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Democracia siglo XXI

mes

agosto 2008

Ciudadanía, mujeres y democracia

por Ana Aguado

(Universidad de Valencia)

  1. El estudio de la conceptualización y evolución histórica de la ciudadanía femenina –o de la relación entre ciudadanía, mujeres y democracia-  se ha convertido en los últimos años en un tema cada vez más significativo dentro de la historiografía especializada, relativa tanto a la historia del género y a la teoría feminista, como a la historia política, a la historia social, a la filosofía del derecho o a la sociología. De una forma particular, a partir de los análisis históricos que se han centrado en el proceso de formación de la ciudadanía, vinculándolo directamente con las transformaciones liberal burguesas; y también, a partir del análisis de la posterior universalización y radicalización del concepto de ciudadanía relacionado con el desarrollo y profundización, en clave democrática e incluso en clave socialdemócrata, de los Estados liberales. Estos procesos han ido unidos históricamente a las contestaciones y críticas a su formulación –una formulación que de entrada implicaba la exclusión de todas las mujeres por el hecho de serlo–, realizadas por los feminismos desde su aparición en la Ilustración hasta hoy; y a las demandas de derechos civiles, políticos y sociales que éstos han reivindicado para las mujeres como sujetos de derechos individuales. Las reflexiones que siguen parten, por tanto, de la tesis de que la construcción de un nuevo concepto de ciudadanía sólo encuentra los necesarios instrumentos explicativos en una perspectiva histórica que incluya el género como variable; concretamente, en el estudio de las experiencias, estrategias y alternativas desarrolladas por las mujeres como ciudadanas –o como excluidas de la ciudadanía- a lo largo de la historia contemporánea, tanto en la esfera pública y en el ámbito de “lo político”, como en la esfera privada, en la vida cotidiana, y en las diversas formas de sociabilidad y de prácticas cívicas de vida. Porque el concepto de ciudadanía, pese a ser uno de los conceptos clave de la teoría política moderna, presenta una fuerte densidad semántica y puede ser entendido desde múltiples significados que se superponen y acumulan, desde la ya famosa, clásica  y enormemente cuestionada clasificación de Marshall de ciudadanía civil, política y social [1]. Pero en cualquier caso, el desarrollo supuestamente neutral del concepto ha eludido tradicionalmente la perspectiva de género, es decir, el análisis de los derechos de las mujeres en tanto que derechos individuales, en tanto que derechos humanos, y, en definitiva. en tanto que derechos ciudadanos.
  2. Partiendo por ello de esta perspectiva, es particularmente necesaria una reflexión específica en torno a la conceptualización y evolución histórica de la ciudadanía desde una perspectiva de género; más aún, es especialmente necesaria la integración de la historia de las mujeres en la historia definida como “historia política”; integración que implica una reconceptualización general y global, en clave de género, de términos fundamentales en la historia contemporánea como son los de ciudadanía, igualdad, liberalismo o democracia.  Por ello, este trabajo plantea en primer lugar una reflexión en torno a la configuración histórica de la cliudadanía en los primeros liberalismos, a partir de la consideración de  la exclusión de las mujeres de la misma como un elemento clave en la estructuración de la esfera pública; y en segundo lugar, analiza algunas de las críticas y propuestas realizadas por los feminismos como teorías críticas, dentro de la evolución histórica de la ciudadanía desde los inicios del siglo XIX hasta el presente siglo XXI, en el sentido de que la definición de la misma es un proceso abierto, y por ello, se debe de caracterizar  no tanto por respuestas -o definiciones- cerradas sino más bien por preguntas -o demandas sociales- prioritarias o significativas con relación a los derechos ciudadanos en  cada momento histórico.
  3. I.- Por lo que respecta a la primera cuestión – la elaboración del concepto de ciudadanía en los orígenes de las sociedades contemporáneas-, las revoluciones liberal burguesas y el desarrollo del capitalismo precisan ser analizados teórica y conceptualmente desde una perspectiva de género, del mismo modo que la historiografía especializada los ha analizado desde otras muchas perspectivas metodológicas. Y esta perspectiva es necesaria, entre otras razones, porque las relaciones de género –en la misma medida que cualquier otro tipo de relaciones sociales, ni más ni menos- van a estar en la base de las contradicciones sociales e ideológicas que caracterizan el proceso revolucionario burgués y el posterior desarrollo histórico de los liberalismos, tanto desde una perspectiva ideológico-cultural como desde una perspectiva político-jurídica.
  4. En efecto, si aceptamos la caracterización de las relaciones de género como relaciones sociales entre mujeres y hombres, construidas cultural y socialmente, es necesario explicar históricamente cómo y porqué hombres y mujeres han ocupado “lugares” asimétricos dentro del conjunto social, en las diversas sociedades y momentos históricos. Lugares asimétricos que han estado operando en función de las necesidades y de la “lógica interna” de cada sociedad, y también, en este caso, en función de la “lógica interna” de la sociedad capitalista. Y dentro de ella, el patriarcado ha jugado una función fundamental, entendiendo por éste no sólo una forma social familiar caracterizada por la subordinación femenina, sino una forma de construcción de lo público y de la sociedad civil caracterizada también por mecanismos diversos de subordinación femenina,
  5. Y en el conjunto de estas explicaciones, es particularmente significativo el análisis de cómo y porqué esos “lugares”, funciones y roles de género se reformularon en el momento clave de las revoluciones liberales, no como un aspecto puntual o marginal, sino formando parte sustancial de la nueva lógica interna de la naciente sociedad y de las necesidades de la nueva clase burguesa, y sus consiguientes propuestas ideológicas. Estas propuestas iban a desarrollarse discursivamente desde diversas instancias: desde la política, desde la legislación, desde la educación, desde la moral y la religión, y también, desde una nueva y específica división sexual del trabajo adecuada y coherente con el desarrollo de la economía capitalista.
  6. La quiebra del Antiguo Régimen y de sus instrumentos de legitimación de la autoridad -el privilegio, la voluntad divina, etc- iba a conducir, en un momento de posibilidades abiertas, de cambios sociales “radicales”, revolucionarios, a una reconceptualización de las mujeres y de su función en la nueva sociedad, a partir de un fenómeno fundamental en las sociedades contemporáneas, y central en la conformación ideológica del primer liberalismo: la articulación de la esfera pública y su “necesario” correlato, la esfera privada, como dos realidades dicotómicas y diferentes; pero sobre todo, connotadas genéricamente, de tal manera que lo “público” -la política, la ciudadanía, el poder, las formas más “prestigiadas” de sociabilidad y de cultura- se vinculará “naturalmente” –es decir, por “naturaleza”- a la identidad social masculina; en tanto que lo “privado” -entendido como “doméstico” y no “civilizado” ni civil en el caso de las mujeres- iba a identificarse con la identidad social femenina. En este sentido, el propio Rousseau sostendrá en El Emilio que las mujeres, a diferencia de los hombres, no pueden controlar sus “deseos ilimitados” por si mismas, y por ello, no pueden desarrollar la “moralidad” que se requiere para la sociedad civil. Este plantemiento se consolidará hasta tal punto que, en el mismo lenguaje –y el lenguaje nunca es neutro, sino instrumento fundamental de creación de “realidad”- , la vinculación entre el sustantivo “hombre” y el adjetivo “público” se convertirá en un concepto connotado positivamente en términos morales, en tanto que la vinculación entre el sustantivo “mujer” y el adjetivo “pública” se connotará, casi por definición -y como sabemos, hasta nuestros días- negativamente en términos morales. Y por ello, no resulta nada secundario ni “insignificante” preguntarnos cómo se puede hacer que las mismas palabras signifiquen cosas tan diferentes, y probablemente, las respuestas que en lenguaje científico e histórico podríamos dar serían bastante próximas a las respuestas que en lenguaje literario encontramos a  preguntas semejantes  en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas:: la cuestión es “saber quien es el que manda”. O dicho en otras palabras: quien es el que define, quien es el que legisla, quien es el que educa, quien es el que crea ideología y discursos,  quien es el que construye la moral o la religión. [2]
  7. Desde estas perspectivas, se trata de plantear en esta reflexión, teórica e históricamente, cual fue el papel de las relaciones de género en el proceso de consolidación de las sociedades burguesas y de desarrollo de los liberalismos. O dicho con otras palabras, cómo iba a afectar la transición a la nueva sociedad que se configuró en los inicios de la contemporaneidad -con las ideologías y las culturas generadas en ese proceso de cambio- a las relaciones de género, y en particular, a los “modelos ideales” de feminidad y de masculinidad que se fueron construyendo desde los diferentes discursos al respecto. Dentro de ellos, los discursos jurídico-políticos en que se va a ir desarrollando y concretando el ideario liberal e ilustrado van a tener una influencia decisiva, en la medida en que van a delimitar conceptos como ciudadanía, esfera pública, derechos civiles, Estado o constitución; y van a definir igualmente quien o quienes son los sujetos del nuevo espacio político-público, de tal manera que en esta definición las mujeres serán implícita o explícitamente un nudo ideológico clave, un “no sujeto”, en torno al cual van a converger las presuntas contradicciones y paradojas de la ideología liberal  [3].
  8. En primer lugar, una aparente primera “contradicción” parecía derivarse de la propia formulación de los principios ideológicos y políticos liberales, y su concreción legislativa: entre el paradigma revolucionario de la igualdad y la libertad, y la exclusión de las mujeres como sujetos de ciudadanía y de derechos políticos Contradicción “aparente” en la medida en que,  frente al derecho abstracto y”natural” de la igualdad, los primeros liberalismos no fueron universalistas sino excluyentes, no sólo en función del sexo, sino en también en función de la raza, renta, propiedades, independencia personal o grado “civilizatorio”. Pero a diferencia del resto de las exclusiones que en la nueva sociedad burguesa pueden eliminarse o “redimirse” en función de los “méritos” individuales -el ideario liberal va a proponer un modelo de sociedad meritocrática-, la exclusión de todas las mujeres de la esfera pública y de la ciudadanía en función de su género se entiende como perpetua, no modificable y no contradictoria, por derivar de la naturaleza y de las diferencias “esenciales” y”naturales” entre mujeres y hombres, que hacían de las primeras seres no independientes, no autónomos,  y casi no “racionales”: son las conocidas dicotomías entre razón y sentimientos, cultura y naturaleza, civilización o pre-civilización (primitivismo), asociadas respectivamente a la masculinidad y a la feminidad como categorías inmanentes y ahistóricas.  El espacio público creado fue, en este sentido, el espacio de los “iguales”, de los que se reconocen como tales por su “naturaleza” o “capacidades” –autonomía personal-  como ciudadanos u “hombres públicos”, en tanto que las mujeres son la alteridad, “lo diferente”, “lo otro”, supuestamente opuesto pero complementario y subordinado; y no podía haber igualdad entre quienes no son “iguales” –bien por voluntad divina, bien por voluntad de la naturaleza o de la razón-. De esta manera, el género marca un punto de partida y traza una línea divisoria insalvable entre quienes pueden participar de la igualdad y ser incluidos o no en la ciudadanía  [4].
  9. Pero al mismo tiempo, y paradójicamente, el ideario liberal e ilustrado abría la “caja de Pandora” -que difícilmente podría cerrarse- respecto a la demanda de igualdad también entre los sexos, también para las mujeres, con sus consecuencias políticas y sociales, de tal manera que la teórica universalidad de los principios ilustrados comienza a ser planteada por parte de algunas o algunos como algo que puede llegar a ser radicalmente real. La exclusión de las mujeres de la ciudadanía y de la esfera pública burguesa podía ahora comenzar a cuestionarse -como de hecho se iba a hacer por parte de los primeros feminismos, y por una minoría de ilustrados y liberales- desde el propio desarrollo de la filosofía y de la ideología política liberal, que situaba como eje de su propuesta al “yo” individual, libre de jerarquías y “vasallajes”: las “Luces” se iban a curar con  “más Luces” [5].
  10. Así, por lo que respecta a la exclusión de las mujeres, en los modelos políticos que se articulan a partir de la Ilustración y de las revoluciones liberales -Declaración de derechos del hombre, constituciones, códigos civiles,…- los derechos del “hombre” son, efectivamente, del hombre varón, y es obvia en este sentido la utilidad de la ambigüedad del genérico masculino: sólo existen ciudadanos y no ciudadanas, entendiendo por este concepto un individuo independiente jurídicamente, dueño de si mismo, y con capacidad para decidir y para consentir. Y a partir de ahí se formulará la diferenciación entre ciudadanía civil y política, o entre ciudadanos pasivos y activos. La definición de Rousseau del “citoyen” como varón, propietario y padre de familia ofrece un criterio preciso del significado que tenía el concepto de ciudadanía para la nueva ideología hegemónica en la que, como afirma Chiara Saraceno,  desde sus mismas bases la familia se articula como una institución basada en la autoridad masculina -el “cabeza de familia”-, y en la dependencia y subordinación femenina  [6].
  11. Esta concepción puede verse ya en dos referentes básicos del pensamiento contemporáneo: en Kant y en Hegel. Para Kant, la casa es el fundamento de la moral y del orden social, es el núcleo de lo “privado” sometido al padre. Igualmente en Hegel, la división sexual de las funciones femeninas y masculinas se apoya en sus “caracteres naturales”, de acuerdo con la dicotomía pasivo / activo, interior / exterior, privado / público. Y serían particularmente los ilustrados -salvo destacadas excepciones como Condorcet y D’Alambert- los que argumentarían que sus propuestas ideológicas de igualdad, de razón y de libertad, no son pertinentes cuando se trata de las mujeres y de la diferencia de sexos, para lo cual esencializarán u ontologizarán esas diferencias, haciéndolas derivar de la naturaleza, de la biología, de la especie; pues desde su argumentación, las mujeres no son “individuos” con voluntad propia, sino que son “especie”, son “idénticas”, por ser “naturaleza irracional”. Directamente relacionado con estos presupuestos, el mito del Robinson será también el mito del hombre “civilizado”, del “yo” masculino autorrealizado, frente a una alteridad, un “otro”: la naturaleza, el estado pre-civilizado y salvaje, y más específicamente, la mujer-naturaleza, a la que dominar, domesticar, educar y civilizar.
  12. Aunque, como apuntábamos anteriormente, a partir de la Ilustración, junto a este pensamiento hegemónicamente misógino, es cierto también que de la nueva caja de Pandora abierta, de lo que ha sido denominado como “senda perdida de la Ilustración”, es decir, de la radicalización y de la universalización real del pensamiento ilustrado, surgirán las bases del pensamiento feminista contemporáneo, de tal manera que en autoras como Mary Wollstonecraft se encuentra “un racionalismo moral más coherente, en cuanto más consecuentemente universalista, que en el propio Kant” o en John Stuart Mill y Harriet Taylor Mill –en sus Ensayos sobre la igualdad sexual-, una consideración más radical de la mujer como individuo autónomo  [7].
  13. Más concretamente, fueron las revoluciones liberales, y de una forma particular la Revolución Francesa, las que construyeron los conceptos modernos de ciudadanía y ciudadano, frente a los anteriores conceptos de vasallaje y súbdito, propios del Antiguo régimen. La “invención” afectó a tres aspectos, como señala M. Pérez Ledesma [8]: la ciudadanía legal -ciudadanos iguales ante la ley frente a los antiguos privilegios estamentales o locales-, la ciudadanía política  -ciudadanos con derechos, miembros del cuerpo político, y participantes en los asuntos públicos-; y la ciudadanía nacional -ciudadanos de un Estado-nación, frente a los anteriores ámbitos intermedios-, y distintos, en consecuencia, del “extranjero”. Es la ciudadanía política la que evidencia más claramente las “contradicciones” y exclusiones de género, recogiendo de alguna manera la herencia del mundo clásico: en la “democracia” ateniense, sólo los varones libres, mayores de edad, propietarios de trabajo ajeno (de esclavos) y nacidos en la ciudad tenían la condición de ciudadanos. El resto,  las mujeres, los metecos y por supuesto los esclavos -más de las tres cuatas partes de la población- estaban excluidos de la ciudadanía. Algunas de estas concepciones restrictivas y excluyentes perviven de alguna manera en la Ilustración -”la propiedad es la que hace al ciudadano” escribió D´Holbach en la Enciclopedia-, de tal forma que a prácticamente ningún ilustrado se le ocurrió plantear el derecho de voto para todos los habitantes del país, y aún menos a Rousseau –el padre del contractualismo-, que excluyó del “pueblo” a las mujeres y a los pobres. Es, en definitiva, la tradición excluyente ante el temor a las “masas” incultas o descontroladas, que se plasma en el sufragio censitario o en la diferenciación entre “ciudadanía activa” y “ciudadanía pasiva” en las Constituciones francesas de 1791 y 1793; que limitan la teórica universalidad de la igualdad a determinadas condiciones –los “no capaces” son excluidos-, alcanzables la mayoría en función de los “méritos”,  con la única excepción del género: no se pueden hacer “méritos” para dejar de ser mujer. A un nivel cultural profundo, la teoría política de los liberalismos incorporaba fronteras y clasificaciones respecto a la feminidad y la masculinidad que convertía en ahistórica, en “natural” y por tanto en no susceptible de cambio, la diferencia de género, y sus “consiguientes” funciones, capacidades, “misiones” y prácticas sociales respectivas, para mujeres y hombres. Y entre ellas, el poder ser partícipe o no de la igualdad en la ciudadanía. [9].
  14. Así, la posibilidad abierta por el primer racionalismo ilustrado e ideario liberal respecto a una potencial universalidad de los principios sobre los que se iba a construir la nueva sociedad  -la caja de Pandora: libertad, igualdad, razón, ciudadanía, sociedad civil, esfera pública…- derivó muy pronto hacia dos concepciones distintas de la ciudadanía y de los derechos, en función del género, que se evidenciaron con toda claridad ya en la Revolución francesa: por una lado, la que excluía a las mujeres –quienes por su “naturaleza” debían ser representadas en lo público por un varón, padre, marido, hermano,- concepción que se plasma en la ambigüedad de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y se sanciona en las Constituciones de 1791 y 1793, y que finalmente fue la que prevaleció en gran parte a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX. Por otro lado,  la que aparece ya expresada en algunos Cuadernos de Quejas, también en Condorcet –Sobre la admisión de las mujeres al derecho de ciudadanía (1790-), y que sobre todo, se desarrolla con toda claridad en la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadanna de Olympe de Gouges de 1791 o en las intervenciones de Etta Palm ante la Asamblea Nacional francesa. [10].
  15. El “olvido” de los “padres” de la Revolución a la hora de plantearse los derechos de ciudadanía de una forma realmente universal que incluyese a las mujeres, fue denunciado ya, efectivamente, en los Cuadernos de Quejas. Así por ejemplo, en la “Petición de las Damas a la Asamblea Nacional” se afirmaba:
  16. “Habéis roto el cetro del despotismo, habéis pronunciado ese bello axioma digno de ser inscrito en todas las frentes y en todos los corazones: los franceses son un pueblo libre…¡y todos los días permitís que trece millones de esclavas lleven vergonzosamente las cadenas de trece millones de déspotas!. Habéis concedido la justa igualdad de los derechos…¡y priváis de ellos injustamente a la más dulce e interesante mitad de vosotros!…Habéis roto el freno que mantenía cautivo el pensamiento del sabio ¡y le quitáis la facultad de instruir a sus semejantes…y a nosotras!” [11] .

  1. En el mismo sentido, el Cuaderno de Quejas firmado por Madame B.  se dirige a los diputados de la Nación planteando que si las leyes debían de ser las mismas para toda Francia, del mismo modo sólo si la igualdad de derechos incluía también a las mujeres se podría hablar de igualdad realmente universal.
  2. Mucho más explícita, completa y directa en cuanto a la demanda de derechos políticos y de ciudadanía femenina fue la Declaración de derechos de la mujer y de la ciudadana redactada por Olympe de Gouges, que representa la traducción en clave femenina de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, reivindicando la igualdad entre los sexos a modo de contrato social entre mujeres y hombres, y apelando igualmente a la naturaleza como paradigma normativo –como se hace desde todos los planteamientos ilustrados- pero en este caso no para justificar la desigualdad sino para deslegitimar las jerarquías patriarcales. Si en los Cahiers de Doléances aparecen elementos dispersos de vindicaciones de las mujeres que inciden directamente en el nuevo orden patriarcal, en el pensamiento de Olympe de Gouges se articulan de forma radical y sistemática, formando un cuerpo teórico. En los diecisiete artículos de que consta el texto, cuestiona la neutralidad que se asigna a la palabra “hombre”, y considera a las mujeres como parte del cuerpo social. Así por ejemplo, dirá en los dos primeros artículos de la Declaración:
  3. Art. I. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos.Art. II. El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la Mujer y el Hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión” [12].

  1. Pero a pesar de estas propuestas que ya planteaban desde el liberalismo radical el derecho de las mujeres a la ciudadanía, y  los derechos de las mujeres como individuos, en la Francia revolucionaria fue la Constitución de 1791 la que sirvió de piedra de toque para observar las limitaciones de las transformaciones que se estaban produciendo: la distinción entre ciudadanos activos y pasivos situaba a las mujeres en el segundo bloque, independientemente de los requisitos o “méritos” de contribución exigidos a los varones para ser ciudadanos activos. Con todo, los años de 1791-92 fueron los años en los que, en pleno proceso revolucionario, estuvieron abiertas durante un breve período de tiempo todas las posibilidades de construcción de la sociedad civil, y algunas de ellas se materializaron, como por ejemplo, la proliferación de clubs políticos femeninos, el reconocimiento en 1792 a las francesas del derecho a ser admitidas en actos civiles, y sobre todo, las leyes dadas en ese mismo año sobre estado civil y divorcio en pie de igualdad entre los esposos, considerando por primera vez el matrimonio como un contrato entre dos personas igualmente responsables [13]. Finalmente, a pesar de todo ello, el año 1793 representó el final de las posibilidades abiertas en la Francia revolucionaria en torno a igualdad o derechos para las mujeres: la nueva Constitución de 1793 establecía definitivamente el denominado “sufragio universal” como masculino exclusivamente, y en octubre de ese mismo año se ordenó la disolución de los clubs políticos femeninos –entre ellos, el Club de Amigas de la Libertad de Etta Palm, el Club de Republicanas Revolucionarias de Claire Lacombe, etc-, y se prohibía  que más de cinco mujeres se reuniesen en la vía pública, por considerarse subversivo contra el orden. Olympe de Gouges fue guillotinada por los jacobinos en noviembre de 1793 , acusada de “contrarrevolucionaria”, y en el Monituer Universal apareció publicado un artículo sobre ella en el que se afirmaba significativamente: “quiso ser hombre de Estado, y parece como si la ley hubiese castigado a dicha conspiradora por haberse olvidado de cuales son las virtudes propias de su sexo…”.
  2. En resumen, las mujeres no iban a poder actuar en el espacio público en la nueva sociedad liberal –sólo los varones podrán ser valorados positivamente como “hombres públicos”-, y el concepto de ciudadano no se podía ya entender como “persona perteneciente al cuerpo social”, sino que su uso quedaba restringido a una acepción concreta, la referida a los “llamados a ejercer los derechos políticos”, de tal manera que menores de edad, deficientes mentales, condenados y mujeres –igualadas a los menores de edad por su condición de “dependientes”, no podrían ser considerados como ciudadanos. Así, a pesar del radicalismo jacobino que eliminó las exclusiones en función de la riqueza –sufragio no censitario frente a sufragio censitario-, el concepto de ciudadanía que triunfó en las constituciones fue el que excluía de ésta a la “naturaleza femenina”, de tal manera que el sufragio será exclusivamente masculino, y por tanto, nunca “universal” –como a menudo se le sigue denominando.- hasta bien entrado el siglo XX.  Las mujeres no podían pertenecer a lo público, pues por su “naturaleza” eran seres “domésticos” y diferentes, y la igualdad sólo podía darse como pacto entre los que eran “iguales”, es decir, entre los varones. A partir de estos momentos, la ciudadana pasará a ser definida como “la mujer del ciudadano” –es decir, definida por una relación privada, no pública-, y el modelo republicano de mujer será el de madre al servicio de la familia, con la función de tener hijos para la Patria y educarlos como buenos ciudadanos. Este proceso culminó en el caso de la Revolución francesa en 1795 al decretar la Convención que las mujeres no estaban facultadas para asistir a ninguna asamblea política; y, sobre todo, culminó con la aprobación en 1804 del Código Civil napoleónico –que fue copiado y  modelo a seguir para el resto de los Códigos Civiles posteriores, incluyendo el español de 1889-. En él, se sancionaba jurídicamente, por un lado, la subordinación legal femenina dentro de la familia a partir de la explícita consideración del matrimonio como un contrato desigual, recogida en la tradicional fórmula matrimonial: “la mujer debe obedecer al marido y el marido proteger a la esposa”; y por otro lado, la institucionalización de la función del marido como mediador y representante de la mujer en lo público, con la significativa denominación de “cabeza de familia” vigente hasta la actualidad [14].
  3. La ordenación de estos datos históricos en un esquema teórico explicativo nos muestra como la génesis y el desarrollo de la ciudadanía y de los derechos individuales, a pesar de que comenzó claramente con los procesos revolucionarios liberal burgueses, no fue un proceso lineal ni inevitable, sino que estuvo condicionado no sólo por el temor a los “excesos revolucionarios” sino también por el temor a la igualdad jurídica, política, pública y privada, entre mujeres y hombres. Porque el Contrato Social roussoniano entre los varones precisaba, para poder funcionar en la esfera pública tal como ésta se estaba construyendo, de un “contrato sexual” previo como ha señalado Carol Pateman [15], de tal manera que entre público y privado, más que una separación, lo que se daba realmente era una retroalimentación: la esfera pública “masculina” sólo podía funcionar, de la manera en que se estaba configurando, en la medida en que se apoyase y se retroalimentase sobre una esfera privada “femenina”. Y esto implicaba la subordinación legal femenina, y la obligada reducción de las mujeres al ámbito doméstico y a la familia; a pesar de que esta “reducción” se justificase a menudo a partir del denominado “discurso de la excelencia”: las mujeres como seres “excelsos” y superiores, alejadas e ignorantes del mundo exterior, y protegidas en el reducto del “paraíso perdido” que representaba el hogar. Discurso que. paradójicamente, casi siempre ha ido acompañado del “discurso de la inferioridad”: las mujeres como seres inferiores, sin capacidades, irracionales, “naturales”, no civilizados, no autocontrolados, etc. Y este “discurso de la inferioridad” es el que encontramos en toda una importante tradición de pensamiento misógino hegemónico, en el que se situan desde la inmensa mayoría de los más reconocidos “padres” del contractualismo y del pensamiento ilustrado -como  Rousseau-, o de representantes de la ideología liberal jacobina, -como el igualitarista Sylvain de Marechal-. o incluso  pensadores de la profundidad filosófica de Schopenhauer [16]. A modo de selección de los discursos al respecto de los autores citados, estos son algunos ejemplos extraídos de sus obras:
  4. Cultivar en la mujer las cualidades del hombre, y descuidar las que le son propias, es trabajar en detrimento suyo(…) Hacedme caso, madres juiciosas, .no hagáis a vuestra hija un hombre de bien, que es desmentir a la naturaleza. Hacedla mujer de bien y así podréis estar seguros de que será útil para nosostros y para si misma(…) Por la misma razón que deben tener poca libertad, se extralimintan en el uso de la que le dejan (…) (Jean Jacques Rousseau: El Emilio).

  1. “(…) La Razón quiere que, sin miramientos hacia la reclamación de Condorcet, las mujeres continuen renunciando al derecho de ciudadanía cuyos deberes no sabrian cumplir (…). La intención de la buena y sabia naturaleza ha sido que las mujeres exclusivamente ocupadas en las labores domésticas, se honraran con tener en las manos, no un libro o una pluma, sino una rueca y un huso (…).  Considerando los inconvenientes graves que resultan para los dos sexos que las mujeres sepan leer, la Razón quiere que las mujeres no metan la nariz en un libro ni pongan la mano en una pluma.(…)”. (Sylvain Maréchal: Proyecto de una ley que prohiba aprender a leer a las mujeres, 1801).

  1. “ (…) Sólo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos de la inteligiencia ni a los grandes trabajos materiales. Paga su deuda a la vida, no con la acción, sino con el sufrimiento (…) Tiene que obedecer al hombre, ser una compañera pacienzuda que le serene (…) Las mujeres permanecen toda su vida niños grandes, una especie de intermedio entre el niño y el hombre (…) Lo que distingue al hombre del animal es la razón. Confinado en el presente se vuelve hacia el pasado y sueña con el porvenir. La débil razón de la mujer no participa de esas ventajas…padece miopía intelectual (…) (Schopenhauer: Parerga y paralimomena, 1851).

  1. El “discurso de la inferioridad” frente a la universalidad ética, política y epistemológica no fue sólo una “contradicción” de la Ilustración, sino uno de los elementos constitutivos de los Estados liberales, basado en la exclusión de las mujeres de la lógica democrática y de la meritocracia, aplicándoles por el contrario la lógica estamental: igualdad para los varones y estatus adscriptivo para las mujeres. Semejante actuación requería construir una esencia femenina inferior (diferente o complementaria en terminología patriarcal) a la masculina que pusiese las bases de su exclusión política, es decir, ni sujeto de razón ni sujeto político. O dicho de otra forma, como señala  R. Cobo, “como no era conveniente que las mujeres fuesen sujetos políticos, era requisito necesario negarles la definición de sujetos de razón” [17]. Así, en lo que se podría denominar la cultura generada por las revoluciones burguesas y por la modernidad, se acabó consolidando una representación de las mujeres como centro de la domesticidad, cercanas a la naturaleza por sus funciones reproductivas, y exclusivamente dedicadas a las necesidades de sus hijos y de su circulo familiar; mientras que a los hombres se les representaba como intelectuales, políticos, y vinculados al interés general..
  2. Sin embargo, la cultura de la modernidad contenía en si misma importantes “conradicciones”, porque las nuevas leyes politicas aspiraban a dotar a los individuos de atributos universales relacionados con la teórica igualdad de todos los ciudadanos. La teoría liberal concebía al “yo”, sujeto de los nuevos derechos políticos, esencialmente neutro en cuanto al sexo, y no sometido por la naturaleza a ninguna autoridad. Pero el liberalismo, preso en sus propias paradojas, por un lado marginaba de la vida política efectiva a amplios sectores de la población; y por otro lado, liberaba a los individuos de los vínculos y dependencias, permitiéndoles conquistar en el ámbito de la privacidad el derecho a tener una vida personal autónoma. Los nuevos códigos de relaciones sociales desarrollaron métodos que  pasaban del “teterocontrol” al “autocontrol”, de tal manera que los sujetos modernos interiorizaron las reglas que debían regir sus conductas. Y en el desarrollo de estas paradojas, la esfera pública  iba a permitir a los individuos –a todos, a todas…- interpelar al Estado, exigiendo que ese ámbito público constituido en beneficio de unos pocos aplicara realmente sus principios a todos. De este modo, el ámbito privado iba a comenzar a acturar, paradójicamente, como instrumento político en los procesos de democratización social.
  3. II.- Y es en este contexto en el que cabe situar el desarrollo histórico de los feminismos como movimientos ilustrados democratizadores. Así, frente a la tradición de pensamiento hegemónico misógino y  temeroso ante la posibilidad de la igualdad, y frente a la configuración discursiva, ideológica y política de las diversas formas de exclusión de las mujeres de la igualdad y de la ciudadanía en los primeros constitucionalismos y en su base contractualista roussoniana; los primeros feminismos se fueron desarrollando como tales a partir de la  extensión a las mujeres de los mismos principios ilustrados de libertad, igualdad y razón; y por tanto, a partir de la universalización real y la radicalización de estos principios. La Ilustración patriarcal fue interpelada por otra Ilustración más universalista que afirmaba  que la igualdad y la libertad pertenecen a la humanidad en su conjunto y no sólo a los varones.
  4. En otras palabras, la negación para las mujeres de los presupuestos igualitarios en los que se iba a basar la modernidad, será la causa de que éstos lleguen a convertirse en presupuestos feministas. El feminismo, surgido en el siglo XVIII, va a estar tematizado con el insturmental  conceptual de la Ilustración y, al mismo tiempo, será una de las manifestaciones más significativas de la reflexividad de la modernidad. Por ello, desde finales del siglo XVIII hasta hoy, los idearios feministas han estado planteando transversalmente, de diversas maneras, múltiples formas de desarrollo de la ciudadanía política, civil y social, desde diferentes ideologías y perspectivas políticas, tales como los liberalismos, el republicanismo, el librepensamiento, el socialismo, el anarquismo, el reformismo social católico, etc. De tal manera que las diversas expresiones de lo que ha sido conceptualizado con la etiqueta de  “feminismos”, forman parte sustancial de las diferentes culturas políticas y de la evolución histórica del concepto de ciudadanía, y por ello, deben ser analizadas y estudiadas –en tanto que movimientos sociales y en tanto que propuestas ideológicas- en la misma medida que cualquier otra perspectiva social o discursiva en el análisis de la teorización y del desarrollo histórico de la ciudadanía.. Como se ha analizado anteriormente, en la historia contemporánea de las sociedades occidentales la “universalidad” de los derechos de ciudadanía no garantizaba automáticamente que las mujeres fueran sujetos activos de ésta, puesto que dicha “universalidad” de derechos ocultaba con frecuencia, desde la abstracción neutralista, las diferencias genéricas. Históricamente y en la realidad concreta, la distinción entre la esfera privada y la esfera pública ha operado como barrera, tanto desde el punto de vista teórico como en el ejercicio concreto de la ciudadanía; la mayor parte de las veces de una manera real, otras veces de manera simbólica, delimitando quienes podían ser miembros de la comunidad con “capacidad” o quienes eran sujetos de derechos políticos del Estado.
  5. Desde la teoría feminista se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones –desde el siglo XIX hasta la actualidad-  la construcción genérica de esta división, hasta tal punto que las críticas a la dicotomía público-privado constituyen buena parte de un debate teórico de los últimos treinta años que plantea básicamente la necesidad de rearticular ambas esferas. Hemos analizado anteriormente cómo, en las primeras formulaciones liberales, el concepto presuponía una falsa neutralidad y una igualdad teórica entre los “ciudadanos”, que no existía de facto con respecto a las “no iguales”, a las “diferentes”, a las que eran “otra cosa” por naturaleza, por “voluntad divina”, o por voluntad de la “Razón” y de la “ciencia”. Y no se veía en ello ninguna contradicción con el ideario igualitario porque se partía del presupuesto de que el contrato social roussoniano sólo se podía realizar entre los que ya eran “iguales”, de tal manera que las “no iguales” no podían entrar en él.
  6. En este sentido, es ya muy obvia la incorreccta reproducción androcéntrica por parte de historiadores y politólogos de la definición como “universal”  de una forma de sufragio histórica e ideológicamente limitada, que  hasta hace muy poco tiempo –sólo en el mundo occidental hasta el punto de inflexión que significó la Primera Guerra Mundial, y en muchos casos hasta la  Segunda Guerra Mundial- excluía a las mujeres por “razón de sexo” en la mayoría de regímenes políticos caracterizados como  “democracias liberales”.  Los sufragismos, por ejemplo, corresponden a una etapa determinada en el desarrollo tanto de los derechos de ciudadanía como de la evolución de los feminismos como movimientos sociales. Una etapa caracterizada por la atención prioritaria a la reivindicación de la ciudadanía y de la igualdad política política, del derecho  al voto, para las mujeres. Una etapa –desde mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial- en la que esta ampliación de los derechos políticos y la consigueinte profundización de la democracia no corresponde ni interesa sólo, como se ha repetido en muchas ocasiones tópicamente, a las mujeres de clases medias o a un cierto feminismo calificado de “burgués”; Por el contrario, la lucha por el voto fue también, en esta etapa, una lucha política y social por los derechos y libertades ciudadanas, que afectaba a ambos sexos, a las clases trabajadoras, a los esclavos, etc. La ampliación del sufragio fue también, desde esta perspectiva, una reivindicación y un objetivo en la acción social de las clases trabajadoras y de las minorías,  y en la que estaban escasamente interesados los sectores hegemónicos que detentaban tradicionalmente el control del poder político.
  7. Porque, en un sentido más general, el miedo a las “masas”, fuesen éstas las que fuesen –mujeres, esclavos, trabajadores-, ha estado continuamente presente en la historia de las resistencias de los sectores representativos del liberalismo “de orden”, del liberalismo “de la propiedad y de la  capacidad”, a compartir la representación y el poder político; así como en las diversas estrategias y mecanismos desarrollados para no perde el control del mismo ante la progresiva presencia en el escenario político y público de los tradicionalmente excluídos del mismo, o que no interesaba que estuviesen en él, entre ellos, las mujeres. Basta analizar, por ejemplo, las interrelaciones y vinculaciones existentes entre sufragismo y abolicionismo en Estados Unidos a partir de los años treinta del siglo XIX, y la participación de las mujeres en el movimiento antiesclavista como plataforma de aprendizaje y de concienciación, utilizando  la analogía del esclavo para describir su propia condición. Y la significativa transformación de este primer feminismo norteamericano en un movimiento político independiente a partir del momento en que el abolicionismo comenzó a discriminar dentro de él la presencia femenina; transformación que tiene su punto de inflexión en la Declaración de Séneca Falls de 1848 –fecha emblemática en el desarrollo de los liberalismos en clave democrática-, primera declaración sistemática de los derechos de las mujeres  entre los que se contempla ya el de sufragio, pero también algunos de enorme modernidad como la igualdad laboral, el derecho a la propiedad, el derecho a la utoestima, a una autoimagen positiva, etc. O también, en un sentido paralelo, pero desde la tradición ideológica vinculada a los socialismos –que cuestionaban las  bases económicas  e ideológicas de la nueva sociedad burguesa- se encuentra el caso del owenismo inglés, que  por las mismas fechas de mediados del siglo XIX reivindicará el sufragio para las mujeres –y criticarála ausencia de esta demanda en el movimiento cartista-, demostrando una enorme sensiblidad  ante cualquier forma de desigualdad, de poder y de subordinación, de forma muy específica, ante la subordinación de las mujeres; de tal manera que este primer socialismo –a diferencia de momentos posteriores- incorporó el feminismo como un aspecto fundamental de su propuesta ideológíca y en su propuesta de sociedad alternativa. En resumen, la ampliación democrática de los derechos de ciudadanía ha sido una cuestión que no sólo ha interesado las clases medias o sectores sociales acomodados, sino fundamentalmente a los grupos sociales situados históricamente en los “márgenes” del sistema y de la esfera pública como espacio de poder. Y las mujeres lo han estado, no como una “minoría” –porque no son una minoría más, son la mitad de la población- sino por “razón de sexo”, por la misma configuración dicotómica de lo público-masculino-visible  y lo privado-femenino-invisible.
  8. Tras la consecución del sufragio en muchos países del mundo occidental a partir de la Primera Guerra Mundial, en los últimos treinta años las críticas procedentes de los feminismos teóricos y sociales a la falsa neutralidad del planteamiento tradicional de la ciudadanía no se han limitado solo a poner de relieve estos “olvidos” o exclusiones desde una perspectiva de género; sino que más allá de este primer nivel, han puesto en discusión el presupuesto tradicional de “universalidad”  aplicado a  la idea de ciudadanía, frente al que se propone una aproximación más histórica y pluralista basada en el reconocimiento de la diversidad y de la diferencia. Estas críticas han sido diversas y plurales, desde las que se han planteado a través del concepto de “ciudadanía diferenciada”, como en el caso de Iris Young -con todos los límites y prevenciones que se le pueden hacer a su propuesta de partir de la consideración de que los receptores de derechos son colectivos diferentes con derechos específicos, y no sujetos individuales- a las propuestas de “democracia deliberativa”, y en clave más especificamente legislativa, la democracia paritaria  como instrumento para conseguir la igualdad real. Desde los antecedentes históricos analizados, no es de extrañar que las reflexiones sobre la paridad vayan acompañadas de una argumentación acerca del universalismo, en el sentido de si las prácticas de exclusión del pasado provienen de deficiencias internas al concepto de individuo universal, o más bien, de una realización deficiente de sus principios.
  9. Así, puede parecer paradójico que en estos momentos en los que las mujeres han alcanzado en gran medida el reconocimiento político de sus derechos -al menos en la sociedad occidental-, desde la teoría y la filosofía política se siga reflexionando sobre la cuestión de la ciudadanía de las mujeres, como si éstas no estuviesen reconocidas como tales, es decir, como “mujeres ciudadanas” . Y efectivamente, a lo largo del siglo XX hemos asistido a la plasmación jurídica del reconocimiento de los derechos de las mujeres como sujetos activos de la ciudadanía; pero ese reconocimiento también ha puesto de relieve que un acceso “formalmente” igual a los derechos no es suficiente, porque se parte de desigualdades previas entre una mitad de la población y la otra mitad –no se está hablando de una “minoría” más-, y de ahí las propuestas de articulación de nuevas vías para satisfacer las demandas específicas de las mujeres, y el objetivo de la igualdad como punto de llegada, y no como algo que se presupone ya “realmente” existente (políticas de acción positiva, políticas de igualdad, sistemas paritarios, etc).
  10. Lo que la teoría feminista contemporánea ha puesto de manifiesto es que el inicial reconocimiento jurídico de la igualdad para las mujeres se ha producido desde un marco conceptual que necesita ser revisado, porque está impidiendo de facto un ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres. En otras palabras,  la ciudadanía no es un término neutro desde el punto de vista del género. Y esto supone un dilema importante: ¿como acceder a un concepto que se supone igualador y neutro, cuando su misma articulación está viciada precisamente de desigualdad génerica?. El universalismo es una trampa falsamente igualadora, y lo contrario, el particularismo, nos situa en los límites mismos del marco teórico del que parte todo el desarrollo contemporáneo de los derechos ciudadanos como derechos y libertades cuyos sujetos son todos y cada uno de los individuos por encima de cualquier diferencia. Frente a la diversidad de posiciones doctrinales en este sentido, las propuestas que actualmente se confrontan en el debate teórico sobre la ciudadanía y las mujeres, y que se han ido concretando políticamente en la articulación de la denominada  democracia paritaria, aluden a que lo que en el fondo está en juego es una relegitimación del Estado constitucional, desde el momento en que el principio de igualdad formal se ha revelado como insuficiente para la consecución de la igualdad real en todos los ámbitos entre una mitad de la población y la otra.
  11. En conclusión, el debate al respecto a menudo se ha planteado en forma de alternativa dicotómica para la concepción de la democracia, en palabras de  T. Pitch: “ ¿el contrato cosntitutivo que se invoca como legitimación del orden moderno puede ser extendido a nuevos contratantes, o bien, la irrupción en escena de estos nuevos participantes debe implicar pensar en un contrato radicalmente diverso?” [18]. Sin embargo, tener en cuenta -teórica y prácticamente- la diferencia de los sexos, no representa en las propuestas al respecto un abandono del objetivo universalista necesariamente, sino al contrario, permite reconocer el contenido concreto y diferenciado de lo universal. Así, en la búsqueda de la armonización entre género y ciudadanía, la teoría feminista se ha centrado en los dos ejes fundamentales de este concepto: que noción de sujeto está implícita en él, y la distinción entre esfera pública y esfera privada. A  lo largo del desarrollo histórico de la ciudadanía y en la profundización en la democracia, se ha recorrido un largo y heterogéneo camino, y en este sentido, sólo muy recientemente se ha planteado también, como objetivo consensuado desde una cultura democrática de las izquierdas, la profundización en la democracia y en los derechos humanos, “democracia radical” o extensión de los principios de libertad e igualdad al conjunto de las relaciones sociales; así como la existencia de nuevos/as protagonistas de la acción política.  Y  desde esta perspectiva, el debate sobre la paridad necesita de un análisis profundo de las formas y los mecanismos del sistema de poder al que se interpela, porque, efectivamernte, en la reivindicación de la paridad y en su legislación se presenta la presunta paradoja teórica de que un pensamiento universalista y un Estado jacobinista –como en el caso francés- introduzcan una medida  que “parece” establecer una “diferenciación” por sexo. Y en este análisis habría que dejar claro el presupuesto inicial de que no se trata de defender ningún esencialismo ontológico de los sexos –aunque algunas posiciones “diferenciadoras” lo hayan pretendido- sino de buscar mecanismos correctores de la representación politica.

