición fue capaz de organizar protestas multitudinarias. Los intentos de los grupos progubernamentales de hacer lo mismo a favor del gobierno fueron pocos y de escaso éxito.

En este contexto, la economía brasileña sigue deteriorándose. El impacto contractivo del ajuste fiscal fue mayor de lo esperado porque nadie puede prever lo que vendrá, aunque, de hecho, se implementarán las medidas anunciadas, mientras que las dificultades actuales, incluidas las fiscales, seguirán creciendo.

El gobierno federal no logró aprobar las medidas de contracción que, según argumentaba, eran esenciales, generando así un callejón sin salida por el cual se prevé que el éxito del gobierno será muy malo para el país, pero su fracaso aun peor.

Muchos economistas pronostican una caída del producto interno bruto (PIB) en 2015 cercana a dos por ciento, y postergan la posibilidad de recuperación hasta 2017, al menos.

Si esta contracción realmente sucede será una de las recesiones más graves de la historia reciente, mucho peor que la sucedida en 2008 y 2009.

Los motivos son complejos y el gobierno tiene razón, en parte, al apuntar al empeoramiento del escenario externo. China ya no puede impulsar el avance de Brasil. La recuperación de la economía estadounidense es débil y volátil. Europa no logra superar sus fosiizados puntos de vista sobre las virtudes de la austeridad, lo que hace trastabillar a toda la zona.

Por supuesto, esta excusa solo es válida hasta cierto punto.

Muchos analistas llamaron la atención de las autoridades gubernamentales al hecho de que el crecimiento durante los dos mandatos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) se desvanecería si China perdía su impulso, lo que ha ocurrido.

El país perdió la oportunidad de realizar inversiones, sobre todo en infraestructura, lo que habría aumentado su capacidad productiva.

Con ese fin deberían haberse aplicado sistemáticamente políticas industriales eficientes, expandido la inversión pública y buscado políticas cambiarias constantes para modificar la imagen de la sobrevaluación que asfixia a la manufactura nacional, con vaivenes, desde que se implementó el Plan Real en 1994.

Prácticamente nada de esto se llevó a cabo.

Se anunciaron planes de inversión sin consecuencia alguna, los fabricantes nacionales se convirtieron cada vez más en importadores, y las carreteras, los puertos y la producción de energía se rezagaron ante las necesidades reales, mientras que el gobierno presentaba las medidas para aumentar el endeudamiento y ampliar el consumo como una combinación exitosa de políticas socioeconómicas.

En los dos últimos años del primer mandato de Rousseff (2011-2014), estas políticas ni siquiera lograron elevar las tasas de crecimiento y el PIB se estancó a medida que el gobierno intentaba reactivar la economía recurriendo cada vez más a los trucos, en particular a los de carácter contable, y al reparto de favores a sectores con conexiones políticas.

En gran medida, el retorno a la austeridad fue motivado por la incapacidad para reactivar la economía, que duplicó la apuesta por las políticas erradas. Las medidas de austeridad en una economía en contracción solo pueden acelerar la caída. Pero la disolución del poder político de la presidenta triplicó esa apuesta.

Nadie puede creer que Rousseff tiene el poder de emprender realmente una trayectoria política alternativa. De hecho, si la alternativa a la austeridad es volver a lo que hizo en su primer mandato, la mandataria no encontrará quién la apoye, excepto, quizás, en el bando cada vez menor de sus creyentes incondicionales.

Así que el país se encuentra en un punto muerto. Ningún partido político parece tener la fuerza suficiente o el interés para hallar una estrategia política alternativa que sea mejor y más promisoria.

Los rivales más radicales – el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y el PSDB – se enfrascaron en un juego de culpas mutuas, en el intento de determinar cuál de los dos presidentes, Fernando Henrique Cardoso o Lula, había sido peor.

Ninguno de ellos parece tener nada que ofrecer.

El PMDB no se ocupa de las estrategias mayoristas y parece estar más interesado en las minoristas. Dada la fuerte pérdida de confianza en el PT y sus líderes, Lula incluido, el partido parecería estar excluido de todo acuerdo de poder que pueda concebirse en el futuro próximo. Y sus perspectivas para el futuro a largo plazo son, como mínimo, muy inciertas.

La situación del PSDB no es mucho mejor, porque todo lo que tiene a su favor es el recuerdo desdibujado del período de Cardoso, cuando prácticamente los mismos problemas eran tan graves como los actuales y el partido era igual de incompetente en señalar soluciones como el PT lo es ahora.

En esta situación tomó la posta el PMDB. Alcanzó cierto grado de estabilidad política pero no tiene la visión de dónde conducir a la economía. Dada su estructura, basada en una federación de dirigentes estatales, al partido le va mejor con los favores que con las estrategias.

Como ocurrió durante la presidencia de José Sarney a fines de la década de 1980, eso puede alcanzar – en el mejor de los casos – para frenar el deterioro económico, pero no para conducir a la reactivación.

El país va a sobrevivir, por supuesto, como lo ha hecho en el pasado. El problema es que Brasil tiene experiencia, lamentablemente demasiado frecuente, en el liderazgo político de baja calidad, por lo que incluso los analistas optimistas solo ven dificultades en el porvenir.

Editado por Phil Harris / Traducido por Álvaro Queiruga

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El cisne negro

Artículo de Teódulo López Meléndez en el diario “El Universal” (Miércoles 26/08/15)

cisne negro 2

www.eluniversal.com/opinion/150826/el-cisne-negro

La impudicia de la indulgencia

tolerancia

Por Alberto Medina Méndez

Alberto Medina Méndez

La corrupción atraviesa a los gobiernos desde hace mucho tiempo. Su omnipresencia abruma y su permanencia se sostiene sobre su naturaleza estructural, esa que la hace casi imposible de erradicar. Es tal su potencia que ha logrado que la sociedad la naturalice, la incorpore como parte del paisaje y, en ese contexto, tolere convivir con ella casi sin escandalizarse.

Este fenómeno cultural ha penetrado con tanta fuerza que no solo los corruptos creen estar haciendo lo correcto y asumen que cualquiera haría lo mismo en su lugar, sino que también los que entienden que ese modo de vida es incorrecto parecen haber caído en la trampa de la mansedumbre.

El daño que este perverso hábito ha generado no solo impacta a la hora de vaciar las arcas del Estado en cualquiera de sus formas, saqueando los recursos de toda la sociedad. El asunto es más complejo aún y los alcances del deterioro moral son mucho más profundos que lo que pueda imaginarse.

Es increíble observar como se ha desplazado el umbral que traza la línea entre las personas integras y los criminales. El saber popular solo colocará en la lista de los corruptos a aquellos que delinquen con obscenidad, los que lo hacen con absoluto descaro y sin ningún tipo de escrúpulo.

Los sutiles, los mesurados, los más educados y menos burdos, quedarán prácticamente eximidos de su responsabilidad. Es que la experiencia cotidiana indica que todos los que conducen los destinos del gobierno, tendrán que hacerlo de algún modo, por lo tanto lo que termina importando son las formas y eventualmente los montos, y no necesariamente la actitud.

Es demasiado impactante seguir de cerca esos diálogos en los que parece vital desplazar del poder a los delincuentes de turno para reemplazarlos por otros que, haciendo lo mismo, solo han tenido ciertos cuidados para no parecerse demasiado a los primeros.

Es tiempo de que la sociedad se sincere plenamente y se anime a explicitar con total claridad cuáles son sus verdaderos valores morales. Es relevante saber, a estas alturas, si realmente la corrupción es absolutamente inaceptable o solo se trata de rechazar lo grosero y rústico, de cuestionar los modos y ciertos desagradables estilos personales.

Por triste que resulte, se ha instalado vigorosamente una postura demasiado frecuente, que plantea argumentos frágiles, de gran debilidad no solo intelectual, sino de una relatividad moral que espanta.

Gente inteligente, con acceso a la educación, sin carencias económicas que condicionen su supervivencia, son los que militan con más vehemencia en esta eterna e inexplicable doble moral.

Despotrican contra los malhechores cuestionando sus aptitudes y criticando su indecencia crónica, pero con idéntico entusiasmo idolatran a personajes de dudosa reputación que solo pueden mostrarse como una versión atenuada de similares conductas.

Al final, todo parece ser una simple cuestión de magnitudes. Los que roban mucho son considerados corruptos, pero para los que lo hacen moderadamente existe un indulto social completamente incomprensible.

Es patético, pero definitivamente contemporáneo. Una importante porción de la sociedad solo aspira a elegir a los ladrones más civilizados, simpáticos y discretos. Los honestos prácticamente no aparecen en la grilla y entonces la comunidad no hace más que optar entre diferentes delincuentes.

El problema de fondo es que los honrados no participan lo suficiente como para cambiar la esencia de la política, aunque es justo reconocer que muchos lo intentaron. Algunos, luego de hacer su máximo esfuerzo, se encontraron con que todo era mucho más complejo de lo previsto. Los menos perseveraron y aún siguen intentando ese difícil recorrido. Otros decidieron desistir frente a las infinitas e insalvables dificultades.

Un grupo importante de los que ingresaron a la política para aportar integridad, decidieron mutar y aceptar las impiadosas reglas de juego, claudicando en sus convicciones, bajo el cómodo argumento de asumir que no existe otro modo de hacer política que abandonar los principios.

Es importante no resignarse con tanta docilidad y creer que todo seguirá siendo igual, solo porque siempre fue así. Los cambios se consiguen, primero asumiendo que resulta posible lograrlo. Las utopías dejan de serlo cuando se actúa en consonancia con los sueños. Si no se hace nada al respecto, seguirán siendo solo ideales vacios de los que nadie se ocupa.

Claro que se pueden admitir que existen ciertas circunstancias en las que se debe elegir el mal menor. No se debe dejar de lado lo pragmático frente a una situación límite. Muchas veces se trata justamente de optar por la alternativa menos desagradable.

Lo que resulta inadmisible es convertirse en un entusiasta impulsor de un grupo de bandidos, con el agravante de disimular deliberadamente sus inocultables vicios, minimizar sus defectos, para transformarlos en artificiales adalides de la eficiencia y la honestidad. Lamentablemente son lo que son, solo más de lo mismo. En todo caso pueden ser aceptados como parte de una amarga transición que permita luego empezar a construir una opción superadora, mucho mejor, más aceptable, esa que valga la pena promover y de la que se pueda sentir un genuino orgullo.

El camino consiste en ser suficientemente crítico, disponerse a ser parte de una construcción realmente virtuosa y evitar la infantil complacencia de siempre, esa que termina siendo la impudicia de la indulgencia.

albertomedinamendez@gmail.com

La economía china lanza la alerta ¿escuchará América Latina?

China

Por Diego Arguedas Ortiz |English version

SAN JOSÉ, 22 ago 2015 (IPS) – Durante años, América Latina exportó sus materias primas hasta las voraces fábricas chinas y así nutrió su economía, pero ahora que China ha pasado a priorizar el consumo de sus ciudadanos sobre la producción industrial, ¿cómo reaccionará la región?