Notas:

[1] T.H. MARSHALL: Class, Citizenship and Social Development, Nueva York, Anchor, 1965. Traducción en castellano en Revista de Investigaciones Sociológicas, 79, pp. 297-344. Véase el balance realizado por M. PÉREZ LEDESMA: “Ciudadanos y ciudadanía. Un análisis introductorio” en M. PÉREZ LEDESMA (Comp.): Ciudadanía y democracia. Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 2000, pp. 1-35.

[2] SARACENO, Chiara: “La estructura de género de la ciudadanía”. En Mujer y realidad social, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1988, pp. 123-141.  PÉREZ CANTÓ, Pilar y MÓ ROMERO, Esperanza, “Ilustración, ciudadanía y género: el siglo XVIII español”. En PÉREZ CANTÓ, Pilar (ed.): También somos ciudadanas, Madrid,  Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, 2000, pp. 43-141.

[3] WOODWARD, Alison E.: “El Estado y la ciudadanía. ¿Quién constituye el Estado? ¿Qué lugar ocupa la mujer? “. En DE VILLOTA, Paloma: Las mujeres y la ciudadanía en el umbral del siglo XXI, Madrid, Editorial Complutense, 1998, pp. 47-63.  THÉBAUD, Françoise: “Mujeres, ciudadanía y Estado en el siglo XX” . En AGUADO, Ana (Coord.): Las mujeres entre la historia y la sociedad contemporánea, Valencia, Generalitat Valenciana, Direcció General de la Dona, 1999, pp. 13-32.

[4] SÁNCHEZ MUÑOZ, Cristina: “La difícil alianza entre ciudadanía y género”. En PÉREZ CANTÓ, Pilar: También somos ciudadanas, Madrid, Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid, 2000. pp. 3-25. YOUNG, Iris: “Imparcialidad y lo cívico público. Algunas implicaciones de las críticas feministas a la teoría moral y política”. En BENHABIB, Seyla  y CORNELL, Drucilla (eds.): Teoría feminista y teoría crítica, Valencia, Ed. Alfons el Magnànim, 1990. pp.89-118.

[5] AMORÓS, Celia: “Espacio de los iguales, espacio de las idénticas. Notas sobre poder y principio de individuación”. Arbor, noviembre-diciembre 1987. De la misma autora: “Feminismo, Ilustración y misoginia romántica”. En Filosofía y género. Identidades femeninas, Pamplona, Ed. Pamiela, 1992. FRAISSE, Geneviève: Musa de la razón, Madrid, Cátedra, 1991.

[6] SARACENO, Chiara,  (Ver referencia 2 ). NIELFA, Gloria: “La revolución liberal desde la perspectiva de género” . Las relaciones de género.. Ayer, nº 17 ( 1995), pp. 103-120.

[7] AMORÓS, Celia: “Feminismo, Ilustración y misoginia romántica”  (Ver referencia 4),  pp.122-123.

[8] PÉREZ LEDESMA, Manuel: “La conquista de la ciudadanía política: el continente europeo” . En PÉREZ LEDESMA, Manuel (Comp.): Ciudadanía y democracia, Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 2000, p. 117..

[9] PÉREZ LEDESMA, M.: “Las Cortes de Cádiz y la sociedad española”. Las Cortes de Cádiz. Ayer, nº 1, (1991) pp. 167-206. MOLINA PETIT, Cristina: Dialéctica feminista de la Ilustración, Madrid, Anthropos, 1994.

[10] ALONSO, Isabel, y BELINCHÓN, Milagros: (Introducción): La voz de las mujeres en la Revolución francesa. Cuadernos de quejas y otros textos. Barcelona, La Sal, 1989. JIMÉNEZ PERONA, Ángeles.: “ Las conceptualizaciones de la ciudadanía y la polémica en torno a la admisión de las mujeres en las Asambleas”.  En Amorós, C. (Coord.) : Actas del seminario Feminismo e Ilustración, Madrid, 1992.  PULEO, Alicia. (Ed.): La Ilustración olvidada. La polémica de los sexos en el siglo XVIII. Barcelona, Anthropos, 1993.

[11] AMORÓS, Celia.: “Presentación”. En PULEO, Alicia .(Ed.), (Ver referencia 9), p. 12. PÉREZ CANTÓ, Pilar. y  MÓ, Esperanza, (Ver referencia 1), p. 57.

[12] ALONSO, Isabel. y BELINCHÓN, Milagros.(Ver  referencia 9) pp. 132-133.

[13] SLEDZIEWSKI,  Elisabeth  G. : “Revolución Francesa. El giro”. En DUBY, George y PERROT, Michelle (Dirs.): Historia de las mujeres en Occidente Madrid, Taurus, 1993, Vol. 4,  pp. 44-45. En el mismo volumen, el trabajo de GODINEAU, Dominique: “Hijas de la libertad y ciudadanas revolucionarias”,  pp.23-39.

[14] SLEDZIEWSKI, E.G., (Ver referencia 12). pp. 44-45. NIELFA, Gloria, (Ver referencia 5), p 110.  FRAISSE, G: Musa de la Razón, Madrid, Cátedra, 1991.

[15] C. PATEMAN: El contrato sexual,  Barcelona, Anthropos, 1995.

[16] COBO, Rosa: Fundamentos del patriarcado moderno, Madrid, Cátedra, 1995. PATEMAN, Carole: El contrato sexual, Barcelona, Anthropos, 1995. JIMÉNEZ PERONA, Ángeles: “ Las conceptualizaciones de la ciudadanía y la polémica en torno a la admisión de las mujeres a las Asambleas” en Feminismo: más acá y más allá de la Revolución francesa, Madrid, Instituto de Investigaciones Feministas,  1989.

[17] R. COBO: “Democracia paritaria y radicalización de la igualdad” en Seminario “Balance y perspectivas de los estudios de las mujeres y del género, Madrid, Instituto de la Mujer, 2003, pp. 59-71.

[18] T. PITCH: Un derecho para dos. La construcción jurídica de género, sexo y sexualidad. Madrid, Ed. Trotta, 2003.

Fuente: Revista Electrónica de Historia Constituciona. lNúmero 6.

La democracia intercultural paritaria: El verdadero desafío democrático del siglo XXI

por Epsy Campbell Barr (1)

I.- Introducción:

La participación de las mujeres en los espacios de poder político ha mejorado cualitativa y cuantitativamente desde principios de la década de los noventa, aunque los avances han sido lentos para garantizar que la democracia represente igualmente a los hombres y a las mujeres en los espacios de toma de decisión (según el documento de la CEPAL). Sin embargo, debemos de hacernos la pregunta sobre la manera en que esta participación política de las mujeres ha contribuido a introducir en la agenda pública otros factores de discriminación diferentes al género; también habremos de preguntarnos si las mujeres que llegan a los espacios de poder contribuyen a abrir espacios a aquellas que sufren de discriminaciones agravadas, como las afrodescendientes.

La X Conferencia, parte de la evidencia de las cuotas de participación política como instrumentos eficaces para que las mujeres se incorporen en puestos de poder formal. Refleja que aquellos países en donde no han existido cuotas el avance no solamente es más lento sino que ambivalente; mientras que en los países que se han consolidado la incorporación de cuotas en las listas de elección popular, se constata una participación creciente de mujeres en los parlamentos, como Argentina y Costa Rica que llegan casi al 40%. Sin embargo, al no definir quienes son las mujeres de la región, qué características culturales, de clase, de raza, etc. tienen; carece de una perspectiva de análisis intra-género, indispensable para medir la efectividad real de esas cuotas.

En el marco de la X Conferencia Regional de las Mujeres de la CEPAL, que analiza el tema de la paridad como objetivo alcanzable para la democracia de América Latina y el Caribe, se incorpora a la discusión, como un aporte de la organización social y política de las mujeres afrodescendientes, la propuesta de democracia intercultural paritaria. Es una invitación a re-pensar la democracia, las cuotas, la paridad y el desarrollo, ya que como lo expresan la mayoría de las Constituciones de la región, “Las sociedades latinoamericanas y caribeñas son pluriculturales y multiétnicas”.

Este documento se funda en el reconocimiento a la organización de mujeres afrodescendientes que han luchado por sus derechos para transformar la realidad que enfrentan en estos supuestos contextos democráticos. Tiene como objetivo, la identificación de los desafíos que el camino hacia la paridad en la región debe de contemplar, partiendo de la diversidad de la población, y particularmente considerando

a afrodescendientes hombres y mujeres que no han tenido acceso, ni participación proporcional en los espacios de poder.

En este contexto, se proponen acciones encauzadas hacia una democracia intercultural paritaria, centrada en derechos y focalizada en un verdadero desarrollo humano, que de respuesta a las preocupaciones que las mujeres afrodescendientes respecto de sus familias y sus comunidades, particularmente en la vida de niños, niñas y adolescentes, nuestras nuevas generaciones, en quienes deben de estar centrados los esfuerzos de

hoy para un desarrollo del mañana.

Debo señalar como limitación de este texto, que la mayoría de análisis elaborados en esta propuesta se refieren solamente a América Latina, no contemplan al Caribe cuya realidad de relaciones interculturales, tiene características y matices en muchos casos no comparables a los países latinoamericanos.

El siguiente planteamiento se basa en el reconocimiento del sexismo y el racismo como bases estructurales de subordinación y dominación de unos seres humanos sobre otros. La democracia intercultural paritaria tiene como objetivo “La construcción de una fórmula política que de cabida a todas las demandas de los sectores subordinados, entre ellos los raciales, los étnicos y los de género, y está atravesada por la reconsideración del actual papel del Estado y un cambio de mentalidad general de todos los sectores de la sociedades nacionales, respecto a la idea de democracia representativa y nación homogenizada.” (2)

La democracia intercultural paritaria llama al cuestionamiento estructural de las reglas del juego político hasta ahora vigentes, pues reclama que la democracia regional no debe conformarse con cambiar las fotografías de los y las representantes, sino que darle un nuevo sentido al ejercicio del poder, que debe tener como único sentido el bien común y los derechos sin restricción a todas las personas que viven en las sociedades. Las cuotas no han logrado todavía cambiar esas reglas y más bien exige a las mujeres aprender del ejercicio tradicional masculino del poder para ser exitosas.

II.- Los fundamentos de la democracia intercultural paritaria

La necesidad de generar una propuesta sobre democracia paritaria intercultural, es el resultado del análisis crítico sobre la eficiencia real de las cuotas de participación política para todas las mujeres, ya que como mecanismo, solo han beneficiado relativamente, a una parte de las mujeres de la región, las que son implícitamente colocadas como el referente de femenino. Si partimos de la realidad actual, el paso de las cuotas a la paridad, profundizaría los avances en la participación política de las mujeres, con lo que también acentuará la exclusión de las “otras mujeres”, no beneficiarias del avance político producido con esa herramienta. Las mujeres afrodescendientes son parte de esas “otras”, las no beneficiadas, debido a que “…las diferencias raciales y de género son el origen mas antiguo, universal y poderoso que ha poblado nuestros sistemas de creencias…” (3).

Democracia paritaria intercultural es por lo tanto una respuesta conceptual a los desafíos de América Latina, reconociendo su realidad multicultural y las relaciones de género que “deben estar insertas en los sistemas de dominación culturales, de clase y de raza” como lo plantearon las feministas negras en Norteamérica desde los años 70.

De este modo, el desafío de la construcción democrática, es la reconstrucción de los sistemas de poder que colocan a los ciudadanos y ciudadanas en diferentes categorías, permitiéndoles a unos y a unas pocas, el disfrute pleno de los derechos, mientras que a los otros y las otras como demandantes permanentes para acceder a los beneficios de una ciudadanía plena, que se supone, según propias constituciones e instrumentos internacionales, debería de ser una realidad sin exclusiones.

La nueva democracia paritaria intercultural debe de dar respuesta a las demandas de inclusión de los sectores que hasta hoy son los subordinados de los sistemas políticos, entre ellos los raciales, los étnicos y los de género, para construir Estados que sean capaces de dar respuesta a los problemas sociales y económicos sin discriminación alguna y también acelerar un cambio cultural que posibilite el respeto e igualdad de derechos a todas las personas.

Un aporte muy importante en el planteamiento de la Conferencia es: “la paridad como un horizonte posible” en las democracias de la región. Partiendo de las cuotas de participación y sus avances, se pretende dar un paso más allá, hacia la paridad en las diferentes estructuras públicas, contribuyendo también con la aceleración de un cambio cultural en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. La paridad como característica de la democracia beneficia a las mujeres como ciudadanas con igualdad de derechos que los hombres y también beneficia a la sociedad como un todo. Pero la paridad sin una perspectiva práctica y medible de interculturalidad, es una paridad a medias, o mejor dicho, no es paridad, pues disimula las asimetrías culturales y raciales de la sociedad, asumiendo el falso universalismo que todas las mujeres están en las mismas condiciones y todos los hombres gozan de los mismos privilegios.

La incorporación de la diversidad cultural a la discusión sobre la paridad de género y democracia, se fundamenta en que para las mujeres afrodescendientes las cuotas de género para la participación política no han sido un instrumento eficiente para su inserción en los espacios de poder formal, debido a su condición étnica y racial. Si no se parte de la realidad del multiculturalismo en América Latina y el Caribe, es absolutamente predecible que se logre la paridad en las estructuras de poder formal, solamente para aquellas personas que formen parte de la cultura y del grupo etno-racial dominante; dejando por fuera de nuevo a mayorías excluidas históricamente por su condición etno-racial, como los y las afrodescendientes.

En síntesis, las mujeres han ido incursionando poco a poco en las diferentes estructuras de poder de manera más efectiva con las cuotas, como se planteó anteriormente, pero las cuotas de participación política, reproducen la realidad de exclusión racial de las sociedades, por lo que en la mayoría de los casos dejan por fuera a las mujeres afrodescendientes, entre otras, que son más de 75 millones. Desde la IV Conferencia Mundial de las Mujeres se planteó que la condición étnica y racial es un obstáculo estructural, adicional a la condición de género, para que millones de mujeres se inserten en la sociedad en pie de igualdad.

El racismo estructural, reconocido por los mismos gobiernos de la región en la III Conferencia Mundial contra el Racismo y su Conferencia Preparatoria, colocan en una verdadera desventaja a las mujeres afrodescendientes e indígenas, ya que enfrentan indivisiblemente la discriminación racial y de género, determinando además su condición de pobreza. La discusión sobre la paridad como horizonte posible, y necesario, para una verdadera democracia, se presenta desde esta perspectiva como una oportunidad si se logra realmente incorporar en toda su dimensión la realidad pluricultural y multiétnica de la región.

La Conferencia Regional de las Mujeres de América y el Caribe plantea en su documento, que en este nuevo debate sobre democracia: “El paso de las cuotas a la paridad no es entonces un simple cambio numérico para compensar una categoría social excluida, sino una transformación en el sentido mismo de la representación política, para que acoja la diversidad y tome distancia de los falsos universalismos construidos sobre la base de los intereses de quienes tienen mayor poder y de la exclusión de los otros y las otras. El reconocimiento de la diversidad significa una nueva forma de construir los universales y las nociones del bien público, a partir de la negociación y el consenso, de la aceptación del conflicto y del reconocimiento de los diferentes sistemas de desigualdad que configuran la sociedad. En ese sentido en un escenario que todavía excluye a las mujeres, el movimiento por la paridad invita al campo político a repensarse.” (4)

La declaración anterior fundamenta la propuesta sobre “democracia paritaria intercultural” ya que uno de los sistemas de desigualdad estructural en las sociedades es la condición etno-racial con el consecuente racismo como reflejo. Por lo tanto, la realidad de afrodescendientes e indígenas que suman más de 200 millones de personas, debe de contribuir a re-pensar la paridad desde la perspectiva de la interculturalidad, atacando frontalmente: “los falsos universalismos construidos sobre la base de los intereses de quienes tienen mayor poder y de la exclusión de los otros y las otras”.

Además de erradicar los falsos universalismos, la democracia paritaria intercultural invita a acabar con los universalismos en todo el sentido de la palabra. En un contexto de multiculturalismo, el verdadero reconocimiento de la diversidad se sustenta en que no hay ciudadanos ni ciudadanas universales que representen a todos y todas, no existe el prototipo de lo humano, ni tampoco el prototipo mujer u hombre, por lo que la democracia debe ser un reflejo real de quienes componen la sociedad. Tal como el feminismo se planteó la deconstrucción de lo masculino como prototipo de lo humano, esta propuesta deconstruye el concepto de mujer como prototipo de lo femenino.

Democracia paritaria en el contexto del multiculturalismo, implica develar los argumentos y propuestas, de quienes han estado en la periferia del poder, como simples espectadores o víctimas del despilfarro y el abuso de los gobernantes, para elaborar un camino sólido de transformación en la región. Es en este sentido que debe de tomarse la experiencia, realidad e insumos de las mujeres afrodescendientes como aporte al proceso de construcción democrática del siglo XXI.

Es un imperativo por lo tanto cambiar en lo estructural las reglas del juego para permitir el surgimiento de una nueva política que convierta la representación en una realidad en la democracia, o sea que los poderes estatales estén distribuidos con representantes que realmente sean el reflejo de la sociedad; y que éstos y éstas fundamenten sus acciones y el uso del poder del que son depositarios en herramientas que garanticen los derechos humanos de todas las personas.

Se parte y se comparte el compromiso de que: “Un reto en el que coincidieron todas las ministras y autoridades de género en los foros virtuales y reuniones subregionales preparatorias a la Décima Conferencia Regional de las Mujeres de América Latina y el Caribe, es promover la participación de sectores históricamente excluidos, como el de las mujeres indígenas y afrodescendientes. Es necesario confrontar el racismo institucional, estructural, jurídico y cotidiano que enfrentan las mujeres indígenas, lo que se traduce en una participación mucho menor al resto de la población femenina. Pese a ello, es evidente la disposición de mujeres indígenas, sobre todo en Centroamérica, para incursionar en los diferentes niveles de participación y decisión. Cabe mencionar –para ilustrar el necesario vínculo entre participación y democracia- que en Guatemala la participación femenina indígena, comenzó a destacarse en 1986, lo que coincidió con la transición del país a la democracia” (5).

Es necesario remarcar que al igual como se hace énfasis en la situación de las mujeres indígenas en la cita anterior, las situaciones de exclusión que enfrentan las mujeres afrodescendientes producto del racismo, la invisiblización y la exclusión son inaceptables en contextos democráticos y que por lo tanto de cara a la paridad se tienen que contemplar tanto sus realidades como perspectivas.

Lo que no se nombra no existe, según los principios del feminismo, si no nombramos la

interculturalidad en la democracia paritaria no existirá. En el desafío de construcción de

nuevos imaginarios colectivos es imprescindible re-nombrar los conceptos fundacionales de muchas de las sociedades actuales como lo es la democracia, para que tanto quienes han tenido acceso al poder político formal, como quienes no, sean capaces, de mirarse y de mirar a los otros compartiendo los beneficios de las nuevas sociedades.

III.- Contexto de los pueblos afrodescendientes

Los pueblos y comunidades afrodescendientes que representamos una tercera parte de la población somos expresión de la realidad histórica y del presente del continente americano. Los 150 millones de personas afrodescendientes latinoamericanas están ubicadas en prácticamente todos los países de la región; el Caribe es mayoritariamente afrodescendiente; en Latinoamérica por su parte, el porcentaje de población afrodescendiente oscila entre un 10% para Centroamérica hasta casi un 50% para Brasil. Países como Colombia reconocen una población afrodescendiente del 26% y Ecuador del 5%6. En México se han reportado 500 000 afrodescendientes y en Perú constituyen más del 15% del total de la población. Más de 75 millones de afrodescendientes son mujeres y más de 100 millones son menores de 20 años.

Datos y censos oficiales denotan que la población Latinoamérica es pluricultural y multiétnica. El reconocimiento de los pueblos indígenas desde hace décadas, la evidencia censal de la población afrodescendiente así como de personas de origen asiático y gitanos entre otros, construyen el nuevo imaginario colectivo de Latinoamérica, convirtiendo a afrodescendientes e indígenas que en el pasado fueron identificados como minoritarias en parte de las mayorías de la región.

La historia de los y las afrodescendientes ha estado marcada por el racismo, ideología dominante, construida con objetivos económicos para colocar en una situación de subordinación permanente a generaciones de personas, que tienen como único destino la marginación y consecuentemente, la exclusión. El racismo, reconocido por los Estados se reproduce a partir de la institucionalidad construida en las sociedades para impulsar el desarrollo.

La situación socioeconómica que enfrentan las y los afrodescendientes es significativamente más mala que la del promedio, ya que el 80% de los y las afrodescendientes viven en pobreza en la región contra los indicadores de menos de un 50% de pobreza para población general.

Las estadísticas oficiales indican que existen diferencias en la distribución del ingreso entre los diferentes grupos étnicos al interior de cada estrato socioeconómico. Según datos de la Pesquisa Nacional por Amostreo Domiciliar (PNAD) de 1996 de Brasil, afrodescendientes e indígenas están sobre representadas en los niveles de ingreso más bajos; en el primer quintil, el 27,88% son indígenas, el 52,5% afrodescendientes y el 13,37% descendientes de europeos.(7) Estas condiciones necesariamente se expresan en las condiciones generales de vida de las personas, definiendo las características de sus viviendas, como la calidad y el acceso a los servicios públicos. Para nadie es desconocido que, por ejemplo, los índices de transmisión del VIH-SIDA también en la población afrodescendiente de las Américas se ha convertido en un flagelo que atenta contra la sobrevivencia misma de poblaciones completas.

El 50% de los hogares afrocolombianos (de 13 áreas metropolitanas) y menos del 40% de los hogares no afrocolombianos se encuentran en los dos primeros quintiles de pobreza. Existe una segmentación de vivienda en las áreas más pobres para la población afrocolombiana lo que no se presenta para la población blanca y mestiza (8). Existe información que constata tendencias mayores de niveles de incidencia de VIH en comunidades afrodescendientes, lo que ha obligado, en algunos casos, a elaborar propuestas específicas, con las que habrá que tener cuidado para no reproducir la estigmatización producto del racismo.

Existe evidencia empírica sobre la sobre-representación de afrodescendientes jóvenes en el sistema penitenciario de la región, versus la subrepresentación en las universidades, lo que ha hecho que países como Brasil aprueben acciones afirmativas para aumentar el ingreso de jóvenes negros a las universidades. Esta propuesta que a todas luces busca dar una respuesta a la discriminación de los y las jóvenes afro brasileros ha sido duramentecriticada por una parte de la intelectualidad blanca brasileña.

La condición racial y de género de las mujeres afrodescendientes las coloca en clara desventaja en el mercado de trabajo recibiendo en países como Brasil hasta un 50% menos de lo que recibe un hombre blanco. Paradójicamente, las brechas en el sistema educativo para afrodescendientes se han ido disminuyendo paulatinamente, siendo en muchos casos favorables a las mujeres negras con relación a los hombres negros.

III.- La democracia y las afrodescendientes

Una de las realidades inminentes en América Latina es la escasa o nula representación política de grandes sectores mayoritarios, entre ellos se destacan los y las 150 millones de afrodescendientes. Esta sub representación es un obstáculo, -que puede entenderse como causa y consecuencia- que impide enfrentar la dura situación económica que viven; además, les limita como ciudadanos y ciudadanas, a ser parte de quienes construyen la institucionalidad necesaria para el desarrollo humano de los países.

El círculo de exclusión así tiende a perpetuarse, ya que por una parte los niveles de pobreza y las brechas no tienden a moverse positivamente de manera significativa, pues no existe ninguna estrategia coherente que lo permita; y por otra parte la exclusión en los espacios de toma de decisión no permiten que los espacios de poder sean utilizados por mujeres y hombres afrodescendientes para modificar las estructuras de exclusión.

Algunas mujeres afrodescendientes, no obstante, se han abierto espacios en el nivel nacional, pero que ese esfuerzo individual solo puede reflejarse en estudios de casos, pues se convierte en prácticamente nulos en las estadísticas. Países como Colombia, Honduras, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Perú y Brasil ya han tenido mujeres afrodescendientes en sus Parlamentos. Para el caso de Costa Rica en 1982 se elige la primera diputada afrodescendiente, en Colombia en 1992, y en la primera mitad de la década de los 90 Brasil y Colombia eligen a la primera senadora afrodescendiente en cada país respectivamente. Es necesario subrayar que existe todavía mucha dificultad para encontrar información estadística desagregada que permita identificar la realidad histórica de la inserción de mujeres afrodescendientes en poderes de Estado, no se poseen datos de todos los países.

Las mujeres afrodescendientes organizadas han luchado también, para ganarse espacios dentro de los mismos movimientos de mujeres y en los movimientos sociales, para cristalizar sus expectativas de participación en las estructuras de poder sociales y políticas. Pese a todos los obstáculos que enfrentan, estas organizaciones de mujeres afrodescendientes, entienden que una de las formas de romper el círculo de la exclusión es buscando espacios públicos y políticos, para visibilizarse y ser ellas mismas actoras protagonistas de los procesos de construcción democrática que están en marcha en la mayoría de los países de la región, para enfrentar la realidad de pobreza de ellas mismas, de sus familias y comunidades.

Las mujeres de los grupos más discriminados, como las afrodescendientes, tienen grados importantes de conciencia pero no cuentan con todas las herramientas necesarias para afrontar los enormes obstáculos que la sociedad les pone al frente por el racismo y el sexismo. Estas mujeres tienen que enfrentar, con menores niveles de educación y de información una competencia feroz, que les exige esfuerzos extraordinarios para poder llegar a los puestos de poder, donde se toman las decisiones y se define el destino de los recursos públicos. Por esa razón, esa competencia desigual deja a la mayoría en el camino sin cumplir su expectativa de ser parte de quienes toman decisiones en sus comunidades y en sus países.

Las mujeres afrodescendientes, quizás las más subrepresentadas en las democracias de la región, a través de sus organizaciones han planteado la necesidad de contar con mayor capacitación y formación política, buscar soluciones a un sinnúmero de desafíos que enfrentan, y en muchos casos, han hecho frente común con las organizaciones de mujeres de la región para evidenciar desde allí su realidad de racismo.

Una participación creciente de mujeres afrodescendientes en el poder, partiendo del rol social que ocupan en las comunidades, así como de su compromiso social demostrado, permitiría un ejercicio del poder que realmente contribuya con el desarrollo de sus pueblos y comunidades enteras así como de los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes que en muchos casos se encuentran en real abandono estatal, limitándoles el disfrute de sus derechos más elementales.

Si bien la participación política de las mujeres afrodescendientes ha sido escasa, como se ha reiterado permanentemente en este documento, también la participación de los hombres afrodescendientes ha sido muy limitada en los diferentes espacios públicos. Por esa razón, a pesar de la escasa representación femenina, es más probable para las mujeres llegar al poder legislativo que para los hombres afrodescendientes hacerlo. Con lo que se constata que el racismo es un obstáculo que ha sido más difícil de enfrentar que el sexismo en las sociedades latinoamericanas.

Las cuotas de participación política para las mujeres, aunque de manera forzada, impactan la estructura sexista de las sociedades, abriendo espacios históricamente vedados para las mujeres; significando golpes estratégicos en la estructura de relaciones de poder entre las mujeres y los hombres. Sin embargo, no existen mecanismos legales concretos de participación política que permitan minimizar impactos del racismo. La estructura racial de poder se convierte en un muro de entrada casi inquebrantable, que no permite entrar ni a mujeres, ni a hombres afrodescendientes.

IV.- Las mujeres afrodescendientes en la política formal

La participación de las mujeres creció de manera sustantiva llegando al 21% del 11% en que se encontraba en la primera mitad de la década pasada. Por su parte, un mirada general a la población afrodescendiente en los parlamentos demuestra que su situación prácticamente no ha cambiado. Colombia por ejemplo, en donde se reconoce una población de afrodescendientes de casi 12 millones ha tenido no más de 7 Representantes en 13 años, muchas de ellas han utilizado la cuota afrodescendiente para llegar a la Cámara (9) y una Senadora.

La participación de los afrodescendientes en los Poderes Judiciales es casi nula, aunque vale la pena destacar a la Magistrada Graciela Dixon, Presidenta de la Corte de Panamá, que se convierte en una honrosa excepción a esta norma. Y esto en contraposición con el ya mencionado sobre-representación de afrodescendientes en el sistema penal.

Con los datos preliminares con que cuenta este estudio, del total de mujeres que hoy ocupan asientos en los parlamentos solo un 0,10% son afrodescendientes y del total de parlamentarios de la región apenas el 1% son afrodescendientes.

En resumen, como resultado de un sondeo preliminar, (que dista de ser completo) sobre la participación de las mujeres afrodescendientes es prácticamente nula en el Poder Ejecutivo y en el Parlamento en América Latina en donde viven más del 85% de afrodescendientes en la región del total de diputadas de la región, representando a las afrodescendientes tenemos un total de 9 diputadas y una senadora (un inventario más exhaustivo podría identificar unas pocas más): En Brasil 3, en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú apenas una legisladora por país y en Colombia una Senadora. Estas 10 representan a 75 millones de mujeres afrodescendientes. Pero además, de aproximadamente 650 mujeres que han alcanzado esta posición en la región, solo el 1% son afrodescendiente. Esta subrepresentación deja en evidencia que solo las cuotas no permiten a las mujeres afrodescendientes acceder al poder como sí lo hacen sus conciudadanas. La condición racial marca de manera radical su exclusión de la política.

Como ministras de Estado tenemos reportadas dos: Una en Colombia y otra en Brasil, países en los cuales la población afrodescendiente es un 25% y un 48%. Hasta el momento en el Poder Judicial el sondeo identificó 2 mujeres afrodescendientes: Una en Panamá que a su vez es la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y otra en Brasil.

A propósito de que estamos en el Ecuador que se encuentra inmerso en el proceso electoral para la Asamblea Nacional Constituyente, además de que existe la propuesta paritaria en las listas, que es un gran avance político, también existen al menos 3 mujeres afrodescendientes con altas posibilidades de quedar electas, mientras que las posibilidades de que algún hombre afrodescendiente llegue es casi nula.

La inexistencia de datos desagregados racialmente en materia política, dificultan contar con información totalmente fidedigna, por lo que entre otros desafíos que se deben de plantear está la recolección de información y la desagregación racial de los datos existentes.

Uno de los desafíos que se quiere aquí evidenciar es la subrepresentación de los pueblos afrodescendientes en general y de las mujeres afrodescendientes en particular, lo que habría que definir un objetivo de política pública y parte integral de la discusión sobre la democracia paritaria e intercultural de la región. Es imperativo colocar el tema de la inclusión social tanto en las discusiones sobre la democracia así como trasladarlo en acciones de políticas públicas con recursos y presupuestos que garanticen su ejecución. Brasil es un caso a resaltar que institucionaliza el trabajo para los afrodescendientes con la Secretaria de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial. Otro paso en la dirección correcta es la Dirección para mujeres afrodescendientes del Instituto de las Mujeres de Uruguay, pues permite tener en la agenda y en las propuestas de manera permanente acciones que promueven no solo la equidad de género sino que la equidad racial.

V.- La democracia paritaria e intercultural: el desafío de construir la nueva democracia inclusiva

La paridad en un contexto de interculturalidad es el paradigma sobre el cual se sustenta la construcción de la democracia del siglo XXI en América Latina y el Caribe.

Se funda en el concepto de interculturalidad10 definido como: “Proceso dinámico que apunta a la instauración de relaciones democráticas, a la apertura total y a la igualdad de condiciones entre los actores sociales de una sociedad”. Así como tomando el planteamiento de paridad contenido en el marco de la X Conferencia Regional de la Mujer: “El paso de las cuotas a la paridad no es entonces un simple cambio numérico para compensar una categoría social excluida, sino una transformación en el sentido mismo de la representación política, para que acoja la diversidad y tome distancia de los falsos universalismos construidos sobre la base de los intereses de quienes tienen mayor poder y de la exclusión de los otros y las otras. El reconocimiento de la diversidad significa una nueva forma de construir los universales y las nociones del bien público, a partir de la negociación y el consenso, de la aceptación del conflicto y del reconocimiento de los diferentes sistemas de desigualdad que configuran la sociedad.” (11)

Por lo tanto la interculturalidad y la paridad son las utopías que deben de ser parte del marco de definición de la calidad de la democracia. Implican la construcción de un nuevo proyecto social que coloca a los ciudadanos y ciudadanas como centro del desarrollo a través de una garantía demostrada del disfrute de los derechos. Es proyecto político-social basado en la participación que permita una convivencia respetuosa y que dé respuesta a los problemas sociales de manera efectiva.

Hoy tenemos una realidad en la cual existen relaciones interculturales y de género asimétricas en la política, en la economía, en lo social y en lo cultural, que se evidencian en flacas democracias que no dan respuestas reales a las necesidades crecientes de la población, que en más de un 50% vive en pobreza o pobreza extrema según el Panorama Social de CEPAL 2006 (204 millones de pobres y 79 millones de indigentes).

En sociedades multiculturales como las de América Latina y el Caribe, en las cuales hasta el momento la realidad política está marcada por la exclusión de mujeres, mayorías y minorías etno raciales, la construcción democrática tiene que ver necesariamente con una transformación total de las instituciones y de la representación democrática que se fundamente en una interculturalidad que deconstruya la jerarquización de los grupos raciales, culturales y de género.

Así como el concepto de democracia representativa y participativa implica paridad, y desde la óptica paritaria la democracia sin paridad no es una verdadera democracia; del mismo modo interculturalidad implica democracia y democracia implica interculturalidad.

En el marco del debate sobre la democracia que requiere la región, se debe de superar el conformismo democrático regional, que superó nefastas dictaduras y guerras internas, pero que apenas se caracteriza por la existencia de elecciones periódicas y relativa estabilidad política. América Latina y el Caribe viven democracias que no son ni tan representativas, ni participativas.

La democracia debe de tener como objetivo contar con la estructura institucional que resuelva los problemas relacionados con la exclusión además de resolver los temas relacionados con la organización política de un país que debe resolver los problemas de la convivencia humana. Un sistema democrático vigoroso debe ser el reflejo de la sociedad y de sus necesidades, y debe permitir la utilización de los recursos colectivos para la redistribución de la riqueza y el bienestar. Indicadores de democracias débiles son la flaca representación de los y las habitantes y la exclusión económica de mayorías como sucede en América Latina en donde más del 50% de la población vive en pobreza o pobreza extrema. Por lo tanto en esa región ha habido democracia para unos y no ha existido democracia para otros.

La paridad y la interculturalidad en la nueva construcción democrática implican la recomposición de las instituciones democráticas y de los instrumentos que hasta ahora han sido utilizados. Estos principios de la nueva democracia se fundamentan en la necesidad de construir no solo una institucionalidad que represente al colectivo sino también la re-conceptualización de relaciones entre grupos y personas con el objetivo de: “transformar las relaciones de poder para enfrentar asimetrías sociales -y económicas- que se han naturalizado” (1)2 como el racismo y el sexismo entre otros (el texto entre guiones es de la autora de este artículo).

VI.- Los pasos dados por las mujeres y pueblos afrodescendientes para construir democracia intercultural paritaria.

Muchos de los grupos sociales, pueblos y comunidades que han sido subordinados en las relaciones de poder ya han logrado avanzar en cuanto al reconocimiento de sus derechos y han articulado históricamente demandas que cuestionan lo que hasta ahora se conoce como democracia. Para el caso de las mujeres y pueblos afrodescendientes, existe un camino recorrido que sirve como base para la construcción de la nueva democracia paritaria intercultural. Avanzar en la construcción de la democracia paritaria intercultural nos implica entonces necesariamente reconocer lo avanzado en términos de la lucha de los derechos de las mujeres y pueblos afrodescendientes.

Uno de los retos iniciales que los grupos discriminados se plantean es la propia visibilidad y de su condición. Si bien no se ha logrado que se tomen medidas efectivas para combatir las condiciones de exclusión, no se puede negar que la visibilidad de la existencia de los 150 millones de personas afrodescendientes que vivimos en la región, y que de ellos la mitad son mujeres ha llevado incluso a su inclusión el debate sobre diversidad y desarrollo. Es decir, el reconocimiento de la diversidad étnica y racial, cada vez es más una realidad social a partir de la cual se toman decisiones.

Esta visibilidad no hubiera sido posible sin el esfuerzo cotidiano de las organizaciones de personas afrodescendientes, pero sobre todo de su activa presencia en los espacios intergubernamentales internacionales. La Declaración y el Plan de Acción de la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing, China reconocen que la condición racial de las mujeres es un obstáculo adicional de inclusión para las mujeres. Igualmente, en documentos oficiales, tales como la Declaración y Plan de Acción de la III Mundial contra el Racismo y la Convención Interamericana contra el Racismo que se impulsa desde la OEA, se reconoce que el problema del racismo como un aspecto prioritario regional que requiere de respuestas jurídicas y no como un asunto aislado.

Igualmente, cada vez más instituciones se comprometen, generan datos, análisis, propuestas y acuerdos intergubernamentales para las mayorías y minorías excluidas. Compromisos internacionales como los objetivos de Desarrollo del Milenio, que permiten mirar las diferentes manifestaciones de la exclusión, poniendo en la agenda la desigualdad y las asimetrías [4]. Creación de espacios de coordinación interinstitucionales internacionales como es el caso de la Consulta Interagencial sobre raza y pobreza en donde participa le Banco Mundial, el BID, Diálogo Interamericana, Fundación Interamericana entre otros. Instituciones internacionales como UNIFEM que incorporan de manera explícita el trabajo sobre raza, género y pobreza. También instituciones como UNICEF incorporan trabajo con la niñez y adolescencia Afrodescendiente dando un lugar importante al tema de las mujeres.

Instituciones de cooperación internacional y Estados como España incorporan cada vez más en los retos prioritarios a afrodescendientes, reconociendo las condiciones particulares que viven las mujeres afrodescendientes. E incluso reconocemos debates impulsados por los Estados en los diferentes espacios, relacionados con la gobernabilidad y la democracia.

Así, hemos arribado a compromisos gubernamentales. Si bien podemos considerarlos incipientes, simbólicamente resultan trascendentes. Producto de la gestión y acción política de las mujeres afrodescendientes de la región, las Instituciones gubernamentales para las mujeres, que cada vez se sensibilizan más de la situación de las mujeres afrodescendientes. Incluso, como señalé antes, existen ya en algunos países mecanismos institucionales por la Igualdad Racial. Y cada vez se desarrollan modelos estadísticos, (en algunos de los casos todavía no lo suficientemente rigurosos), que evidencia que la condición racial es un agravante estructural de la pobreza.

Incluso se ha logrado la aprobación de Reformas Legales, como la Legislación de cuotas a favor de afrodescendientes: Ley 70 en Colombia; las cuotas de participación en universidades públicas para afrodescendientes en Brasil y la Ley de demarcación de tierras y territorios en Honduras y Colombia.

En la participación y organización social la lucha no ha sido menos. La existencia, desde hace 15 años, de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas es quizás la mejor expresión de las mujeres afrodescendientes organizadas en el nivel internacional; reflejo vivo de los procesos crecientes de organización social afrodescendiente que proponen e inciden local, nacional e internacionalmente, así como de las mujeres afrodescendientes históricamente vinculadas a las agendas nacionales e internacionales de lucha por los derechos de las mujeres. La constitución del Parlamento Negro de las Américas, como espacio de articulación política de los y las representantes afrodescendientes ha acogido nuestras demandas y se ha puesto como objetivo impulsar la participación de las mujeres afrodescendientes.

Estos logros, estas condiciones permiten iniciar la construcción en un proceso que defina metas a un plazo no mayor de diez años para instalar la democracia intercultural paritaria en América Latina y el Caribe. Proceso en el que es necesario reconocer e involucrar los avances de otros actores: distintos grupos étnicos, pueblos, movimientos sociales, sectores y expresiones culturales.

VII. Desafíos, retos y acciones para la construcción de la democracia paritaria.

Es necesario generar un debate nacional y regional sobre la democracia intercultural paritaria que supere los espacios específicos de las mujeres para trascender y lograr un compromiso mayor de los diferentes sectores. El desafío real es construir democracias

sólidas que sean herramientas eficaces para el desarrollo de la región.

La realidad de exclusión de la región, el proceso de reforma del Sistema de NacionesUnidas, los cambios políticos regionales y la oportunidad de profundizar la discusión de la paridad planteada en esta X Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, con las voces de las mujeres afrodescendientes entre otras, permiten identificar por dónde deben de encauzarse las acciones.

Si bien, es necesario realizar una multiplicidad de acciones involucrando a muy diversos actores, esta propuesta se limita a propuestas relacionadas con las mujeres afrodescendientes, que deben de ser actoras en el proceso de construcción de las nuevas democracias. Las propuestas se enmarcan en 4 áreas: investigación; políticas públicas; organización social y el Sistema de las Naciones Unidas. Algunas propuestas específicas de cada uno de los temas se encuentran como anexo a este documento.

La primera de ellas es Investigación, que implica tener no solo la evidencia de las formas en que se manifiesta el sexismo y el racismo en el acceso al poder de las mujeres afrodescendientes, así como generar los nuevos indicadores y desagregar racialmente la información existente; sino que también sistematizar las propuestas que permitan avanzar en la construcción de la democracia intercultural paritaria que han ido elaborando las mujeres afrodescendientes pero que se encuentran dispersas.

La investigación debe permitir también sistematizar las experiencias específicas que han tenido mujeres afrodescendientes en los espacios de poder formal, para evidenciar las formas en que se manifiesta el racismo en esos espacios y las herramientas que desarrollaron para enfrentar los desafíos que se presentan en el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, es necesario que se identifiquen claramente los obstáculos que enfrentan las mujeres afrodescendientes en el acceso al poder en las actuales relaciones interculturales marcadas por el poder de una cultura dominante sobre las otras.

En los temas de investigación es necesario fortalecer las alianzas entre la academia y las mujeres afrodescendientes con el fin de garantizar que la academia se sensibilice de la realidad del racismo y el sexismo desde la experiencia concreta de las mujeres afrodescendientes, así como potenciar las investigaciones participativas y las capacidades de sistematizar experiencias de las propias mujeres afrodescendientes.

La segunda, Políticas Públicas, es imprescindible pasar de las palabras a los hechos con políticas públicas universales reales, o sea que lleguen al menos al 80% de la población,con una focalización que garantice que las mujeres afrodescendientes estarán dentro, en los temas estratégicos para el desarrollo, que tengan contemplados recursos financieros en los presupuestos nacionales y que sirvan como herramienta para una inserción política de las mujeres afrodescendientes a los espacios de poder. Es imperativo en este sentido darle la visión de la interculturalidad, con acciones positivas a las leyes de cuotas y participación política de las mujeres como requisito necesario para trascender a la paridad.

Las políticas públicas deben de garantizar, con indicadores de cumplimiento, el camino para llegar al pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes, para que en realidad tengan la posibilidad de colocarse como actoras y ciudadanas en igualdad de condiciones. En este sentido, debe de elaborarse un plan que parta del reconocimiento de la realidad actual de las mujeres afrodescendientes para definir metas se les lleve a esa nueva situación.

La institucionalidad a favor de las mujeres en la región debe seguir el ejemplo del Instituto de Mujeres de Uruguay que instaló una Secretaria Especial para Mujeres Afrodescendientes, con lo cual no solo se generan datos y un diagnóstico de la realidad en la que viven, sino que también invierta de manera concreta recursos para enfrentar las situaciones particulares de discriminación a través de un trabajo que se fundamenta en el diálogo con las mujeres afrodescendientes.

Las políticas públicas para que sean eficientes y transformen realidades de injusticia deben de ser participativas y con mecanismos de evaluación y rendición de cuentas para evaluar sus avances. Un requisito indispensable de las políticas públicas deben de contar con los recursos financieros necesarios, así como los recursos técnicos y humanos.

La tercera área es la organización social de las mujeres afrodescendientes que implica un apoyo al trabajo a lo interno de las mismas organizaciones y fortalecimiento del diálogo en espacios con los estados y instituciones internacionales tanto para la promoción de sus derechos como para todas las discusiones relacionadas con la democracia, la gobernabilidad y el desarrollo.

Uno de los objetivos más importantes del área de organización social es el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones y de las mismas mujeres afrodescendientes en sus capacidades de liderazgo, especialmente de las más jóvenes.

Es necesario que las mujeres afrodescendientes se coloquen como prioridad en las agendas de cooperación nacionales e internacionales ya que, la organización social de las mujeres afrodescendientes tiene el desafío de profundizar su agenda, su composición intergeneracional, incorporando a las más jóvenes, así como sus capacidades de incidencia nacional, incorporando de manera más integral todas aquellas demandas relacionadas con los derechos de la niñez, la juventud y la adolescencia, principalmente las relacionadas con las niñas y las jóvenes. En este sentido, es muy importante generar las condiciones para fortalecer las capacidades de diálogo entre las organizaciones sociales y los estados.

Finalmente, una de las áreas que se identifican como estratégicas es fortalecer en el Sistema de las Naciones Unidas, a propósito de la reforma del mismo sistema, la prioridad de trabajo con los pueblos afrodescendientes, especialmente con las mujeres, como motoras del desarrollo de las comunidades y pueblos, ya que juegan un rol fundamental en la realidad y derechos de niñas, niños, jóvenes y adolescentes, como única garantía de un futuro con dignidad para las más de 150 millones de personas afrodescendientes.

El Sistema de las Naciones Unidas que se ha planteado desde el PNUD los temas relacionados con la gobernabilidad y la democracia debe necesariamente incluir como prioridad a los excluidos de las democracias como actores estratégicos que aporten en las nuevas propuestas y caminos a seguir. Las “flacas democracias”, apoyadas muchas veces por el PNUD, se han conformado con identificar propuestas para la gobernabilidad democrática elaborada solamente con los mismos actores que tienen el poder, que lo único que han sido capaces es reconocer a los diversos en sus discursos la diversidad étnica y cultural, sin que eso cambie en nada las estructuras

El proceso de reforma del Sistema y el avance de algunas de las agencias especializadas en temas sobre afrodescendientes debe de permitir dar un salto cualitativo para colocar a los y las afrodescendientes como prioridad en las acciones regionales, estableciendo mecanismos de diálogo institucionales permanentes. El trabajo más estratégico con afrodescendientes debe de focalizarse en las mujeres como transformadoras sociales y en la niñez, juventud y adolescencia como garantía de futuro a través de acciones de presente.

Tanto los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como las iniciativas que se impulsan desde la CEPAL, así como las acciones regionales que impulsan las agencias deben de concentrarse en el esfuerzo de generar sinergias para maximizar los resultados y recursos desde la perspectiva de la interculturalidad. También deben de contribuir con campañas de comunicación que visibilicen a las mujeres y pueblos afrodescendientes como herramienta de lucha contra el racismo y promoción de una democracia inclusiva.

VII.- A modo de conclusión

La democracia intercultural paritaria es una respuesta concreta de las mujeres afrodescendientes para el cambio democrático que exige la realidad de América Latina y el Caribe. Implica tanto una garantía de representación para todos los grupos sociales históricamente excluidos como un cambio de la estructura misma del ejercicio y uso del poder.

La democracia intercultural paritaria exige de discusiones amplias y de una serie de acciones de todos los actores: estados, organizaciones sociales, el Sistema de las Naciones Unidas, partidos políticos, academia, etc. Pero fundamentalmente implica que se reconozca que es políticamente imprescindible deconstruir todo tipo de universalismos y asumir explícitamente que una construcción democrática real en la región implica que se debe departir de la realidad pluricultural y multiétnica, y de las relaciones de género e interculturales.

ANEXO

ALGUNAS PROPUESTAS ESPECIFICAS PARA CONTRIBUIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA INTERCULTURAL PARITARIA

Investigación:

a- Desagregar racialmente los datos de participación política de las mujeres en la región, para hacer análisis cualitativos del impacto del racismo en la inserción política de las mujeres pertenecientes a grupos humanos diferentes.

b- Desagregar las estadísticas oficiales para evidenciar la situación de los afrodescendientes y de las mujeres afrodescendientes.

c- Promover investigación sobre la situación de las mujeres y pueblos afrodescendientes que puedan generar nuevos datos y colocar evidencia

empírica que permita promover propuestas y acciones afirmativas.

d- Documentar las experiencias de casos de mujeres afrodescendientes que han asumido puestos de elección popular.

e- Analizar desde la perspectiva de género y etno-racial la experiencia de recolección de datos con cruce racial en los Censos y Estadísticas Nacionales.

f- Analizar e identificar estrategias para que las propuestas encauzadas para generar la paridad incorporen la perspectiva de interculturalidad.

g- Documentar y publicar las experiencias de las mujeres líderes afrodescendientes: obstáculos y oportunidades.

Políticas públicas:

a- Incorporar en los espacios de debate sobre la participación política de las mujeres el tema de la realidad de la exclusión de las mujeres afrodescendientes de los espacios de poder formal y de representación.

b- Promover dentro de las políticas de equidad acciones concretas de políticas públicas a favor de las mujeres afrodescendientes.

c- Generar áreas específicas sobre interculturalidad dentro de la institucionalidad a favor de las mujeres, así como la promoción de derechos de las mujeres afrodescendientes.

d- Incorporar en la política pública a favor de las mujeres los compromisos contraídos por los Estados en el marco de la III Conferencia Mundial contra el Racismo y su Conferencia Regional, así como en los espacios posteriores de evaluación.

e- Elaborar planes específicos de cara a la paridad democrática desde la perspectiva de la interculturalidad.

f- Establecer mecanismos de diálogo y coordinación entre las instituciones públicas a favor de las mujeres y las organizaciones y mujeres líderes afrodescendientes.

g- Establecer sinergias entre las instituciones que trabajan los temas de igualdad racial y la institucionalidad a favor de las mujeres.

h- Identificar las mujeres afrodescendientes que se encuentren ocupando puestos en los poderes nacionales y locales para construir con ellas estrategias de inserción de mujeres afrodescendientes en la vida pública y política

Organización social

a- Generar espacios de encuentro entre las mujeres afrodescendientes líderes y otras mujeres líderes de la región que tengan como objetivo la promoción de una participación política creciente de las mujeres afrodescendientes.

b- Contribuir con el fortalecimiento de organización política de las mujeres afrodescendientes y reconocerlas como interlocutoras en los espacios de discusión políticacon las instituciones que trabajan temas de democracia y participación.

c- Reconocer las demandas sobre la lucha contra el racismo que plantean las mujeres afrodescendientes en las agendas nacionales de las mujeres.

d- Promover la participación de mujeres afrodescendientes de todas las edades, principalmente las más jóvenes en los espacios de diálogo que se generen desde las instituciones del Estado.

e- Incorporar a las mujeres afrodescendientes en los procesos de formación política para mujeres que se desarrollen en los planes nacionales e internacionales. En ese sentido hacer un inventario de mujeres líderes afrodescendientes jóvenes para procesos de capacitación y acompañamiento.

Sistema de las Naciones Unidas y Organismos Internacionales

a- Desagregación racial de datos en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, incorporando los indicadores que evidencien la situación de las brechas de desigualdad. En ese sentido, profundizar los esfuerzos para contar con datos confiables como requisito fundamental para impulsar políticas públicas consistentes con la realidad.

b- Generar las sinergias entre las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones de afrodescendientes y los Estados para lograr mayores impacto y maximizar los recursos.

c- Fortalecimiento de los espacios de diálogo institucional entre mujeres líderes afrodescendientes y las agencias de las Naciones Unidas, instituciones multilaterales y gobiernos para el establecimiento de estrategias de inclusión.

d- Promover campañas de comunicación masivas que permitan evidenciar a las sociedades las condiciones inaceptables de las mujeres y las comunidades afrodescendientes para promover un compromiso social colectivo.

e- Incorporar en las Agendas de la Conferencia Regional de las Mujeres de manera permanente la perspectiva de la interculturalidad en cada uno de los temas que se definan a futuro.

f- Proponer al PNUD agencia coordinadora del Sistema de Naciones Unidas la incorporación de la paridad desde la perspectiva de la interculturalidad en todos los procesos sobre democracia y gobernabilidad

Notas

(1) Epsy Campbell Barr, Economista, Presidenta del Partido Acción Ciudadana. Diputada del período 2002-2006. Candidata a la Vicepresidencia de la República en 2006. Activista de los derechos de las mujeres y pueblos afrodescendientes. Consultora en temas relacionados con la inclusión, la democracia, desarrollo con equidad, los derechos de las mujeres y los pueblos afrodescendientes.

(2) Epsy Campbell y Gloria Careaga. Poderes Cuestionados. Red de Mujeres Afrocaribeñas y Afrolatinoamericanas y Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. San José Costa Rica 2002.

(3) Idem.

(4) El Aporte de las Mujeres a la Igualdad en América Latina y el Caribe. CEPAL /LC L.2738 (CRM 10/3) Agosto 2007. Documento Coordinado por Sonia Montaño.

(5) Idem

7 OPS Informe Salud y Etnicidad.

8 Fernando Urrea-Giraldo. La población afrodescendiente en Colombia.

(9) La Ley 70 en Colombia de 1993. Ley que garantiza derechos sobre tierras, derechos políticos e identidad cultural de las comunidades negras de Colombia. Esta Ley garantiza dos escaños por circunscripción especial para los afrocolombianos.

(10) Juan Carlos Godenzzi. “Reflexiones sobre la interculturalidad en los Andes y la Amazonía” en http://www.cholunautas.edu.pe

(11) El Aporte de las Mujeres a la Igualdad en América Latina y el Caribe. CEPAL /LC L.2738 (CRM 10/3) Agosto 2007. Documento Coordinado por Sonia Montaño.

12 Catherine Walsh. Interculturalidad, reformas constitucionales y pluralismo jurídico. ICCI-RIMAI, Publicación mensual del Instituto Científico de Culturas Indígenas

Democracia y mujeres en los países andinos


por Ana María Portugal y Carmen Torres[1]

Proyecto “Promoción y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en el diálogo político y la cooperación entre la Unión Europea y América Latina”. Sub-región Andina. Este proyecto es ejecutado por ALOP con el apoyo de la Comisión Europea; la Coalición flamenca para la cooperación Norte-Sur 11.11.11 (Bélgica); CordAid, Hivos, ICCO, Novib (Holanda) y Grupo Sur europeo.

Presentación

El documento “Democracia y mujeres en los países andinos” elaborado por Ana María Portugal y Carmen Torres y presentado en la asamblea de la Subregión Andina de ALOP en Medellín – Colombia en mayo del año en curso, fue inicialmente pensado como complemento del documento “Balance de la Democracia en la Subregión Andina”, como parte del interés y compromiso de la asociación de hacer del género un tema transversal en la reflexión institucional. [2]

El producto final excedió nuestras expectativas iniciales y derivó en un documento de mayor alcance, que da cuenta de la participación de las mujeres en los procesos políticos recientes en la subregión, tanto en la esfera pública como en varios de los movimientos sociales de mujeres y movimientos feministas. Adicionalmente, reflexiona sobre los aportes de las mujeres y del feminismo a la democracia y sobre su situación actual en términos de los principales indicadores demográficos, de salud, educación, económicos y de participación política.

ALOP ha decidido publicarlo como un documento independiente, que constituye una sistematización de la información disponible sobre el tema en la subregión y un aporte importante para la reflexión sobre la posición y situación de la mujer.

El documento no pretende dar cuenta del trabajo de las asociadas en el tema, ni de los movimientos sociales o las organizaciones de mujeres con las que aquellas trabajan; pero sin duda, ha servido para motivar la reflexión y discusión entre las asociadas de la subregión así como para proponer una agenda de temas de discusión que van más allá del quehacer de las asociadas, destacando entre ellos:

· Un seguimiento más detallado del tema de la discriminación de la mujer rural, con estudios de casos.

· Un análisis más profundo sobre la política de cuotas para las mujeres, aportando un balance sobre su contribución a la presencia y el protagonismo de la mujer en la política.

· El trabajo de la información sobre algunos temas planteados en el documento, como la situación de la mujer rural y los movimientos sociales en que participan, la migración y la participación de mujeres en cargos públicos.

Las asociadas de la Subregión Andina de ALOP valoran el documento como un aporte a la discusión y como un insumo importante para su afán por hacer del enfoque de género un elemento transversal de su acción.

Molvina Zeballos Mansur

Lima, junio 2004

Introducción

El año 1995 cerró una etapa que para el movimiento internacional de mujeres significó grandes y diversos desafíos de cara a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la última del siglo XX convocada por Naciones Unidas en Beijing, China. Al mismo tiempo, fue el inicio de una nueva modalidad de trabajo, basada en el entendimiento y la articulación al poner a prueba la capacidad organizativa de los feminismos latinoamericanos y caribeños en sus distintas vertientes. Pero, en lo esencial, Beijing contribuyó a definir las agendas de las organizaciones de mujeres en el complejo escenario de la globalización, dando forma a un eje articulador con dos temas insoslayables: democracia y ciudadanía.

Los conceptos de democracia y ciudadanía parten de un antecedente histórico con la francesa Olympe de Gouges, quien, en 1790, durante la Revolución Francesa, asumió la defensa de los derechos civiles y políticos de las mujeres, un derecho que la Revolución les había negado. Hoy, esta reivindicación trae implícito el replanteamiento del concepto de democracia, que va mucho más lejos del acto de votar. Por ello, la lucha por el sufragio femenino implicó, según Line Bareiro, “la gran ruptura política de las mujeres, al reclamar por primera vez algo para sí y nada menos que su derecho a la igualdad, su derecho a la ciudadanía formal” (Bareiro, 2000). En otras palabras, el reconocimiento de la ciudadanía femenina dentro de una nueva definición de democracia del feminismo.

Después de Beijing, estos dos ejes determinarán el trayecto de los feminismos y de los movimientos sociales de mujeres del continente, aunque con énfasis diferentes, tomando en cuenta las características propias de las subregiones y de los procesos históricos de los países.

En el área andina, las dinámicas de actuación durante el decenio de 1990 y hasta el presente se vieron confrontadas con los vaivenes de una institucionalidad democrática debilitada, con sociedades civiles fragmentadas, sometidas al imperio del autoritarismo, el populismo, la corrupción, el clientelismo, el agravamiento de la violencia armada y la agudización de la pobreza por la aplicación del modelo de economía liberal implementado en el decenio de 1980.

Este artículo presenta, en primer lugar, una panorámica de los cinco países andinos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en la que se considera, después de una breve descripción política, económica y social, los principales indicadores que dan cuenta de la situación de las mujeres: demográficos, de educación, de salud y de participación política, teniendo como referente principal la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994).

En segundo lugar, el texto ofrece una síntesis del trabajo y quehacer del movimiento de mujeres y feminista en la región andina, los que se han modificado de acuerdo a los nuevos escenarios políticos, económicos y sociales de América Latina, intentando nuevas vías de interlocución y de alianzas. Finalmente, la última parte aborda algunos nudos pendientes del movimiento de mujeres de cara al futuro.

I. Panorámica de la región

I. 1. Situación política, económica y social

El decenio de 1990 fue particularmente cambiante en lo que respecta a política y economía en América Latina y, por ende, en los países de la Comunidad Andina. En el ámbito político, los años noventa estuvieron marcados por dos hechos aparentemente contradictorios. Primero, después de años de dictadura en diferentes países de Latinoamérica, la democracia se consolidó como régimen de gobierno y los actores sociales apoyaron ese tipo de régimen, al considerarlo una apertura para tener derecho a voz y la posibilidad de consolidarse en tanto movimiento de la sociedad civil. Sin embargo, de manera paralela, se produjo un desencanto ciudadano, el que se hizo palpable a través de las manifestaciones de repudio a regímenes como al de Abdalá Bucaram y al de Jamil Mahuad, en Ecuador, al de Alberto Fujimori, en Perú, y recientemente, a Gonzalo Sánchez de Lozada, en Bolivia, forzado este último a renunciar tras lo que se llamó “la crisis del gas”. Colombia, por su parte, cambiaba de régimen, de Andrés Pastrana a Álvaro Uribe, sin haber cumplido el primero su promesa de poner término al conflicto armado interno, que devasta ese país desde hace décadas. Venezuela, por su parte, enfrentó diversos vaivenes políticos y en 1999 eligió como presidente a Hugo Chávez, quien, en febrero de 2004, hace frente a una extremada polarización de la ciudadanía, que ya lo hizo tambalear a principios de 2003. Quizás lo positivo del decenio de 1990 fue que las crisis políticas que vivieron los regímenes elegidos democráticamente no dieron paso a dictaduras militares, sino a regímenes transitorios, obligados, de una u otra manera, a llamar a elecciones libres.

En lo que se refiere a la economía, durante el decenio de 1990, la mayor parte de los países de América Latina, incluida la región andina, enfrentaron diversas crisis económicas. En los primeros años de este milenio, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue del 0,4% en el año 2001, descendió al -0,4% en 2002 y repuntó al 1,5% en 2003 (CEPAL, 2004).

Las consecuencias de estas crisis económicas repercutieron en la debilidad de la creación de puestos de trabajo. En Ecuador, por ejemplo, la dolarización de su economía, producida en el año 2000, dejó al descubierto la debilidad de su sector exportador, provocando una creciente cesantía. En 1999, la tasa de desempleo urbano era en ese país de 11% para los varones y de 20% para las mujeres, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2004).

Según la misma fuente, la distribución del ingreso tampoco tuvo resultados alentadores en el decenio de 1990 y los porcentajes de la población en condición de pobreza e indigencia no bajaron del 43% y del 18%, respectivamente. Estos datos hacen afirmar a la CEPAL que América Latina y el Caribe “sigue siendo la región del mundo que presenta un mayor grado de desigualdad” (CEPAL, 2004). Los países andinos, por su parte, se enfrentan de manera persistente a altos niveles de pobreza y desigualdad (IDH 2003, 2003).

El estancamiento económico y los crecientes niveles de pobreza en los países andinos son consecuencia de diferentes factores. En primer lugar, estos países dependen de sus recursos naturales y están expuestos a las fluctuaciones de los precios de los productos básicos. Por ejemplo, más de la mitad de las exportaciones de Ecuador son de petróleo (30%) y plátanos (21%) y menos de una cuarta parte la conforman productos manufacturados (23%). Bolivia, en tanto, depende del gas y de la soja (45% de sus exportaciones), mientras que sus productos manufacturados representan sólo el 14%. A esto se agrega el fenómeno climático de El Niño, que ha afectado en gran medida la producción agrícola. Por otra parte, Bolivia, Ecuador y Perú han debido reprogramar el pago del servicio de la deuda externa, lo que incide en la escasez de inversiones nacionales para alentar el crecimiento económico. Finalmente, las políticas de desarrollo implementadas para que los grupos excluidos, entre ellos las mujeres, tengan reales oportunidades de salir de su situación de pobreza, no se han centrado debidamente en la prestación de servicios sociales fundamentales, tales como educación, salud, agua y saneamiento (PNUD, 2003).

El cuadro siguiente muestra algunos indicadores económicos de los cinco países de la región andina.

Cuadro 1
Indicadores económicos de los cinco países andinos

Indicadores

América Latina

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

PIB total 2001 (miles de millones US$) (1)

1.905,2
(total)

8,0

82,4

18,0

54,4

124,9

Crecimiento anual 1975-2001 (%) (1)

0,7

-0,4

1,5

0,2

-0,7

-0,9

Crecimiento anual 1990-2001 (%) (1)

1,5

1,4

2,8

-0,3

2,4

-0,6

PIB por cápita (2001, US$) (1)

3.752

936

1.915

1.396

2.051

5.073

Deuda externa total (1999, millón US$) (2)

6.157

34.538

14.056

32.284

35.852

Fuentes: 1) Informe sobre Desarrollo Humano 2003; 2) Cordellier y Didiot (2001).

En este cuadro es posible apreciar que el Producto Interno Bruto de Bolivia per cápita es marcadamente inferior al compararlo con el resto de los países andinos, el que es sólo de US$936. El más alto es el de Venezuela, con US$5.073. Estas cifras ya dan una somera idea de las diferencias que enfrentan sus ciudadanos y ciudadanas relativas a las oportunidades de acceso a la educación, a la salud y al bienestar económico que pueden tener a lo largo de sus vidas.

I. 2. Situación demográfica

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD, El Cairo, 1994), representó un hito en la historia de los derechos de las mujeres, al reconocer los derechos reproductivos y sexuales de éstas, incluyendo la planificación familiar. El enfoque de su Programa de Acción fue dar una mayor cuota de poder a las mujeres y ofrecerles más oportunidades, mediante su acceso a la educación y servicios de salud, desarrollo de formación profesional y empleo, y a través de su participación activa en los procesos de tomas de decisiones y construcción de política en todos los niveles.

Este Programa de Acción fijó metas que deben cumplirse en un plazo de 20 años en cuatro principales áreas: educación universal, reducción de la mortalidad infantil, disminución de la mortalidad materna y acceso a servicios de salud reproductivos y sexuales, incluyendo la planificación familiar.

El siguiente cuadro presenta algunos indicadores referidos, en particular, a las tasas de fecundidad, a la esperanza de vida, a la mortalidad materna y a la mortalidad de los menores de 5 años de la Comunidad Andina.

Cuadro 2
Indicadores demográficos

Indicador

América Latina

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Población (millones) (2001)

508.106

8.329

42.800

12.646

25.939

24.170

Crecimiento anual de población (1995-2000, %)

1,6

2,3

1,8

2,0

1,7

2,0

Índice de fecundidad (1995-2000)

2,7

4,4

2,8

3,1

3,2

3,0

% de nacimientos según edad de la madre: 15-19 años (1995-2000)

12,3

17,7

14,8

16,3

19,9

% de nacimientos según edad de la madre: 35 y más (1995-2000)

15,0

11,2

14,4

13,6

10,6

% de uso de anticonceptivos

53,0

77,0

66,0

59,0

95,0

Esperanza de vida, ambos sexos (1995-2000)

70,0

61,4

70,7

69,9

68,3

72,8

Esperanza de vida hombres (1995-2000)

66,8

59,8

67,3

67,3

65,9

70,0

Esperanza de vida mujeres (1995-2000)

73,3

63,2

74,3

72,5

70,9

75,7

Mortalidad materna (notificada) por cien mil nacidos vivos (1985-2001)

390

80

160

190

60

Mortalidad de menores de 5 años por mil (2001)

34

77

23

30

39

22

Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2003 y CELADE.