La vertiginosa expansión china impulsó económicamente a las naciones latinoamericanas y a cambio, la región recibió los productos terminados de las industrias del gigante asiático, créditos de su sistema bancario internacional y una fuerte inversión en infraestructura.

Pero ante el freno a ese explosivo crecimiento, los países latinoamericanos tienen dos opciones: avanzar hacia una economía de mayor valor agregado o perder relevancia con un modelo económico obsoleto heredado del siglo XX, coincidieron en plantear varios especialistas consultados por IPS.

“En los últimos cinco años, la relación entre América Latina y China ha estado dominada por América Latina enviando algunas materias primas a China y China exportando bienes manufacturados hacia América Latina”, explicó a IPS la sinóloga estadounidense Rebecca Ray.

“Pero esto podría estar a punto de cambiar”, advirtió la investigadora de la Universidad de Boston y coautora del Boletín Económico China-América Latina de la Iniciativa Mundial de Gestión Económica (GEGI, en inglés).

Según Ray, los gobernantes chinos están virando hacia una estrategia de desarrollo con énfasis en crecimiento lento pero sostenido y que prioriza el consumo interno de sus ciudadanos sobre la producción de sus factorías, lo que abre espacios para importar bienes manufacturados de otros países.

El camino hacia ese futuro fue uno de los ejes de debate del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este, reunido en esta capital costarricense entre el martes 18 y este viernes 21, en que participaron cancilleres y altos funcionarios de 36 países, bajo el concepto de “dos regiones, una visión”.

Ante el resfrío de la economía china, deben ser los tomadores de decisiones de la región quienes asuman la iniciativa y plantear alternativas económicas de mayor valor agregado, plantearon de manera uniforme los especialistas consultados.

Hasta ahora, la región ha tardado en dar el salto. Tan solo cinco productos primarios (soja, hierro, petróleo y cobre en bruto y cobre refinado), acaparan 75 por ciento de las exportaciones a China y la presencia de bienes manufacturados es mínima.

Sin embargo, el otro gran eje económico entre el gigante asiático y América Latina, la inversión en infraestructura, podría paradójicamente beneficiarse de la desaceleración y de la reforma en la dirección de la economía china, adujeron los expertos.

El freno de la locomotora económica global desde 2014, cuando el crecimiento chino fue de 7,4 por ciento, el más bajo en 24 años, “puede afectar las economías que dependen de estas cuantas materias primas. Pero, en contraste, las inversiones chinas en infraestructura pueden ayudar a otras industrias”, analizó Ray.

Bien administrados, adujo, los proyectos con capital chino pueden cerrar las históricas brechas de la región en infraestructura y servir de plataforma para el desarrollo de otras industrias que puedan valerse de la inversión en transporte y energía, dos grandes ejes para los asiáticos.

“Ojalá los tomadores de decisiones usen esta oportunidad para potenciar el desarrollo en industrias no tradicionales”, reflexionó.

Keiji Inoue y Sebastián Herreros, de la División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), coincidieron en señalar que la nueva realidad china alimenta esa oportunidad.

“En la medida en que esos proyectos estén alineados con las prioridades de los países de la región, una mayor presencia china podría contribuir a cerrar gradualmente la brecha de infraestructura que caracteriza a América Latina, y de este modo a fortalecer la integración regional y mejorar su competitividad internacional”, adujeron en un análisis conjunto elaborado para IPS.

La vocación china por la infraestructura latinoamericana tiene entre sus componentes, recordaron, la búsqueda de sus bancos de colocar superávits en el ahorro de sus economías.

Pero el modelo de la creciente relación de la región con China no propicia el optimismo.

Hasta ahora, las exportaciones regionales a la potencia asiática “crean menos empleos, generan más gases de efecto invernadero netos y usan más agua que otras exportaciones de América Latina y el Caribe”, destacó el GEGI en un análisis.

Entre tanto, China propicia y financia polémicos megaproyectos en la región, como el Gran Canal de Nicaragua, adjudicado al grupo chino Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKDN-Group) por 50.000 millones de dólares y el Ferrocarril Transconinental de 5.000 kilómetros, destinado a conectar Brasil y Perú, aún en fase exploratoria.

Las inversiones chinas han potenciado, además, una relación comercial basada en materias primas. Según la Cepal, entre 2010 y 2013 casi 90 por ciento de la inversión china en la región se dirigió a actividades extractivas, particularmente minería e hidrocarburos.

Ejecutivos de la empresa china HKDN-Group detrás de una gran pancarta, el 22 de diciembre de 2014, en la localidad de Brito Rivas, en la costa del océano Pacífico, en el acto de comienzo formal de la gigantesca obra del Gran Canal de Nicaragua, que partirá en dos el país. Crédito: Mario Moncada/IPS

“Desde esta perspectiva, efectivamente, la importante demanda de China a nivel global de materias primas ha consolidado y reforzado la especialización en estos procesos, también conocido como de ‘reprimarización’ económica”, explicó a IPS el  coordinador del Centro de Estudios China‐México, Enrique Dussel.

Sin embargo, el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México fue enfático en que, ante las señales, los países latinoamericanos deben responder. “La responsabilidad y necesidad de una toma de decisión está del lado de América Latina y el Caribe, no de China”, apuntó.

Esta reprimarización regional ocurrió cuando América Latina se dejó seducir por las oleadas de precios altos de las materias primas durante la década pasada y priorizó estas exportaciones sobre otras de mayor valor agregado.

Así, la participación de productos primarios dentro de las exportaciones regionales aumentó de 44 por ciento a inicios de este siglo a más de 60 por ciento, una cifra inédita desde inicios de la década de los 90, según estudios de la Cepal.

Por su parte, los productos manufacturados suman 64 por ciento de las exportaciones chinas hacia la región y comprenden bienes menos sensibles a variables en los precios, como maquinaria y artículos electrónicos.

Entre 2000 y 2014, las importaciones totales desde China pasaron de representar dos por ciento a 14 por ciento del total regional.

Dussel explicó que el crecimiento chino resaltó los graves problemas de las exportaciones regionales. A su juicio, estos no residen necesariamente en la prevalencia de materias primas, sino en que estas industrias tienen “un mínimo valor agregado y nivel tecnológico”.

Para los especialistas Inoue y Herreros, de la Cepal, hay una oportunidad en los cambios de orientación del desarrollo chino.

Plantearon que “en términos simples, el rebalanceo (chino) apunta a reducir la importancia relativa de la inversión y de las exportaciones en el crecimiento de su economía, apoyándose en un mayor peso del consumo de los hogares”.

“En la medida en que este proceso surta efecto, ello debiera favorecer la diversificación de las exportaciones latinoamericanas a China”, indicaron.

Los dos especialistas esperan que sectores como la agroindustria y los alimentos pesados pudieran adquirir protagonismo en la región, aunque advierten que los efectos pueden tardar años en verse y para que cristalicen los tomadores de decisiones deben dar pasos ambiciosos hacia la consolidación de la región como un bloque comercial.

“Se requiere también avanzar más decididamente hacia un mercado regional verdaderamente integrado. Ello aumentaría el atractivo y el poder de negociación de América Latina frente a China, el resto de Asia y los otros grandes actores de la economía mundial”, apuntaron Inoue y Herreros.

Editado por Estrella Gutiérrez 

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Hacia el septiembre griego

Tsipras

Por Fernando Mires

Es muy temprano para trazar líneas que permitan saber el lugar donde desembocarán las aguas de la división de Syriza, hasta ahora, el partido mayoritario de la izquierda griega. Lo importante por ahora es constatar que esas aguas son más cristalinas que antes.

El nacimiento de Unidad Popular (UP) anunciado por el exministro Panayotis Lafazanis después de la rebelión de los 25 diputados en contra de Tsipras y de la renuncia del propio primer ministro (Jueves19 de Agosto) ha marcado un punto de inflexión en la política griega.

La UP reclama para sí la voluntad del pueblo expresada en el referéndum del 5 de Julio interpretada por sus representantes como un No rotundo a la política de la UE. Por lo mismo, el nuevo partido dirige su mensaje a las corrientes más extremas y antieuropeístas de Grecia. Su objetivo es formar un polo de atracción de fuerzas orientado a agrupar a los descontentos con las medidas restrictivas que implica el “tercer rescate”. En ese punto –así especulan los disidentes de Syriza- la UP podría lograr un gran éxito en las elecciones de Septiembre. Pero si eso no ocurre –la popularidad de Tsipras va más allá de Syriza- la UP podría correr el peligro de autoestigmatizarse para convertirse en el partido que abrió las puertas a los nazis de Aurora Dorada.

Lo que sí parece evidente, es que la división de Syriza abre una chance de grandes  dimensiones al primer ministro Alexis Tsipras. Catalogado de “traidor” por muchos de sus antiguos compañeros, si logra que Syriza obtenga una alta votación en las próximas elecciones, es decir, una que le permita concertar alianzas de modo ventajoso en el espectro político griego, puede llegar a convertirse en un estadista de alta calidad, dejando detrás de sí a las sombras de su pasado comunista. Eso quiere decir, si Tsipras logra superarse a sí mismo, podrá conducir a su partido hacia el espacio de la centro-izquierda, catalizar de este modo a la clientela socialdemócrata que ayer apoyo al PASOK y, lo más importante, convertirse en un respetable interlocutor frente a los demás gobiernos europeos. Sobre todo frente a Ángela Merkel.

Angela Merkel ha jugado muchas cartas a favor de Tsipras impulsando un “tercer rescate” que costará enorme sumas de dinero a los alemanes. Por ese motivo ha recibido fuertes ataques desde las fracciones más derechistas de su partido. Pero a la vez Merkel ha ganado legitimidad dentro del amplio espectro que sigue tradicionalmente a la socialdemocracia. Por su parte, la “Linke”, el partido de la izquierda post-estalinista, al negarse a votar a favor del  “tercer rescate”, ha unido su destino a la UP griega, acercándose peligrosamente a la derecha del socialcristianismo alemán. Como está ocurriendo de modo muy frecuente en Europa, también en Francia y en España, la izquierda extrema termina apoyando las posiciones de la derecha extrema y viceversa.

Desde su visión de estadista, Merkel, y en cierto modo también Hollande, saben que Europa no puede prescindir de Grecia. Mucho menos en estos momentos. El movimiento migratorio más grande de la historia europea pasa por el Mediterráneo. Por otro lado, la agresividad islámica ha contagiado al gobierno de Turquía, país con el cual Grecia tiene varios conflictos pendientes. Por si fuera poco, Putin, siempre muy atento, ha visto en la iglesia ortodoxa griega, en la ultraderecha y en la ultraizquierda representada ahora por la UP, puntos de contacto que le podrían ayudar a incrementar sus zonas de influencia en Europa.