Índice de fecundidad

Todos los países andinos superan la tasa promedio de fecundidad de América Latina y el Caribe, que es de 2,7 para el año 2000, aun cuando el porcentaje de fecundidad ha descendido en la región andina en el decenio de 1990 respecto de 1985-1990. Esta reducción ha sido equivalente a casi un hijo en Ecuador y Perú. Sin embargo, Bolivia sigue manteniendo una alta tasa en el periodo 1995-2000: 4,36.

Llama la atención el hecho de que la disminución de la fecundidad adolescente (menores de 20 años), es mucho menor. Venezuela es el que presenta la mayor tasa de nacimientos de madres adolescentes (15 a 20 años) 19,9% y en el país vecino de Colombia ha aumentado. De acuerdo a la CEPAL, la reproducción en edades tempranas se concentra mayoritariamente en los grupos en situación de pobreza.

La fecundidad adolescente también puede explicarse por el escaso acceso de las adolescentes a una atención adecuada y amable en los centros de salud primaria y, por ende, a los métodos anticonceptivos. Esto, a su vez, está asociado con los mandatos culturales y de género en las familias, los que obstaculizan el derecho a la sexualidad de las jóvenes menores de 20 años.

Sin embargo, Venezuela es el país de la Comunidad Andina con mayor uso de anticonceptivos, 95%. Colombia, que también presenta una alta tasa de fecundidad adolescente, le sigue con el 77%.

Esperanza de vida

La esperanza de vida aumentó tanto para varones como para mujeres en el decenio de 1990. El Programa de Acción de la CIPD, se fijó como meta una esperanza de vida al nacer superior a 70 años para el año 2005. En el Cuadro Nº 2, se observa que de los cinco países andinos, cuatro lo han logrado (Colombia y Venezuela) o están cerca de hacerlo (Ecuador, seguido de Perú). La excepción corresponde a Bolivia que todavía está lejos de llegar a esa cifra.

La mayor esperanza de vida de las mujeres sigue siendo una constante en la Comunidad Andina. Cuatro de los cinco países han superado la meta de 70 años, mientras que Bolivia sigue siendo la excepción.

Mortalidad materna y atención del parto

La mortalidad materna es aún un problema sanitario en América Latina y el Caribe, puesto que la mayoría de las causas de muerte de las 23 mil mujeres que fallecen cada año antes, durante o después del parto son evitables con una adecuada atención pre y post natal. La mayoría de las muertes ocurren en el momento del parto, y muchas mujeres dan a luz sin la asistencia de personal de salud capacitado. En Bolivia y Perú, por ejemplo, más del 70% de los partos rurales no son atendidos por personal calificado.

Por otra parte, miles de mujeres desconocen sus derechos sexuales y reproductivos, sobre todo aquellas que viven en situación de pobreza. Entre ellas se encuentran, sin duda, muchas mujeres de Bolivia que ni siquiera tienen acceso a métodos de planificación familiar.

Bolivia mantiene la tasa más alta de mortalidad materna en América Latina y el Caribe, después de Haití, a pesar de la disminución de la mortalidad materna, de 416 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 1994, a 390 en 2002. Las causas más frecuentes de mortalidad materna son las hemorragias, infecciones o abortos mal practicados. Los programas de salud implementados por los últimos gobiernos para las mujeres gestantes, como el antiguo Seguro Básico de Salud y actualmente el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), no han logrado mejorar la atención de la salud sexual y reproductiva. Las mujeres deben esperar durante horas para ser atendidas y sufren prácticas discriminatorias, sobre todo aquellas que llegan de áreas rurales o de zonas periféricas de la ciudad.

El aborto es la tercera causa de mortalidad materna en Bolivia. La penalización parcial del aborto en ese país obliga a las mujeres a acudir a consultorios clandestinos, donde se practican abortos en condiciones de máximo riesgo, provocando su muerte o quedando con daños permanentes.

Este panorama se agrava con el difícil cumplimiento del Art. 266 del Código Penal Boliviano, que no sanciona el aborto en casos de violación, incesto ni cuando la vida de la mujer corre peligro, y que obliga a muchas mujeres a recurrir a la clandestinidad para no tener que someterse a largos trámites judiciales, cargados de prejuicios morales y religiosos. Se calcula que el número de abortos clandestinos practicados en el año 2000 en Bolivia fue de entre 30 a 40 mil.

Mortalidad de los menores de 5 años

Una de las metas del Programa de Acción de la CIPD era reducir las tasas de mortalidad de lactantes y menores de 5 años en un tercio, o bien a 50 y 70 por 1.000 nacidos vivos, cuando las cifran fueran menores. Al respecto, si bien las cifras de mortalidad de los menores de 5 años han descendido en toda América Latina, llegando a un promedio de 34 por mil nacidos vivos, sólo tres de los países andinos están bajo esa cifra: Colombia, Ecuador y Venezuela. Bolivia, en cambio, registra una alta mortalidad entre los menores de 5 años: 77 por mil, más del doble del promedio de América Latina.

De acuerdo a diversos estudios, las tasas de mortalidad de los menores de 5 años más altas se presentan en niñas y niños cuyas madres tienen un bajo nivel de instrucción. Así, en los grupos de reducida instrucción esta mortalidad triplica la de los grupos con niveles educativos elevados (CEPAL, 2004).

I. 3. Pobreza, trabajo y migración laboral

El siguiente cuadro muestra algunos indicadores relativos a pobreza, población activa económicamente y migración por sexo, con el fin de determinar las mayores desigualdades entre mujeres y hombres de los países andinos.

Cuadro Nº 3
Pobreza, actividad económica y migración

Indicador

América Latina

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Población bajo el umbral de pobreza (1990-2001)

US$ 1 diario

US$ 2 diarios (a)

14,4

34,3

14,4

26,5

20,2

52,3

15,5

41,4

15,0

32,0

Tasa de actividad total ambos sexos (2000, %) (b)

54,3

51,3

51,7

51,5

54,4

51,1

Tasa de actividad total hombres (2000, %) (b)

72,1

67,8

67,0

72,0

70,6

68,6

Tasa de actividad total mujeres (2000, %) (b)

37,0

35,4

37,1

31,0

38,1

37,0

Población urbana femenina ocupada en sectores de baja productividad, 1998 (% del total de la población urbana ocupada) (d)

75,2

s/d

63,6

s/d

51,1

Jefaturas de hogar urbanos mujeres, 1999 (%) (c)

21

29

20

27

Incidencia de la pobreza en hogares de jefatura masculina 1999 (%) (c)

42

45

57

34

42

Incidencia de la pobreza en hogares de jefatura femenina 1999 (%) (c)

43

44

62

25

49

Relación de los ingresos estimados entre mujeres y hombres 2001 (a)

0,45

0,47

0,30

0,26

0,41

Tasas de migración por mil (1995-2000) (b)

-1,0

-0,9

0,0

0,0

-2,8

0,0

Fuentes: a) Informe sobre Desarrollo Humano 2003; b) CELADE; c) CEPAL, Unidad de la Mujer; d) Massolo, 2003.

En América Latina, el 33% de sus habitantes vive con menos de US$2 diarios. En todos los países andinos, un importante porcentaje de su población vive en la extrema pobreza. Entre un 14 y el 20% subsiste con menos de US$1 diario, y entre un 26 y un 41% lo hace con menos de US$2 diarios. Venezuela, a pesar de ser el sexto productor de petróleo del mundo, cuenta con un 47 por ciento de sus habitantes que subsiste con menos de US$1 o US$2 diarios. El país que presenta un mayor índice de pobreza es Ecuador, donde un 72,8% sobrevive diariamente con menos de US$1 o US$2.

La tasa de actividad total de las mujeres de los países andinos alcanza un promedio del 35%, dos puntos porcentuales más bajos que la media de América Latina y el Caribe. Sin embargo, todavía es mucho más baja que la de los hombres y gran parte de su población urbana femenina trabaja en sectores de baja productividad. Tal es el caso de Bolivia, con un 75,2% de mujeres del total de la población urbana ocupada. Las explicaciones para esta situación son variadas, desde el bajo nivel de educación de las mujeres bolivianas hasta la escasa o nula formación que poseen para ingresar al mercado de trabajo.

Trabajar en puestos de baja productividad implica la obtención de menores ingresos, cuestión que incide en los hogares de jefatura femenina. En tres de los países andinos, la incidencia de la pobreza en estos hogares supera el 40% (Bolivia, Colombia y Venezuela), mientras que en Ecuador llega a un 62%.

Al considerar que más del 20% de los hogares de los países andinos están a cargo de una mujer, es posible darse cuenta del impacto que tiene la pobreza en los integrantes de esos hogares, tales como una mayor desnutrición, un mayor riesgo de mortalidad antes de los 5 años y menos oportunidades de educación para los hijos, lo que redunda en una persistencia de la situación de pobreza.

Además, la relación de los ingresos estimados entre mujeres y hombres de los países andinos es menor al 50%. Los países que presentan una mayor desigualdad a este respecto son Ecuador y Perú, con 0,30 y 0,26, respectivamente.

Migración laboral

Como consecuencia de los altos índices de pobreza y el desempleo producido por los drásticos cambios estructurales de sus economías, los países andinos han visto emigrar a gran parte de su población hacia los países vecinos o a otras naciones con mayor desarrollo económico. No es extraño, por ende, que diversos autores coincidan en señalar que los países de la región andina son, básicamente, “países generadores de emigraciones laborales” (Torales y otros, 2003).

En el área andina, los patrones migratorios más importantes son los de Colombia a Venezuela (el mayor en América Latina), de Venezuela a Colombia, de Colombia a Ecuador, y de Perú a Venezuela. Fuera de la Comunidad Andina, destaca el flujo de Bolivia a Argentina, a Estados Unidos y Canadá.

Ecuador, el país más pequeño de la región andina, es el que actualmente presenta mayor emigración de su población. La emigración ecuatoriana no es un fenómeno nuevo, ya que venía produciéndose desde los años ochenta. Sin embargo, sus características han ido cambiando. Hasta 1998 la emigración era esencialmente masculina y tenía como principal destino Estados Unidos. Cerca de 400 mil personas ecuatorianas trabajaban y remitían anualmente más de mil millones de dólares desde ese país del norte (Jokisch, 2001). A partir de 1998, los datos se modifican: del total de personas emigrantes de ese año, el 54,39% era de sexo femenino (Garbay, 2003). Por otra parte, las emigrantes no se dirigen a Estados Unidos, sino a España, lo que se explica por el idioma y porque, gracias al Acuerdo hispano-ecuatoriano de 1963, pueden entrar al país europeo como turista durante 90 días, lapso que les permite empezar a buscar un trabajo. Así, la mayoría de los cien mil a doscientos mil personas ecuatorianas que viven en España son mujeres (Jokisch, 2001).

En Bolivia, en tanto, se estima que unas 92.300 personas dejaron su país en el año 2000, pero diversas investigaciones señalan que esa cifra está subestimada. Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, la emigración representa el 1,2% del total de su población. Los principales destinos son Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, España y, en menor medida, Perú.

La corriente migratoria de Bolivia hacia Argentina se caracteriza por el predominio de mujeres, las que, en general, son segregadas a actividades poco calificadas, como el servicio doméstico, los talleres de costura o el comercio informal, segmentación que corresponde a la reproducción del estereotipo del lugar de la mujer en la sociedad de origen, cuyas actividades representan una prolongación de las tareas del hogar (Knecher y Olivilla, 1997).

También la emigración peruana a Chile es caracterizada por su feminización. De los 60 mil inmigrantes peruanos en Chile, más de un 65% es de sexo femenino. Las principales razones para dejar su país de origen son las crisis política y económica del Perú de los últimos 20 años (Araujo y otras, 2002). Al llegar a Chile, a pesar de poseer diversos grados educacionales, las mujeres peruanas sufren una fuerte segmentación laboral que dificulta el acceso de las migrantes capacitadas y con experiencia laboral a trabajos acordes con su preparación. Ellas deben incorporarse al servicio doméstico o al sector informal chileno, lo que significa escasos ingresos y una precaria situación de salud, de vivienda, y de estatus migratorio. Además, en su caso se agrega la discriminación racial que deben soportar (Stefoni, 2002).

En síntesis, las mujeres de la Comunidad Andina, sobre todo las que están en situación de pobreza, emigran a los países vecinos con el fin de encontrar un trabajo que les permita asegurar el alimento y la educación de su prole, cuando ésta emigra con ella, o enviar remesas a la familia que ha quedado en el lugar de origen, la que, en general, está al cuidado de una pariente, abuela, tía, entre otras.

La migración femenina se diferencia de la masculina por su segregación ocupacional en empleos precarios y por su alto riesgo de explotación, como el servicio doméstico o la prostitución. Sin embargo, las ventajas de trabajar remuneradamente suelen incidir en las mujeres a la hora de decidir emigrar. Éstas están relacionadas con una mayor autonomía económica y un cierto empoderamiento. Algunos estudios señalan que se producen cambios en las relaciones de poder dentro de la unidad familiar, pero difieren en la valoración de éstos. Por ejemplo, Staab indica que “mientras algunas perspectivas enfatizan las ganancias que experimenta la migrante, a través de su inserción en el trabajo remunerado y el traslado a otro sistema de estratificación de género, otras señalan que estos cambios no se extienden al ámbito familiar, donde las relaciones de género se mantienen inalterables o, incluso, se agravan para las mujeres, las que tendrían una doble carga de trabajo: productivo y reproductivo” (Staab, 2003).

El caso de Colombia es distintivo dentro de la región andina. Su población emigra no tanto por razones económicas, sino debido al clima de violencia que impera en el país desde hace décadas. El censo nacional de 1981 ya mostraba a 500 mil colombianos en Venezuela. Cifras más recientes indican que cerca de 2 millones de su población (de un total de 42 millones en el año 2000) viven fuera del país, principalmente en los países vecinos, pero también en Panamá y Estados Unidos (Torales y otros, 2003).

I. 4. Equidad de género y autonomía de la mujer

Para los movimientos de mujeres, la democracia no es sólo el ejercicio de la ciudadanía en tanto sujetos que eligen a quienes los representarán en las instancias legislativas. También es el derecho de las mujeres a ser elegidas en esas instancias. En los últimos diez años, en la mayoría de los países de la región de América Latina y el Caribe ha habido un aumento de la presencia femenina en los parlamentos, como resultado de leyes de cuotas electorales que obligan a los partidos a tener un determinado porcentaje de candidaturas de sexo femenino. En el caso de los países andinos, el porcentaje de mujeres que ocupan escaños parlamentarios ha aumentado en cuatro de sus cinco miembros.

Cuadro 4
Porcentaje de parlamentarias (% del total de escaños)

Indicador

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Escaños parlamentarios ocupados por mujeres (% del total)

1990

2003

1990

2003

1990

2003

1990

2003

1990

2003

9

19

5

12

5

16

6

18

10

10

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2003 (datos al 1 de marzo de 2003).

El caso más notable es el de Ecuador que en 1990 tenía un 6% de parlamentarias y en 2003 había aumentado al 16%. No obstante, el número de escaños ocupados por mujeres es todavía bajo en la región andina, si se le compara con países como Costa Rica, que supera el 35%.

Respecto de la presencia de mujeres en los poderes Ejecutivo y en los gobiernos locales la situación evoluciona lentamente. El cuadro siguiente muestra el porcentaje de mujeres en el ámbito ministerial y en los gobiernos locales.

Cuadro Nº 5

Porcentaje de mujeres en ministerios, secretarías de Estado
y en el gobierno local (%) (1997-1999)

Cargo

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Ministras, secretarias o equivalentes

7

17

29

13

7

Mujeres en el gobierno local

4

5

0

4

7

Fuente: CEPAL 2004: http://www.cepal.cl/mujer

Nota: Las cifras del Cuadro corresponden, en cada caso, a distintos años, entre 1997 y 1999. Para mayor detalle remitirse a la fuente.

Tal como se aprecia en el Cuadro, Ecuador es el país andino con mayor porcentaje de ministras y/o altas funcionarias del Ejecutivo. De 14 altos cargos, Ecuador tiene a cuatro mujeres. Sin embargo, en la mayoría de los casos, y no sólo en Ecuador, las mujeres son nominadas en ministerios y subsecretarías relacionadas con “temas de mujeres”, los que se supone corresponden a su condición de género.

El porcentaje de mujeres en los gobiernos locales sigue siendo muy bajo en los países andinos, a pesar de la cercanía de las mujeres con el ámbito local y de su trabajo como gestoras sociales. Es el mundo público con el que están más familiarizadas, pero la realidad muestra que es un ámbito que “no por cercano es más accesible” y que “por cercano confunde” (Massolo, 2003). Los hombres siguen siendo mayoritarios en los gobiernos locales.

Desarrollo Humano y de Género

De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano (IDH, índice compuesto por tres indicadores: una vida larga y saludable, conocimientos y un nivel de vida digno), Colombia es el que logra un mejor desempeño dentro de los cinco países de la Comunidad Andina, seguido de Venezuela. Bolivia, en concordancia con sus dificultades económicas, ocupa el último lugar. No obstante, todos los países andinos suben de categoría en la clasificación del Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG, índice compuesto por los mismos factores que el IDH, pero que mide la desigualdad entre hombres y mujeres), guardando la misma clasificación entre ellos.

Cuadro Nº 6
Indicadores IDH e IDG

Indicadores

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Desarrollo humano (IDH) (2001) (a)

0,672

0,779

0,731

0,752

0,775

Clasificación según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) (a)

114

64

97

82

69

Clasificación según el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) (a)

94

55

84

72

60

Analfabetismo hombres (2000, %)

7,9

8,2

6,9

5,3

6,9

Analfabetismo mujeres (2000, %)

29,6

8,2

10,5

14,6

7,8

Gasto público en Educación (1998-2000) (a y b)

5,5

4,1

1,6

2,9

1,2

Gasto público en Salud (2000) (a)

4,9

5,4

1,2

2,8

2,7

Fuentes: a) Informe sobre Desarrollo Humano 2003; b) Cordellier y Didiot (2001).

Respecto del analfabetismo, la desigualdad más marcada es la de hombres y mujeres en Bolivia, seguida de Perú. No obstante, son los dos países de la región andina que proporcionan un mayor porcentaje de su PIB al gasto público en Educación.

Bolivia también se distingue, junto a Colombia, por dedicar un mayor porcentaje del PIB al gasto público en Salud, al compararlos con los otros países de la región andina.

I. 5 Violencia contra las mujeres

“En todas partes, desde el campo de batalla hasta el dormitorio, las mujeres corren especial peligro. Son las primeras que sufren la falta de servicios sociales, las primeras a las que se niega la educación y la atención médica. Los efectos de la globalización económica están dejando a un creciente número de mujeres sumidas en la pobreza al margen de la sociedad. La pobreza hace que estén aún más expuestas a sufrir violencia y que sean menos capaces de escapar de ella. Restringe gravemente su capacidad para organizarse y luchar para conseguir cambios. En este aspecto, como en muchos otros, los gobiernos no se preocupan del auténtico ‘terror’ a que millones de mujeres tienen que hacer frente cada día en nuestro mundo.” Irene Khan, Secretaria general de Amnistía Internacional, 2004.

La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, 1993) representó otro hito para los derechos de las mujeres, al considerar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas como una violación de los derechos humanos y un atentado contra la dignidad de la persona. La Declaración de Viena amplió la concepción de violencia del hecho de violencia física, sexual o psicológica a las amenazas, señalando, además, que la raíz del problema residía en la pertenencia al sexo femenino; es decir, una violencia donde el factor de riesgo era ser mujer, lo que la convertía en violencia de género o violencia sexista.

Desde entonces, numerosos han sido los esfuerzos por erradicar este flagelo que afecta a una de cada tres mujeres en todo el mundo. De acuerdo a Amnistía Internacional (2004) esto significa que cerca de mil millones de mujeres han sido golpeadas, forzadas a una relación sexual no deseada, o sometidas a abusos durante sus vidas. Por lo general, el que abusa de ellas es un miembro de su familia o un conocido suyo.

Las organizaciones que mayor preocupación han mostrado por la violencia contra las mujeres han sido los grupos y las organizaciones no gubernamentales (ONG) de mujeres. Gracias a su labor, primero en la cotidianeidad con las mujeres víctimas de violencia, y luego en sus demandas de formulación de leyes e implementación de planes y programas al Estado para erradicarla, estas organizaciones han mantenido un trabajo sostenido para exigir la aplicación de la legislación, reformarla cuando no se cumple su cometido, y la capacitación del personal policial, judicial y médico para llevar a cabo los procesos pertinentes frente a la violencia contra las mujeres.

Además, en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Colombia en 1981, las organizaciones participantes tomaron la decisión de instaurar el 25 de noviembre como el Día Internacional “No más violencia contra las mujeres”, en memoria del asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana en 1960.

Más tarde, la creación de la Red Feminista Latinoamericana y del Caribe Contra la Violencia Doméstica y Sexual, en 1992, da paso a la formación de un movimiento que ha realizado diversas acciones desde sus inicios, como la campaña contra el feminicidio (asesinatos de mujeres por el solo hecho de ser mujeres), entre otras.

Las cifras

Las cifras sobre este flagelo son fragmentadas debido a la escasa sistematización gubernamental y al hecho de que, a menudo, las mujeres todavía no denuncian todos los hechos de violencia que enfrentan en su hogar o en el trabajo, porque desconocen los procedimientos para hacerlo y por el temor de llevar adelante un juicio largo y engorroso, entre otras razones. También muchas mujeres son reacias a denunciar los incidentes de violencia contra sus cónyuges por la falta de independencia económica, por la dependencia afectiva o la consideración por los hijos.

A pesar de la escasez de sistematización de cifras sobre violencia contra las mujeres, algunos estudios e investigaciones muestran los siguientes hechos en los países andinos: En Bolivia, de un total de 7.307 casos de violencia contra las mujeres, denunciados entre 1994 y 1998, un 93% correspondía a violencia intrafamiliar, el 4,2% a violación o intento de violación, el 1,7% a asesinato o intento de asesinato, y el 0,3% a casos de tortura, abandono de mujer embarazada, prostitución, secuestro, acoso sexual o incesto. En Colombia, en tanto, el número de denuncias por violencia intrafamiliar pasó, entre 1996 y 2000, de 51.451 a 68.585, es decir, 17.134 casos más. De este total, las mujeres representaron el 79% de la población víctima de violencia intrafamiliar. Según un informe de la Fundación María Guare de Guayaquil, de Ecuador, entre octubre de 1996 y abril de 1997 se denunciaron 6.153 casos de agresión intrafamiliar en la Comisaría de la Mujer y la Familia de esa ciudad. Un 92,72% de las víctimas eran mujeres, de las cuales un 53,39% mantenía una relación marital de siete años o más. En Perú, un estudio cualitativo de 1995 indicaba que seis de cada diez mujeres eran golpeadas. El mayor índice de maltrato se producía en la relación de pareja (74%). La persona más maltratada en la familia es la mujer (60% de los casos). El tipo de maltrato más alto era la agresión física (76%), la que generalmente ocurre en estado de sobriedad del agresor. Finalmente, en Venezuela, entre 1994 y 1998, la ONG Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA) atendió 1.992 casos de mujeres, niñas y niños víctimas de algún tipo de agresión sexual. Alrededor del 40% de esos hechos ocurrieron en lugares privados. Por otra parte, el 40% de los casos de lesiones atendidos en centros asistenciales del área de Caracas, fue por violencia contra la mujer dentro del hogar. De esta cifra, un 89% correspondía a mujeres que ya se habían presentado alguna vez por las mismas razones (Isis Internacional).

Es importante llamar la atención sobre los efectos de los conflictos armados de Colombia y Perú en la vida de las mujeres y en su integridad física y psicológica. El número de mujeres violadas, torturadas y asesinadas de parte de los bandos en pugna, indica que, en situación de guerra, las niñas y las mujeres son las más afectadas. Al respecto, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigó la violencia durante el conflicto armado que vivió el Perú entre 1990 y 2000 destaca que “las mujeres, por el hecho de serlo, fueron víctimas singulares de un conjunto de delitos y atentados contra su dignidad y sus derechos humanos que difieren de aquellos infligidos a los varones”. Con ello, la Comisión incorpora una perspectiva de género en su investigación, que significa un avance en esta dirección.

Leyes sobre violencia contra las mujeres

Los cinco países andinos cuentan con leyes destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica contra las mujeres y han adoptado las Convenciones Internacionales al respecto.

Perú fue el primer país de América Latina y de la región andina que promulgó una ley contra la violencia familiar, en 1993. Le siguieron Ecuador y Bolivia, en 1995. Colombia cuenta con una ley al respecto desde 1996. Venezuela fue el último país de la región andina en aprobar un cuerpo legal, en 1998.

Naciones Unidas, a través de UNIFEM, aportó también a la promulgación de las leyes contra la violencia hacia las mujeres con su campaña por los derechos humanos de las mujeres “Una vida sin violencia, un derecho nuestro”, entre diciembre de 1997 y marzo de 1999. Ecuador y Venezuela (junto con Honduras en América Central), son los únicos países de América Latina cuyas leyes contra la violencia hacen referencia explícita a las mujeres Las demás se refieren únicamente a violencia familiar, intrafamiliar o doméstica (Guerrero, 2002).

Instrumentos internacionales

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979)) y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como Convención de Belém do Pará (1994), son los instrumentos internacionales más importantes sobre derechos de las mujeres y contra la violencia de género, y han sido suscritos y ratificados por todos los países andinos.

El Protocolo Facultativo de la CEDAW (1999), que permite la presentación de quejas personales o grupales ante el Comité correspondiente, contra un Estado Parte por violación a los derechos reconocidos por la Convención, ha sido también suscrito por los cinco países andinos, pero no lo han ratificado ni Colombia ni Venezuela. Bolivia, Colombia y Ecuador lo firmaron en diciembre de 1999, es decir, en el momento de su aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas; Venezuela, en marzo 2000, y Perú, en diciembre del mismo año. En cuanto a la CEDAW, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela la suscribieron en 1980.


II. El movimiento de mujeres y la democracia

Antecedentes

Durante el decenio de 1970, Colombia, Perú y Venezuela experimentan el surgimiento de los primeros grupos feministas que fueron pioneros en reivindicar “el problema de la mujer” como un problema político, con el lema “lo privado es político”. De las feministas venezolanas fue la idea de organizar el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, propuesta lanzada en 1979 y recogida en 1981 por las colombianas que asumen la organización del Encuentro y cuya segunda versión, en 1983, se realizó en Perú.

En ese momento, el debate de muchas militantes de izquierda con sus organizaciones partidistas, sobre el lugar de las mujeres y sus demandas, produjo rupturas y alejamiento de un grupo de mujeres que luego fundaría los primeros colectivos feministas, principalmente en Colombia y Perú. No es casual entonces que en las agendas de los dos primeros encuentros feministas, los temas de la doble militancia y la autonomía organizativa fueran los puntos cardinales que definirían el devenir de las feministas latinoamericanas y caribeñas.

Para Virginia Vargas, feminista peruana, y una de las organizadoras del II Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, los feminismos de los años setenta y ochenta, “expresan el comienzo y el despliegue de lo que lo que ha sido uno de los movimientos más subversivos del siglo XX. Un movimiento que desde sus inicios buscó desplegar una perspectiva multiclasista, en interacción con el amplio movimiento de mujeres que paralelamente emergió, en una relación de conflicto, confrontación, complementariedad y aprendizaje permanente” (Vargas, 1999).

En efecto, las tensiones propias de los desarrollos y las dinámicas de cada país de la subregión con sus peculiaridades geográficas, étnicas, idiomáticas y económicas, fueron determinantes para una relación no siempre armónica entre los feminismos, las organizaciones populares de mujeres y de los movimientos indígenas y con la izquierda, en particular. En Bolivia esto fue muy notorio. El país vivía un efervescente clima de confrontaciones ideológicas bajo regimenes militares que no dieron cabida a las reivindicaciones de género, consideradas antagónicas por las izquierdas y especialmente por dirigentas de los Comités de Amas Mineras y de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”, por ejemplo. Al mismo tiempo, estas organizaciones, más los núcleos organizados de mujeres de los frentes y partidos de izquierda, constituyeron una importante avanzada en la lucha por la restauración de la democracia, porque, tradicionalmente, una de las maneras de las mujeres de hacer política ha sido la lucha por los derechos humanos, especialmente en períodos dictatoriales.

Por historia, la democracia es un proyecto masculino. Se trató, entonces, de redefinir el concepto de democracia como la otra manera de pensar y hacer política. La consigna de las feministas chilenas, “democracia en el país y en la casa”, delineó los escenarios de actuación desde el decenio de 1980 en adelante. Fue un tiempo intenso de movilizaciones, debates, campañas de denuncia, particularmente alrededor de la violencia de género –a partir de la instauración del 25 de Noviembre como Día Internacional “No más violencia contra las mujeres”– que los movimientos de mujeres de Colombia y Perú convirtieron en jornadas a favor de la paz y en contra la guerra, denunciando las violaciones a los derechos humanos de los grupos armados, Sendero Luminoso y la guerrilla colombiana. En Perú, a fines de los años ochenta, Sendero Luminoso amenazó a varias lideresas feministas y del movimiento popular de mujeres. De hecho, dio muerte a varias dirigentas populares, como María Elena Moyano, la más emblemática de ellas, asesinada en 1992.

II. 1 Nuevas definiciones

Pero lo que define el decenio de 1990 es el esfuerzo por ampliar la perspectiva de los discursos feministas de los primeros tiempos. Con escenarios sociales marcados por la globalización, el reforzamiento de las políticas de ajuste estructural en las economías, aplicadas durante la década anterior, que profundizaron las diferencias, las exclusiones sociales y la creciente violencia armada, los feminismos se vieron enfrentados a “nuevos terrenos de disputa” (Vargas, 1999). Es así como se busca estar en los espacios de deliberación política, intervenir en los debates con presencia propositiva y autónoma sobre las políticas públicas, la reforma del Estado, y en asuntos como la descentralización, gobernabilidad, independencia de poderes, justicia económica, pacificación. Estos son espacios de confluencia con otros actores de la sociedad y del Estado.

Al mismo tiempo, las sucesivas conferencias internacionales de Naciones Unidas son vistas como uno de esos “terrenos de disputa”, donde era preciso ejercer una interlocución, validada por la trayectoria y legitimidad de un amplio movimiento de mujeres con suficiente capacidad para negociar y exigir demandas. Esta forma de estrategia se hace extensiva al ámbito nacional, desarrollando una política de alianzas con sectores del ámbito del parlamento, de la administración de la justicia y de la salud, para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, cambios legislativos en materia de violencia sexista y para la aprobación de las leyes de cuotas. Las experiencias de Bolivia, Colombia y Perú son un buen ejemplo de trabajo concertado con estos actores, en referencia a lograr apoyo a las campañas por la despenalización del aborto voluntario, la anticoncepción de emergencia y contra la esterilización forzada.

El cuestionamiento de las democracias

La crisis de inestabilidad política en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela alcanzó sus grados más altos con el gobierno dictatorial de Fujimori en el Perú, la caída del régimen de Mahuad en Ecuador, y la polarización creciente provocada por las características caudillistas del gobierno de Hugo Chávez, minando la capacidad de interlocución de los partidos ya desacreditados, incapaces de reaccionar frente a los discursos populistas de los gobernantes que lograron neutralizar a las organizaciones sociales, capitalizando el descontento de los sectores más empobrecidos a través del clientelismo y la prebenda, despolitizando, de esta forma, su capacidad de protesta, tal como sucedió durante el largo período del gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, en el Perú. En Colombia, la agudización del conflicto armado puso en entredicho los cimientos democráticos de la sociedad colombiana. Es en estos escenarios donde los feminismos y los movimientos sociales de mujeres pondrán a prueba su capacidad de acción, a través de una serie de iniciativas que buscan abrir un debate sobre la democracia y el papel de la sociedad civil en una nueva forma de hacer política.

El Movimiento Mujeres por la Democracia (MUDE), del Perú, ha sido una de estas iniciativas. Concebido como un frente amplio de mujeres provenientes de la política, los movimientos sociales, el feminismo y la cultura, MUDE, bajo el lema “Lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres”, creó, en 1997, un espacio político de reflexión y acción para “afirmar y defender la democracia en el país, en el sistema político y en las vidas institucionales e interpersonales”. Sentó así una nueva definición de democracia, “vista no solamente como un sistema de gobierno, sino también como una aspiración de vida, con justicia social, con respeto a las diferencias, con tolerancia y sin discriminación” (MUDE, 2000).

La propuesta de MUDE, de replantear el clásico concepto de democracia, no se detiene en el ejercicio formal del sufragio o de un sistema de gobierno. Su concepto de democracia tiene como basamento los principios de justicia, equidad y de respeto a la diversidad. En suma, su meta es el cambio social que posibilitara la “construcción de una nueva institucionalidad política y democrática” (Vargas, 2000). Importante salto conceptual que parece tomar distancia de la lectura pragmática de un sector del feminismo peruano que acogió favorablemente algunas medidas que el gobierno de Fujimori implementó para las mujeres, como la creación del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano, la Defensoría de la Mujer dentro de la Oficina del Defensor del Pueblo, la aprobación de la Ley de Cuotas y la promoción de mujeres en cargos públicos y en puestos de gobierno. De hecho, algunas feministas integraron comisiones o fueron asesoras en instancias de gobierno, lo que ocasionó tensiones y divisiones al interior de las organizaciones de mujeres. Como hace notar Virginia Vargas, el gobierno de Fujimori desarrolló una “política esquizofrénica hacia las mujeres de muchas formas y en esa esquizofrenia obtuvo créditos fundamentales” (Vargas, 2003).

Pero en la práctica se mantuvieron las políticas de exclusión y aumentó la descomposición social. La desarticulación de los movimientos sociales y, en particular, de las organizaciones populares de mujeres, por la política del clientelismo, es una de las herencias que dejó el fujimorismo. La histórica Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador fue la más dañada, quedando debilitada hasta hoy (Vargas, 2003).

De los altos niveles de corrupción, que durante el decenio de 1990 permeó a las instituciones del Estado, aún quedan remanentes en algunos países del área. La corrupción vista como una lacra que socava el tejido social y pone en riesgo la democracia es una de las banderas de acción de la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas (CPME), creada en 1995. Esta instancia nació para impulsar la creación de un Movimiento de Mujeres. La Coordinadora –que aglutina a ONG, mujeres de partidos políticos, organizaciones barriales, profesionales, sindicales, étnicas y raciales, como la Coordinadora Política de Mujeres Negras, entre otras– desempeñó un rol central en la incorporación de la plataforma de demandas de género en la nueva Constitución, así como en la creación de redes cívicas para vigilar casos concretos de corrupción en todo el país.

Para la CPME, el fenómeno de la corrupción no es privativo del Estado y sus instituciones. Se trata de un hecho más generalizado. “Lo más importante aquí es entender que la corrupción que hemos visto en la actuación de muchos de los políticos, de los banqueros, de funcionarios públicos, de empresarios, se expresa en una cultura de corrupción que hay que cambiar, a partir de tomar conciencia de su verdadero alcance de sus desastrosos efectos” (Londoño, 2000). Asimismo, la cultura de la corrupción no es patrimonio de un género. “Decir que las mujeres somos más honestas que los hombres es arriesgarse a incurrir en una declaración esencialista e injusta y algunos hechos de corrupción, realizados en los últimos años por mujeres de ingrata recordación lo corroboran” explica Jenny Londoño, integrante del Secretariado Ejecutivo Nacional de la Coordinadora (Londoño, 2000).

La muestra más descarnada es lo ocurrido en el Perú durante el fujimorismo. Un lastre que será difícil de revertir es el referido a la actuación de las mujeres fujimoristas que, desde el Congreso y otros lugares de poder como los Ministerios y las oficinas públicas, tuvieron un desempeño mafioso y fueron cómplices de actos de corrupción y de los crímenes de la dictadura.

Por ser uno de sus ejes de acción, la CPME participó en los diferentes momentos de la crisis política que vivió Ecuador. Se puso a la cabeza de las protestas contra el gobierno de Abdalá Bucaram que precipitaron su destitución en 1997. Al crearse la Comisión Anticorrupción en marzo de 1997, tuvo una representante en el primer directorio de esa Comisión. Más tarde denunció la inconstitucionalidad del Decreto que permitió el congelamiento de los fondos bancarios de los ecuatorianos, medida tomada por el Presidente Jamil Mahuad. Posteriormente, la Comisión y el Foro Permanente de la Mujer fueron elegidos para integrar la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, donde las mujeres están representadas.

Otra iniciativa de gran significación política es la constitución de un fuerte movimiento de mujeres colombianas contra la guerra y a favor de la paz. Desde esta instancia, las diversas organizaciones de mujeres y sus redes no han cesado en su lucha por defender la negociación política como salida al conflicto armado que desde hace más de 40 años devasta a este país. El punto de partida es su posición frente a lo que representan las guerras y el rol de las organizaciones de mujeres que deben ser llamadas a formar parte de la mesa de negociación de paz. “Porque las mujeres queremos dejar de ser miradas como víctimas y formar parte de todo el proceso de resolución para garantizar que se respeten nuestros derechos y que nuestros cuerpos no serán tomados como botín de guerra” (Torralba, 2003).

La concepción pacifista de las mujeres colombianas organizadas nace de un análisis sobre el patriarcado y las relaciones de género, aplicado a la realidad del país y vinculado al contexto internacional. “Partimos de constatar la corriente de militarización creciente en nuestro país y en el mundo, corriente que forma parte de una estrategia permanente que busca un orden jerárquico, la prevalencia del pensamiento único, que realza el poder de la fuerza, desconoce el derecho y la ley y que se materializa en este tiempo, dramáticamente, en Irak. En este contexto, queremos reiterar que el cuerpo de las mujeres no puede ser botín de guerra” (González y Gómez, 2003).

En 1984, el Colectivo de Mujeres de Bogotá, conglomerado de grupos feministas y de organizaciones sociales de mujeres, participó en el proceso de paz iniciado por el gobierno de Belisario Betancourt que fracasó luego de la sangrienta toma del Palacio de Justicia por el M-19. Ese año, las mujeres realizaron una marcha por el 25 de Noviembre, cuyo eje central fue un llamado a la paz. Acciones de este tipo se repitieron en los años sucesivos. Durante el decenio de 1990 nace la Ruta Pacífica de las Mujeres, que actuó como una gran red después de la incorporación de diversas organizaciones de mujeres de 10 departamentos de Colombia. La Ruta convocó, en 1996, a la primera Asamblea Nacional de Mujeres contra la Guerra, donde participaron dos mil activistas de todo el país.

En la actualidad este espacio ha crecido. La necesidad de tener una plataforma común llevó a organizar la Constituyente Emancipatoria de las Mujeres, en noviembre de 2002, que abrió un espacio para un intercambio de experiencia con mujeres de El Salvador y Nicaragua, países que sufrieron guerras internas. Entre 2002 y 2003, los movimientos de mujeres por la paz organizaron dos grandes movilizaciones contra la guerra. La primera se realizó en julio de 2002 en Bogotá, la que reunió a 40 mil personas. El segundo momento multitudinario fue en noviembre de 2003, con la Marcha al Putumayo, región amazónica, epicentro de la guerrilla. Esta movilización, a la que acudieron tres mil mujeres de todos los puntos geográficos de Colombia, estuvo liderada por la Ruta Pacífica de las Mujeres. El viaje duró tres días y su propósito fue pedir el fin de la militarización y el término de las fumigaciones en la Amazonía, además de apoyar a las mujeres de la zona.

Otra de las apuestas contra la guerra es Mujeres por la Objeción de Conciencia frente al servicio militar, un espacio apoyado por la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, que rechaza el servicio militar para hombres y mujeres. “La guerra es el interés de unos pocos patriarcas y no de las mujeres, las mujeres no queremos participar en la industria militar que es la culpable de las guerras y el hambre que hay en el mundo”.

La característica de los movimientos pacifistas de las mujeres de Colombia es su amplitud y diversidad, unida a una gran creatividad y capacidad de análisis sobre el fenómeno de la guerra y sus consecuencias en la vida de las mujeres. Por la fuerza de sus acciones y demandas, han sido objeto de amenazas, presiones y asesinatos por parte de los paramilitares. La Casa de la Mujer, emblemático espacio feminista que integra la Ruta Pacífica de las Mujeres, sufrió, en 2003, el asalto de hombres armados que sustrajeron información institucional. Pero es la Organización Femenina Popular (OF), la más antigua de las organizaciones populares de mujeres, la que ha venido sufriendo el asesinato de varias de sus integrantes que eran conocidas dirigentas barriales.

II. 2. Revisando las agendas

El inicio del decenio de 1990 supuso una revisión de las agendas feministas y de los movimientos sociales de mujeres de los cinco países andinos. El crecimiento de las organizaciones de mujeres de los sectores populares, la consolidación de una institucionalidad feminista expresada en las ONG nacidas en la década anterior, representa un efectivo canal de acción para un trabajo más estratégico y sostenido con el sector popular de mujeres, basado en la transmisión de conocimientos como una herramienta para mejorar sus condiciones de vida, a la vez que facilitar procesos de autoconciencia. En 1990, la primera actividad importante de las organizaciones populares de mujeres de La Paz, Bolivia, fue la “concentración por la participación democrática de las mujeres”, en cuyo transcurso se hizo entrega de una Plataforma de Demandas al presidente del Parlamento Nacional.

Esta vertiente popular, de importante crecimiento en países como el Perú y Colombia, se convierte en un interlocutor de peso ante el Estado y en un referente del movimiento social de mujeres con agenda de género. Un ejemplo es la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador (Fepomuves) del Perú. Después de un proceso de toma de conciencia, la Federación pasó de las exclusivas demandas por la subsistencia a la conformación de una plataforma que combinó los intereses comunitarios con sus intereses de género.

También otras voces y nuevas presencias concurren a este nuevo escenario pauteado por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). Son expresiones diversas: indígenas, negras y lesbianas que buscan un espacio propio desde sus identidades. En 1993 se funda el Enlace Continental de Mujeres Indígenas que participa en la Conferencia de Beijing. Un primer paso para marcar su autonomía respecto de las organizaciones mixtas. Recientemente, la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de La Paz hizo pública su intención de dirigir el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), ya que “hemos tenido puros hombres en la dirección y no ha pasado nada para las mujeres, es tiempo que tengamos algo para las hermanas” (RED-ADA, 2004). Como advierte Sonia Montaño, los sistemas de representación política, especialmente en Bolivia, sólo han fortalecido la presencia de los hombres de las etnias “que son quienes más han avanzado en el ejercicio del poder, manteniendo a las mujeres excluidas” (Montaño, 1996).

Pese a que se han producido espacios de confluencia entre los feminismos y las organizaciones de mujeres indígenas y campesinas, los movimientos de mujeres negras y lesbianas, existen tensiones y distanciamientos como una manera de reafirmar su autonomía en la diferencia. En gran medida, los colectivos de mujeres indígenas, negras, incluyendo a las lesbianas, no se sienten parte del discurso feminista que consideran “occidental y/o homofóbico”. Este sentimiento es muy fuerte, particularmente en Bolivia, Ecuador y Perú, una demostración del peso que tiene, particularmente en las indígenas y negras, su pertenencia étnica y racial por sobre la de género. Falta dar continuidad a los espacios de confluencia que vayan superando los prejuicios y antagonismos, en favor de un diálogo más democrático que enriquezca las plataformas de estos colectivos, reconociendo sus opresiones específicas desde la óptica de género.

Las “fronteras móviles” del Estado

La posición crítica y de desconfianza frente al Estado fue una de las características de los feminismos de las décadas anteriores. A partir del decenio de 1990, los procesos de modernización del Estado, influirán en mayor o menor medida en el replanteo de las agendas de las organizaciones de mujeres que perciben una apertura favorable para la interlocución y el cabildeo, que en el tiempo se materializará en convenios de cooperación, consultorías e, incluso, en inserción laboral de algunas feministas en las Oficinas y Ministerios de la Mujer.

Un antecedente en esta dirección ha sido la experiencia de Venezuela, país donde la alianza entre las ONG, organizaciones sociales de mujeres y mujeres de la política y del Estado, actuó con eficacia durante el decenio de 1980. El éxito de la campaña por la reforma del Código Civil (1979-1982) representa “el primer momento en que hubo un verdadero movimiento de mujeres” (Espina, Rakowski, 2002). Esta campaña, como otras, fue liderada por la Coordinadora de ONG de mujeres (CONG) contando con el apoyo del entonces Presidente Herrera Campins, y la participación de mujeres congresistas, incluyendo a la Ministra para la Participación de la Mujer. Esta será una alianza de larga duración hasta 1990, cuando se disuelve la CONG y muchas de sus dirigentas son llamadas por el gobierno para desempeñar cargos de responsabilidad.

Una de las características de los movimientos de mujeres de Venezuela es que su trabajo se ha centrado “de manera exclusiva en la elaboración de leyes y políticas que establecen los derechos de la mujer” (Espina, Rakowski, 2002). Es una tradición desde 1936, año en que aparecen los primeros núcleos de mujeres. Esta orientación legalista logró resultados como la aprobación de medidas legislativas importantes, por ejemplo, la Ley de Igualdad de Oportunidades (1993), la Ley Contra la Violencia hacia la Mujer y la Familia (1998), entre otras. La desaparición de la CONG condujo a la desarticulación de los movimientos de mujeres que no han vuelto a tener una vida orgánica hasta la fecha, salvo cuando se han producido alianzas coyunturales entre las llamadas “femócratas”[3] que están en puestos de poder y feministas de los centros académicos en particular. “En vez de ser la CONG la que convoque y organice, son las instancias gubernamentales y parlamentarias de mujeres (que trabajaron unidas en momentos coyunturales) las que convocan y organizan, con la colaboración de las mujeres que pertenecían a la CONG” (Espina, Rakowski, 2002).

En estos términos fue la convocatoria para participar en la redacción de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde antiguas integrantes de la CONG trabajaron con las “femócratas” para introducir en el proyecto constitucional las leyes ya aprobadas, además de reivindicaciones como los derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento del valor económico del trabajo doméstico y la seguridad social para el ama de casa. Un hecho a resaltar fue que en la redacción de la nueva Constitución se utilizó un lenguaje no sexista.

Una de las razones para la desaparición de la CONG, como legítimo referente de las mujeres organizadas, estaría en el fuerte énfasis puesto en la relación con el Estado. En el terreno de la negociación, las propuestas más radicales, como la despenalización del aborto y la libre orientación sexual, fueron quedando en el camino. Esto llevó a que los núcleos más radicales de la vertiente feminista dentro de la CONG, se retiraran. El abandono de la agenda propia, para adaptarse a la agenda de los gobiernos, fue una apuesta demasiado peligrosa como estrategia. Pero también pudo deberse a las características propias de los movimientos de mujeres de Venezuela, como su “dependencia sicológica del Estado”, señalada por Gladys Parentelli. Según ella, “ciertas dirigentas piensan que todos los problemas de las mujeres deben ser resueltos por el Gobierno a través de los ministerios (salud, educación, entre otros) o del Instituto de la Mujer (Parentelli, 2000).

Las expectativas puestas por algunas feministas y dirigentas de movimientos sociales en el gobierno de Hugo Chávez se han visto defraudadas en la actualidad, luego de los últimos acontecimientos que pusieron en riesgo la estabilidad democrática de Venezuela, por el clima de violencia y polarización crecientes. Esta polarización ha causado fisuras al interior de las organizaciones sociales de mujeres y las militantes de izquierda, debilitando aún más la presencia y el trabajo de las pocas iniciativas feministas que aún tienen actuación a nivel comunal. Las ONG que acceden al financiamiento internacional deben tener la aprobación de “la instancia oficial, especie de intermediaria que garantiza que el dinero va a manos correctas” (Espina, Rakowski, 2002).

De esta experiencia se desprende la importancia de establecer nuevas formas de relacionamiento con el Estado, donde la interlocución sea horizontal y acotada. “En un Estado democrático, dice Haydeé Birgin, el espacio público es un espacio de intercambio y negociación en el que diferentes actores sociales –entre ellos, las mujeres– organizan, coordinan y articulan sus demandas concretas con la oferta del Estado y de las instituciones privadas. Por lo tanto, es un espacio de fronteras móviles, flanqueado por una parte, por el modelo de crecimiento económico, que define la intervención social del Estado, y por otra, por la sociedad y los movimientos sociales” (Birgin, 1995).

Un modelo de intervención ciudadana que ha tenido buenos resultados es el referido a las Comisarías de la Mujer y la Familia del Ecuador, que operan desde 1994 en virtud de una alianza entre ONG de mujeres, feministas y el Estado a través del Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) para implementar un servicio de atención a la violencia familiar y sexual. Se trata de la estrategia más importante en el ámbito de la administración de justicia, donde interviene la sociedad civil y el Estado, cumpliendo roles acotados a su especialidad. Al momento de la creación de las primeras Comisarías, cinco ONG actuaron de contrapartes bajo el liderazgo del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), uno de los promotores de este proyecto, desarrollando una alianza específica para lograr financiamiento que cubriera los costos de implementación y equipamiento de estas Comisarías, además de brindar asistencia técnica y de capacitación. Esta alianza se mantiene desde 1997. Actualmente funcionan 20 Comisarías en diferentes ciudades del interior del país.

Uno de los retos después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer fue la exigencia a los gobiernos de cumplir los compromisos contraídos en la Plataforma de Acción. Las acciones de monitoreo y fiscalización de la sociedad civil son una manera de tener presencia e incidir en el Estado y en otros actores políticos y sociales. Proyectos como “Vigilancia ciudadana desde una perspectiva de género”, en Bolivia, “Liderazgo y buen gobierno”, Escuela de Promoción e incidencia política feminista, “Vigilancia Congresal” en el Perú, la Escuela de Formación de Liderazgo de las mujeres indígenas en Ecuador, son, entre otras iniciativas, instrumentos destinados a fortalecer los espacios democráticos y de intervención en los debates políticos para afirmar una representatividad con voz propia, tal como se dio en Bolivia durante la crisis de gobernabilidad iniciada en abril de 2003, cuando entre el concierto de voces de protesta, destacó el Manifiesto “Por una Bolivia con dignidad, justicia y plena vigencia de los Derechos Humanos” del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM).

Esta forma de intervención ciudadana se ha hecho frecuente en los últimos años a través de distintas expresiones y formas de actuación, algunas para pedir cuentas al poder político y otras para explicitar que sin las mujeres la democracia está incompleta. El Foro “Mujeres presentes en la construcción de la democracia participativa y la descentralización”, donde 150 regidoras, alcaldesas y consejeras regionales del Perú acordaron potenciar la capacidad de incidencia de las mujeres en las políticas públicas, y reclamaron ser parte del diálogo y la concertación dentro del proceso de descentralización y la vida política del país, es una muestra de esta forma de intervención ciudadana. Como lo fue en otro plano la protesta de la Plataforma de Mujeres por la Ciudadanía y la Equidad de Bolivia, que rechazó el cuoteo partidario, exigiendo que en las designaciones a puestos de poder, prevalezca el principio de la igualdad de género.

Conexiones estratégicas

Una modalidad de actuación de los feminismos en América Latina y el Caribe español son las redes y los consorcios entre ONG y las alianzas con organizaciones sociales de mujeres en sus diversas vertientes. Probablemente, es en la región andina y en la subregión centroamericana donde se ha desarrollado con mayor organicidad esta modalidad. Su espíritu es inclusivo y amplio, ya que su objetivo central es fortalecer los espacios movimientistas alrededor de agendas determinadas: derechos sexuales y reproductivos, violencia en contra de las mujeres, participación política, y otras reivindicaciones vinculadas al trabajo asalariado y a las discriminaciones de raza y etnia.

Estas redes locales tienen conexiones con redes regionales y mundiales. La Red Latinoamericana “Mujeres Transformando la Economía”, es una de ellas. Integrada por 11 países del continente, tiene una visible actuación en cuatro de los países andinos por el impulso que le da un grupo de ONG y organizaciones sociales de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. En esta red participan mujeres urbanas y rurales, investigadoras de centros académicos y activistas de ONG, representantes de sindicatos, y de organizaciones de base. Su propósito es contribuir a la apropiación crítica de la economía por parte de las mujeres, buscando alternativas “basadas en la justicia económica y la justicia de género desde una perspectiva feminista”. Actualmente, esta Red integra el Consejo Internacional del Foro Social Mundial, y forma parte de la Red Internacional de Género y Comercio, donde Colombia es punto focal. Ponemos como ejemplo esta red, porque es la expresión de un desafío al abordar el tema de la economía que siempre pareció alejado de la vida de las mujeres y que fue escasamente trabajado por los movimientos de mujeres.

En el ámbito de la subregión, la Coalición Política de Mujeres Andinas (CPMA), constituida en 1996, es un espacio de coordinación entre las ONG y redes de los cinco países. Su trabajo se orienta a participar en el proceso de integración andina y en el intercambio de información y experiencias respecto al cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing, especialmente en los temas de pobreza, salud, violencia y participación política. En la actualidad desarrolla proyectos para incentivar la participación política de las mujeres y su acceso a la toma de decisiones. La CPMA firmó un Convenio de Cooperación con el Parlamento Andino para promover leyes, acordes con los derechos de las mujeres de la subregión (Londoño, 2000).

III. Conclusiones

En la última década, los países de la región andina lograron importantes avances en materia de salud, al aumentar la esperanza de vida al nacer y disminuir, en términos generales, la mortalidad de los menores de 5 años. No obstante, mantuvo la tasa de fecundidad adolescente, incluyendo algunas alzas, y los deficientes niveles de atención calificada de partos, que elevaron los índices de mortalidad materna.

Un logro a destacar está referido a la legislación sobre la violencia doméstica. Sin embargo, la violencia sexual aún no está considerada de manera específica en las legislaciones de algunos países del área. La centralidad de la violencia doméstica y/o intrafamiliar, deja fuera otras formas de violencia contra las mujeres corriendo el riesgo de invisibilizar este aspecto de la violencia de género.

También se registraron algunos avances en el ámbito de la participación política, especialmente a nivel de ministerios y la elección de parlamentarias, pero ello se ha visto debilitado por la escasa presencia de mujeres en la representatividad local, lo que pone en interrogación la validez de las leyes de cuotas.

Estos avances relativos no han tenido su corolario en la equidad social ni en la equidad entre hombres y mujeres. La pobreza afecta a cerca del 43% de la población latinoamericana y un 33% de sus habitantes subsiste con menos de US$2 diarios. En todos los países andinos, un importante porcentaje de su población vive en la extrema pobreza. Entre un 14 y el 20% subsiste con menos de US$1 diario, y entre un 26 y un 41% lo hace con menos de US$2 diarios. El país que presenta un mayor índice de pobreza es Ecuador, donde un 72,8% sobrevive diariamente con menos de US$2.

Las desigualdades salariales entre hombres y mujeres siguen siendo importantes y la tasa de analfabetismo es todavía alta entre la población femenina. En el período, además, persistieron altas tasas de migración, que mantienen fuera de sus países de origen a muchas mujeres originarias de los países andinos, las que emigran a los países vecinos o a Estados Unidos o Europa en busca de un trabajo que les permita sobrevivir.

Para lograr la equidad social, la región andina necesita no sólo de crecimiento económico, sino de políticas de distribución, que pongan acento en el incremento sostenido de los activos de las personas en situación de pobreza. Y para obtener mejores resultados relativos a la equidad entre hombres y mujeres, los países andinos deben mejorar ostensiblemente las oportunidades que ofrecen a su población femenina: acceso a la salud, a la educación, a formación para el empleo y a la participación real política y económica.

Por otra parte, la falta de participación de las mujeres andinas en las decisiones que les atañen y el escaso acceso a los servicios y recursos como la atención de salud, vivienda, educación, empleo, administración de justicia, constituye un déficit dentro de las débiles democracias vigentes en los cinco países. Por ello, la ampliación de la ciudadanía a través de la representación se ha convertido en el tema central de las agendas de los feminismos y de los movimientos sociales de mujeres. El vínculo entre la consolidación de un sistema democrático y la situación de las mujeres resulta ineludible.

Las experiencias más recientes relacionadas con los quiebres democráticos en Bolivia, Ecuador y Perú, han dejado algunas lecciones para los movimientos de mujeres. Una ellas (que no es privativa sólo de estos países), es el escaso o nulo reconocimiento de la actuación de las mujeres en los movimientos de resistencia para derrocar a las dictaduras. Luego de tener roles importantes, son apartadas y/o ignoradas en los procesos de transición democrática. Esto demuestra que un gobierno democrático no necesariamente produce cambios en la vida de las mujeres. El modelo de democracia representativa exhibe graves carencias. Lo importante es la calidad de la democracia. No siempre hay una relación directa entre democracia y ciudadanía. La vigencia del modelo económico neoliberal representa el principal obstáculo para la consolidación de una institucionalización democrática. Las actuales reformas del Estado, en países como el Perú, Ecuador y Bolivia presentan algunas grietas que no son fáciles de superar, como el autoritarismo, la corrupción y la ineficiencia en el manejo administrativo.

La ola de conservadurismo es otro de los obstáculos a enfrentar, especialmente por el rol que tiene la Iglesia Católica desde la corriente fundamentalista. Esto ha afectado a las conquistas y/o avances logrados en el decenio pasado, con respecto a los derechos sexuales y reproductivos. El derecho a la conformación de un Estado laico, si bien ya forma parte de la agenda de muchos feminismos, es una tarea de largo alcance. La campaña internacional contra los fundamentalismos “Tu boca, fundamental contra los fundamentalismos” lanzada el 2001 por la Articulación Feminista Marcosur, se inscribe en esta tarea. La aspiración a una sociedad laica está en el espíritu del verdadero concepto de democracia.

A diferencia del pasado, los movimientos de mujeres, en sus diferentes vertientes, se enfrentan a escenarios y discursos heterogéneos y móviles que obligan a repensar incluso las formas de organización y donde la combinación de agendas es un reto. En este sentido, los feminismos, en particular, deberán elaborar estrategias para superar la centralización geográfica de su trabajo. La posibilidad de nuevas articulaciones que amplíen los horizontes permitirá construir un espacio inclusivo y multiracial que supere el carácter urbano y mestizo de sus integrantes.

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Observatorio Social de las Relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Documento de Trabajo N° 7


[1] Ana María Portugal: Periodista peruana que vive y trabaja en Chile. Coordinadora del Programa de Comunicaciones y Publicaciones de Isis Internacional. Especializada en temas de salud de las mujeres, medios de comunicación e historia.

Carmen Torres: Periodista chilena. Master en Comunicaciones (Université de Montreal). Actualmente es editora responsable del portal de noticias de “Mujereshoy” (http://www.mujereshoy.com) de Isis Internacional. Ha escrito numerosos artículos y documentos sobre mujeres y género.

[2] El documento “Balance de la Democracia en la Subregión Andina” puede ser consultado entre los materiales del respectivo capítulo sub-regional del Proyecto “Promoción y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en las relaciones entre la UE y América Latina”. www.alop.or.cr

[3] Feministas nombradas por los gobiernos para dirigir y/o asesorar programas de género. También las que acceden a cargos de esta índole en los organismos internacionales.

Mujeres y Democracia. En busca de una identidad en el sistema político

por Gloria Ardaya-Salinas

Afrontar el sistema político-institucional en términos similares a los actores sociales nacionales ha sido un problema histórico de las mujeres. A su vez, la Institucionalidad del conflicto político tiene dificultades para acogerlas en su seno, de manera diferenciada, Justa y equitativa. Esta tensión entre Inclusión exclusión femenina es uno de los retos actuales de la democracia latinoamericana, que debe procesarse – de manera conjunta – entre las mujeres, la sociedad y el Estado.

La legalidad de la demanda de género es consagrada por todas las constituciones políticas del continente, de diferente modo, como alcances de la ciudadanía y de las garantías estatales, pero dentro de un mismo patrón de reconocimiento del derecho general. Esta normatividad es legítima toda vez que las mujeres han tenido participación real y simbólica en los principales actos fundacionales del Estado y de las sociedades latinoamericanas y, más recientemente, en su redemocratización. Sin embargo, aquella legalidad, legitimidad y participación no se expresan en el balance del poder social o estatal, en la estructura del sistema político ni en una estabilidad de la demanda que se profundice a través del tiempo. En períodos excepcionales, de cierta permeabilidad, se ha «asignado» a las mujeres un rol específico por tiempo determinado.

En los ciclos estatales oligárquico, populista y democrático/representativo – en fase de constitución -de América Latina se asignó a las mujeres un tipo de acción, expresión y representación que no serán analizadas en este trabajo. Existen diversos estudios para los casos nacionales (Feijóo; Ardaya, 1992; entre otros) que muestran la discriminación de que son objeto y al mismo tiempo su contribución a las luchas sociales y políticas y los obstáculos que debieron superar (1) . Son perspectivas y sesgos nacionales necesarios que, sin embargo, nos permiten aproximarnos a la globalidad.

Nuestro interés en este estudio consiste en abordar las formas de identidad y de participación del hacer político de las mujeres en la actual democracia, que requiere de modificaciones a sus alcances y expectativas. También es preciso modificar la misma perspectiva de género, que se ha reducido a demandar derechos en el sistema político y no a pensarse desde la institucionalidad, como un proceso epistemológica e históricamente simultáneo. Cabe mencionar que los movimientos sociales de «liberación de la mujer» en los países desarrollados se produjeron en el contexto del Estado de bienestar, caracterizado por la existencia de un excedente económico suficiente y de pleno empleo como posibilidad, que permitieron a un sector de mujeres ingresar al mercado de trabajo y a la movilidad social, mientras se producían condiciones de cierta liberalización política. Simultáneamente, las mujeres tuvieron acceso a una tecnología y servicios que «facilitaron» sus tareas reproductivas.

Por el contrario, en América Latina, por el contexto estructural existente, las mujeres carecieron de «condiciones» objetivas para llevar adelante reivindicaciones y movimientos sociales para su «liberación» en condiciones similares. Los parámetros socioeconómicos del desarrollo son la crisis la dependencia tecnológica y la informalización. La democracia representativa que surge y se consolida durante los 80 en la región, asocia crisis y reformas liberales. Se pretende lograr una versión de la modernización basada en la privatización de las economías estatales, la mercantilización de la política y la reducción y cambio de funciones del Estado. Los programas de ajuste que se han aplicado han estabilizado la pobreza, desintegración y dualización de la sociedad, siendo éste el contexto de la problemática de género en la actualidad regional.

Comparativamente, cabe afirmar que el Estado de bienestar ya no es, ni puede ser, el vehículo de un «excedente simbólico» que facilite un desarrollo de la cuestión femenina en la política, sino que los condicionantes globales son la pobreza. Si bien es cierto que los Estados nacionales emergentes de la sociedad colonial fueron eminentemente patriarcales, las mujeres, en general, buscaron formas de «incorporación» y de luchas por la «emancipación». Las más notables fueron aquellas acciones colectivas por la ampliación del consenso político y que, en esos momentos, se referían a las luchas por los derechos civiles y políticos. Las luchas de las mujeres por los derechos de ciudadanía no fueron homogéneas. Cada formación social actuó de manera diferente. En unos casos, el Estado asumió estas demandas, cuando aún no eran parte de la colectividad; en tanto, en otros, la sociedad en su conjunto asumió esta demanda ante el Estado.

El orden del mercado en las relaciones económicas y políticas se impuso sobre los actores centrales que dieron sustento al populismo -la clase obrera y la burguesía -y a las dictaduras -las Fuerzas Armadas y los actores autoritarios nacionales e internacionales -, que fueron debilitados y/o subordinados a la democracia representativa. A su vez, se reconstituyó un sistema de partidos, que articula, canaliza y expresa -con limitaciones y agobiado por las demandas -a la sociedad, que presiona siempre y en todo sentido, por la forma del «pluralismo limitado», por la eficiencia de la gestión de la democracia y por la representatividad, que sigue siendo una fórmula insuficiente e inacabada.

Las luchas por la democratización en América Latina asumieron, grosso modo, dos formas diferentes. Países que, literalmente, se «precipitaron» a la democracia empujados por factores internos y externos y sin un diseño o reforma de las instituciones políticas como es el caso, especialmente, de Bolivia y Argentina; y países donde los pactos institucionales y sociales prevalecieron como norma para la transición, como en los casos de Ecuador, Brasil o Chile. La democratización por colapso condujo, inicialmente, a un tipo menos restringido de democracia política, por su radicalidad y por la ausencia de pactos (O’Donnell et al.). En este caso, las mujeres lograron mayor protagonismo en la transición a la democracia y sus luchas pueden ser consideradas como inmediatamente políticas. Es el caso de las mujeres argentinas o bolivianas. (Cabe señalar que en las democracias por colapso se llegó posteriormente a pactos políticos con concreciones institucionales para estabilizar el sistema y cambiar el modelo de desarrollo, los que absorbieron la radicalidad de las demandas y la virtualidad de la ausencia de órdenes. Contexto al cual las reivindicaciones femeninas tuvieron que subordinarse.)

En el caso de regímenes con pactos democráticos estables durante décadas Venezuela y Colombia, Costa Rica y México cuidadosamente acordados y restrictivos, las mujeres se abocaron a luchas reivindicativas de derechos específicos, especialmente, frente al Estado antes que a las luchas políticas globales. Especial mención merecen los casos de las mujeres en Centroamérica, especial-mente, a El Salvador y Nicaragua, que luego de participar en luchas armadas por la democratización contra el Estado patrimonial, se inscriben en luchas por un orden de la democracia en que las urgencias son las tareas originarias de la nación y de sus acuerdos políticos y sociales constitutivos. No existe disyuntiva. Sin embargo, precisan de hegemonía para que prevalezca la temática de género, pero no podrá existir forma política hegemónica sin abordar la cuestión del género (Ardaya, 1985).

En la visión del «viejo», análisis electoral, se perciben patrones de voto femenino, que ligaban al género con el conservadorismo como opción del electorado y del sistema político, el que se identificaba -a falta de mayor base empírica -con el que emitían las mujeres chilenas. En el último tiempo, es posible observar una mayor diferenciación, ya que lo nuevo es una creciente polarización al compás de las luchas sociales globales, individuación respecto del voto masculino y correlación positiva con variables como ingreso, educación y trabajo. En todos los casos, la democracia representativa ha contado siempre con el sustento de las mujeres, las que han participado activamente de los procesos electorales, aunque la mayor parte de las veces como electoras, antes que como elegidas.

Un caso conocido de participación en la inauguración democrática son las mujeres bolivianas -de todas las extracciones sociales -, quienes fueron actoras centrales en el enfrentamiento contra las dictaduras, en cuyas luchas como mujeres asumieron y legitimaron varias identidades sociales y políticas: paralegales, movilizadoras, simbólicas, entre otras. Sin embargo, una vez que el proceso se consolidó, la sociedad y ellas mismas se relegaron a un papel secundario. Pese a ser coconstructoras del proceso democrático, no participaron en la construcción del nuevo orden. La cotidianidad de la democracia -de la que hoy están al margen las mujeres como cuota real de poder -es, en definitiva, el lugar donde el nuevo orden se consolida y rediseña, y el espacio en el cual el poder se distribuye y ejerce.

En América Latina, con la democracia, las mujeres perdieron la identidad plural y la «ciudadanía diferente» a la que aspiraban, es decir, el reconocimiento por parte del Estado de derechos y garantías específicos contra una situación de desigualdad. Las mujeres asumieron la democracia que se les otorgó: la identidad de ciudadanas no contiene, por necesidad, la especificidad y la profundidad de la demanda de las mujeres. Más aún, se redujeron al ejercicio de la ciudadanía política, en una fase signada por la electoralización de la coyuntura. La legitimidad del sistema político y del poder, es otorgada por las elecciones que no reconoce la diversidad como cuota, demanda programática o corrección de una histórica discriminación. Antes de la generalización del fenómeno democrático, los sistemas políticos otorgaron a las mujeres un determinado rol para su actuación en el mundo «público» el que fue asumido con facilidad. En el enfrentamiento, el papel fue participar en el choque frontal como «sectores auxiliares», el que fue cumplido a cabalidad. Una vez superada la coyuntura regresaron a la vida «privada» para seguir con los roles productivos y reproductivos tradicionales, de los cuales salen cuando son convocadas para legitimar el sistema democrático.

La democracia representativa en el continente ha abierto canales estatales de

tratamiento de la temática de género a través de ministerios, secretarías,

subsecretarías y direcciones de la mujer como aparatos orientados a tratar la

diversidad. Estos responden a una lógica estatal y no a las necesidades de la

intervención política específica y diferenciada. La experiencia práctica de estas

instancias ha demostrado que las «integraciones» realizadas son insuficientes. Por

el contrario, se ha constatado que si ella no va acompañada de una real política

estatal con todos sus componentes, el «engaño» del aparato se hace evidente. Por

ello, es preciso no confundir al Estado manipulado por mujeres con la concreción

de la temática de género cuya única verificación es la consistencia que se logre en

las sociedades política y civil.

Asimismo, es importante señalar que gran parte de esta política estatal ha sido

estimulada directa e indirectamente por la cooperación internacional y no por

decisiones endógenas gubernamentales o sociales.

Limitaciones estructurales de las mujeres y de la democracia

La historia de la participación política de las mujeres muestra que llegan al sistema

no para instalarse en y apropiarse de, sino para permanecer en el transitoriamente.

No se registran casos ni momentos en los que las mujeres hayan logrado una

presencia de género estable, no obstante cualquier tipo de participación. En cada

período histórico pareciera que la lucha de las mujeres comenzara de nuevo, en ese

momento, sin pasado. La sociedad o los actores aparentan no tener posibilidad de

memoria de género. Otros son los acontecimientos y los actores que permanecen.

Los actores del sistema político no recuperan a la participación de las mujeres en

aquellos actos fundacionales. La «acumulación en el seno de la sociedad»,

característica de la presencia histórica de otros actores, no se concreta en este caso.

La imagen de Penélope es recurrente. El progreso histórico en la temática del

género es siempre absorbido por los intereses globales antes que por la necesidad

de avance de las mujeres. Pese a ello, cada coyuntura que se cierra es siempre

volver a comenzar.

Cabría, en aquel contexto, preguntarse si las mujeres son o pueden llegar a

constituirse en actoras nacionales o su presencia se reduce sólo a ser actoras

societales de coyunturas determinadas. ¿Cuál es el límite estructural y qué puede

hacer la voluntad política? ¿Bajo qué condiciones políticas se puede desarrollar

establemente la temática de género en una perspectiva de avance progresivo de

largo plazo? ¿Pueden las mujeres demandar más, con más propiedad y

legitimidad, en la democracia que en el autoritarismo? ¿Cuáles son las condiciones

sociales y económicas de la verificación histórica de las demandas de género? ¿Con

qué aliados y enfrentando qué adversarios?

La recurrente forma de hacer política de las mujeres que deriva en resultados

análogos plantea una serie de asociaciones entre mujeres y sistema político. De un

lado, los sistemas políticos, especialmente los partidos, son incapaces de retenerlas,

aceptándolas con roles igualitarios en la institucionalidad de la cual son

portadoras. Esto, desde cualquier ubicación en el espectro político. De otro, las

mujeres, en una dialéctica circular con el sistema, se niegan a mirar desde el

horizonte estratégico que la sociedad ocasionalmente les abre y ofrece. La

afirmación se verifica en la construcción coyuntural y estratégica de los diversos

órdenes de la historia política de América Latina. Hasta la actualidad, lo más

significativo de la presencia de las mujeres en el sistema político no ha sido su

contribución a la constitución de una «dirección política, intelectual y moral de la

sociedad» en la democracia sino más bien al «choque frontal» dentro de las tácticas

que diseñaron los partidos y que fue eficaz en la lucha contra las dictaduras. Esto

nos muestra que, en efecto, las mujeres nunca han estado ausentes de los grandes

enfrentamientos de la historia; que se incorporaron a ellos con una visión global

pero, al mismo tiempo, circunstancial del conflicto, lo que ha impedido la

permanencia de los objetivos que defendían y su proyección hacia el futuro.

En este caso se presenta la paradoja de que siendo las mujeres masa pasiva del

sistema político, su incorporación al mismo puede ser disruptiva, ya que su

presencia ha demostrado varios aspectos. En primer lugar, las mujeres en política

llevan a lo público un cuestionamiento privado permanente, están dominadas por

su condición, fundamentalmente de madres y por las situaciones de sus familias.

En segundo lugar, su forma de integrarse a las luchas políticas y sociales las hace

poco permeables a pactos y consensos y son proclives al control social, delegado en

los hombres. Ellas «pelean hasta las últimas consecuencias», casi siempre por el

bienestar familiar. Esta práctica política disruptiva de las mujeres, finalmente, las

lleva a romper con los equilibrios políticos pactados por los hombres y, a ellas, a

excluirse.