En estos difíciles momentos la mayoría de los gobiernos de Europa necesitan de un fuerte interlocutor político en Grecia. La transformación de Tsipras de agitador populista en líder de una centro-izquierda renovada podría ser el mejor pago político de Grecia a su enorme deuda externa. En efecto, un interlocutor político confiable, es decir, una Syriza separada de sus fracciones más radicales, debería traducirse en una ayuda económica aún más generosa a Grecia.

El Septiembre griego será decisivo. Si triunfa Tsipras, Grecia será más europea que nunca. Si llegara a perder, Grecia no será de Europa y Europa será menos europea que antes.

Quien lo hubiera pensado: hace pocas semanas Syriza y Tsipras eran vistos por la mayoría de los gobiernos demócratas europeos como una maldición. Hoy en cambio son vistos como una tabla de salvación. Así es la política: enemigos de ayer amigos de mañana.

A puertas cerradas se definió Agenda de Desarrollo Post 2015

Bhumika Muchhala

Este es un artículo de opinión de Bhumika Muchhala, analista política de Desarrollo y Finanzas de la Red del Tercer Mundo.

Por Bhumika Muchhala  English version

Bhumika Muchhala, de la Red del Tercer Mundo. Crédito: UN Photo/Paulo Filgueiras.

NACIONES UNIDAS, 21 ago 2015 (IPS) – Los estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptaron este mes la Agenda de Desarrollo Posterior a 2015 llamada “Transformando nuestro mundo: Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”.

Los gobiernos aprobaron el documento de 29 páginas, resultado de casi dos años de negociaciones transparentes y relativamente democráticas, pero en las últimas 48 horas la historia fue muy diferente, hubo un giro abrupto de consultas a puertas cerradas y regateos de último minuto.

La Agenda 2030 es sin duda el cronograma de desarrollo más ambicioso y vasto que se haya puesto en marcha. Se extenderá por 15 años (2015-2030) y se implementará en todos los niveles, desde lo global y multilateral (como el Banco Mundial), pasando por lo regional (como fondos y comisiones regionales) hasta los nacional nacional (agencias de desarrollo y gobiernos).

El eje del documento son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen 169 metas vinculadas a logros económicos, sociales y ambientales, que van desde desigualdad y pobreza, pasando por cambio climático, infraestructura, energía e industrialización, hasta consumo, producción, salud, educación, ecosistema, biodiversidad y océanos.

Estos ODS serán el primer paradigma de desarrollo global caracterizado por la universalidad, es decir que todos los países tomarán medidas hacia el desarrollo sostenible, incluso los más ricos y poderosos.

Ese aspecto diferencia a los ODS de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, que debían cumplirse entre 2000 y 2015 y que se basó en un modelo explícitamente donante-beneficiario respecto de la ayuda de los países más ricos a los más pobres.

Para los gobiernos de los 193 países miembro de la ONU llegar a un acuerdo sobre esta agenda fue una asombrosa hazaña de conflictos y compromisos.

Pero en el primer fin de semana de agosto, en las horas finales de las negociaciones, que habían sido abiertas y documentadas cayeron en un silencio de radio tras bambalinas, pues al parecer Estados Unidos dio un ultimátum sin el cual se negaba a adoptar el documento.

Estados Unidos quería reemplazar la palabra “garantizar” por “promover” en dos objetivos que trataban de asegurarse que los beneficios y las patentes derivadas de la biodiversidad natural se compartieran de forma justa con los países y las comunidades de las cuales se extraen.

El acuerdo legal sobre biodiversidad establece claramente “garantizar”. Al colocar la palabra más débil “promover”, Estados Unidos trata de diluir un lenguaje legal que costó ganar en una nebulosa, en el mejor de los casos, o de difícil aplicación, en el peor.

La enmienda básicamente permite que países ricos y poderosos, cuyas corporaciones e instituciones de investigación extraen la vasta mayoría de los recursos biodiversos del mundo, queden eximidos de sus responsabilidades respecto de compartir de forma igualitaria las recompensas y los beneficios derivados de esos recursos.

Las naciones en desarrollo estaban furiosas, pues la mayoría de la extracción ocurre en sus territorios, en especial, de sus semillas, plantas, bosques y tierras en las que habitan la mayoría de los pueblos indígenas del mundo.

El grupo negociador conformado por 134 países había reiterado que los objetivos globales no serían sometidos a más negociaciones de último minuto.

El hecho de que se haya violado de forma flagrante esa firme posición con la fórmula de “tómalo o déjalo” inundó la conferencia de la ONU con una desconfianza y tensión palpable. La gente entraba y salía de las salas enojada y susurrándose cosas al oído, al tiempo que trabajaban día y noche para lograr un consenso a como diera lugar.

Asimismo se socavó la redacción en materia de deuda, al parecer esta vez a instancias de la Unión Europea.

Hasta la mañana del domingo 1, el documento decía: “Reconocemos la necesidad de asistir a las naciones en desarrollo (…) mediante la financiación de la deuda, el alivio a la deuda, una sólida gestión y reestructuración de la deuda, según proceda”.

El texto reconocía los sólidos argumentos económicos en materia de desarrollo planteados por numerosos economistas y países en desarrollo respecto de la necesidad urgente de atender la deuda externa si se quiere lograr cualquiera de los objetivos de desarrollo.

Pero al final de la tarde, se introdujo: “Manteniendo los niveles sostenibles de deuda es la responsabilidad de los países prestatarios”.

Es un claro retroceso respecto de la nación de responsabilidad compartida entre acreedores y prestatarios en anteriores documentos de la ONU, como Monterrey, en 2002, y Doha, en 2008.

Aparte del cortafuegos Norte-Sur, los países africanos y árabes pidieron que se borrara un párrafo crítico que reconoce los derechos humanos como uno de los principales fines del desarrollo sostenible y un compromiso con la no discriminación de todos.

El párrafo se salvó en la hora, pero el término esencial “discriminación” se eliminó y la palabra “cumplir” se degradó a “promover”.

Los diplomáticos africanos y árabes se opusieron al reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT (lelsbianas, gay, bisexuales y trans) y objetaron la inclusión de “todos los grupos sociales y económicos”.

Por su parte, los países latinoamericanos, la Unión Europea y Estados Unidos se opusieron firmemente a la ofensa de los derechos civiles y humanos.

El viraje de última hora, desde la apertura hasta la opacidad, refleja la crisis del multilateralismo en su principal locus, la ONU.

Después de todo, se supone que el foro mundial es la institución más democrática y universal que existe hasta la fecha, donde cada nación tiene voto, a diferencia del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, dominados por los países más ricos.

Las consultas bilaterales privadas del fin de semana del 1 y 2 de este mes fueron, según muchos observadores independientes, una crisis manufacturada que abrió la puerta a un texto que pone en peligro el derecho y el desarrollo global.

El problema es que los acuerdos tras bambalinas y las campañas de presión tienen consecuencias inquietantes para la legitimidad y la equidad de las negociaciones internacionales, por no mencionar la voluntad política de los gobiernos de tomarse en serio los objetivos de desarrollo sostenible.

La nueva agenda de desarrollo global tiene un fuerte potencial de lograr una mella ambiciosa y universal en el progreso, que se necesita con urgencia en nuestras economías, sociedades y ambientes.

Al mismo tiempo, el proceso también es importante. Lo ocurrido el primer fin de semana de agosto requiere un momento de reflexión sobre la realidad de los intereses creados y del poder profundamente desigual entre los gobiernos que negocian.

Editado por Kitty Stapp / Traducido por Verónica Firme

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Una crisis económica con muchos culpables en Brasil

crisis en Brasil

Análisis de Mario Osava

Depósito de hierro al aire libre en Puerto de Ponta da Madeira, en el norte de Brasil, por donde la privatizada empresa minera Vale exporta millones de toneladas del mineral a China. Durante este siglo, Brasil se desindustrializó y se hizo más dependiente de la exportación de productos básicos a China, uno de los factores de la depresión económica actual. Crédito: Mario Osava/IPS

RÍO DE JANEIRO, 20 ago 2015 (IPS) – Entre errores del gobierno, un sistema financiero vampírico, una Constitución populista o el estancamiento mundial está la raíz de la actual crisis económica en Brasil, según difieren los economistas. Hay culpables para todas las ideologías.

La desaceleración mundial es la causa preferida de los actuales gobernantes para justificar la recesión brasileña, que los economistas con más seguimiento en los medios atribuyen a la presidenta Dilma Rousseff por abandonar el trípode macroeconómico exitoso, de austeridad fiscal, meta de inflación baja y cambio flotante.

En la población lega creció la sencilla opinión de que todo se debe a la corrupción, ante el escándalo de sobornos de la estatal empresa petrolera Petrobras. Las investigaciones iniciadas en 2014 apuntan la desviación de miles de millones de dólares en beneficio de decenas de empresarios y políticos, en buena parte ya detenidos.

Con la recesión de este año, que probablemente se prolongue durante todo 2016 según los especialistas, Brasil sufre un deterioro económico reflejado en el desempleo en alza, una inflación de 9,56 por ciento interanual al cierre de julio y una tasa de interés de referencia entre las más altas del mundo.

“Lo que traba la economía brasileña es el sistema financiero, que drena sumas gigantescas que dejan de servir a la producción”, en el diagnóstico de Ladislau Dowbor, profesor de economía en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo y consultor de varias agencias de las Naciones Unidas.

Los intereses cobrados al consumidor brasileño por bancos y empresas comerciales en julio de 2015 fueron de 126,74 por ciento anual, como promedio de seis formas de crédito, según el monitoreo sistemático que hace la Asociación Nacional de Ejecutivos de Finanzas, Administración y Contabilidad (Anefac).

La tasa más elevada, la de las tarjetas de crédito, ascendió a 334,84 por ciento. “En el comercio el interés para la compra a plazos de algunos productos supera a 100 por ciento, mientras en Europa se limita a cerca de 13 por ciento”, comparó Dowbor a IPS.

Pese a esos “intereses extorsivos”, los brasileños recurren cada día más al crédito. En abril las familias destinaban 46,5 por ciento de sus ingresos al pago de deudas, lo que más que duplica la proporción de 10 años atrás, según el Banco Central.

“De esa manera el sistema financiero traba la demanda, ya que las personas dejan de consumir para pagar deudas”, observó el economista.

Pero también las empresas pagan intereses brutales, que alcanzaban 61,22 por ciento como promedio de distintas formas de financiación en julio, según la Anefac.

Préstamos para capital de trabajo o circulante, los más baratos, costaban 32,61 por ciento, con tendencia de alza.

“Aquí se traban las inversiones y el país pierde recursos que podrían expandir la producción”, señaló Dowbor. El gobierno también tiene reducida su capacidad de inversión, al pagar los intereses de su deuda interna por la tasa de referencia fijada por el Banco Central, actualmente de 14,25 por ciento anual.