La participación en la lucha política se hace desde situaciones y condiciones

determinadas. Generalmente han participado desde sus roles tradicionales de

esposas, madres o hermanas de los actores directamente involucrados y no así

desde una identidad de mujeres estructurada y consolidada. En esa condición, en

el momento de ejercer la ciudadanía social, es decir en la cotidianidad de la

construcción de los órdenes sociales y políticos democráticos, delegan en el sistema

institucional, predominantemente masculino, este ejercicio. La delegación deviene,

por la misma fuerza estructural, relegación, por lo que ellas terminan siendo

consenso pasivo de los equilibrios políticos o de los nuevos regímenes resultantes.

Masas enormes de mujeres han intervenido en momentos importantes de la

historia de nuestros países, desde varias posiciones del espectro político,

empujando resoluciones y salidas de las coyunturas en direcciones diversas. No se

puede asociar a la intervención de las mujeres en la lucha política necesariamente

con el progreso nacional o con posiciones determinadas. No se trata ni de

manipulaciones ni de falsas teleologías. Son consecuencias de desarrollos históricos

y estructurales específicos.

En algunas de sus luchas, las mujeres han participado en enfrentamientos contra el

poder de los Estados a través de la llamada «contradicción principal», problema

general que relegaba y subordinaba sus prioridades, las temáticas que les afectaban

directa y cotidianamente. De este modo, no estuvo presente en la agenda política

de las coyunturas decisivas ni en la voluntad política de los actores la resolución,

con prioridad, de las contradicciones de género, etnia, edad o regionales que se

enfrentan diariamente en la sociedad y el Estado. Esta puede ser la condición de

posibilidad de construir nuevos órdenes políticos al margen del despotismo.

La ciudadanía imperfecta o identidad fragmentada puede, a su vez, explicar la

ausencia de solidaridades intra-mujeres.

La ciudadanía imperfecta o identidad fragmentada (Ardaya, 1992) puede, a su vez,

explicar la ausencia de solidaridades intra-mujeres. Esta carencia no sólo es fruto

de la enajenación cotidiana, sino que además es resultado de la socialización de las

mujeres en sus historias personales y sociales. Los momentos «nacionales

constitutivos» (Zavaleta) también ejercen una influencia significativa2 . Esta

deficiente solidaridad también ha impedido que se ocupen las ventanillas de poder

abiertas en el sistema político institucional que, algunas veces, ha sido permeable a

sus derechos y reivindicaciones.

2 No obviamos, en este contexto, la importancia que tiene para todos los países de la región, y para

las distintas formas de hacer política, el momento constitutivo nacional. Zavaleta dice que por

«momento constitutivo» se podría entender el punto originario de las sociedades en su sentido más

remoto. En el sentido que lo usamos nosotros, tiene referencia a la manera que adquiere el tono

ideológico y las formas de dominación del Estado, es decir, el momento de su construcción o el

«temperamento» de una sociedad.

La historia política de América Latina está plagada de ejemplos que muestran la

«soledad» de mujeres ejerciendo el poder y rindiendo examen cotidiano de su

saber, en primer lugar ante las propias mujeres y ante el sistema político en

general. Son pocas las experiencias de mujeres ejerciendo cuotas de poder que

cuenten con el apoyo decidido de su género, en la concreción y ejecución de las

demandas. En general tampoco las candidatas mujeres cuentan con el apoyo

electoral de su género. Un caso importante de participación de las mujeres es el

registrado en el ámbito comunal, donde promueven y realizan la gestión

municipal, pero no llegan a la representación.

La ausencia de una identidad plena de género explica, aun nivel, por qué los

movimientos sociales de mujeres no presentaron, de manera nítida, reivindicaciones

ligadas a su condición. También es importante indicar que las reivindicaciones

levantadas por las mujeres a lo largo de la historia variaron, de acuerdo a la

coyuntura. Sin embargo, con frecuencia, las reivindicaciones les fueron impuestas

desde afuera combinando o manipulando otros intereses.

La participación de las mujeres en el sistema político exhibió, en ciertos momentos,

un alto grado de organización y masividad. No obstante, la mayor parte de las

formas orgánicas predominantes han sido tomadas de las organizaciones

masculinas. Tal ha sido el caso de la participación de las mujeres dentro de los

sindicatos o partidos. Los objetivos de esas formas orgánicas, en la mayor parte de

los casos, fueron externos a sus intereses particulares como mujeres, en tanto que

asumieron los objetivos por los cuales luchaban los otros actores sociales, borrando

los suyos. Cuando se plantearon objetivos de intervención política ligados, con más

claridad, a su condición de mujeres, la unidad se dispersó, así como también el

grado de masividad y organicidad de las demandas. En las luchas sociales y

políticas globales en las que han participado como grupos auxiliares generalmente

han estado en primera línea. Sin embargo, las mujeres exhiben una histórica

incapacidad para generar alianzas con otros sectores y fuerzas sociales en la

defensa de sus reivindicaciones específicas. Las mujeres organizadas son objeto de

alianzas, pero no sujetos de aquellas prácticas. En suma, unidad, organicidad y

alianzas, cuando se trata de defender los intereses de otros sectores, pero no

cuando se trata de la defensa de los propios.

También, desde las mujeres, ha habido una sistemática incapacidad para participar

en la formulación de un determinado proyecto como actoras iniciales. Como

grupos auxiliares se han «integrado» a procesos o acciones en curso, que les ha

impedido, en lo posterior, permanecer y participar en condiciones de igualdad

aportando deliberadamente. La ausencia de las mujeres en la formulación de

proyectos globales -de transformación o conservación -no les ha impedido, sin

embargo, que generen específicas y creativas modalidades orgánicas y de lucha,

que reformulan y aportan al proyecto global desde la subordinación.

La desacumulación permanente que acusa el movimiento de mujeres podría

plantear que la «memoria larga» aún no forma parte de su historia, en tanto sólo

actuaría una «memoria corta», la de su cotidianidad, importante pero no suficiente

para la transformación de las actuales relaciones sociales jerarquizadas. Mas aún

cuando hoy, las mujeres deben medirse en un contexto democrático, donde la

institucionalidad y el largo plazo son centrales en la lucha política, planos en que

las mujeres acusan una evidente debilidad. Pese a ello, la democracia se presenta

como un espacio susceptible de apropiación y que puede tener también un sello de

género. La institucionalidad política global «ha dado cabida» a la participación

femenina con roles específicos en las coyunturas de crisis. Pero, al mismo tiempo

que las invitan como interlocutoras de políticas específicas, se excluye la

posibilidad que formulen y expresen reivindicaciones de una participación

diferenciada, igualitaria, nacional, permanente y organizada. Es decir, que sean

actoras de la construcción, defensa o destrucción cotidiana y deliberada de un

orden.

En la crisis que ha provocado la transición de un modelo de desarrollo a otro hay

una sobrecarga de responsabilidades «progresistas» sobre las mujeres y los pobres.

La lucha por la sobrevivencia cotidiana no da posibilidades objetivas a las mujeres

para la emergencia de demandas de género, las ha limitado enormemente, o

confunde demandas por la superación de la pobreza y las de género. Pensando en

política ficción, sería interesante saber qué pasaría con las políticas económicas y

con las familias de nuestros países, si las mujeres dijeran un día «¡Basta!, no

realizaremos más el trabajo reproductivo». O qué pasaría si alguna vez se negaran

a legitimar las democracias que sistemáticamente las excluyen3 .

3Tocqueville sostenía que «los pueblos se resienten siempre de su origen. Las circunstancias que

acompañaron a su nacimiento y sirvieron a su desarrollo, influyen sobre todo el resto de su vida».

Esto es mucho más complejo, porque la historia de un país suele ser resultado de más de un

momento constitutivo, pero para el caso boliviano, es claro que el choque frontal viene de Apasa

que educó a la masa, en un sentido de democracia de multitud, de desacatamiento e

insubordinación, de cuya escuela, las mujeres no estuvieron al margen. En otros países, el papel de

las mujeres en sus momentos constitutivos, adquiere otras connotaciones, similares al boliviano o

centrado en papeles más reproductivos, como el mestizaje, o acceden al ejercicio del poder vía la

conformación de la pareja o la integración nacional y social.

Imágenes y prácticas, las mujeres en la política democrática

Abordar el tema de las mujeres y la democracia hoy, obliga a una reflexión sobre el

sistema de representación vigente en América Latina. La democracia, subsumida

por la crisis, no ha ampliado, conforme a las expectativas, la participación

femenina en el ámbito de lo público y de lo estatal. Poco es el debate, escasa la

participación y virtualmente ninguna la gestión. Cabe, en ese contexto, preguntarse

si es ésta una debilidad intrínseca de la democracia. ¿O es una falta de

movilización de las mujeres la que ha impedido el ensanchamiento de esos

espacios de organización política patriarcal?; ¿es una abigarrada combinación de

limitantes de un capitalismo impedido de acciones hegemónicas en las sociedades

dependientes?; ¿cuáles son las opciones como mujeres?

Un ejemplo de aquellas dificultades son los atributos positivos y negativos -de la

actual democracia que se localizan, entre otros, en los partidos políticos de

América Latina. Recapitulemos. En la lucha contra la dictadura, los partidos

políticos alojaron a los movimientos sociales en una compleja dialéctica de mutua

utilización. Las mujeres entraron a la política por esa puerta y a través de esa

tensión. La democracia, como aspiración, movilizó las identidades -la femenina

entre ellas -, que no disputaron sus objetivos particulares sino mas bien asumieron

que la sociedad hacia la democracia las contenía y las desplegaría «naturalmente».

Circunstancia que, pese a la legalidad y la legitimidad que portaban, no se produjo.

En la lucha por construir la democracia esa identidad femenina -intersectada por

la clase, la etnia, la edad, la región -asumió, con extrema sensibilidad, el chantaje

de la débil democracia. Es cierto que la democracia era débil y que exacerbar la

conflictividad podía llevar a su destrucción. Lo hizo la radicalidad obrera en el

caso de Bolivia. Pero, tal vez, no levantar la opción por el reconocimiento como de

las mujeres como sujetos ha impedido una modernización progresista del sistema

político y, quién sabe, habría detenido su radical conservadorización. Aquella es la

lucha actual. Su antecedente más inmediato fue la disputa por los espacios de

poder dentro de los instrumentos de la democratización; la que se hizo abriendo

intersticios de conciencia entre el valor de la lucha por la vida y la democracia,

pero que también fue, en varios sentidos, negador de una opción de participación

pública y privada de y por las mujeres.

Examinar, académica y políticamente el pasado también es una posibilidad de

mirada interior. Poder analizar el hacer público de las mujeres es poder

reconstituir su trama interior «perdida» en la lucha; necesaria para que la

democracia no «enajene» sus propias potencialidades de libertad de todos; de su

libertad como mujeres. Mirada interior o «politización de lo privado» que debe

llevar a la movilización y no a la parálisis o a la autocompasión, en la que muchas

veces ha caído, un grueso sector de mujeres. En el actual momento de la

democracia, hombres y mujeres, Estado, sistema político y movimientos sociales

deben enfrentar la historia y proceder a rectificaciones sensatas. Aparentemente

muchos partidos han iniciado algunas, que deben empezar por saldar su deuda

histórica con las mujeres de sus propias agrupaciones. Este cambio debe ser parte

de su reconstitución como actores políticos, si realmente lo pretenden. Por hacerlo

significa que solamente reciben la memoria de los obreros, de las capas medias, de

los empresarios, del campesinado; y no así de las mujeres, cuantitativamente

mayoritarias en todos los países de la región. Finalmente, las mujeres tienen la

palabra y la decisión su destino al interior de esas instancias.

Los partidos políticos practican el patriarcado hacia su interior, pero son los

principales canales de expresión y representación en el sistema democrático. Un

grueso sector de mujeres ha caído en el oportunismo de no militar, por fracasos

políticos al interior de esas organizaciones, por presiones de cierta cooperación

internacional, por «esnobismo». El resultado ha sido una sistemática exclusión de

esas formas de representación. La opción de las mujeres por la militancia pública y

activa, pese al desprestigio ante la opinión pública y a la irrepresentatividad de los

programas de los partidos como instrumento para hacer política, es una

posibilidad. Es claro que la «independencia» partidaria no es una forma eficaz de

hacer política, y los hechos lo demuestran cotidianamente, en especial en el caso de

las mujeres. Un proyecto político refundador del progresismo, que respete a la

pluralidad y las diferencias, para formar una sólida y plural opción para rehacer a

la política, parece adecuado. Esta alternativa se ubica más allá y más acá de la

militancia, de reconformar un partido. Porque las sociedades latinoamericanas son

la opción.

Es insolvente pensar que hacer política es solamente ganar o instalarse en los

pasillos de cualquier centro de decisiones. Ganar, en la América Latina de hoy,

dominada por un mercado político desregulado, no es difícil, sobre todo cuando se

operan determinados resortes de poder. Hacer política, desde las mujeres y hacia

ellas, es una construcción de futuro que no pasa por esa vía. El futuro no se

construye oportunista, ni inconsecuentemente. Se puede construir un futuro

pluralista y democrático sin atravesar por el camino de la indignidad colectiva,

nacional o personal. Hacer política desde y hacia las mujeres es la consecuencia con

las opciones por el movimiento popular, con una ideología política, con su pasado,

esperanza y utopía de futuro. En ello, las mujeres nunca cedieron espacios en esta

lucha que es una forma de vida. Tampoco perdieron opciones, ni claudicaron

frente a la supuesta «eficacia política». Las mujeres, como actoras sociales o

políticas, en su práctica política, en general, mostraron que ética y política pueden

caminar de la mano.

Trabajar por una verdadera reforma política, moral e intelectual de la sociedad, de

sus ámbitos públicos y privados, de todos ellos en su integridad es el reto

permanente y sólo puede lograrse -en las actuales circunstancias -con su aporte y

participación en ese sistema político, al que -por supuesto -debe criticarse y

reformarse con masiva y organizada presencia femenina, justamente en su calidad

de base fundamental de las débiles e insuficientes democracias. En suma, superar

la desconfianza mutua ya que con ello pierde la sociedad en su conjunto. Mejorar

el sistema político -como participación, representación y gestión -parece ser en lo

inmediato la tarea central de una democracia que construya la nación y supere la

pobreza. Excluirse de esa tarea porque representa el «patriarcado», termina, dada

la actual correlación de fuerzas, excluyendo irreversiblemente a las mujeres.

Los retos de la democracia y de las mujeres en América Latina

América Latina atraviesa por la mayor y más compleja crisis de su historia y, al

mismo tiempo, es beneficiaria de uno de los períodos de mayor estabilidad

democrática y consolidación de sus instituciones. Sin embargo, la frustración por la

democracia como espacio para solucionar las necesidades básicas ha caracterizado

la ausencia de esperanzas ciudadanas en un futuro mejor. Después de casi una

década de políticas de ajuste -de los sacrificios que implicó -y de un real

crecimiento de la economía -en relación a décadas anteriores -no hay un

mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la inmensa mayoría, que ha

visto disminuir su nivel de vida y percibe su exclusión de la dinámica económica y

social como de las decisiones políticas. En este contexto, las mujeres son uno de los

sectores más golpeados por las situaciones de pobreza que vive el continente, tanto

por la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas como por la escasa o

ninguna participación.

La transición y consolidación democrática se produjo sin un excedente a distribuir,

con lo cual debe también abandonarse el supuesto de que el desarrollo económico

es un prerrequisito de la democracia, aunque, sin lugar a dudas, es una condición

favorable. La democracia hoy no es solamente una demanda para superar la

pobreza y la escasa participación sino, fundamentalmente, una reivindicación para

lograr la integración social o simplemente lograr un anhelo de «comunidad» que

compense la desintegración producida por los procesos económicos en curso. El

actual orden social requiere de agregación, pero diferentes a los que procura la

democracia neoliberal y de aquellos que genera el mercado (Lechner).

La democracia constitucional y el modelo neoliberal vigentes acentuaron la

pobreza y el proceso de modernización en curso e incentivaron la fragmentación

social, que se expresa en la «informalidad» económica y política, la que ha llevado

a una disgregación de la vida social y a la ausencia de futuro. Este aspecto se

refuerza por la reinserción de América Latina en el mercado internacional. El

mercado, como integrador de las sociedades, a diferencia de lo que sostienen sus

ideólogos, ha demostrado insuficiencias, que deben ser discutidas en vías de

superar la fragmentación y de reconstituir la comunidad nacional, respetando e

incorporando las diferencias. Las mujeres pueden brindar un aporte abundantemente

significativo en ese contexto.

En la actualidad esa demanda de comunidad, de nuevas formas nacionales en

América Latina, está siendo transferida del ámbito económico al político, como una

forma de consolidar y profundizar la democracia y dotar a la política de los

contenidos sociales que el neoliberalismo trató de despojarle. La práctica ha

demostrado que la integración global no sólo se realiza por el mercado,

prescindiendo de la política, y de los actores, en especial de las mujeres. Las

experiencias latinoamericanas han demostrado que no pueden implantarse

reformas económicas duraderas sin una real reforma política que tome en cuenta

las especificidades nacionales, especialmente la heterogeneidad cultural y social,

tema determinante en el área andina. La búsqueda de la diferenciación, pero al

mismo tiempo de la integración, es también una de las demandas de los

movimientos sociales emergentes como las mujeres y las nacionalidades

originarias. En efecto, en el proyecto neoconservador, la participación de las

mujeres ha sido pasiva pero, al mismo tiempo, diferenciada. Aspiran a la

estabilidad que otorga el sistema y simultáneamente buscan la satisfacción de las

necesidades básicas, entre ellas acabar con la violencia que se ejerce en su contra.

Las perspectivas de esta lucha pueden inscribirse en el actual momento de

«resignificación» de la democracia.

Las posibilidades integradoras de la democracia no son autónomas de la dinámica

económica. En Bolivia, por ejemplo, durante la administración de la Unidad

Democrática y Popular (UDP) que gobernó la transición a la democracia, se pensó

y actuó considerando sólo los aspectos políticos del proceso, llegando a una

sobrepolitización de la vida social. En contraposición, desde 1985, se piensa en el

mercado como el único mecanismo de integración social. En ambos casos, la

desintegración social y la ausencia de futuro devinieron como su consecuencia.

También, el proceso de modernización boliviano, que implicó la aplicación de las

medidas de ajuste, rompió con antiguos lazos de pertenencia, arraigo e identidad,

que dramáticamente sufrieron la mayor parte de actores subalternos. Estas

experiencias muestran que se debe buscar formas de integración de los diversos

aspectos de la vida social en una identidad colectiva. El reto es complejo porque la

demanda de integración no sólo es difícil de concretar, sino también de formular.

Esta aspiración no tiene un objetivo preciso y no existe una instancia destinataria

que sea responsable de satisfacerla. Se trata de una demanda sumergida, pero que

permea todas las reivindicaciones manifiestas (Lechner).

Los ciudadanos -no sólo las ciudadanas -de la región, especialmente de aquellos

países que han salido de dictaduras, manifiestan una vocación de equilibrio y

estabilidad políticos dentro de un diagnóstico y prospectiva pesimistas. La

mayoría prefiere la democracia antes que cualquier otro régimen y aspira que se

restablezca una comunidad que los integre, dote de sentido de futuro y profundice

la igualdad. Esta actitud ciudadana puede conducir hacia una inhibición de lo

potencialmente conflictivo o a minusvalorar la pluralidad existente, especialmente

relevante para las mujeres. La comunidad puede adquirir la forma conservadora

de pertenencia a un colectivo más amplio, que se cohesiona por la falta de

diferencias. En otro trabajo (Ardaya, 1994) sostengo que la ausencia de actores

nacionales consistentes ha llevado a los movimientos sociales -entre ellos al de

mujeres -a perder su sentido histórico y su capacidad contestataria. En la

actualidad, los movimientos sociales parecen constituir más bien movimientos

«reactivos» frente a la crisis y no formas innovadoras de integración social y de

proyectos «totalizantes». A diferencia del momento redemocratizador en que los

movimientos sociales portaban reivindicaciones políticas, en la actualidad son

portadores de lo «social», que les conduce a una oposición a lo «político». Esta

unidireccionalidad dificulta a los actores nacionales y movimientos sociales a

expresar una demanda de comunidad en referencia a sí mismos, al Estado y a la

sociedad. Asimismo, el sistema de partidos ha perdido la capacidad de

representación de la sociedad y de iniciativa como consecuencia de un excesivo

presidencialismo. Ante ello, los partidos de oposición y los movimientos sociales

radicalizan sus respectivas reivindicaciones, pierden la mirada de la sociedad y

pueden llegar a situaciones de insostenible enfrentamiento con consecuencias en la

gestión de la democracia.

La democracia no ha asumido las demandas de comunidad y de agregación de la

ciudadanía frente a la desintegración exacerbada por el proceso de modernización.

Se ha intensificado la emergencia de la «informalidad política» (Verdesoto) o de

fundamentalismos extremos, en cuya consolidación, las mujeres no han estado al

margen como base electoral y de movilización permanente. La informalidad

política en tanto sustituto de la comunidad ansiada, nace y se consolida.

Permanecerá estructuralmente en los sistemas políticos de manera creciente y

podría desempeñar roles de «árbitros» en la democracia.

El reto de reconstituir la comunidad nacional y democrática respetando las

identidades colectivas es aun mayor para las mujeres en tanto, en la actualidad,

sólo existen actoras individuales, sin posibilidad – en el corto plazo – de constituirse

en actoras nacionales. La identidad de género sigue siendo la asignatura pendiente

de las mujeres y la democracia. En ese contexto, las mujeres y sus organizaciones

deberán relegitimar un discurso fresco y actual, ante nuevos y viejos actores,

resituar sus demandas no sólo frente al Estado sino también frente a la sociedad.

Deben redefinir alianzas y acuerdos, así como una nueva visión del Estado y de

sus posibilidades de inserción en los procesos de reformas estatales y de la

modernización en curso. La permanencia transitoria en el sistema político-estatal

no dota de la experiencia necesaria que requieren las mujeres para la participación

y la gestión. Todo ello en el contexto de búsqueda, en conjunto con los otros

actores sociales y políticos nacionales, de un redimensionamiento de la

democracia, superación de la pobreza y construcción de la nación.

Las «reacciones» de las mujeres ante las situaciones de crisis son importantes pero

no suficientes para reconstituir una identidad de género, en la que además se

incluya la reconformación de la nación y del futuro, en la democracia

representativa. Los históricos obstáculos desde las mujeres y desde el sistema

político persisten agravados por la fragmentación social y política y por la crisis. La

identidad y la autonomía siguen siendo elementos básicos para la reinstalación de

las mujeres en la política. La identidad para postular la relegitimación de las

demandas particulares y globales; y la autonomía por la concertación y la

concreción de pactos entre las mujeres, la sociedad y el Estado. Todo ello, sin

olvidar que el contexto social y político se ha complejizado, en tanto «minorías

consistentes» se han legitimado y han tomado la dirección del Estado.

Equiparando el razonamiento de Lechner, las mujeres deben también superar la

paradoja de fortalecer la democracia y la comunidad, y al mismo tiempo,

consolidar su identidad en la política sin perder la «diferencia», que lleve a superar

la histórica discriminación del sistema político y su actual marginación de la

democracia representativa. Una alternativa podría ser la búsqueda de la vitalidad

siempre presente y en transformación de la sociedad, que rectifique una vieja

práctica de predominio de una visión estatal de la política, confundiendo lo

público con lo estatal y perdiendo la visión de la sociedad. Resocializar la política y

politizar lo social, en un doble movimiento, es una de las tareas para el

fortalecimiento de la sociedad civil, condición de posibilidad de una alternativa

progresiva de desarrollo. La reinserción de las mujeres en la institucionalidad

política es otro medio para consolidar una identidad social y política que les

permita salir de la forma históricamente asumida de madres o esposas haciendo

política masculina. Las mujeres no pueden quedar al margen de la

«resignificación» del proyecto democrático y de la política como construcción

deliberada de futuro, donde el largo plazo, los consensos, los proyectos globales de

justicia y equidad, lo público, lo privado y lo estatal, no pueden estar ausentes.

Bibliografía

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-(1994): Movimientos sociales en América Latina: el caso de las mujeres, Colección Utópicas, Quito.

-(1985): «Mujeres latinoamericanas frente a la deuda externa» en Gramma, La Habana.

Feijóo, María del Carmen: «Mujer y política en América Latina: el estado del arte» en Diez ensayos

y una historia colectiva, Flora Tristán, Lima, 1988.

Lechner, Norbert: «El debate sobre Estado y Mercado» en Nueva Sociedad Nº 121, Caracas, 1992; y

«Los nuevos perfiles de la política. Un bosquejo» en idem, Nº 130, 1994.

O’Donnell, Guillermo et al.: Transiciones desde un gobierno autoritario, Paidós, Buenos Aires, 1988.

Verdesoto, Luis: Certezas e incertidumbres de la política ecuatoriana, CIUDAD, Quito, 1990.

Zavaleta, René: Lo nacional-popular en Bolivia, Siglo XXI, México, 1986.

*Nota: Este texto corresponde a una ponencia presentada en el seminario “Mujer,

Política y Medios de Comunicación”, organizado por UNICEF-CIESPAL, Quito,

1994.

Gloria Ardaya Salinas: Socióloga boliviana, ex-diputada nacional, ex-directora de

FLACSO. Entre sus libros destacan Política sin rostro. Mujeres en Bolivia, Entre la

presión y el consenso: Escenarios y previsiones para las relaciones Bolivia-Estados

Unidos, Menores en circunstancias difíciles, Racionalidades democráticas en

construcción.

Fuente: Nueva Sociedad Nº 134, PP. 70-85

Libros sobre el tema de la participación de las mujeres:

LUIS VITALE: La Mitad oculta de la historia. MÓNICA DELEIS, RICARDO DE TITTO, DIEGO ARGUINDEGUY: Las mujeres de la Política Argentina, Aguilar, 2001. DUBY GMICHELLE PEROT: Historia de las mujeres en occidente. Madrid, ed. Taurus. 1993. 1 0 Vols. MARIO O’ DONNELL: Juana Azurduy. Versión digital. CARMEN BOHORQUEZ: La mujer indígena y la colonización de la erótica en América Latina BERNAL DIAZ DEL CASTILLO: “Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España”. “Chilam Balam”, libro sagrado de los mayas LUIS VITALE: Historia comparada de los pueblos de América latina, versión digital. GERMAN IBAÑEZ: Breve dibujo histórico de las luchas populares en Latinoamérica, inédito. AGUSTIN CUEVA: El desarrollo del capitalismo en América latina, siglo XXI. 1976 HERNAN BENITEZ: No tenemos que llorar, en Eva Perón hoy. HEBE DE BONAFINI: Eva Perón Hoy. M. FEIJOO: “Gabriela Coni y la lucha feminista”, en Revista “Todo es Historia”, Buenos Aires, 1981. MARIA DEL CARMEN FEIJOO: “De Norman rae a Silkwood, mujer y trabajo”, en revista “Nueva Sociedad”, Caracas, julio-agosto 1985, Nº 78. ELENA GIL: La mujer en el mundo del trabajo, Ed. Rivera, Buenos Aires, 1970. JUANA ROUCO BUELA: Historia de un ideal vivido por una mujer, Buenos aires, 1964. JOSE ARMAGNO COSENTINO: Carolina Muzilli, Centro Editor de América Latina , Buenos Aires, 1984. MIRTA HENAULT: Las más pobres. Realidad económica y social de las trabajadoras en Argentina, mimeo, Buenos Aires, 1976. EVA PERON: La razón de mi vida, Ed. Peuser, Buenos Aires, 1953, decimosexta edición. MARIA DEL CARMEN FEIJOÓ y MÓNICA GOGNA: “Las mujeres en la transición a la democracia”, en Los nuevos movimientos sociales. Mujeres. Rock nacional. Compiladora: Elizabeth Jelin, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1985. DANIEL EZCURRA: Historia de mujeres, mujeres en la historia, Programa de fortalecimiento y participación de las mujeres Juana Azurduy. 2006 ARZE SILVIA, CAJIAS MAGDALENA, MEDINACELLI XIMENA: Mujeres en rebelión, la presencia femenina en las rebeliones de Charcas en el siglo XVIII., La Paz Ministerio de desarrollo Humano, Subsecretaría de Asuntos de Género, 1997. BARBOZA SANCHEZ A: Sexo y conquista. México, ed. U.N.A.M. 1994. PATRICIA LONDOÑO VEGA: Educación de la mujer durante la época colonial. Versión digital. RICARDO HERRERA: La Juana de América. KINTTO LUCAS: Mujeres del Siglo XX – Ediciones Abya Yala, 1997 VERONICA GIORDANO: Ciudadanía Universal. Derechos Excluyentes. La mujer según el Código Civil en Argentina, Brasil y Uruguay. 1900-1930. DANIEL EZCURRA: Nuestroamericanos. La dimensión regional en la identidad política de la revolución, en Muera el tirano. Ed. Madres de Plaza de mayo, 2006. DIEGO SEMPOL: A ritmo de samba, telenovela y dictadura Historia de la vida privada del Cono Sur. UMBERTO ECO: Historia de la belleza. LUCIA GALVEZ: (Centro Cultural Gral San Martín). El mundo tupi guarani en vísperas de la conquista. MARIA ROSA LOJO: Un Amor de Leyenda, Francisco Ramírez y La Delfina – La Nación Revista. SARA BEATRIZ GUARDIA (Compilación): La mujer en la Historia de América Latina. Lima: Cemhal, 2004. BEATRIZ VITAR: Prácticas abortivas entre las indígenas chaqueñas en el siglo XVII – Centro de Estudios Históricos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid). TODOROV TZVETAN: La conquista de América. La cuestión del otro. México: Ed. Siglo XXI. AMELIA VALCARCEL: la memoria colectiva y los retos del feminismo. – Unidad Mujer y desarrollo – CEPAL. GLORIA BONDER: Mujer y Educación en América Latina: hacia la igualdad de oportunidades – Revista Iberoamericana de Educación – N 6 Género y Educación 9-12 /1994

Negocio, información y conocimiento: El espectáculo de la realidad

por Gonzalo Gala

En la Edad media, un sabio apenas tenía una vaga noción de lo que existía en otros continentes. La expansión europea comenzó con el Renacimiento, momento en que Europa supo de partes lejanas de la Tierra, pero su conocimiento de otras sociedades era difuso y claramente distorsionado debido al carácter eurocéntrico y despreciativo que se tenía de ellos. Habría que esperar al siglo XIX para que se conociese más objetivamente la realidad de las distintas partes del globo, hasta que en la actualidad los medios de comunicación permiten la capacidad de intercomunicarse a individuos de distintos continentes, en tiempo real.

Con mucha frecuencia pensamos que los medios de comunicación de masas -prensa, radio, televisión e Internet – sólo se asocian con el entretenimiento o con fuentes de información, que por lo general se mantienen al margen de la vida de la mayoría de la gente. Pero esta concepción es errónea sobre todo cuando los mass media intervienen en muchos aspectos de nuestros comportamientos sociales. Su protagonismo empezó a cobrar importancia a principios del siglo XX y sería después de la II Guerra Mundial cuando se consolidó y se generalizó, gracias a la difusión del cine pero también por su capacidad de persuasión y su eficacia para movilizar a la opinión pública. Pero a pesar de su gran expansión por todo el planeta, hasta el punto de que en ningún hogar falta ni la radio ni la televisión, y del intenso bombardeo de información en el que nos vemos inmerso diariamente, nunca la sociedad ha estado peor informada que en nuestros días. En la actual comunicación masiva, controlada por los altos poderes de las empresas y de la política, falta la relación comprometida entre ética e información. El medio audiovisual convierte la noticia en un “espectáculo de la realidad”, llena de sentido dramático y de impacto publicitario-emocional. La noticia llega a ser un producto vendible, consumible y competitivo dentro del libre mercado de la sociedad posmoderna en la que vivimos.

I

Alvin Toffler en su famoso ensayo “La Tercera Ola”, nos dice que la Revolución Industrial del siglo XIX dio lugar a un fenómeno jamás conocido en la historia del hombre: la sociedad y la cultura de masas. La sociedad como nunca había visto antes necesitaba cada vez más productos, debido a la filosofía del “utilitarismo”. En palabras del propio Tofller: “ De los centros industriales fueron saliendo millones y millones de productos idénticos, camisas, zapatos, automóviles, relojes, juguetes, champú, cámaras fotográficas, ametralladoras y motores eléctricos”. De ahí que surgiese la línea de montaje, la producción en serie y un trabajo en la fábrica cada vez más específico y especializado. Surgió, por tanto, la forma de racionalizar el trabajo, como por ejemplo, con el taylorismo, obra del norteamericano W. Taylor, quien observó la manera de trabajar con menos esfuerzo, pero con un mayor rendimiento y eficacia. En numerosas ocasiones, el cine ha querido mostrar una imagen amarga de este sistema, como la sátira de la industrialización que aparece en Tiempos Modernos, de Chaplin.

En este sentido, los mass media estampan mensajes idénticos en millones de cerebros, del mismo modo que la fábrica crea productos idénticos en serie, dirigidos para millones de hogares. Pero mientras que en el mundo industrial miles de productos marchan en todas direcciones hacia millones de consumidores, la cultura – que hoy conocemos – despliega a través de la letra impresa, el cine, la radio o la televisión, valores y comportamientos repetitivos que fluyen desde unas cuantas y concentradas factorías de imágenes siguiendo la lógica del máximo consumo. Por ello, el producto cultural es sometido a una serie de manipulaciones, para hacerlo asequible y atractivo para un público universal.

Tres manipulaciones fundamentales afectan a los mass media:

> El ecclecticismo, que inyecta a la presa, películas, programas de radio y TV una estudiada mezcla de espiritualidad y erotismo, religión y deporte, humor, política, agresividad y romanticismo.

> El sincretismo, que pretende confundir lo imaginario con lo real. Ante estos productos culturales, el consumidor medio, el hombre común, predominantemente mudo y pasivo, se ha limitado a emitir respuestas paulovianas.

> Y la homogeneización, es decir, la adopción de un estilo standart, de unas formas simples y directas, aptas para ser asimilado por el hombre medio.

Esta igualdad, que vemos en la tercera de las características, es un rasgo propio de la llamada “cultura popular”, basada fundamentalmente en el consumo de medios audiovisuales. Habría que entender, por tanto como “alta cultura” la dirigida a leer una obra literaria, apreciar una pintura o pieza musical clásica. En este sentido, los medios de comunicación han favorecido una tendencia a la homogenización cultural, producida a través de unos fenómenos muy determinados: la visión de las mismas películas o programas de televisión, la lectura de obras comunes, la escucha de un mismo tipo de música, la contemplación de las mismas actividades deportivas, la uniformidad a la hora de vestir. Pero la igualdad no sólo consiste en mostrar unos mismos contenidos, sino los propios valores que reflejan los mass media no son similares, sino los mismos. Tenemos unas ideas muy concretas con respecto al cine, que a pesar de ciertas innovaciones, la industria se muestra fundamentalmente muy tradicionalista. Hollywood ha llegado a elaborar un código, con las características que debería cumplir una película. Mientras que las diferencias ya no se establecen por un lugar geográfico, sino por otras circunstancias como la edad, la condición social o la propia voluntad del individuo.

En este sentido, la hegemonía estadounidense, muy clara desde mediados del siglo XX, se ha materializado en la exportación de su “cultura popular” a todos los rincones del globo. Todo el mundo consume Coca-Cola o hamburguesas, mientras que una prenda como los jeans, que nacieron como una ropa de trabajo, se ha convertido en el “uniforme” del mundo; la música pop-rock ha pasado a ser la banda sonora de la generación posterior a los años sesenta; y las series y películas hollywoodiense no sólo han impuesto el modelo de cine a seguir – desde el punto visto masivo – sino que han llevado el American way of life (el modo de vida americano) a los hogares de todo el mundo. Su adaptación a las distintas culturas ha desembocado en una identidad global, variable en cuanto sus manifestaciones, pero muy similar en los rasgos fundamentales.

En este camino hacia la globalización es evidente el poder de los medios, en donde encontramos uno de los principales motores. El mundo de las comunicaciones es aquel que se ha beneficiado más de los avances tecnológicos, lo que ha permitido llevar a la mayor parte de la población grandes espacios culturales, de entretenimiento y comunicaciones. Pero se ha hecho, con un cierto riesgo: la pérdida de la identidad cultural, al afectar a sus manifestaciones y a sus hábitos de consumo. Todo esto ha permitido una mayor homogeneización cultural y un control social y político.

Los medios de información de masas presentan la ideología dominante. La sociedad del siglo XXI está sutilmente dirigida a lo que hay que saber, ver, oír o incluso pensar, pues detrás de las funciones clásicas de los medios de comunicación (informar, formar y entretener), existe otra de control social que intenta legitimizar el sistema. Así, el consumismo, la ideología más extendida de la era postindustrial, aparece ante nuestros ojos como una de las aspiraciones legítimas de los ciudadanos de los países desarrollados. También el consumismo es el sueño americano de países que un día estuvieron en la órbita del marxismo y de aquellas que forman parte del Tercer y Cuarto Mundo.