Las familias brasileñas dedican 46,5 por ciento de sus ingresos a pagar deudas por créditos contraídos, lo que limita su capacidad de consumo y contrae la demanda interna. Crédito: IBC

La elevación de esa tasa por el Banco Central desde el año pasado anula con creces el esfuerzo fiscal del gobierno. El aumento de los intereses pagados supera en mucho el recorte de gastos en el presupuesto federal, agravando el desequilibrio en un momento de recaudación reducida por la recesión.

En este panorama, los bancos registran ganancias récord pese a la caída de la economía, de la industria y del comercio. Las cuatro mayores instituciones financieras ganaron en el primer semestre de este año 40 por ciento más que en el mismo período de 2014.

Hay además un drenaje de ingresos por fraudes tributarios que alimentan las transferencias ilegales al exterior desde esta potencia latinoamericana con 202 millones de habitantes.

Brasil tiene cerca de 520.000 millones de dólares evadidos en paraísos fiscales, estima la revista británica The Economist. Representa poco de los 20 billones (millones de millones) de dólares de todo el mundo, pero equivale a 28 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país.

Dowbor reconoce la dificultad de “corregir” esas distorsiones brasileñas en que “el sistema financiero es el problema central”.

Las condiciones adversas comprenden la elección de numerosos parlamentarios y miembros electos de los poderes ejecutivos con el apoyo financiero de grandes empresas, un Congreso legislativo dominado por bancadas de sectores poderosos, como los “ruralistas” (hacendados y empresarios de la agroindustria) y la concentración de los medios de comunicación en solo cuatro familias, explicó.

Pero “hay alternativas, se puede enfrentar el desafío con medidas regulatorias” y el escenario internacional tiende a ayudar, con las crisis financieras reanimandose en países industrializados, concluyó.

Parece un misterio el funcionamiento de la economía brasileña con ese nivel de tasas de interés, que multiplica por 10 o más aún las vigentes en otros países. Esa singularidad resistió hasta ahora los intentos de reducir la extravagancia.

La presidenta lo hizo en los primeros años de su primer mandato (2011-2014), usando los bancos estatales para ofrecer crédito más barato y forzar la competencia. Pero no resultó y su “nueva matriz económica” degeneró en estancamiento, aumento insustentable del déficit público y una inflación que duplica la meta de 4,5 por ciento.

No es el “drenaje” financiero lo que más preocupa a los economistas más visibles en los medios de comunicación. Brasil tiene un desequilibrio fiscal estructural, cuyo origen muchos identifican en el contrato social recogido en la Constitución de 1988.

La sociedad quiere un Estado del bienestar social que la economía brasileña, en su nivel de desarrollo, no logra atender. Por eso el gasto público creció sistemáticamente por encima del PIB entre 1991 y 2014, según un estudio de tres economistas vinculados al opositor y centrista Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).

Como resultado, la carga tributaria aumentó de 25 a cerca de 35 por ciento del PIB en el mismo período, sin impedir el deterioro de las cuentas públicas.

“El grave desequilibrio fiscal de Brasil refleja la concesión desenfrenada de beneficios públicos incompatibles con el ingreso nacional. Prometemos más de lo que tenemos (…). Dejamos para las próximas generaciones las cuentas a pagar”, dice el estudio del PSDB.

“De hecho la Constitución creó muchos derechos, sin cuestionar como serían financiados, y siguió una continua ampliación de derechos sin que nadie se pregunte como se pagará”, reconoció Fernando Cardim de Carvalho, profesor jubilado de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

“Se generó una expectativa, que fatalmente seria defraudada, de que la democracia resolvería todo, como si fuese mágica”, enfatizó en diálogo con IPS.

Pero como economista “postkeynesiano” (una corriente de adeptos del pensamiento del británico John Maynard Keynes, 1883-1946), Cardim considera, al contrario de los defensores del ajuste fiscal ortodoxo, que la solución es el crecimiento económico.

Como “nadie quiere pagar la cuenta” de tales derechos, “solo es posible distribuir ingreso, sin penalizar a nadie, si el ingreso está en expansión”, sostuvo. El problema es que la economía creció poco desde los años 80 y los sucesivos gobiernos adoptaron políticas ineficientes en ese sentido, acotó.

Y ahora, el gobierno del segundo mandato de Rousseff -del izquierdista Partido de los Trabajadores, en el poder desde 2003- puso en marcha medidas contradictorias con su ideología y sus promesas electorales, y que acentuarán la recesión, con un ajuste fiscal de emergencia y más alzas del costo del dinero.

Editado por Estrella Gutiérrez

Hacia una sociedad civil

sociedad civil 2

Teódulo López Meléndez

Asistimos a una percepción generalizada de la sociedad civil de la irrelevancia de las opciones electorales. La única explicación posible es la similitud de las ofertas políticas, pues, a pesar de la polarización y de las más que obvias diferencias, hay comportamientos muy similares que conllevan a pensar en ejecutorias igualmente viciadas. Quizás, en el fondo, la sociedad civil intuye el principio de la legitimidad aplicado a la alternativa que presume “no hay más nadie, deberán votar por nosotros” y se interroga, a la manera weberiana, sobre la justificación  del derecho a ejercer el poder.

Eso que llamamos sociedad civil siempre ha existido como concepto. Ya Aristóteles definía como tal a la comunidad donde vive el ser humano. Con Hegel el concepto fue a dar a lo no estatal e, incluso, antiestatal. Hoy hablamos de ella como no religiosa o militar, poniendo el énfasis en su capacidad para asumir propósitos o de promover causas. En otras palabras, la legitimidad de la sociedad civil proviene de su capacidad de representar preocupaciones e intereses que los ciudadanos manifiestan en el espacio público. Es obvio pensar que tales preocupaciones e intereses han sido debatidos en lo que comúnmente se llama “el diálogo civil”, puesto que nadie puede precisar esos dos términos si no ha habido un debate democrático.

La democracia se hace de ciudadanos y no de electores, hemos precisado en numerosas ocasiones. Sin una sociedad civil viva la legitimidad del poder se corroe y se pierden valiosas iniciativas que contribuirían a la mejora de las políticas públicas. En el campo meramente político es obvio que su ausencia reproduce todos los vicios de la democracia representativa, pero también del autoritarismo. Es por ello absolutamente necesario el “diálogo civil” para que el concepto de “sociedad civil” no se degenere a la emersión de organizaciones que pueden argumentar representación sin consulta.

Por supuesto que en el derecho privado existe el concepto de sociedad civil como la alianza de dos o más personas con fines legítimos. Lo estamos mirando desde el punto de vista de la ciencia política, lo que implica el concepto de ciudadanos  que actúan colectivamente para enfrentar consideraciones y tomar decisiones en el ámbito público. Sin sociedad civil cumpliendo los principios conceptuales señalados no puede haber democracia. Esa conjunción de movimientos sociales no solamente ejercen una función contralora, sino que deben ser la fuente elemental en la propuesta, o defensa, de nuevos derechos y valores. Para generarla debe haber voluntad de generarla, perogrullada aparente, pero que forma parte de una sociedad activa, dado que la reticencia, el desdén o la demora en organizarse para la expresión de ideas o propósitos, conduce a la pérdida de toda oportunidad para el logro concreto, de manera especial si se está bajo un régimen autoritario. No en vano  Jürgen Habermas le agrega  la posibilidad de defenderse de la acción estratégica del poder y del mercado y la viabilidad de la intervención ciudadana en la operación misma del sistema. Esto es, el concepto de sociedad civil ha ido adquiriendo complejidad teórica que lleva a implicar la derogación del concepto de política como delegación. En un mundo donde las entidades intermedias tradicionales (partidos, sindicatos, gremios) han ostensiblemente perdido fuerza la acción de la sociedad civil emerge como un nuevo desiderátum contemporáneo.

Sin duda que “Sociedad civil y teoría política”,  de Jean Cohen y Andrew Arato, es una obligatoria referencia teórica, una que necesariamente parte de la lucha contra el autoritarismo, es decir, el concepto enmarcado dentro de la situación política actual. Aún más, en el supuesto de su abolición, sobre el retorno a una democracia representativa o un salto calificado a lo que nosotros hemos denominado una democracia del siglo XXI. De allí la importancia de este planteamiento teórico que comentamos, pues de la creación de una nueva realidad histórica
creemos se trata.

Entre otras cosas Cohen y Arato refutan a Hegel señalando que la economía no es parte constituyente de la sociedad civil e insisten en la autonomización de las esferas del Estado y la sociedad civil. Algo muy parecido a lo dicho por Gramsci que comprende a la sociedad civil, al Estado y al mercado como esferas autónomas con añadidos de Tocqueville, lo que denominan “un modelo centrado en la sociedad”. Resumiendo, las asociaciones voluntarias y de esfera pública son las instituciones fundamentales de la sociedad civil lo que le confiere el papel fundamental en la lucha por la democracia y por su calidad, creyendo nosotros que esto último pasa por un control permanente y deliberativo que la libere de las taras de la representatividad, agregando que la sociedad civil encarna la posibilidad de toda la ética moderna.

En este modelo conceptual la sociedad civil es, entonces, una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, incluidas las esferas intima, de asociaciones, de movimientos sociales y las formas de comunicación, lo que significa, señalamos, la obligación de cuerpos sociales precarios como el venezolano de ir hacia una gran resolución que emane desde sus propias bases.

Un conservador como Larry Diamond (Developing Democracy: Toward Consolidation) sostiene que está bien la separación de sociedad civil de economía y Estado, pero ve tal complejidad en la definición de lo que para él es “…espacio de la vida social organizada que es voluntariamente autogenerada, (altamente) independiente, autónoma del Estado y limitada por el orden legal o juego de reglas compartidas…” merece un análisis separado en sus esferas “económicas, culturales, informativas y educativas, de interés, de desarrollo, de orientación específica y cívicas”, no sin introducir la observación precisa de exclusión de los partidos considerándolos una “sociedad política” aparte con la cual, obviamente la civil puede influir, determinar o interactuar. Su aporte a la democracia, limitar el poder estatal, adiestrar a los ciudadanos para la democracia, ser el espacio para el desarrollo de los atributos de la ética, representar y organizar los que están fuera de esa “sociedad política” llamada partidos, generar y formar nuevos líderes para la vida pública

Una sociedad que no dialoga, que no genera líderes y que no procura cubrir la abstinencia de los entes llamados al aporte mayor (universidades, dixit) no entra en el concepto de sociedad civil. Será una simple sociedad anómica en peligro de disolución. Digámoslo así: toda discusión sobre sociedad civil en el plano de las ciencias políticas lo es sobre la teoría democrática.

En el caso de regímenes dictatoriales la sociedad civil es una de las alternativas posibles a su superación. Las otras dos son o la intervención militar o la disolución por sí mismo por un proceso degenerativo indetenible. Hay que tener un proyecto discutido y generado en la sociedad civil. Sin él estará cual brizna de paja en el viento, de espaldas a sí misma, convertida en lo que muchos teóricos llaman ya una “sociedad acivil”.