Del mismo modo que se produce una articulación de los medios a través del aspecto social, en el campo de la política se produce la llamada “mediación periodística”. Se podría resumir con el siguiente hecho: la actividad que desempeña el político no se dirige directamente al ciudadano, sino que lo hace a través de los medios de comunicación y de la forma que estos maticen la información. Un acontecimiento político o los resultados de unas elecciones no se verán reflejadas en los medios del mismo modo, y así, aparecerían diferentes “perspectivas” según nos encontremos con “El País”, “El Mundo” “La Razón” o “El ABC”. Este fenómeno ha provocado la llamada “democracia mediada” o “democracia mediatizada”.

El incremento de la mediación política de la prensa en las relaciones entre políticos y electores ha contribuido a que la función social de los periodistas se haya revalorizado en las sociedades democráticas, hasta el punto de que estos forman “una nueva clase”, un gremio que toma la iniciativa como “creadores de la conciencia colectiva”. Son los configuradores de ideas, normas y valores sociales, desplazando de esta función a la Iglesia, instituciones, grupos internacionales o intelectuales. Es la fragilidad de “los poderes espirituales”, por emplear una expresión de Ortega y Gasset, lo que ha permitido la consolidación de este Cuarto Poder. Ya es extraño pensar que algún Jean-Paul Sartrè dirigiese su postura o una manifestación, sino fuera a través de las cámaras de alguna televisión o de la firma de un periodista.

Como consecuencia, la pugna política se desplaza al control de los medios informativos y se manifiesta como rivalidad entre medios que toman partido en el debate. En estas condiciones la independencia profesional del periodista es muy relativa y la imparcialidad es tan sólo un eufemismo retórico. Aunque el debate político afecta a los intereses integrales de la sociedad, lo que está en juego no es sólo el juicio ideológico o técnico sobre la idoniedad de los programas electorales, o la crítica o alabanza de la acción del gobierno, sino también, aunque no se diga o se intente encubrir, las expectativas sobre cómo beneficiará o perjudicará a intereses comerciales de la empresa comunicativa.

De hecho, el resultado es que los medios de comunicación al actuar como intermediarios en la pugna ideológica y en la rivalidad política, interfieren en la estrategia electoral, es decir, en las actitudes de los partidos políticos. De ahí, que la necesidad por el control del discurso mediático – propio de los medios – sea un objetivo prioritario del poder político, convirtiendo al periodista en un “publicista”. Estos “publicistas” serían quienes editorialicen y firmen en los periódicos, pero también habría que añadir a los contertulios radiofónicos y televisivos. En el mundo de los “medios de comunicación – publicidad” parece claro que la única pugna relevante es la lucha mediática, cuyas motivaciones son, sobre todo, comerciales.

II

Ahora bien, ¿qué nos ofrecen los medios de comunicación? ¿qué esperamos obtener de ellos? y, ante todo, ¿son significativos y auténticos sus contenidos?.

Como ya se ha señalado anteriormente, la inmensa cantidad de televisores, de aparatos de radio, de ordenadores conectados a Internet, y de periódicos y revistas que existen en el mundo, confieren a estos medios una impresionante capacidad de influencia. Pero, ¿qué pretendemos lograr con estos?. El periodismo norteamericano de los años 80 nos dio la respuesta, resumida en una palabra: infontaiment. Es un anacronismo que resulta de la contracción entre information y entertaiment, y la traducción más aproximada sería “información como espectáculo”.

Claude-Jean Bretrand, a finales de los ochenta, hablaba de dos fuertes inclinaciones que se localizaban en la televisión comercial norteamericana: por un lado, el pseudo-acontecimiento barato y previsible, el acontecimiento fabricado con unos objetivos muy concretos y servidos en bandeja, y por otra parte, el infontaiment, es decir, como señala el autor: “la info-diversión, o sea, los hechos diversos, escándalos, conflictos, desastres; es decir, espectáculos, interesantes ciertamente, llenos de personajes pintorescos que a menudo carecen de importancia y que informan muy poco sobre el mundo que nos rodea”. Ocurre, en realidad, como con la publicidad. Esta presenta una inagotable fuente de spots que crean un producto tan impactante como vacío, tan impresionante como efímero, cuya única función es asombrar al espectador para que los consuma masivamente.

Todo esto que se produce tanto en la prensa como en la radio o la televisión, pero sería en este último medio en donde se logra un éxito masivo. Sería aquí en donde la combinación de sonidos, imágenes y palabras habladas o escritas configurasen lo que se conoce como “discurso televisivo”. Si a esto le unimos que el discurso televisivo presenta una serie de reglas que hacen de él un discurso orientado hacia un destinatario, perfectamente definido, entenderemos el éxito del producto. De este modo, el programador de los contenidos tendría que tener en cuenta el destinatario, con una edad, unos intereses, unos gustos, un tiempo de ocio y una ocupación bastante definida.

Sin embargo, los medios de comunicación – y muy especialmente la televisión – están sufriendo una evolución que ha permitido a Umberto Eco hablar de paleotelevisión y neotelevisión. Desde el punto de vista temático, lo que caracteriza a la neotelevisión es que cada vez se hable menos del mundo exterior (como hacía o fingía hacer la paleotelevisión) y más de sí misma y del contacto con el público. Más que un vehículo para mostrar unos hechos, la televisión se convierte en un aparato de producción de hechos. No se trata únicamente de que algunos acontecimientos se dirijan a la televisión para que esta los transmita (algún evento deportivo, un debate preelectoral), sino que acontecimientos que inicialmente tuvieron otro origen se transforman con la televisión. Podríamos citar muchos ejemplos, pero bastaría la alusión de algunos que se han convertido en clásicos: el juicio de un famoso bailaor, la muerte de una popular cantante, la boda de una infanta, etc.

En definitiva, para Umberto Eco la televisión ya no es “una ventana abierta al mundo”, ni un espejo de la realidad, sino una “fábrica” de hechos que escapan a este tipo de consideraciones: ni reales ni ficticios. Al menos hasta ahora, la ley que gobierna la televisión es que no hay ley; o lo que es lo mismo, que todo vale con tal de que el espectáculo continúe. Y el espectáculo continúa porque en la televisión ha surgido una nueva forma de plantear “la información-realidad”: la “televisión temática”.

Desde este sentido, los medios de comunicación son importantes para la sociedad en que vivimos, llegan a ser algo imprescindibles para nuestras vidas. Necesitamos el periódico con el desayuno, la radio en el coche, las noticias con el almuerzo, la televisión a cualquier hora. Lo que ocurre en la otra parte del mundo está más cerca incluso que el suceso a la vuelta de la esquina. Además, tenemos recursos y medios casi ilimitados para esto: cada vez más periódicos, más canales de televisión, revistas, etc. Pero, ¿estamos bien informados?, ¿la noticia que llega tan rápida es verdadera?.

Señaló Mac Luhan que el medio había anulado el mensaje, y tenía razón. Este autor fue quien habló de la “aldea global”, las transformaciones que vinieron a cambiar nuestra perspectiva, gracias a los fenómenos de la globalización. La radio, el cine y la televisión están creando una cultura basada en la imagen, a la vez que está suponiendo el regreso a una oralidad, con el desplazamiento de la escritura, con lo que se produce un cambio en el lenguaje. El lenguaje oral, como es sabido es mucho menos elaborado que el lenguaje escrito. En él, las construcciones sintácticas son mucho más débiles, y el hecho de que sea el contexto lo que de significado al mensaje, impone formas sencillas del lenguaje.

Es cierto. Nunca antes como en la actualidad ha existido una mayor facilidad para alcanzar una cultura digna: las escuelas y las bibliotecas públicas parecen multiplicarse en todas las ciudades, los libros se abaratan hasta niveles irrisorios y los gobiernos de los países desarrollados muestran una creciente preocupación por instruir a la gran masa. Pero, ¿qué ocurre con el lenguaje?. Paradójicamente, nunca antes había existido un mayor desprestigio del lenguaje como el que vemos ahora. El cine, el teatro y la narrativa nunca habían desvalorado tanto el papel de la retórica o de la oratoria. Ahora en las películas se ha perdido el gusto por los buenos diálogos por un polvo bien hecho o una buena ración de patadas y tiros, mientras que en la literatura impera la prosa fácil, lacónica y funcional. Y, ¡qué decir de la política!. El político ha perdido por completo su “pico de oro” por la crítica vacía y ofensiva. En realidad, la sociedad se está llenando de legiones de analfabetos funcionales y culturales. La educación secundaria cae estrepitosamente en un pozo sin fondo para una gran mayoría, que llega a la Universidad con un desconocimiento supino del manejo del lenguaje, (existe un escaso porcentaje de universitarios “de letras” que hayan leído más de cincuenta libros antes de sus estudios superiores, porcentaje que se reduce drásticamente en el caso de los estudiantes de ciencias), debido principalmente al menosprecio por las Humanidades y al “falso” entusiasmo por las Ciencias, que parecen ser la panacea del mundo. Tal comportamiento es el resultado del pragmatismo de los conocimientos y del deseo de enriquecimiento rápido y fácil, el culto al dinero.

Este desprecio que existe en nuestros días es también significativo por el desinterés creciente del pensamiento. No es que nos tengamos que poner a filosofar como Platón, – aunque no vendría mal un mayor estímulo del intelecto-, sino que el lenguaje en su gran sentido ha desaparecido en muchos contextos. Ya no se requiere precisar en el lenguaje en muchos ámbitos profesionales e incluso intelectuales, sino entre los relacionados con las “ciencias”, la medicina, la informática, banca, economía. Parece como si el lenguaje fuese algo dúctil, dispensable y apto para que cualquiera lo pudiese manipular a su antojo. Los mass media, y sobre todo la televisión, la principal fuente de cultura para la gran mayoría, contribuye a este comportamiento que depreda al lenguaje.

Pero Mac Luhan observó otras consecuencias del gran papel que juegan los medios de comunicación. Su capacidad por captar gestos, considerados universales, ha permitido que las imágenes estén creando un nuevo sistema de comunicación que se caracteriza por su dimensión cosmopolita, con un sentido simbólico que retoma la forma de vida comunal tal y como lo ideó en el concepto de aldea global. Pero de estos sistemas de comunicación, los aspectos comunitarios son meramente idealistas, puesto que los mass media están controlados por unas pocas empresas. Esto provoca que el individuo si no queda aislado frente a ellas, al menos no esté integrado en un sistema de comunicación comunitario, como ocurre con las culturas orales (pongamos para el caso, el ejemplo de cualquier sociedad tribal). Los medios de comunicación son casi omnipotentes, en donde el espectador se encuentra alineado frente a ellos, con la proliferación de imágenes y mensajes verbales.

Es esta proliferación de mensajes verbales otra de las claves de este sistema de comunicación.

El mundo presente es claramente un mundo globalizado, tanto a nivel ecológico (por la contaminación a escala planetaria), como económico o social. El mundo genera una masa increíble de información, que sería absolutamente indigerible. Los medios de comunicación filtran esa información y nos ofrece cada día un conjunto de noticias, pero ese flujo de noticias es tan acelerado que vuelve a las profundidades del olvido, nada más salir a la superficie. Y como nuestra capacidad de asimilar información es limitada, cada día es preciso seleccionar los acontecimientos. Sin embargo, los criterios para dicha selección no son inocentes. Son los intereses económicos y políticos, los que hacen que un país o un acontecimiento sean noticia. La mayoría de los países no son noticia nunca. Unos pocos son los que consiguen salir a la luz, pero como ya hemos dicho, para volver a la oscuridad del olvido casi al mismo tiempo. Una noticia alcanza su máximo interés en el momento, por ejemplo una guerra en pleno desarrollo del conflicto, pero con el paso del tiempo pasa a lo cotidiano y pierde interés.

En este sentido, todos los acontecimientos vendrían acompañados de su imagen y del comentario que se hace de ellos, viéndose obligado el individuo a salirse del sistema – y volver al texto escrito – para poder pensar sobre la noticia, pues el espectador percibe tan sólo un sentido unilineal de la imagen.

Es una de las señas de identidad de una cultura tan centrada en la imagen como es la contemporánea, pero se debe principalmente al hecho de que los dirigentes de los medios de comunicación no proceden del mundo del periodismo sino de la empresa. La clave reside en el llamado “new business”, el negocio de la noticia, y por lo tanto se entiende como una forma de ganar dinero. Nunca como ahora se había consumido tanta imagen, pero el problema es que se consigue indiscriminadamente. Mientras que en las décadas anteriores una persona podía ver no más de cuatro películas por semana, ahora es un torbellino de información que discurre sin posibilidad de detenerse desde la televisión al cerebro del individuo un río de imágenes desbordante, con una innumerable cantidad de mensajes, bien explícitos como subliminal. Y todo esto, sin contar con la omnipresencia de los espacios publicitarios, los spots, que llegan a empapelar, y de manera literal, una ciudad.

Una de las características de los medios de comunicación es la falsa impresión de que “basta ver para comprender”. En efecto, el engaño es universalmente extendido y consiste en hacernos creer que el simple visionado de una imagen puede producir conocimiento, e incluso sabiduría. Al mismo tiempo, que existen otros riesgos de esta cultura basada en la imagen. Por ejemplo, la abundancia implica depredación.

El sociólogo francés Jean Baudrillard señaló en su ensayo, El complot del arte, en relación con el mundo del erotismo, que “con la pornografía ya no queda sitio para los deseos, porque está virtualmente en todos los sitios”. Lo mismo ocurre con la información, que lo invade todo (y más aún con Internet), tanto que algunos autores ya hablan de este mundo como un “Electrópolis” (en concreto, Turoff y Hiltz en la obra Network nation). Y de este torbellino surge el consumidor compulsivo, que bien ansia por el reality show donde personas comercian con sus intimidades, como el programa concurso donde cualquier hace el payaso, o devora debates, sin importar la temática, sino por la imagen. Uno de los slogans del mundo contemporáneo es que si no apareces en televisión no existes, para que un acontecimiento sea noticia debe aparecer en la pequeña pantalla.

Como consecuencia ya no interesa el hecho en sí, “lo que pasó ayer”. Internet pone el dato al alcance de cualquiera, a tiempo real, y ahora se le pide al periodista que aporte un valor añadido. Uno de los valores añadidos más apreciados en el momento es el infontainment, entendido en este caso como la información dirigida a pasar el rato. Esta tendencia es la que concibe la noticia como un campo más del mundo del espectáculo y es la que produce la falsa sensación de que se entiende y se comprende gracias a lo que se ofrece a través de los medios de comunicación.

Pero existe otro factor observable en el periodismo, estrechamente relacionado con lo anterior: la información y la opinión, la confusión producida entre la crónica y el comentario. Este deslinde entre información y opinión, hasta ahora ha sido considerado como un ingrediente básico de la tradición cultural del periodismo en el mundo moderno, pero mientras el código técnico-deontológico obligaba distinguir cartesianamente estos dos tipos de mensajes, en la actualidad se rompe esta distinción. La realidad nos está demostrando cómo los medios de comunicación (a través del discurso televisivo, la prensa, etc.), la carga emocional del mensaje tiende a desvanecer los contornos entre lo que es el hecho comprobable y la mera opinión.

Fuente: http://www.elpais.com

Y de nuevo las mismas preguntas: ¿Cómo se articulan democracia y comunicación en el siglo XXI?

por Fernando Reyes Matta

En el 2003 el mundo vivirá una de sus grandes Cumbres Mundiales en torno a un tema global esencial para el nuevo mapa de poder que han configurado las telecomunicaciones, la realidad digital y el llamado ciberespacio. Allí los Estados, pero también las organizaciones de la sociedad civil internacional debatirán – y disputarán – sobre el sentido que esta nueva realidad tiene para los desarrollos económicos, para las diversas culturas y para la vida de los ciudadanos.

La más antigua entidad del sistema de Naciones Unidas, la Internacional Telecommunication Union, (ITU) – nacida en el siglo pasado como la Union Telegráfica Internacional – ya ha hecho su convocatoria. Las conferencias regionales están en marcha. A medida que se acerque la fecha las preguntas sobre el futuro que allí se estará configurando dejarán de ser sólo tecnológicas, para tomar un creciente rostro político y cultural. Si la información es el gran recurso del siglo XXI ese debate en Ginebra será clave para definir los parámetros en que se producirá nuestra inserción en los nuevos mapas de la globalidad. Las preguntas volverán a la esencia donde retornamos cada cierto tiempo: ¿Y aquí los ciudadanos donde estarán? ¿Tendremos más o menos democracia en medio de esta expansión digital? ¿Qué traerá a los hombres y mujeres de este continente la creciente revolución comunicacional? ¿Cuánto nos falta por saber para no quedarnos atrás?

Las preguntas no son tan distintas de aquellas que a mediados de los setenta atizaron la puesta en marcha de un gran movimiento de investigadores de la comunicación en este continente. En muchos casos, la perdida de la democracia en la región era más que suficiente motivo para pensar desde esa realidad la transformación comunicacional que vivía el mundo. Los debates en el seno de la UNESCO fueron tan intensos que Estados Unidos y luego el Reino Unido terminaron por alejarse de la entidad. La conferencia de 1976 fue especialmente ilustrativa de esta situación. De todo ello emergió la Comisión Internacional para los Problemas de la Comunicación, más conocida como Comisión MacBride que en 1980 dio a conocer su Informe Final.(1)

Pero si los gobiernos y ciertas entidades internacionales de prensa levantaban el dedo para calificar de ‘peligro totalitario’ la propuesta de un nuevo orden informativo, al interior de la ITU fue vista en esos mismo años por las grandes corporaciones de este campo como una ‘oportunidad’ para lanzar una gran política de inversiones en infraestructuras de telecomunicación. Progresivamente el debate político sobre la Comunicación perdió presencia en la UNESCO, mientras las grandes personalidades de la política mundial optaban por la ITU como escenario para hacer sus propuestas sobre la ‘Information Society’ y la ‘Supercarretera de la Información’.

Globales, alternativos y locales.

En 1980 nació la CNN. Pero también en los umbrales de esa década comenzaron a articularse las redes computaciones. Quienes impulsaban la llamada ‘comunicación alternativa’ sabían que allí se estaba construyendo una historia de nuevas posibilidades. Los más intuitivos entre nosotros fueron los brasileños y gente como Carlos Afonso, en IBASE, fueron pioneros para hablar del poder de las redes en la base social.
Así los tiempos coincidieron para poner en marcha dos fenómenos que hoy se entrelazan. La CNN y otras experiencias similares iniciaban un nuevo camino para ‘lo global’ en las comunicaciones. Las experiencias alternativas comenzaban a descubrir que ‘lo local’ podía articularse con otros que también estaban en lo mismo y tejer una red usando los nuevos recursos comunicacionales.

En 1987 escribimos un artículo en la revista TELOS, de España, donde avanzábamos algunas interpretaciones de lo que estaba ocurriendo en este campo.(2) Aún no había llegado Internet, pero los sistemas de correo electrónico ya estaban permitiendo trabajar en acciones coordinadas globalmente. Un ejemplo concreto era la forma como Amnesty International había logrado perfeccionar su trabajo de urgencia.

Desde hace un par de meses AI, la organización preocupada de los derechos humanos y los presos de conciencia en todo el mundo, puso en marcha la ‘Red de Acción Urgente’. Para ello usa los microcomputadores, los modems (tarjetas de comunicaciones), los teléfonos y todo el instrumental que las re-des teleinformáticas están multiplicando con gran celeridad, gracias a los cuales ha logrado un impacto significativo en su tarea. Alrededor del 35% de los casos de acción urgente reportaron un cambio favorable: presos ‘desaparecidos’ que reaparecen, sentencias de muerte conmutadas, situaciones de incomunica-ción que terminan.

Desde el momento que Amnesty International recibe una denuncia urgente, pone toda la información dentro de una conferencia electrónica cuya clave es ‘Al. UAN’. Son las letras en inglés correspon-dientes a Amnesty International: Urgent Action Network. Sin duda, el elemento clave de esta operación es la velocidad del trabajo. Amnesty International difunde la informa-ción urgente en pocas horas, y también de un día para otro comienza a sentirse la presión en favor del perseguido. El gran salto se dio gracias a un nuevo mundo de comunicaciones: las redes de microcomputadores (TELOS,N°14, Madrid).

En ese mismo trabajo señalábamos las dudas y desafíos que las entidades sociales tenían frente a estas nuevas formas de comunicación. Dudas hoy, plenamente resueltas.
Es habitual que estas entidades se aproximen con dudas y resguardos a los microcomputadores y las redes. A algu-nos les preocupan las intervenciones ‘invisibles’ que puedan recoger las informa-ciones y hacer mal uso de ellas. A otras les parecen prácticas de alta tecnología y de países desarrollados, lejanas de las necesidades inmediatas de la base social. A otros les preocupan los costos que es-tas comunicaciones puedan llegar a te-ner. Las tres formas de preocupaciones se van superando con la experimentación misma. La efectividad de la acción a tra-vés de las redes demuestra que, más allá de posibles intrusos, lo importante es la agilidad informativa para perfeccionar coordinaciones (TELOS, ibid).

Esas acciones pioneras y esas dudas ya son historia. Dos décadas después tenemos suficientes elementos para ver el impacto que esas tecnologías han traído al escenario de lo político social y también las nuevas preguntas generadas.

En agosto de 1991 tuvo lugar el intento de golpe militar contra el parlamento ruso en lo que aún era la Unión Soviética. Los golpistas siguieron un modelo clásico: ocuparon inmediatamente los estudios y torres de control de la radio y la televisión y pusieron bajo control los diarios y agencias de noticias. Pero en su diseño no entró la ocupación de una modesta oficina con un par de computadores donde funcionaba una emergente organización ecologista, la ‘Glasnet’, juego de palabras con glasnost, concepto clave en la apertura que condujo al fin del régimen comunista. Glasnet, conectada por teléfono a los computadores de otras redes de Finlandia y del resto del mundo, estaba enviando permanentes comunicados desde Moscú, dando a conocer lo que ocurría y transmitiendo el discurso de Jeltzin parado arriba de un tanque y las reacciones que el golpe había gestado en la confusa sociedad moscovita y en el resto del mundo soviético, ya en crisis. Fue un momento clave para demostrar que otro mundo de comunicaciones, instalado en medio de la sociedad civil y conectado a otras entidades similares en el resto del mundo, podía cruzar las fronteras y generar corrientes de opinión que circulaban por circuitos distintos a los creados por los ‘mass-media’ del siglo XX.

En 1994, Alvin y Heidi Toffler indicaron que: ‘Esta sociedad civil internacional, enlazada gracias a los recursos tecnológicos más sofisticados (que a menudo son precisamente los más sencillos de utilizar), ha ganado una significativa presencia en el debate y la discusión política en numerosas naciones, de la misma forma que se ha diversificado y cobrado presencia también en el plano internacional’. Para algunos analistas ‘el ciberespacio, al menos hasta ahora, manifiesta una pluralidad mayor que la del mundo real.’(3)

La nueva diplomacia ciudadana

Una nueva ‘diplomacia ciudadana’ se había gestado alrededor de los grandes debates internacionales. Haciendo uso principalmente del correo electrónico y de las casillas dedicadas para pasar luego al uso de los web sites, con la incorporación de texto, audio y video, se pusieron en marcha grandes operaciones para influir en las cumbres que marcaron los años 90.

El primer momento político que mostró la existencia de este nuevo fenómeno se produjo en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro. Desde ahí fue evidente que los debates internacionales, marcados tras el fin de la Guerra Fría por una preocupación central en el desarrollo social, debieron considerar también a este llamado ‘tercer sector’: una multitudinaria y heterogénea gama de entidades no gubernamentales capaces de colocar agenda, crear escenarios y abrir cauces a una mirada nueva en los macro problemas contemporáneos. De la Cumbre de la Tierra se pasó a la Cumbre de Población, del Hábitat, de Desarrollo Social, de los Derechos Humanos y de la Mujer. Cada una de ellas fue demostrando las capacidades y reenfoques derivados de este activismo transnacional. Pero la toma de conciencia global de que algo nuevo estaba ocurriendo sólo se produjo con las manifestaciones en Seattle, en diciembre de 1999.
Durante muchos meses, la Organización Mundial del Comercio, WTO, había organizado su conferencia destinada a poner en marcha una nueva ronda de conversaciones para el comercio mundial. Ya en el interior de APEC (Asia Pacific Economic Cooperation Forum) en septiembre de ese año en Auckland, el presidente Clinton había hecho sentir que esperaba convertir la Cumbre Internacional de Seattle en un salto adelante en los procesos de apertura de libre comercio y la liberalización económica.

Para todo estuvieron preparados, menos para la fuerza de las protestas que se expandieron por Seattle, y que desde allí gestaron un llamado de atención de carácter mundial. Más de 40 mil manifestantes se instalaron en las calles de esa ciudad, haciendo imposible el trabajo en la WTO no sólo por los obstáculos creados y los desórdenes de las confrontaciones con la policía, sino porque mediante un sofisticado sistema de comunicación, establecieron una tribuna paralela que, a través de Internet, buscó señalar que la economía global necesitaba ser mirada no sólo bajo la lupa de las cifras macroeconómicas, sino bajo otra lente que tomara en cuenta las condiciones reales de vida de millones de seres humanos castigados por el desempleo y la pobreza a medida que el modelo económico global se ha expandido.

Medio ambientalistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y representantes de muchas otras agrupaciones y minorías, unieron sus brazos y sus computadores: ‘Gracias en gran parte a Internet, que les ha permitido fortalecer sus lazos, hacer públicas las injusticias y acrecentar sus números, los activistas se han organizado, abarcando desde el poder obrero de antaño a la destreza cibernética de los liberales universitarios. Sus crecientes números hacen que el movimiento “Manos que cruzan América” parezca un juego de niños.’(4)

Los analistas de inteligencia comenzaron de inmediato a preocuparse por saber quién era el líder de todo esto. Su sorpresa fue mayor cuando se enteraron que no había un líder, que no había un Pat Robertson o un Ralph Nader: ‘La movilización por la justicia global no es un acontecimiento jerárquico de subordinación, al igual que la Internet el movimiento antiglobalista es un conjunto de personas que no solamente se las arregla para sobrevivir sino que además crece, sin cabeza’ (Time, ibid).

Por cierto, no faltaron quienes enfatizaron la ironía detrás de este acontecimiento: los contrarios al globalismo se movilizan a través de una de las creaciones más dinámicas de la nueva economía, la web. La red se supuso que ayudaría a articular los mercados en un enorme espacio de comercio mundial, no a organizar a miles de piquetes de protesta, decían los comentaristas de dicha publicación.

Pero la expansión y presencia de la red ya trae otras preocupaciones políticas. En definitiva, las mismas inquietudes del pasado frente a otros avances de las tecnologías. Durante julio del 2000, se registraron pronunciamientos políticos internacionales que pusieron luz sobre el carácter de Internet y la posibilidad de que el ‘cyberspace’ se pudiera convertir en otro escenario de desigualdades.

El peligro de la ‘brecha digital’

Una declaración, muy difundida en todo el mundo, del Presidente Ricardo Lagos de Chile, Thabo Mlabeki de Sudáfrica y Goran Persson, Primer Ministro de Suecia, señaló lo siguiente: ‘La tecnología de la información es, en todo el mundo, un factor clave en los procesos de desarrollo económico, político y cultural, sin embargo, hasta ahora solamente una elite tiene acceso a ella. Si la tecnología de la información no está disponible para todos, puede llegar a ser otra fuente de división y de mayor desigualdad, además de un obstáculo para el desarrollo. La brecha digital ya existe, y nuestra tarea como líderes políticos es asegurar que disminuya, dentro y entre nuestras naciones.’5
Casi al mismo tiempo tuvo lugar en Japón la reunión del llamado G-8, esto es, el Grupo de Países de Mayor Desarrollo Económico Capitalista, más Rusia. Los países del G-8, reunidos en Okinawa, ensalzaron los beneficios que la revolución digital supone para la economía mundial, pero también advirtieron los peligros que se ensanche la brecha entre los ricos y los pobres en este sector. Los líderes suscribieron la Carta de Okinawa sobre la Sociedad Global de Información: ‘Debemos asegurar que sirva al crecimiento económico sostenible, al bienestar social y a la cohesión social, a fortalecer la democracia, promover los derechos humanos, resaltar la diversidad cultural, así como la paz y la estabilidad internacional.’

Los comentaristas y los despachos informativos desde Okinawa indicaron que, según estadísticas de ese momento, el número de usuarios de Internet se había casi duplicado en un año – de 180 millones a fines de junio de 1999 – estaba llegando a 330 millones en junio del 2000. Sin embargo, los informes también remarcaron que el 90% de los usuarios de Internet existentes en el mundo provienen de los países más desarrollados.
Detrás de las cifras y llamados de atención, se ubica un espacio que no está necesariamente referido a la frontera países desarrollados /países en desarrollo, sino a aquellas fronteras creadas por el nuevo fenómeno de las ‘comunidades de interés’ que, a partir de un determinado discurso, constituyeron una posición y buscaron tener una influencia significativa en la agenda internacional.

Un nuevo tipo de alianzas emergió, durante la última década del siglo 20, entre las instituciones y grupos de la sociedad civil existentes en países desarrollados con aquellas instituciones y personas que en los países del sur comparten una misma sensibilidad e impulsan similares conceptos: un activista del ecologismo ubicado en el sur de Chile tiene mucho más que ver con un activista de Suecia, de Filipinas, de Canadá o Nueva Zelanda, con los cuales comparte una plataforma común. Las comunidades de interés han creado un ‘cyberciudadano’ que no sólo habita en su espacio geográfico específico, sino también en un espacio virtual de su ‘comunidad de interés’. La principal herramienta de estos grupos es la coordinación de acciones y, con ella, van generando procesos de alcance internacional como nunca antes los puso en marcha la sociedad civil.

Lo que han debido entender al cruzar el 2000 los ejecutivos más tradicionales de la economía global es que en la globalización los signos ideológicos y políticos se entremezclan, se confunden, haciendo posible que no sólo desde el poder político o económico sea factible la conexión a las redes, sino también que éstas sean espacios de facilidades para organizaciones e individuos.

De alguna forma, los más contestatarios en el pasado respecto de la expansión de los nuevos recursos tecnológicos también han descubierto que en Internet los discursos del polo dominante y del polo dominado, al decir gramsciano, interactúan e influyen a veces con presencia tanto o más poderosa de aquellos que se supone detentan el poder.

Las redes y las torres gemelas

Los hechos del 11 de septiembre abrieron otra vez todos los escenarios comunicacionales a las preguntas claves. Y en esta circunstancia también las redes fueron una oportunidad nueva y significativa para los sectores excluidos de la producción de los mensajes comunicacionales dominantes.

El 11-S, como le gusta decir a la prensa española, la historia fue reubicada en el escenario de la simultaneidad. Ni diferencias de lenguas, ni distintos horarios, ni culturas diversas anularon la explosión de globalidad que significó el primer acto terrorista transmitido en directo a todo el mundo. Registro de las primeras opiniones de distintos gobernantes, como de los primeros comentarios de los periodistas y del público en la calle, demostraron que en aquellas horas la reacción era la misma tanto de los gobernantes como de los gobernados: había ocurrido algo grande, espantoso, inesperado, sin que nadie pudiera dar explicaciones precisas del alcance de los hechos y de quién estaba detrás de ellos.

Los atentados contra el World Trade Center y el Pentágono demostraron que en el mundo de hoy la sobreabundancia informativa es un recurso en crecimiento, pero es cada vez más precario el recurso de la interpretación. Los hechos estuvieron conectados directamente con los terminales más finos de la emoción de cada cual y las imágenes se repitieron una y mil veces porque en cada instante que ellas se mostraban, desde diversos ángulos, se mantenía vivo el horror y el estupor.

Los medios europeos, tal vez con una mayor cercanía al mundo musulmán y una perspectiva profesional siempre más analítica, marcaron a poco andar sus diferencias. Las grandes estaciones europeas como BBC, TV1 o TVE se volcaron a encontrar los factores culturales y socioeconómicos que parecían estar detrás de la operación terrorista. A la vez, fueron enfáticos en hacer la diferencia entre el mundo musulmán y el islamismo, y el grupo talibán acusado del atentado y su líder Osama bin Laden.
En América Latina, con la excepción de las grandes corporaciones como Televisa y O’Globo, se vivieron varios días con la retransmisión de CNN y, ocasionalmente, de alguna cadena europea. La superposición de los logotipos locales sobre el logotipo de CNN o el título en español sobre la frase ‘America under attack’ generaba un exceso visual en torno de las imágenes captadas – legal o ilegalmente – desde el exterior. Hubo otros excesos, como el de Televisión Azteca, en México, que con discutible aunque oportuno sentido del negocio, se apresuró en utilizar la tragedia de Manhattan. Unas horas después de que las torres gemelas habían caído, los programadores de esa empresa decidieron transmitir en el canal 7 la película Atentado al World Trade Center. Se trata de una cinta filmada en 1997 para la televisión, donde se relata el atentado que pocos años antes había sufrido ese emblemático sitio neoyorquino.

Lo nuevo respecto de todos los conflictos anteriores, incluida la Guerra del Golfo, es que en este caso Internet se convirtió en fuente y circuito de información de las ideas de la gente. No sólo los medios alternativos, de alcance menor en el pasado, han ganado su espacio de circulación global gracias a Internet, sino también las personas se han convertido en sujetos potenciales de información y opinión. Más allá de los medios está la voz de quienes siguieron los foros en los periódicos y en sus propios sitios alternativos. La red fue espacio de comunicación y debate ciudadano como nunca antes respecto de un conflicto mundial.(6)

La ruta del siglo XXI para la comunicación muestra una ruta clara: ya no se trata de la expansión de los medios y la libertad de acción de los mismos, lo cual es muy positivo. Se trata también de las múltiples acciones comunicacionales que los ciudadanos – desde sus diversas inquietudes – pondrán en marcha.(7) Es allí, en esa comunicación directa, donde se están gestando las nuevas preguntas sobre comunicación y democracia en el mundo y en este continente.

Notas
1. Many Voices, One World, UNESCO-Kogan Page, Londres, 1980. El Informe fue publicado en más de 20 lenguas y es un libro clave para entender la reformulación del debate sobre la comunicación que produjo el debate en la UNESCO. En español fue publicado como Un Mundo, múltiples voces, Fondo de Cultura Económica, México, 1981.
2. TELOS,Nª 14, Madrid. Esta ha sido una revista esencial para entender los nuevos fenómenos de la comunicación durante la década de los 80 y 90 y su marcha hacia la globalización.
3. ‘Vivir en la sociedad de la Información’, Raúl Trejos, Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, Nª 1, Diciembre 2001, Madrid, OEI. También autor de La Nueva Alfombra Mágica, Premio FUNDESCO de Ensayo, Madrid.
4. Time, 24 de abril, NY, USA.
5. International Herald Tribune, 28 de junio 2000, Editado en Paris, publicación global.
6. Fernando Reyes Matta, Estudios Internacionales N° 136, Universidad de Chile,
Dic. 2001,Santiago de Chile.
7. Un libro clave, de reciente publicación, sobre los nuevos escenarios es Global Communication: Theories, Stakeholders, and Trends, Thomas L. McPhail, University of Missouri, Publ. Allyn & Bacon, 2002, USA.

Fernando Reyes Matta es Profesor de Periodismo Internacional, Escuela de Periodismo, Universidad de Chile. Ponencia al Congreso de ALAIC, Santa Cruz, Bolivia, junio 2002.

Los límites de la democracia y la televisión

Por Felipe Giménez Pérez

Se busca trazar y delimitar los contornos de la democracia y de la televisión así como aclarar la cuestión de las innegables conexiones existentes entre de ambas realidades en la etapa histórica del Estado Social y ello de forma necesaria como se verá a continuación

1. La esencia de la democracia

«Democracia» es una palabra de origen griego, «Demokratía» que significa poder del pueblo {1}. Entonces, nada más fácil que concluir que la democracia es el poder o gobierno del pueblo y para el pueblo y por el pueblo. Sin embargo esto es falso. La razón de mi afirmación es simplemente que el autogobierno de la sociedad política es imposible y utópico. Siempre hay una asimetría necesariamente entre gobernantes y gobernados. Siempre hay una clase política gobernante y un pueblo que obedece. Sería mejor decir que la democracia es un procedimiento técnico para seleccionar a los miembros de la clase política mediante sufragio universal y regla de la mayoría y habiendo siempre varias opciones políticas o varios candidatos a cada cargo público.