 

Espacio público como escenario argumentativo

Otro ángulo interesante a considerar es el de “espacio público” desde su dimensión social, cultural y política, dado que es allí donde la gente se encuentra, o al menos se topa, estableciendo la posibilidad de una acción común.

Es obvio que el término haya pasado a las ciencias sociales dada su inmensa posibilidad para el “diálogo civil” en una identificación simbólica. Así, podemos encontrar en Kant una de las primeras referencias, pero fue  Jürgen Habermas (L’espace public: archéologie de la publicité comme dimensión constitutive de la société bourgeoise)  quien lo colocó en la dimensión de estos tiempos como un sitio donde proceder a la transformación de la vida pública.

“Espacio público” es para Habermas uno usurpable a la autoridad y donde metafóricamente se ejerce la crítica contra el poder del Estado. El debate conlleva a una diferenciación entre “espacio público” y “opinión pública”, concepto este último afectado por las manipulaciones, lo que lo lleva también al campo de la teoría de la comunicación.

Es perfectamente abordable, además, desde situaciones obvias de nuestro tiempo, como la apatía hacia la política, el desencanto, las ofertas incumplidas, el encierro en la vida privada como evasión o el ejercicio de una catarsis frente a lo que la desesperación considera inmodificable.

De allí el espacio público (ya no entrecomillado) es retomado como uno que se ve, que está allí, que es común y bien puede ser tomado como uno ideal para el ejercicio de la ciudadanía. Desde el espacio público donde se delibera puede ocasionarse un sinfín de procesos políticos, pero también culturales y hasta económicos. El entremezclar espacio y público y ciudadanía conlleva una superación de la fragmentación, dado que en él no hay diferenciaciones irritantes de exclusión, por el contrario, se amplía la participación social, nace una pluralidad del uso de lo común y una mayor capacidad de ver que acentúa el control ciudadano sobre el poder.

Si tomamos de Habernas “por espacio público entendemos un ámbito de nuestra vida social, en el que se puede construir algo así como opinión pública” vemos en toda su dimensión el espacio público como el lugar de salida de la opinión pública, lo que lleva a una consideración que ya hemos expresado en este texto, el espacio público no como espacio político (recordemos la diferenciación con los partidos como sociedad política, a manera de ejemplo, sino como uno ciudadano, civil, como uno de la vida y no de un determinado sistema.  Hannah Arendt en “La condición humana” había señalado que la modernidad había extinguido las diferenciaciones tradicionales de las esferas pública y privada para subsumirlas en la esfera de lo social.

Se suele distinguir en el terreno de la filosofía política entre concepciones conservadoras, emancipadoras y sistémicas de espacio público. La primera se da ante un modelo autoritario donde el monopolio del Estado es tal que crea por exclusión a la sociedad civil como ente diferenciado. La segunda es tomada como una de racionalización del poder administrativo o o de generación del poder comunicativo. La tercera como un filtro del sistema político y la formación de temáticas. Entre todas hay aspectos comunes, aunque las más recientes tesis apuntan a hablar del espacio público informal, es decir, aquel donde se produce un entendimiento intersubjetivo que integra y es la verdadera causa de una opinión y de una voluntad verdaderamente democráticas, hasta tal punto de legitimar o deslegitimar el sistema político. Otros van más allá hasta considerarlo como el instrumento de la conexión de la política con la vida, siempre mirándolo como lo que debe ser: un escenario argumentivo. Se entra así en otro campo, el de la existencia de una soberanía popular que forma opinión y voluntad estructuralmente movilizadas, es decir, lo contrario al populismo que es antidemocrático por esencia. Se trata de orientar los temas hacia algo con sentido, lo que permite señalar el mal uso de algunos medios electrónicos como una dispersión. Se trata de lograr con el “diálogo civil” en el espacio público” que las cosas sean de otra manera, lo que conlleva a una sociedad civil deliberativa y actuante.

tlopezmelendez@cantv.net

@tlopezmelendez

Publicado en http://www.creatividadinternacional.com/profiles/blogs/hacia-una-sociedad-civil

Plan de reconstrucción de Gaza, diseñado para el fracaso

destrucción en Gaza

Por Charlie Hoyle © English version

Los escombros de hormigón retorcido y metal se cocinan bajo el sol del Mediterráneo en medio de una ola de calor regional. Un año después de la operación militar de Israel, no se reconstruyó ni una sola de las 11.000 viviendas destruidas en Gaza.

BELÉN, Palestina, 18 ago 2015 (IPS) – Los restos de hormigón retorcido y metal se cocinan bajo el sol del Mediterráneo en medio de una ola de calor. Hace ocho meses, la devastación estructural en la franja de Gaza era la misma, excepto que el agua de las inundaciones y las bajísimas temperaturas invernales arrasaban los montones de escombros de casas y empresas.

Un año después de la operación militar de Israel que en sus 51 días dejó 2.200 palestinos muertos, entre ellos más de 500 niños, no se ha reconstruido ni una sola de las 11.000 viviendas destruidas.

La reconstrucción a gran escala le fue encomendada al Mecanismo de Reconstrucción de Gaza (MRG), acordado entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina (ANP) con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destinado a vigilar la distribución de materiales de obra que ingresaran a la franja.

Hasta la fecha, apenas 5,5 por ciento de los materiales de la construcción necesarios para reparar y reconstruir casas y otra infraestructura dañada han entrado al enclave costero, según la organización israelí de derechos humanos Gisha, fundada en 2005 para proteger la libertad de movimiento de los palestinos, especialmente los residentes en Gaza.

Los esfuerzos de reconstrucción se han visto obstaculizados por factores como el incumplimiento de las promesas de los países donantes, que en octubre se comprometieron a aportar 5.400 millones de dólares, las tensiones políticas entre la ANP y Hamas (acrónimo árabe de Movimiento de Resistencia Islámica), y las continuas restricciones de Israel al ingreso de materiales a la franja.

Sin embargo, muchos consideran que el MRG es el responsable directo de la lentitud en resucitar a Gaza, argumentando que los términos del acuerdo han consolidado el subdesarrollo de ese territorio palestino al concederle a Israel el control sobre casi todos los aspectos del proceso de reconstrucción.

“En realidad Israel tiene un poder profundo sobre cada una de las casas construidas en Gaza”, dijo Ghada Snunu, del Centro Ma’an para el Desarrollo en la franja.

“Nosotros no podemos construir una casa si Israel dice que no. Israel decide si las viviendas se construyen o no”, agregó.

Como parte del MRG, Israel aprueba, caso por caso, las postulaciones individuales para los materiales de construcción, y también tiene poder de veto sobre empresas constructoras propuestas por la ANP para proveer de esos materiales.

Además, posee acceso a la base de datos del Ministerio de Asuntos Civiles de la Autoridad, que registra los números de los documentos de identidad y coordina por GPS (sistema de posicionamiento global) a los palestinos cuyas viviendas fueron destruidas.

Según Gisha, todo requiere de la aprobación israelí. Las empresas y los comerciantes que almacenan los materiales de construcción –principalmente conglomerado, cemento y barras de acero– se ven obligadas a disponer de guardias de seguridad y cámaras para supervisar las mercaderías 24 horas al día.

Este proceso burocrático, prolongado y costoso, fue diseñado específicamente para cumplir con las declaradas preocupaciones de seguridad de Israel, y hace que la reconstrucción esté prácticamente paralizada.

“El MRG fracasó porque le da a Israel el poder de veto sobre todo. Hasta ahora no hay cambios en el terreno”, se quejó Snunu.

En enero, el Centro Brookings de Doha señaló en un informe político que el MRG efectivamente parecía ofrecer “legitimidad al bloqueo israelí”, y que depositaba “confianza exclusiva en la voluntad de Israel de permitir el flujo de materiales de reconstrucción” para el éxito del mecanismo.

En los últimos meses, según la organización internacional Oxfam, más materiales de obra ingresaron a Gaza, pero los niveles son todavía de apenas 25 por ciento de los previos al bloqueo israelí, impuesto en 2006.

“A este ritmo, puede insumir 19 años terminar solo la reconstrucción de los hogares destruidos en 2014 y por lo menos 76 años construir todas las nuevas casas que Gaza necesita”, dijo Arwa Mhunna, de Oxfam.

La mayor parte de los 100.000 palestinos desplazados por la guerra continúan viviendo en refugios improvisados, a menudo sobre los escombros de lo que antes fueron sus viviendas. Mientras, el paisaje presenta un deterioro apocalíptico en el lugar donde otrora se erguían casas, comercios y restaurantes.

El vasto daño infraestructural del pasado verano boreal, causado por una cantidad sin precedentes de explosivos usados por las fuerzas israelíes, complejiza los efectos del bloqueo y de otras ofensivas militares desde 2008.

Instituciones y otros actores en Gaza han sido ampliamente excluidos del proceso de reconstrucción posterior a las tres guerras, dejando a la población civil a merced de las luchas políticas internas, las promesas internacionales incumplidas y el bloqueo de Israel.

“Gaza ya había sido destruida por completo antes de la guerra. Este acuerdo no cambia nada. A los palestinos les dijeron que sus hogares serían reconstruidos, pero la comunidad internacional y la ANP incumplieron estas promesas”, dijo Snunu.

En mayo, el Banco Mundial informó que Gaza tenía el desempleo más alto del mundo, de 43,9 por ciento, con 67 por ciento de menores de 24 años desempleados. El ingreso real por persona es ahora 31 por ciento más bajo que hace 20 años, de 970 dólares al año, señaló el reporte.

Por lo menos 80 por ciento de los gazatíes dependen de la ayuda humanitaria.

“La situación en Gaza se está volviendo más seria y desesperada”, dijo Mhunna. “La crisis humanitaria continúa y ahora afecta todos los aspectos de la vida. El desplazamiento ha durado más de un año desde la guerra, y hay una situación económica devastadora”.

Funcionarios de Hamás, organizaciones de derechos humanos, y entidades no gubernamentales, tanto locales como internacionales, enfatizaron reiteradamente el año pasado, durante las negociaciones del cese del fuego, que Gaza no debía volver a un statu quo de bloqueo.

Desde que Israel se fue de Gaza en 2005, retirando a unos 9.000 colonos y soldados, sostiene que ya no está ocupando la franja, y responsabiliza a Hamas de lo que ocurra con la población civil.

Pero 10 años después, Israel controla el movimiento de los palestinos que entran y salen de Gaza, los alimentos a los que pueden tener acceso, si pueden recibir tratamiento médico o no, y ahora, bajo los términos del MRG, si sus casas pueden reconstruirse.

“El MRG perjudica a los palestinos más de lo que los beneficia. Lo que queda claro en nuestros reclamos es que el MRG intensifica el bloqueo, y que Gaza no se reconstruirá a menos que este se levante”, dijo Snunu.

“Los palestinos necesitan soluciones para la crisis, no mecanismos que la administren”, concluyó.

Editado por Phil Harris

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La democracia como recurso renovable

Vídeo de Teódulo López Meléndez

renovable

https://www.youtube.com/watch?v=A2FHtCBHzfo 

Condenados a la ayuda social

Misiones

Por Alberto Medina Méndez

En tiempos de crisis, esta sociedad legitimó el nacimiento de una secuencia interminable de planes sociales. Las circunstancias angustiantes de ese momento hicieron creer a todos que solo el Estado podría canalizar la asistencia a los más necesitados. A pesar de lo refutable de esa afirmación, la comunidad aún desconfía de la gente y piensa que el gobierno puede ser eficiente en ese rol, aunque ya demostró reiteradamente su impericia.

Lo cierto es que el “virus” de la ayuda social, penetró en el sistema como un implacable veredicto. Muchos sostenían que la coyuntura ameritaba esa acción y soñaban, ingenuamente, con que esta medida sería transitoria. No tomaron nota de que acababan de engendrar un instrumento brutal que a la política le resolvería su tarea electoral durante una larga temporada.

Un beneficiario de un plan social, es un voto casi cautivo, alguien a quien se puede amenazar con quitarle ese discrecional apoyo. Intuitivamente, el que recibe esa limosna cree que dispondrá de ella mientras gobiernen los que están, y que cualquiera que los suceda puede arrebatársela. Claro que tiene razón. No existe motivo alguno para suponer que semejante despropósito deba ser eterno, por lo que la continuidad se constituye en una virtud.

Ese amparo fue útil en situaciones difíciles, aun sirve en el corto plazo y además se lo recibe sin necesidad de una contraprestación. Aparentemente, no existe mejor dinero que el que se obtiene sin esfuerzo. El que lo percibe sabe que eso es irracional y por eso teme por su interrupción.

Es importante identificar a los actores que protagonizan esta historia. Por un lado están los que otorgan estos favores a cambio de nada. Se trata de la clase política, esa que sin escrúpulos, quita recursos a unos para dárselos a otros, y sin pudor, justifica ese saqueo escudado en una suerte de sensibilidad, que claramente no tiene, pero de la que se ufana.

Es evidente la inmoralidad de esa casta corporativa que sigue utilizando con descaro una herramienta tan confiscatoria como arbitraria. Lo hacen para lograr popularidad, acompañamiento electoral y someter a los votantes aplicando el más cruel de los instrumentos a los que se puede apelar para conseguir respaldo en los comicios. Los dirigentes políticos que sostienen este perverso engranaje no merecen respeto alguno.

Lo que realmente sorprende es la existencia de un sector de la sociedad, significativo en número, que es el de los saqueados, ese que trabaja sin descanso, ese que aporta los recursos para que semejante dislate se pueda concretar y que, paradójicamente, apoya la vigencia de este mecanismo.

No lo hace con convicción, sino con una hipocresía difícil de comprender. En público dice entender la necesidad de este tipo de programas sociales, pero en privado despotrica contra su esencia. Sin lugar a dudas, esa actitud no solo es absolutamente incorrecta, sino que además es tremendamente funcional a la continuidad indefinida de este desmadre.

Pero lo paradójico proviene de quienes son supuestamente beneficiados por este sistema de distribución. Ellos reciben dinero solo por ser pobres. Tener inconvenientes o necesidades insatisfechas, los ha convertido en destinatarios naturales de esos fondos que previamente han sido detraídos de los que lo han generado genuinamente con sacrificio.

Lo que ese grupo no percibe, es que esta ventaja presunta se ha convertido en una verdadera cárcel. Un individuo que no hace sacrificio alguno por conseguir su sustento, se convertirá irremediablemente en un parásito, en una persona indigna, en alguien que solo merece ser auxiliado.

Eso equivale a decir que no se puede valer por sí mismo, que no sirve para nada, que es un absoluto inútil, y es esa la más contundente condena a la que ha sido empujado, hacia ese abismo de invalidez total.

El cree que lo han ayudado, puede pensar inclusive que es un privilegiado. Después de todo, sin esfuerzo alguno recibe recursos. Parece una ecuación muy favorable, pero su castigo es superior a lo que puede percibir. Desde ahora será estigmatizado y difícilmente saldrá indemne de ese proceso.

Una parte importante de la sociedad lo identificará como una lacra social, como un individuo que no produce y que vive a expensas de los otros. Su dignidad como persona no tiene valor alguno para los demás.

Pero no es eso lo más grave, sino lo que terminará sintiendo por sí mismo. Lejos de sentirse un pícaro ganador de este tiempo, pronto tomará nota de que se ha invalidado, que no es útil para producir nada, que es incapaz de generar recursos, que nadie le ofrecerá trabajo porque ya no tiene ninguna habilidad que mostrar, y que es su peor versión como individuo.

La perversidad de este sistema no solo descansa en la crueldad de la clase política que la sostiene para preservar ese clientelismo electoral que tanto le reditúa. También perdura en el tiempo gracias a la incomprensible complicidad de una sociedad que con su silencio y pasividad no repudia como debiera esta aberración cotidiana.

A no dudarlo, las personas a las que se ha pretendido socorrer, son las principales perjudicadas. Tal vez aun no lo comprendan, pero han quedado fuera de todo circuito virtuoso gracias a estas absurdas políticas. Serán pobres de por vida. Nunca podrán siquiera soñar con un destino diferente. Porque de la pobreza se sale trabajando, con sacrificio, con méritos propios, con esfuerzo y no con dádivas. Ellos han sido condenados a la ayuda social.
albertomedinamendez@gmail.com

La Venezuela del pensamiento débil

Vídeo de Teódulo López Meléndez

pensamiento débil

https://www.youtube.com/watch?v=AQ1gUpKZAHw 

Crisis política en Brasil: fin de un ciclo sin otro a la vista

Dilma

Análisis de Mario Osava

RÍO DE JANEIRO, 14 ago 2015 (IPS) – La crisis que atormenta a los brasileños es básicamente  política y no permite vislumbrar una salida. Es el fin de un ciclo, según variados análisis, pero no hay indicios de que se esté gestando algo nuevo.

Brasil vive una “crisis de hegemonía”, en que no hay fuerzas políticas con propuestas consistentes y capaces de darle algún rumbo al país en la disputa por el poder, según el director del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase), Cándido Grzybowski.

“El riesgo de ese vacío es que puede acontecer una sorpresa, como el ascenso de un ‘salvador de la patria’ al poder”, dijo a IPS. Los ejemplos que suele mencionar van de Adolf Hitler y Benito Mussolini a los más recientes, como Fernando Collor, expresidente brasileño inhabilitado por corrupción en 1992.

Pero lo más evidente para la población es la economía, que entró en una recesión en 2014 que se pronostica que se prolongue durante 2016, con desempleo e inflación en alza, y el escándalo de corrupción en los negocios de la estatal petrolera Petrobras que ya encarceló a grandes empresarios y amenaza a muchos líderes políticos.

En esa crisis de múltiples dimensiones, la presidenta Dilma Rousseff enfrenta además una rebelión de aliados en la Cámara de Diputados, un rechazo popular récord según las encuestas, presiones por su inhabilitación o renuncia y la reanudación de protestas en las calles, con anunciadas nuevas movilizaciones para el 16 de agosto.

El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) perdió, según los términos de Grzybowski, la hegemonía que hizo efectiva con el triunfo de su líder máximo, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones presidenciales de 2002.

Resistió el escándalo de 2005, en que tuvo sus principales dirigentes presos, acusados de obtener recursos fraudulentos para sobornar parlamentarios. Por eso logró la reelección de Lula en 2006 e imponer como sucesora a Rousseff, también reelegida en 2013.

Pero las actuales investigaciones del Ministerio Público Federal (fiscalía general) y la Policía Federal sobre el pillaje en los grandes proyectos petroleros son arrolladoras.

El PT es apuntado como principal articulador de la red que desvió, según estimaciones de Petrobras basadas en las investigaciones judiciales, el equivalente a cerca de 1.800 millones de dólares. Dos de sus dirigentes están detenidos desde el 3 de agosto.

Por lo menos 23 acusados decidieron colaborar con la justicia y otros negocian acuerdos de delación para reducir penas, un mecanismo legal brasileño que permite a los jueces obtener informaciones cada día más detalladas y más extensas sobre la corrupción aparentemente generalizada en muchos sectores.

Decenas de empresarios presos, incluyendo los presidentes de las dos mayores constructoras brasileñas, son un resultado parcial del proceso. Pronto será la vez de los políticos que solo pueden ser juzgados por el Supremo Tribunal Federal, un privilegio de los parlamentarios y altos miembros del gobierno.

Ya están involucrados por lo menos 31 legisladores, incluyendo los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, además de dos gobernadores estadales y 14 exparlamentarios, la mayoría del PT y de su principal socio en la coalición gobernante, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Con el escándalo y su gobierno adoptando políticas económicas que antes condenaba y cometiendo otras incoherencias, el PT sufre disensiones internas, mientras perdió respaldo en sectores antes incondicionales.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un acto el 12 de agosto en Brasilia, en que aseguró que viajará por el país para rescatar el apoyo popular para el gobierno y el Partido de los Trabajadores. Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

“Es el fin de un ciclo del PT hegemónico, en que adoptó prácticas tradicionales de la política brasileña desde el inicio de la República”, en 1889, admitió Tarso Genro,  dirigente e ideólogo del partido, quien fue ministro de Justicia y de Educación con Lula y luego gobernó el estado de Rio Grande do Sul.

Los problemas éticos del PT, al involucrarse con la corrupción, “son un componente secundario, que deriva de la visión política tradicional a que se rindió”, evaluó para IPS.

Para superar su crisis actual “tendrá que reinventarse, preservar su visión utópica, pero eso no significa volver a sus orígenes”, los sindicales de las décadas de los 70 y 80. “Hoy se reconoce que tenemos una sociedad mucho más compleja”, arguyó Genro, abogado ahora dedicado a “refundar” su partido.

Grzybowski duda de la posibilidad de reformar el PT como una fuerza de transformación capaz de recuperar la hegemonía. La razón es que todo el esfuerzo pasa por “un sistema político colonizado, heredado de la dictadura militar”, que no favorece respuestas a las demandas de la sociedad.

“La Constitución de 1988 falló al no renovar la política, no cambió las reglas para los partidos, que siguen con el monopolio del proceso electoral. La democracia está aún por hacerse en esa área”, sostuvo el sociólogo que dirige Ibase, una de las organizaciones no gubernamentales más reconocidas de Brasil.

Esa Constitución, que institucionalizó la redemocratización brasileña tras la dictadura militar de 1964 a 1985, reconoció derechos de variados sectores sociales, como los de los indígenas sobre sus tierras ancestrales, la niñez, los discapacitados, a la vez que detalla los deberes del Estado.

Por eso es atacada por economistas ortodoxos como fuente de gastos públicos crecientes, imponiendo el crónico aumento del déficit fiscal y de la carga tributaria, cuyo agravamiento en los últimos años conspira contra el gobierno de Rousseff. Eso frena el crecimiento económico, aducen.

Pese a esas críticas es prácticamente imposible movilizar multitudes en contra de una Constitución que representa conquistas para la mayoría de la población. Es un factor de estabilidad, que favorece la permanencia de la presidenta, amenazada de inhabilitación u otros mecanismos de destitución legal casi desde que comenzó su segundo cuatrienio, en enero.

La alternativa, en la visión opositora, es mantener un gobierno en agonía hasta enero de 2019, con la economía y la situación social en deterioro.

“Ella enfrenta una crisis anunciada, por las promesas hechas durante la campaña electoral del año pasado”, según João Alberto Capiberibe, senador del Partido Socialista Brasileño, que abandonó la coalición gobernante en 2013.

“Pero la crisis de credibilidad no afecta solo Rousseff, ella es la síntesis de la política nacional, en que también el Congreso Nacional está sumergido en el descrédito”, sentenció a IPS.

El problema no es la Constitución, sino “el clientelismo, el exceso de empleos públicos y la corrupción” que imponen “gastos desenfrenados los gobiernos tanto en el nivel nacional, como estadual y municipal”, opinó el senador.

“Sin cambiar el sistema electoral nada cambia”, afirmó, defendiendo el fin del financiamiento empresarial de las campañas “para que el poder económico no siga determinando quien será elegido”. “Ningún país del mundo gasta tanto como Brasil en su proceso electoral”, acotó.

Pero ese simple cambio no tiene apoyo en el parlamento.

En el Supremo Tribunal sí, una mayoría de seis de sus 11 magistrados consideró inconstitucional el apoyo financiero de empresas a candidatos, acogiendo una acción del Colegio de Abogados de Brasil. El argumento fue que las empresas no tienen derechos políticos.

Pero el pedido de un magistrado de un periodo de tiempo para examinar mejor el asunto, suspendió la publicación del fallo y frustró el movimiento por reducir costos y por ende la corrupción en los procesos electorales brasileños.

Gran parte del dinero desviado de Petrobras se destinó, según los acusados, a financiar campañas electorales y partidos.

Eso y la hegemonía del PT hacen parte de un ciclo que parece terminar en Brasil, pero en el horizonte, por ahora, solo aparecen incertidumbres.

Editado por Estrella Gutiérrez

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El prisionero imperfecto

Vídeo de Teódulo López Meléndez

Internet

https://www.youtube.com/watch?v=LvEWnsRUWaA  

La educación como arma contra la intolerancia

escuelas en Pakistán

Por Thalif Deen  English version

NACIONES UNIDAS, 13 ago 2015 (IPS) – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) planea lanzar una campaña mundial contra la intolerancia, el extremismo, el racismo y la xenofobia, valiéndose de jóvenes talentos.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, enfatizó que la educación es la clave. “Si quiere entender el poder de la educación, solo mire cómo los extremistas la combaten”, dijo.

Quisieron matar a la activista adolescente pakistaní Malala Yousafzai y a sus amigas porque eran niñas que querían ir a la escuela, señaló.

Extremistas violentos secuestraron a más de 200 niñas en Chibook, Nigeria, y decenas de estudiantes fueron asesinados en la ciudad keniata de Garissa y en la pakistaní de Peshawar.

Se prevé que el plan se presente ante la 70 sesión de la Asamblea General, que empezará la tercera semana de septiembre.

Como parte de la campaña contra la intolerancia y el extremismo, el Departamento de Información Pública de la ONU seleccionó 10 proyectos de jóvenes de todo el mundo en el marco de un “concurso de diversidad”.

Los proyectos, elegidos de entre 100 propuestas de 31 países, incluyen desafiar la homofobia en India y México, resolver conflictos por el acceso al agua para reducir el conflicto étnico en Burundi, promover la armonía interreligiosa en Pakistán, alentar una mayor aceptación de las poblaciones migrantes en Sudáfrica y promover mayores oportunidades de empleo para mujeres musulmanas en Alemania.

“A lo que más temen es a las niñas y a los jóvenes con libros de estudio”: Ban Ki-moon, secretario general de la ONU

Lara-Zuzan Golesorkhi, estudiante de doctorado e instructora en la New School de Nueva York, presentó uno de los proyectos ganadores. Dijo a IPS que busca abordar uno de los asuntos políticos más debatidos en la Alemania contemporánea: la integración de los inmigrantes musulmanes.

En el centro de estas discusiones, señaló, radica el llamado “debate del velo”, que saltó al primer plano con el caso Ludin en 1998.

Ese año, a Fereshta Ludin, hija de inmigrantes afganos que se cubría con velo típico musulmán, le negaron un empleo como maestra en el sistema de escuelas públicas, con el argumento de una “falta de aptitud personal” que la volvía “inadecuada e incapaz de cumplir con las responsabilidades de una funcionaria pública de acuerdo con el derecho básico alemán”.

La disputa interminable entre Ludin y el sistema judicial alemán provocó el establecimiento de políticas institucionales que implican la prohibición del velo en maestras de escuelas públicas en toda Alemania.

Estas políticas se aplican ya en ocho de los 16 “landers” (estados), pero acaban de ser cuestionadas por la justicia federal, que reclama a los respectivos estados revisar las políticas inherentemente discriminatorias, dijo Golesorkhi, quien es ciudadana alemana y tiene la residencia permanente en Estados Unidos.

El Departamento de Información Pública de la ONU expresó que Golesorkhi volverá a Alemania para desafiar lo que se percibe como discriminación contra las mujeres musulmanas.

Ella pretende solicitar a potenciales empleadores que se comprometan simbólicamente a contratar mujeres musulmanas. También producirá una lista de esos empleadores, para que las mujeres se sientan seguras y empoderadas para postularse en esos lugares.

Según The New York Times, que citó al Servicio de Medios e Información de Estudios Religiosos en Alemania, informó el mes pasado que los musulmanes constituyen alrededor de cinco por ciento de la población de 81 millones, en comparación con 49 millones de cristianos.

El periódico se centró en la creciente controversia relacionada con la renovación de una iglesia abandonada en el distrito obrero de Horn, en Hamburgo, donde se la estaba convirtiendo en una mezquita.

“La iglesia estuvo vacía durante 10 años y a nadie le importó. Pero cuando los musulmanes la compraron, repentinamente pasó a ser un tema de interés”, dijo al diario el director del Centro Islámico Al Nour en Hamburgo, Daniel Abdin.

Golesorkhi dijo a IPS que con su organización no gubernamental “With or Without” (WoW, “con o sin”), en su forma más abstracta, busca abordar la intersección de dos aspectos cruciales de la política alemana: inmigración y religión.

Ambos aspectos han desempeñado un rol significativo en el proceso de creación nacional de Alemania, especialmente en materia de leyes y de composición social diversa del país, así como el desarrollo de la islamofobia y de actos discriminatorios contra los musulmanes.

Esto último se incrementó particularmente desde el 11 de septiembre de 2001, fecha de los atentados fundamentalistas que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.

Según Golesorkhi, la población de musulmanes en Alemania pasó de 2,5 millones en 1990 a 4,1 millones en 2010, y se espera que aumente a casi 5,5 millones en 2030.

Los tres principales países de origen de los inmigrantes musulmanes son Turquía, la ex Yugoslavia y Marruecos.

Esta presencia significativa y en continuo crecimiento ha despertado sentimientos negativos en la sociedad, donde ya en 2008 se consideraba que los musulmanes eran los vecinos más indeseables.

Además de la campaña para que empleadores se comprometan a dar trabajo a mujeres musulmanas (“Yo me comprometo”), el proyecto de Golesorkhi incluye un seminario de “Lista para el Empleo” y una serie de talleres que buscan prepararlas para su inserción en el mercado laboral alemán. Y también una campaña para concientizar sobre las dificultades que ellas enfrentan al buscar trabajo en Alemania.

Editado por Kitty Stapp

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De “acivil” a civil

Artículo de Teódulo López Meléndez en el diario El Universal (Miércoles 12/08/15)

sociedad civil 3

www.eluniversal.com/opinion/150812/de-acivil-a-civil

Artistas del Caribe alzan su voz por la justicia climática

Kendel Hippolyte

El premiado poeta Kendel Hippolyte, de Santa Lucía, opina que los seres humanos tratarían a la Tierra de otra manera si la vieran como a su “madre”.

Por Kenton X. Chance English version

CASTRIES, Santa Lucía, 11 ago 2015 (IPS) – El Premiado poeta y dramaturgo Kendel Hippolyte, de Santa Lucía, considera que para cuidar al planeta es necesario que la ciudadanía del Caribe considere a la Tierra como su madre.

“Para mí es tan básico: la Tierra de la que dependemos y en la que vivimos es nuestra madre y hay formas para tratar a nuestras madres y relacionarnos con ellas”, dijo a IPS el escritor de 64 años, quien obtuvo la Medalla de Oro al Mérito por su Aporte a las Artes de Santa Lucía.

“Si tratamos a nuestras madres como se supone que las personas deben tratar a sus madres, todo tiene sentido”, aseguró Hippolyte en la conferencia climática “Voces e imaginación unidas por la justicia climática”, realizada en julio.

Hippolyte es uno de los muchos artistas del Caribe insular que accedieron a utilizar su influencia en la sociedad, entre otras, para educar a la población de esta vulnerable región sobre el cambio climático y sobre las acciones que pueden realizar a título personal.

La conferencia trató sobre la creación de un grupo informal de artistas y periodistas caribeños, a quienes se preparará para que sumen su voz, de forma individual o colectiva, para abogar y participar en campañas de concienciación, concentrándose inicialmente en las negociaciones internacionales que se realizarán en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre.

La 21 Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) deberá lograr un acuerdo universal y vinculante a fin de año en la capital francesa.

Entre los artistas que se sumaron a la iniciativa estaban el músico trinitense dedicado al género calipso David Michael Rudder, la artista británica, nacida en Barbados, Alison Hinds, dedicada al género soca y Gamal Doyle, de San Vicente y las Granadinas, conocido como “Skinny Fabulous” (fabuloso flaco).

Pensando en la COP21, los negociadores del Caribe buscan el apoyo de artistas de la región para difundir el mensaje de justicia climática, cuyo principal argumento es que el aporte de los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID) al cambio climático es mínimo y, sin embargo, son los más afectados por los efectos negativos.

Por ello, los países que son responsables de gran parte del recalentamiento planetario deben ayudar a los PEID a financiar los esfuerzos de mitigación y adaptación.

El ministro de Desarrollo Sostenible, Energía, Ciencia y Tecnología de Santa Lucía, James Fletcher, dijo a IPS que en la COP21, los PEID presionarán para lograr un acuerdo sólido y vinculante que mantenga el aumento de temperatura global por debajo de 1,5 y 2 grados centígrados, con respecto a los niveles de la era preindustrial.

De hecho, los negociadores marcaron el límite de forma rotunda con el eslogan “1.5 para sobrevivir”.

Aun si se limita el aumento de temperatura global a dos grados, los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) registrarán una disminución de entre 10 y 20 por ciento en las precipitaciones, observó Fletcher.

La Caricom es un bloque de 15 miembros, integrado por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Haití, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Montserrat y Trinidad y Tobago, además de Guyana y Suriname, en América del Sur, Jamaica, en la porción norte del Caribe, y Belice, América Central.

Aun con un aumento de dos grados, el Caribe registrará un aumento del nivel del mar superior al de otras regiones del mundo.

Hay modelos que sostienen que con dos grados centígrados más a escala global, el nivel del mar aumentará un metro en el Caribe, precisó Fletcher.

Los negociadores del Caribe sostienen que es necesario limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados, con respecto a la época preindustrial, para proteger la infraestructura, como Kingstown, capital de Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Crédito: Kenton X. Chance/IPS

Eso se traduce en una pérdida de 1.300 kilómetros cuadrados de tierras, equivalente a la superficie de Barbados, Antigua y Barbuda, Anguila, San Vicente y las Granadinas sumadas, explicitó.

Además, unas 110.000 personas, equivalente a la población de San Vicente y las Granadinas, quedarán desplazadas por esa situación.

En una región tan dependiente del turismo, 149 centros turísticos sufrirán daños, cinco centrales de energía y 21 aeropuertos de la Caricom quedarán dañados o destruidos, y uno por ciento de las tierras cultivables, el entorno de los 21 aeropuertos y 567 kilómetros de caminos se perderán.

Los países del Caribe, famosos por el sol, el mar y la arena, se han apurado a tomar medidas de mitigación y adaptación al recalentamiento planetario.

Pero Hippolyte cree que las personas pueden hacer mucho más y, si bien hay un mucha información disponible para la ciudadanía del Caribe, es necesario lograr un cambio de actitud.

“Si la información llega al corazón, entonces va a las manos y luego al cuerpo y a lo que hacemos y no hacemos”, indicó.

En la conferencia de justicia climática, Didacus Jules, director general de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), dijo a IPS: “la justicia radica en la protección de los más vulnerables, ya sean personas o estados marginales”.

La OECO es un grupo económico y político dentro de la Caricom, con nueve miembros.

La mayor parte de la infraestructura de los PEID está en la franja costera y corre peligro por el aumento del nivel del mar, remarcó Jules.

“Las consecuencias negativas del cambio climático también inciden en cómo interactuamos entre nosotros, en tanto que personas, pues tenemos que competir por recursos limitados”, explicó a IPS.

“El mensaje de justicia climática debe llegar a todos los rincones de la región y no solo que lo promocionen los medios globales, que no siempre ponen de relieve los intereses de los PEID”, añadió Jules.

“Hemos visto el poder de nuestros artistas y músicos caribeños. La música de Caribe es una fuerza global, cuyo impacto supera al de cualquier huracán que hayamos tenido”, observó.

A pesar de la vulnerabilidad y de los desafíos, “unirnos y utilizar nuestras voces puede mandar una fuerte señal para que el mundo sepa que somos totalmente conscientes de las consecuencias de no contar con un acuerdo internacional vinculante en materia de cambio climático y del impacto en los PEID de nuestra región”, remarcó Jules.

“Lo importante es que las consecuencias del cambio climático amenazan nuestra existencia misma”, sintetizó.

“Nos van a escuchar: ¡1,5 para sobrevivir!”, arengó.

“La alianza de los pequeños estados insulares dejó claro que aspira a que se refleje 1,5 grados como objetivo y límite de temperatura para la acción climática en el acuerdo de París”, añadió.

Editado por Kitty Stapp / Traducido por Verónica Firme

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De la anomia al empoderamiento

empoderamiento

Teódulo López Meléndez

Cuando Emile Durkheim desarrolló el concepto de anomia tenía en mente a algunos individuos a los cuales la estructura social no podía suministrar los elementos necesarios al logro de las metas sociales. La sociología asumió el término hasta las definiciones de hoy colocando la responsabilidad en la incongruencia de estas normas que conllevan a la desorganización o aislamiento de los individuos. De allí se origina deanomia como equivalente a la ruptura de las normas sociales.

La criminología lo asumió colocando la conducta desviada del delito y el crimen en las capas socioeconómicas más vulnerables como efecto de un colapso de la gobernabilidad. En sus libros (La división del trabajo social y El suicidio) Durkheim muestra una disociación entre los objetivos culturales comunes y la imposibilidad de acceso de sectores a los medios para lograrlos. Luego Robert K. Merton (Teoría social y estructura social) amplió y modificó, en algunos aspectos, el concepto original.

La desinstitucionalización llega hasta la caída de las posibilidades y oportunidades para alcanzar nuevos estadios de desarrollo. Cuando se es anómico no se puede acceder a los medios o no hay normas para el comportamiento. En este rostro dual entre falta de oferta de la sociedad y la demanda de los individuos la anomia se implica en otras disciplinas como la psicológica. Va, necesariamente, sobre el comportamiento diario de la gente o haciendo trampa para evadir controles o pagando comisiones o recurriendo, como en el caso venezolano, a esa práctica del bachaqueo, una sin lugar a dudas anómica. Las consecuencias son las de una sociedad disfuncional.

La anomia social implica un menoscabo de valores y sobre todo un estado anímico que, en los tiempos actuales, podemos percibir claramente en las llamadas redes sociales. Hasta el comportamiento del hampa, una que no se limita a apropiarse del bien ajeno sino que mata sin necesidad, es un efecto de la anomia que hace de la muerte parte integrante de lo diario.

Filósofos y epistemólogos se han referido a la realidad como una abstracta reconstrucción desde la Grecia antigua misma. Durkhein se centró en el debilitamiento del orden normativo, tema asumido por la sociología y descrito por Raymon Aron en Las etapas del pensamiento sociológico. Muchos vincularon su evolución al de la sociedad industrial pero, en términos generales, se puede argumentar en la existencia de expectativas recíprocas que se rompen por irrespeto a las normas, uno que conduce a la pérdida de la solidaridad.

He aquí cuando Merton emerge, representante de lo que se ha dado en denominar “estructural funcionalismo”, llevando el concepto de anomia a dos vertientes, una que se da a nivel individual y la que se refiere a toda una estructura social, siendo evidente que es la última la que nos interesa para estos breves comentarios, pues concluye que la presión sobre la gente puede llevar a un comportamiento conformista o a uno no conformista, manifestaciones que vemos en el comportamiento anómico político y social venezolanos, entrelazándose hasta el punto de la confusión. Los individuos pueden manifestar conformidad con lo institucionalizado o la presión conducir a conductas desviadas, de entre las cuales cabe mencionar al hampa. Algunos lo llaman simplemente resentimiento.

En Venezuela las reglas sociales están absolutamente debilitadas lo que conlleva a la desorganización social. La impotencia ante ciertas realidades transforma el concepto de anomia en uno político, dado que la convicción de que toda acción es ineficaz transforma no sólo al individuo sino a la nación misma y acaba con toda institucionalidad que se ha alejado escandalosamente de todos los valores. Aparece la ansiedad y una sociedad violenta traducida, en buen venezolano, a “viveza”, una que se pondera de traspasar todos los límites. Cuando la acción política gobernante tiene como propósito transformar a los individuos en meros engranajes necesariamente se produce el disenso sobre “valores” impuestos, uno que aumenta su desesperación al no encontrar las vías de la ruptura y la reedificación de otros.

Si quienes deben cumplir las normas no son confiables, si obedecen a un interés de permanencia en el poder o a la ideologización de toda una sociedad, si los encargados de la aplicación de la norma son dependientes del poder o si la corrupción es evidente, se pierde la posibilidad del futuro lo que conduce a la emigración masiva, entre otras muchas, pues la única definición posible es la de admitir la existencia de un país anómico y como el suicidio no ha escapado de los estudios sobre la materia es perfectamente lícito asegurar en términos de anomia social que un país anómico se encuentra al borde del suicidio. De manera especial cabe señalar los cambios abruptos en la economía, entre los cuales una alta inflación y un desabastecimiento seguido de intento de control sobre el suministro de alimentos como forma de control político, a la vez que como forma de disfraz sobre la ineptitud e incapacidad de los gobernantes.

Como hemos señalado, fue Merton el que llevó el concepto de anomia hasta los territorios del hampa, del crimen y de las anomalías psicológicas, pasando por la existencia de normas despropositadas y que, además, no se cumplen, unas que quedan en los anuncios de los anuncios. De allí conformidad, ritualismo, retraimiento, rebelión. En cualquier caso la palabra es desorganización, una que conlleva a la ansiedad y a la agresión, una marcada por la ausencia casi total de un sistema simbólico válido en el cual reconocerse. Tenemos un tejido social roto donde sólo limita un Estado en uso ilegítimo del monopolio de la fuerza y un hampa desbordada con pérdida absoluta de todo límite, mientras la población se encuentra ante una ilegalidad y una ilegitimidad que la coloca al margen del acontecimiento efectivo, dado que en su estado de perturbación reinan los políticos aprovechadores o sin la esencia del conocimiento para interpretar los procesos históricos, y una casi imposibilidad de cambio hacia un orden social válido que se transforma en frustración.

La clave está en usar la anomia para empoderarse. Hemos dicho repetidas veces que un proceso de sustitución de la clase dirigente inepta y la imposición de nuevas normas de conducta implica siempre un trauma. Venezuela vive en un suspenso donde los nuevos valores están disponibles, pero no vistos por el cuerpo social anómico. Quizás podríamos definir la situación como prepolítica, lo que de inmediato lleva a concluir que se requiere un retorno de la política. En cualquier caso la palabra es desorganización, una que conlleva a la ansiedad y a la agresión, una marcada por la ausencia casi total de un sistema simbólico válido en el cual reconocerse. Tenemos un tejido social roto donde sólo limita un Estado en uso ilegítimo del monopolio de la fuerza y un hampa desbordada con pérdida absoluta de todo límite, mientras la población se encuentra ante una ilegalidad y una ilegitimidad que la coloca al margen del acontecimiento efectivo, dado que en su estado de perturbación reinan los políticos aprovechadores o sin la esencia del conocimiento para interpretar los procesos históricos, y una casi imposibilidad de cambio hacia un orden social válido que se transforma en frustración.

No tenerlas equivale a un rechazo de lo dominante, pero a uno sin músculo. O como han señalado otros, el autointerés es siempre incompleto, tiene que tener principios sociales que lo sustenten y lo validen. Sobre la base excluyente del “yo” no hay organización social sustitutiva que brote. Con marketing no se va a ninguna parte.

De como se hunden los viejos cimientos

Vídeo de Teódulo López Meléndez

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