La democracia moderna es el sistema de gobierno más universal y generalizado que existe ahora. Podemos denominar a los Estados democráticos contemporáneos como democracias burguesas porque se fundan en la propiedad privada y en el individualismo liberal. La democracia liberal es un engendro o centauro porque trata de compatibilizar dos principios contrarios: la democracia y el liberalismo. No hay que confundir tales conceptos. La idea-fuerza básica del liberalismo es la idea de libertad; en cambio, la idea motriz de la democracia es la de igualdad; entendida, al menos desde un punto de vista político, como el derecho de todos los ciudadanos a participar en idénticas condiciones en la formación de la voluntad general. Por lo demás, mientras que el liberalismo implica la división de poderes como instrumento para la limitación del poder del Estado, la democracia, por el contrario, no admite limitación alguna al poder del pueblo. Para el liberalismo, pues, el poder del Estado ha de estar dividido, mientras que para la democracia es único: la voluntad general.

La igualdad democrática es una igualdad legal y como mucho, una igualdad de oportunidades: se trata de comenzar iguales para terminar siendo desiguales. Las democracias contemporáneas insisten en los derechos y libertades individuales. Así, hoy día, hablar de democracia significa hablar de derechos humanos y de libertades públicas y civiles. La democracia liberal insiste en la diferencia infranqueable entre Estado y ese fantasma ideológico denominado sociedad civil, entre una vida pública y una vida privada.

La democracia contemporánea es representativa y es un Estado de derecho. Esto es la autorrepresentación ideológica que el Estado liberal se forja de sí mismo. Significa el imperio de la ley.

Esta democracia liberal contemporánea es la que pasa a partir de 1945 a denominarse Estado social o Estado del bienestar que no es otra cosa que la estructura del poder público existente en las sociedades altamente industrializadas y de constitución democrática. El Estado social señala la existencia de sistemas de seguridad social con garantía y coadministración estatal que tienden hacia la disminución de riesgos sociales de las masas de obreros asalariados y hacia la garantía de un mínimo nivel de vida.

Este concepto contiene la exigencia de organizar el Estado y también –sobre la base de una interpretación democrática del Estado de Derecho que trascienda la limitación liberal– la exigencia de garantizar democráticamente la sociedad, esto es: el proceso de reproducción económica de la sociedad, para concretizar con ello una auténtica igualdad de oportunidades en la codeterminación de todas las cuestiones fundamentales para la sociedad.

Es necesario subrayar el vínculo interno y necesario existente entre sociedad capitalista y democracia «La estructura de la sociedad democrática es isomorfa con la estructura de la sociedad de mercado libre; y aun este isomorfismo ni siquiera necesita ser explicado, cuanto a su génesis, a partir de «estructuras antropológicas más profundas» (nosotros decimos: metaméricas), puesto que la génesis de la democracia política puede entenderse históricamente como resultado de la extensión, hasta cierto punto metafórica, de la estructura de la sociedad de mercado libre de bienes a la propia sociedad política.»{2}

2. La esencia de la Televisión

«La televisión, en su conjunto, se comporta como una máquina que fabrica apariencias positivas o de presencia en un medio de apariencias eleáticas, o de ausencia.»{3} Giovanni Sartori, de forma superficial e ignorante afirma ingenuamente: «La televisión –como su propio nombre indica– es «ver desde lejos» (tele), es decir, llevar ante los ojos de un público de espectadores cosas que puedan ver en cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia.»{4} Además añade que «el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar», pero se olvida que en televisión, si no hay sonido la televisión es aburrida, la imagen es muda sin el lenguaje articulado. La televisión sería absurda y desconectaríamos el televisor o pasaríamos a otro programa en caso de no haber sonido. Tan importante es el sonido del lenguaje hablado o los caracteres gráficos del lenguaje escrito que sin ellos no hay comunicación, no podríamos considerar a la televisión como un medio de comunicación.

Frente a esto podemos decir que ya vemos desde lejos con la vista, con lo que la definición de Sartori es superficial y trivial. De todos modos, más adelante Sartori llega a acercarse a una definición más precisa sin dar en el blanco: «la televisión nos permite verlo todo sin tener que movernos: lo visible nos llega a casa, prácticamente gratis, desde cualquier lugar.»{5} Esta es una consideración utilitaria epicúrea de la televisión. Pero si la televisión nos permite verlo todo es que entonces, más que ver a lo lejos, lo característico de la televisión es como dice Gustavo Bueno, que perfora la opacidad. Es ver a través de los muros. «Lo específico de la pantalla televisiva… es su clarividencia».{6} La televisión permite ver a través de los cuerpos opacos, «la tecnología de la televisión es la tecnología de la transparencia funcional hecha posible por la acción de las ondas electromagnéticas».{7} «La característica diferencial de la televisión no sería, por tanto, como ya hemos advertido, el hacernos ver a distancia; es el hacernos ver a través de cuerpos opacos».{8}

Por lo demás, la televisión se podría comparar con la caverna descrita en el célebre mito de la Caverna del libro VII de la República. «El mito de la caverna, uno de los mitos claves de nuestra tradición, que Platón expone al comienzo del Libro VII de la República, contiene literalmente la descripción de una situación establecida en torno a la oposición entre apariencias y realidades verdaderas; pero una descripción tan puntualmente ajustada a la situación propia del televidente ante su pantalla que pareciera que la propia televisión ya que no ha podido inspirar el modelo del mito platónico, ha debido estar al menos inspirada en ese «mito de la caverna».{9} El mito de la caverna de Platón, tiene más que ver con la televisión que con el cine. «Pero la situación dibujada por Platón, en su célebre mito, entre los habitantes de la caverna y las imágenes que se proyectan en el muro, se corresponde plenamente con la situación de los televidentes ante la pantalla, y sólo parcialmente (abstractamente) con la situación de los espectadores en la sala de proyección cinematográfica.»{10} El mito de la caverna guarda una estrecha analogía con la televisión.

3. Los límites de la democracia

La democracia sólo tiene sentido en el ámbito de lo político decía Hannah Arendt y lo confirma Gustavo Bueno al constatar el uso abusivo e ideológico del término «democrático», así como al condenar tal uso ideológico. «Pero lo cierto es que el adjetivo «democrático» se aplica, sobre todo desde el punto de vista de las democracias parlamentarias, a regiones del espacio antropológico muy distintas de la sociedad política, como pueda serlo el campo de la familia (democracia familiar), el campo de las corporaciones (universidad democrática, sindicatos democráticos) y hasta el de las instituciones religiosas, científicas o culturales (misa democrática, orquesta democrática o matemática democrática); entre ellas «televisión democrática».

Que hay un abuso en esta extensión del adjetivo «democrático» a campos que no son estrictamente políticos, nos parece evidente.»{11} La democracia no se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida. Eso sería la fetichización de la democracia, su ideologización. No hay que desvirtuar la naturaleza exclusivamente política de la democracia. El adjetivo «democrático» sólo tiene sentido usado de forma política y en la política. Nadie aceptaría que el diagnóstico de su enfermedad fuera decidido democráticamente por la propia familia; tampoco serían asumibles por voluntad popular las razones de la indecidibilidad del Principio de Indeterminación de Heisenberg. Por eso, carecen de sentido sintagmas tales como «educación democrática» o «medicina democrática». La extensión de la democracia a ámbitos sociales extrapolíticos no deja de ser una estupidez demagógica.

En última instancia, la democracia es verdadera cuando los electores saben a quienes hay que elegir y por qué lo hacen. Por ello, para que la democracia funcione los ciudadanos tienen que tener una alta capacidad política. Por lo demás, el procedimiento democrático no garantiza por sí mismo que las decisiones políticas sean las justas y convenientes ni que los candidatos elegidos por sufragio universal y regla de la mayoría sean los adecuados.

El pueblo sólo puede elegir a los candidatos que se le presentan y contestar con un Sí o con un No a un problema formulado con precisión que se le somete a su consideración.

Los liberales siempre dijeron y siguen diciendo aún hoy día que la soberanía del pueblo tiene límites y que tampoco en la democracia pueden vulnerarse los principios de los derechos fundamentales y de la división de poderes. «El pueblo no tiene derecho de castigar a un inocente… y no puede delegar en nadie ese derecho. El pueblo no tiene derecho a violar la libre manifestación del pensamiento o la libertad de conciencia, o el procedimiento ni los institutos de protección de la justicia» dice Benjamín Constant. La ley está por encima de todos, incluido el pueblo. La libertad y los derechos individuales están por encima de la democracia. Por eso la jurisdicción constitucional constituye un eficaz freno contra la democracia tiránica. El Tribunal Constitucional constituye una tercera cámara legislativa que puede revisar lo que haya legislado el Parlamento y declararlo inconstitucional. Es pues, la jurisdicción constitucional un límite de la democracia. Esta jurisdicción constitucional plantea el problema de saber hasta qué punto es congruente con la idea de un Estado democrático de derecho la existencia de un órgano no representativo por no electivo, pero que está por encima del mismo Parlamento. En Estados Unidos se habla del gobierno de los jueces. Esta es la tensión entre democracia o soberanía del pueblo y libertades o soberanía constitucional. Otro límite de la democracia lo constituye la división de poderes. Así pues, la democracia se ejercita en un Estado liberal y constitucional. Tocqueville veía que el federalismo de los Estados Unidos como un eficaz freno de la marea igualitaria con que amenaza la democracia a las libertades públicas. También era el federalismo para Tocqueville un eficaz freno al despotismo de la opinión pública. El hecho de que nuestros modernos Estados democráticos sean Estados de derecho hace que sea «propio de la Constitución del Estado Burgués de Derecho ignorar el soberano, ignorar si ese soberano es el monarca o el pueblo.»{12} El ideal del Estado de Derecho Burgués sería incluir toda conducta dentro de la normatividad jurídica, suprimir lo político, la decisión. El que puede quebrantar el derecho es el soberano, que como bien dice Hobbes, está por encima de la ley, porque es su autor. «También para el moderno Estado de Derecho estos quebrantamientos ofrecen el criterio de la soberanía. La dificultad estriba aquí en que el Estado burgués de Derecho parte de la idea de que el ejercicio todo de todo el poder estatal puede ser comprendido y delimitado sin residuo en leyes escritas, con lo que ya no cabe ninguna conducta política de ningún sujeto –sea el Monarca absoluto, sea el pueblo políticamente consciente–; ya no cabe una soberanía, sino que han de ponerse en pie ficciones de distintas especies; así, ya no habrá soberanía, o, lo que es igual, la «Constitución»… será soberana, &c.»{13} Así, de esta forma «El ideal pleno del Estado burgués de Derecho culmina en una conformación judicial general de toda la vida del Estado.»{14} El Estado de derecho eFinalmente, dice Carl Schmitt con sabiduría política que «El concepto central de la Democracia es Pueblo y no Humanidad. Si la Democracia ha de ser una forma política, hay sólo Democracia del Pueblo y no democracia de la Humanidad.»{15} Este es otro límite de la democracia el que pasa también por la distinción entre ética y moral. La democracia lo es de ciudadanos, no de hombres.

4. Los límites de la televisión

La televisión es isomorfa respecto a la sociedad democrática. La democracia sólo puede darse en una sociedad capitalista con mercado libre y la televisión sigue las mismas reglas que la sociedad democrática.

En el fondo la democracia es un gobierno de la opinión, de la doxa como ya señaló agudamente Platón. La opinón pública es la opinión que la población tiene en un momento dado respecto a algún problema político o social.

¿Cómo se forma la opinión pública? Hay que señalar la importancia de los medios de comunicación de masas, entre los que destaca la televisión. Pero además es importante señalar la influencia de la moral pública y social, las ideologías y el derecho. La importancia de la opinión pública es tal que los poderes públicos procuran ajustar su acción política a las fluctuaciones de la opinión. Por otro lado intentan llevar a cabo políticas que se correspondan con las demandas de las voces influyentes capaces de generar una particular opinión de carácter político.

El reconocimiento específico de la opinión pública como factor condicionante de la política es relativamente reciente. Ahí tenemos a Maquiavelo como evidencia de la sensibilidad ante la cuestión en el momento mismo del surgimiento del Estado moderno. Es sin embargo, el liberalismo quien da al fenómeno pleno reconocimiento. Algunas veces opinión pública significa voluntad popular, pero en la mayoría de los casos los liberales consideran que la opinión pública es el conjunto de las opiniones de los hombres más ilustres, instruidos y sabios de la sociedad burguesa. Opiniones importantes que deben ser tenidas en cuenta en la práctica gubernamental. Bentham considera que la opinión pública es un auténtico freno para los gobernantes, enriquece el trabajo legislativo, vigilante en las sesiones públicas de los parlamentos como público asistente a las deliberaciones parlamentarias. En el fondo, es una instancia intermedia entre el electorado y esos órganos de representación. Benjamín Constant concibe el Parlamento como «representación de la opinión pública». Según James Bryce, la verdadera democracia es el imperio de la opinión pública.

La concepción liberal inicial de la opinión pública tiene rasgos aristocráticos por lo que acabamos de constatar. Cuando se implanta el sufragio universal, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la opinión pública es entonces la opinión de todos los ciudadanos. Dice Carl Schmitt que «La opinión pública es la forma moderna de la aclamación.»{16} Por lo demás, añade Schmitt, «No hay ninguna Democracia, ni ningún Estado, sin opinión pública, como no hay ningún Estado sin aclamación.»{17} Por ello en la moderna democracia son imprescindibles los partidos políticos. Hay una fuerte relación entre democracia, opinión pública y partidos políticos. «No hay ninguna Democracia sin partidos, pero sólo porque no hay ninguna Democracia sin opinión pública y sin que el pueblo se encuentre siempre presente.»{18}

Todos sabemos que en el régimen democrático hay muchos componentes elitistas como para que quien gobierne pueda permitirse ignorar las opiniones competentes, cualificadas, de las minorías cultas e influyentes de la sociedad. Ahí están los diarios selectos de escasa tirada, revistas políticas, de opinión, profesores, los clérigos, los artistas, los escritores, políticos ilustres, &c. son entre otros soportes de una opinión pública en sentido restringido que ejercen una cierta influencia en el Estado.

Es evidente que el gobierno presta atención a la opinión pública y ello tanto en el sentido restringido como en el sentido amplio. Para conocer la opinión de las masas están los sondeos de opinión. Los gabinetes de prensa son fundamentales para que los gobernantes sigan las opiniones e informaciones sobre ellos con atención. La democracia es así continua. No sólo los ciudadanos votan en las fechas previstas para las elecciones, sino que entre elección y elección las encuestas de opinión hacen que el pueblo ejerza involuntariamente una influencia en el gobierno.

Así el gobierno democrático termina ajustándose permanentemente a la estructura de la opinión pública. Los estudios de opinión no solamente cumplen una función informativa y orientadora para la acción del Gobierno, sino que pueden ser utilizados para legitimar determinadas acciones del Gobierno.

Es importante en los estudios politológicos el considerar la influencia de los medios de comunicación de masas en la conformación de la opinión pública y por tanto en influir en el funcionamiento del sistema democrático. Sartori, Bourdieu y otros críticos culturales de la televisión sostienen que la televisión deteriora la democracia. Entre nosotros Gabriel Albiac identifica televisión con fascismo: «La televisión es el fascismo. Hoy. Configuración disciplinaria de las conciencias. Sin resquicio. El proceder de esta máquina es brutal. En el modelo de dominación clásico, el tiempo de trabajo lo era de explotación. Ahora, el televisor coloniza incluso el tiempo libre y hace del hogar privado territorio hostil, pseudópodo de la fábrica. Ni un segundo de la vida escapa ya al control productivo. La gran máquina mediática, filtrada en cada gesto de nuestras vidas, generadora de convicciones, certezas, modelos estéticos, éticos y –por supuesto– políticos, es finalmente Dios. La desposesión es perfecta. Ni nuestros sueños ya nos pertenecen: la máquina los rige.»{19} Como la televisión entontece a las masas, siendo las masas víctimas y objeto de la manipulación, entonces las incapacita políticamente y de ahí el peligro que se deriva de esta incapacidad política para la democracia. Sin embargo, la dirección más significativa en el estudio de la cuestión ha tendido a relativizar la significación de los medios de comunicación en cuanto a su papel de condicionadores de la opinión del vulgo. Vamos, que Sartori y Bourdieu le conceden a la televisión demasiados poderes y eso hoy por hoy no está demostrado que sea así. Además, la crítica cultural formalista e idealista es un sustitutivo de otras críticas al orden económico, social y político.

Los medios de comunicación confirman lo establecido previamente. Son funcionales respecto al conformismo social. Son propiciadores de la conservación y mantenimiento del orden económico y social existente.

La televisión no tiene poderes omnímodos igual que la democracia y el mercado no tienen poderes omnímodos. La televisión no puede hacer con la audiencia lo que quiera. No puede imponer cualesquiera objetivos y valores sociales. No se requiere el mismo esfuerzo para reafirmar a la opinión en ideas y opiniones ampliamente compartidas que para la introducción de nuevos puntos de vista. La televisión enfrentada a los agentes básicos de socialización, la familia y el sistema educativo, fracasa en sus intenciones innovadoras.

Giovanni Sartori afirma que «el valor democrático de la televisión –en las democracias– se va convirtiendo poco a poco en un engaño: un demopoder atribuido a un demos desvirtuado.»{20} Sin embargo, al mismo tiempo sostiene que «no cabe duda de que la televisión ha precipitado la crisis de los regímenes comunistas». Parece que la televisión influye en la opinión pública de forma radical, pero más adelante afirma: «Pero con respecto a las teocracias islámicas la televisión occidental es impotente y no tiene ninguna influencia. Por el contrario, en manos de los ayatollahs fundamentalistas, la televisión se transforma en un formidable instrumento de fanatización y de proselitismo antidemocrático».{21} Entonces aquí se ve la contradicción de Sartori: Por un lado la televisión influye tanto en el vulgo que lo embrutece, pero sin embargo no influye en el vulgo islámico. Eso es lo que no acierta a explicar.

Tampoco Sartori acierta con la capacidad política de las masas. Exige que la masa sea muy instruida y politizada para que la democracia funcione. ¿Pero acaso no estamos ya en un Estado democrático que funciona y con esa masa tan embrutecida a decir de Sartori. Sartori tiene una concepción ideal, normativa, axiológica de democracia en vez de preocuparse de la democracia efectiva y real. La despolitización no impide que el vulgo sepa de política algo. La gente no es tan manipulable como afirman Bourdieu y Sartori o entre nosotros Albiac.

Es que no se quiere reconocer que existen los tontos ontológicamente, un cierto no ser. Ya Platón dijo que la masa no es filósofa, sino filodoxa y ello de forma constitutiva, ontológica, esencial. Si se quiere, la estupidez de la masa es un elemento trascendental, empírico, sí, pero no accidental por ello. Como dice Bueno, entonces respecto al supuesto embrutecimiento del vulgo por parte de la televisión, «si la televisión induce a los ciudadanos, antes que nada, al ensueño o al entontecimiento, esto habrá que cargarlo, ante todo, a la cuenta y responsabilidad de la muchedumbre televidente que se deje engañar, y no a la televisión misma. Con la mayor atención hacia los críticos que subrayan los efectos perniciosos de la televisión, sostenemos que la televisión sólo puede entontecer a quienes ya están entontecidos, según los criterios pertinentes de entontecimiento que utilicemos.»{22} Por ello, acierta Bueno al afirmar que cada pueblo tiene la televisión que se merece. Lo mismo podríamos decir del pueblo en un Estado democrático, que tiene el gobierno que se merece. También es cierto que el drogadicto es el autor de su propia drogadicción y que las drogas sólo embrutecen a quien está previamente embrutecido. No, la televisión no vuelve heterónomo a nadie. Hace falta previamente ser heterónomo para luego regodearse en ver un programa de televisión zafio y burdo. «La audiencia, es decir, las audiencias, absorben lo que avanza en la dirección de sus intereses; llamar ingenuas o inconscientes a un tipo de audiencias y conscientes o críticas a otras, es trasladar la distinción a un terreno metafísico, porque tan consciente y crítica es la audiencia que se complace con los culebrones, como la audiencia que los aborrece, prefiriendo por ejemplo, programas económicos, ecológicos o políticos.»{23} Gustavo Bueno afirma que no hay que considerar al telespectador como un ser pasivo y manipulable fácilmente. Hay pues que evitar «la tendencia a considerar al espectador televidente como un mero receptor, espejo o sujeto pasivo, y, además de naturaleza individual; una arcilla dócil, en la cual una pantalla impersonal, en funciones de dator formarum, fuera imprimiendo sus patrones. Porque el sujeto receptor, ya en su mera actitud de vidente o visionario, es un sujeto operatorio, sin perjuicio de que él esté a su vez moldeado por otros sujetos operatorios.»{24} Como el sujeto que ve la pantalla es un sujeto activo, operatorio y no pasivo, he aquí el verdadero límite de la televisión.

Abundando en los límites de la televisión y siguiendo a Gustavo Bueno, podemos afirmar que «muchos hechos milagrosos no pueden aparecer en pantalla».{25}

Yo diría que la dictadura de la audiencia siempre existe. Ello se produce tanto en un régimen de televisión monopolizada por el Estado como en un régimen de multiplicidad de emisoras de televisión y además, tanto en una dictadura como en una democracia. La doctrina de los críticos culturales de la televisión de que la masa es moldeada por la televisión es demasiado exagerada y la considero falsa de todo punto. No está demostrada por ningún estudio serio. Ello es enteramente aplicable tanto a los libros, periódicos como a emisoras de radio.

Dice Gustavo Bueno sobre la dictadura de la audiencia: «En un régimen de televisión controlada (por el poder político, por el poder religioso, por el poder económico), la tesis del primado de la «dictadura de la audiencia» frente al primado de la «dictadura del gobierno» tendría que comenzar mostrando cómo y en qué medida suficiente, una dictadura implica siempre el consenso (aunque no el acuerdo) del pueblo. Pero en un régimen de televisión libre, de múltiples cadenas opcionales, la tesis que pone en la audiencia televidente el principio de una «dictadura de la televisión» («lo que no está en el mundo no está en la televisión») resulta mucho más probable. Si las más tiránicas dictaduras políticas tienen como instrumento ejecutivo más eficaz la liquidación del súbdito rebelde o insumiso, la dictadura de la audiencia posee como instrumento ejecutivo principal de su poder (en el supuesto de una sociedad de consumo en la que los programas de televisión se financian por la publicidad, que depende a su vez del audímetro) el mecanismo del zapping.»{26} Así, es la audiencia la que dicta la viabilidad de los programas de televisión. Los responsables de la televisión basura son las audiencias de los programas de televisión basura.

Bourdieu, Sartori, &c. pertenecen a lo que Bueno denomina «teoría crítica de la televisión». Son estos teóricos, hombres bondadosos con el pueblo y críticos con la televisión que perjudica al pueblo televidente. Esto comenzó con Adorno y la Escuela de Frankfurt. Bueno nos cuenta que muchos profesores e intelectuales no querían comprar el televisor. Pero igualmente podrían no haber querido comprar los periódicos, los aparatos de radio o los libros.

Bourdieu y Sartori como recientes representantes de la teoría cultural crítica de la televisión quieren salvar al vulgo del embrutecimiento. «El conjunto de proposiciones, más o menos disperso, que engloba esta «teoría crítica de la televisión» parece buscar despertar a un pueblo que estaría supuestamente siendo manipulado o moldeado por la pantalla a través de las apariencias falaces que ella le ofrece.»{27} Al final la teoría crítica de la televisión sostiene que toda la televisión, sus contenidos son falaces, apariencias, engaño. «En su versión más radical, la teoría crítica de la televisión llegará a sostener que la televisión es el ámbito propio de las apariencias falaces, hasta el punto de que la pantalla de televisión se interpone a la posibilidad misma del conocimiento de la verdad, que estaría reservada al Logos y no a la vista.»{28} Este es el caso de Giovanni Sartori.

Finalmente, desde el punto de vista de la historia de la filosofía hay que conocer a George Berkeley para entender la teoría crítica de la televisión. Esto nos suministra la clave para entender tales teorías críticas de la televisión, puesto que «las teorías críticas de la televisión, que contraponen sus funciones de «construcción del Mundo» a sus funciones de «registro del Mundo» podrían ser consideradas como meras aplicaciones, a un caso particular, de la concepción idealista general del Mundo de Berkeley.»{29}

El propio Bourdieu lo declara explícitamente: «Creo, en efecto, que, al aceptar participar sin preocuparse por saber si se podrá decir alguna cosa, se pone claramente de manifiesto que no se está ahí para decir algo, sino por razones completamente distintas, particularmente para dejarse ver y ser visto. «Ser», decía Berkeley, «es ser visto».{30} Por su parte, Sartori agrega: «En suma, lo visible nos aprisiona en lo visible. Para el hombre que puede ver (y ya está), lo que no ve no existe.»{31}

Esto sirve para mostrar el carácter idealista de la crítica cultural de la televisión ejercida por Bourdieu y Sartori. El «idealismo de Berkeley tendría que ver, como su verdadero correlato metafísico, con las concepciones sociológicas del poder en televisión que defiende la teoría crítica. El Mundo, vienen a decir Adorno, Eco -el Eco de La transparencia perdida (1988)-, Sartori o Bourdieu, es construcción del Poder que, mediante las apariencias de la telepantalla, ofrece a la muchedumbre televidente mensajes dirigidos a controlarla, en beneficio de su gloria. ¿De dónde vienen las ideas? Se pregunta Berkeley y contesta: de Dios, de las cosas no puede venir, porque no existe la materia definida como un mundo que exista independientemente de que yo lo perciba. Así se acaba con el materialismo y a la vez se demuestra la existencia de Dios. La mejor prueba de que existe Dios para Berkeley es que yo tengo ideas en mi conciencia. La mejor prueba de que existe el Poder político o el Poder a secas para Sartori o Bourdieu son las apariencias televisivas que nos sirven constantemente por televisión.

El reconocimiento de componente metafísico-idealista de las concepciones de Berkeley o de Schopenhauer puede también servirnos de canon para determinar hasta qué punto la teoría crítica está inspirada por el «idealismo de las apariencias». Un idealismo que pasa por alto las realidades objetivas que el materialismo histórico subraya en el proceso mismo de la constitución de esas apariencias objetivas que ellas envuelven.»{32} Por ello es por lo que conciben que la opinión pública es pasiva y algo subjetivo, mentalista que se forma en el espíritu independientemente de las condiciones materiales políticas y sociales de existencia y de producción, por lo tanto, algo enteramente manejable por los medios de comunicación entre los que se cuenta, cómo no, la televisión, a la que se le otorgan poderes omnímodos sobre las representaciones del vulgo. Esta creencia o ideología de la televisión y de los medios de comunicación como dominadores del vulgo y de sus opiniones es tan fuerte y está tan arraigada que los políticos están obsesionados por dominar la televisión y por salir la mayor cantidad posible de tiempo en la televisión creyendo que así ganarán las elecciones. Se olvidan de que la gente sabe tomar sus decisiones políticas y de que no hace falta que se conozcan todos los nombres propios de los políticos ni todas las teorías politológicas para ser unos ciudadanos conscientes en las democracias. Basta con saber de forma rudimentaria unas cuantas cosas y sobre todo reconocer los propios intereses. Si todo fuera manipulable como afirman Sartori, Bourdieu y otros, entonces los resultados electorales serían arbitrarios e irracionales, pues variarían constantemente al azar por la presión de los medios de comunicación y sin embargo no ocurre así. Hay una constancia de los votos y de los resultados electorales. En el año 2000, el grupo PRISA de Polanco hizo campaña contra el PP incluso durante la jornada de reflexión y el día de la votación y sin embargo, la gente votó a favor del PP de forma demoledora. Conque eso significa que la gente no es una masa de arcilla enteramente moldeable a gusto del manipulador político situado en el control de la programación de la TV.

Gustavo Bueno, en Televisión, apariencia y verdad trata de delimitar las relaciones entre realidad y televisión y entre los cuatro modelos que propone para entender tales relaciones opta por el IV, Ni la televisión es una parte del mundo, ni el mundo es un mundo entorno de la televisión. Esto marca también los límites de la televisión. Conviene no sustantivar o hipostatizar ni el mundo ni la televisión. El sujeto que ve la televisión no es un sujeto pasivo, sino activo. Es un sujeto operatorio.

Notas

{1} Así también lo entiende al parecer Giovanni Sartori: «Democracia quiere decir, literalmente, «poder del pueblo», soberanía y mando del demos. Y nadie pone en cuestión que éste es el principio de legitimidad que instituye la democracia.» Homo videns, pág. 127, Editorial Taurus, Madrid 2002.

{2} Gustavo Bueno, Telebasura y Democracia, Ediciones B, Barcelona 2002, pág. 154.

{3} Gustavo Bueno, Televisión, Apariencia y Verdad, Gedisa, Barcelona 2000, pág. 49.

{4} Giovanni Sartori, Homo videns, pág. 30.

{5} Giovanni Sartori, Homo videns, pág. 36.

{6} Gustavo Bueno, Televisión, Apariencia y Verdad, pág. 69.

{7} Gustavo Bueno, Televisión, Apariencia y Verdad, pág. 212.

{8} Gustavo Bueno, Televisión, Apariencia y Verdad, pág. 213.

{9} Gustavo Bueno, Televisión, Apariencia y Verdad, págs. 87-88.

{10} Gustavo Bueno, Televisión, Apariencia y Verdad, pág. 88.

{11} Gustavo Bueno, Telebasura y democracia, págs. 142-143.

{12} Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, Alianza Editorial, Madrid 1992, pág. 239.

{13} Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, pág. 123.

{14} Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, pág. 144.

{15} Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, pág. 230.

{16} Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, pág. 241.

{17} Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, pág. 241.

{18} Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, pág. 241.

{19} Gabriel Albiac, Desde la incertidumbre, Plaza y Janés, Barcelona 2000, pág. 151.

{20} Giovanni Sartori, Homo videns, pág. 133.

{21} Giovanni Sartori, Homo videns, pág. 133, nota 8.

{22} Gustavo Bueno, Televisión, Apariencia y Verdad, pág. 233.

{23} Gustavo Bueno, Televisión, Apariencia y Verdad, pág. 330.

{24} Gustavo Bueno, Televisión, Apariencia y Verdad, pág. 201.

{25} Gustavo Bueno, Televisión, Apariencia y Verdad, pág. 57.

{26} Gustavo Bueno, Televisión, Apariencia y Verdad, pág. 63.

{27} Gustavo Bueno, Televisión, Apariencia y Verdad, pág. 64.

{28} Gustavo Bueno, Televisión, Apariencia y Verdad, pág. 66.

{29} Gustavo Bueno, Televisión, Apariencia y Verdad, pág. 99.

{30} Pierre Bourdieu, Sobre la televisión, Editorial Anagrama, Barcelona 1997, pág. 16.

{31} Giovanni Sartori, Homo videns, pág. 88.

{32} Gustavo Bueno, Televisión, Apariencia y Verdad, pág. 99.

Fuente: Copyright © por Instituto de Ciencias, Artes y Literatura Alejandro Lipschütz

La prensa española en la democracia (1982-2006). Transformación, concentración y regionalización


por María Arroyo Cabello *

Resumen: Este artículo aborda la evolución de la prensa española en la democracia  desde la perspectiva periodística, empresarial e ideológica. En este trabajo se analiza la difusión, la transformación de la estructura de la prensa diaria y el fenómeno de la concentración. Incluye también la implantación de un nuevo modelo informativo: la prensa gratuita y la influencia de Internet en los periódicos convencionales.
Abstract: This article looks at the development of the Spanish press during the democracy from journalistic, business and ideological viewpoints. The diffusion, the change in structure of the daily press and the phenomenon of concentration are analysed. A new information model is also deployed –that of a free press and the influence of the Internet on conventional newspapers. Key words:  Evolution, press, democracy, Spain.

Introducción

El sistema informativo impreso español ha evolucionado notablemente desde sus orígenes hasta la actualidad. Si en los primeros siglos hubo un predominio de la prensa madrileña, en los últimos cien años1 los diarios regionales y locales han experimentado un considerable desarrollo, hasta el punto que  la estructura de la prensa en España ha pasado de ser un modelo centralizado en la capital del Estado a un modelo regionalizado. Es en el siglo XVII cuando se implanta el modelo centralista con la Gaceta de Madrid a imitación de la célebre Gazette francesa y perdura durante tres siglos, hasta que en las primeras décadas de la Restauración borbónica empieza a cambiar la tendencia2.

El proceso comenzó a finales del siglo XIX y coincide con el despegue de la prensa española; a partir de entonces los periódicos se transforman en modernas empresas periodísticas que buscan la rentabilidad económica. Igualmente los diarios locales se convierten en periódicos de empresa y empiezan a asumir la defensa de lo autóctono. Como dice Sánchez Aranda, con anterioridad a 1875 ya existían importantes diarios regionales como Diario de Cádiz, El Diario de Barcelona o El Norte de Castilla, pero es a finales del siglo XIX cuando se dan las condiciones para el desarrollo de la prensa regional y el retroceso de las posturas centralistas3.

La prensa regional española alcanza un desarrollo notorio hasta el primer  tercio del siglo XX, pero la Guerra Civil y el franquismo detienen su progresivo ascenso. Entre 1939 (cuando finaliza la Guerra Civil) y 1982 (cuando se privatiza la cadena del Movimiento), la prensa regional permanece disminuida ante la cadena de prensa franquista, que monopoliza la información en todas las provincias4.

Durante los años sesenta se dan intentos de crear periódicos regionales en algunas provincias como Bilbao, Barcelona, Galicia, Murcia, etc., pero con grandes dificultades puesto que no existe una administración autonómica. Por eso habrá que esperar a la creación del Estado de las Autonomías durante la Transición para forjar un periodismo regional en España5.

Durante todo ese tiempo se consolidó una prensa central que dominaba el mercado nacional. No en vano España tiene una tradición de grandes periódicos nacionales, como les ocurre también a Francia y Gran Bretaña; sin embargo, hoy no se puede hablar de una prensa nacional hegemónica, ya que la prensa regional y local están igualándose a los periódicos nacionales.

Como ha escrito Guillamet, en España la reconversión tecnológica y la consolidación de la prensa regional y local han sido la gran sorpresa de la democracia6.

1. Estructura de la prensa española

A mediados de los ochenta se fue estructurando el sistema informativo en un modelo descentralizado, en el que la prensa local registró un crecimiento muy superior al de Madrid. En esos años los periódicos propios de cada ciudad se situaron en los primeros puestos de los índices de difusión en catorce de las diecisiete Comunidades Autónomas. Así, en 1985 El Correo Español-El Pueblo Vasco superaba los 100.00 ejemplares, y cinco años después era La Voz de Galicia la que rozaba la cifra mítica con 95.879 ejemplares; de este modo, los periódicos regionales se situaban entre los diez primeros del ranking7.

Ahora bien, el sistema informativo regional ponía de manifiesto la desigualdad en difusión entre las Comunidades Autónomas; mientras en algunas comunidades del Norte el índice de difusión se situaba por encima de los 100 ejemplares por cada mil habitantes, otras Comunidades, principalmente del Sur, tenían un índice de difusión por debajo de la cifra reconocida por la UNESCO8.

En los últimos años se ha constatado que los diarios locales y regionales son líderes indiscutibles en cuarenta y dos provincias. Así, en 2003 el diario local era el más difundido en todas las Comunidades Autónomas, con la excepción de Madrid y Castilla-La Mancha, donde el líder es El País, y Andalucía, donde ABC es el diario más difundido en Sevilla. De este modo, nos encontramos con seis diarios regionales, a saber: La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El Correo Español, La Voz de Galicia, El Diario Vasco y Diario de Navarra, que se encuentran entre los diez primeros del ranking de difusión de los diarios de información general9.

Ahora bien, se ha registrado un descenso en la difusión de esta prensa regional de referencia: así, nos encontramos con que El Correo de Bilbao cede un 1,5 por ciento de ejemplares diarios con respecto al año anterior, del mismo modo que La Voz de Galicia (-3,3 por ciento), Diario Vasco (-1,1), Diario de Navarra (-1,7), Heraldo de Aragón (-1), Levante y Faro de Vigo (ambos -0,5)10.

No obstante, los diarios regionales mantienen su liderazgo en sus respectivos ámbitos de difusión: así, nos encontramos con que Vocento es el grupo con mayor número de cabeceras (nueve), seguido de Prensa Ibérica, con seis; luego están otros grupos con marcado carácter regional y provincial, pero de menor tirada como Serra o  Joly 11.

Un hecho a destacar es la singularidad de Cataluña, que cuenta con una estructura de medios propia, como pone de relieve el hecho de que La Vanguardia12 y El Periódico sean los diarios centrales en esa Comunidad13, algo que también ocurre, aunque en menor medida, en el País Vasco y en Galicia.

Por otra parte, la proyección de los periódicos catalanes hacia el resto del país, que comenzó a finales de los noventa, se confirma en el nuevo siglo. Este fenómeno se consolida con la política desarrollada por el Gobierno tripartito de la Generalitat desde 2006.

El predominio de la prensa regional y local ha hecho reaccionar a los periódicos centrales que a finales de los noventa emprendieron una política de penetración en las Comunidades Autónomas, con ediciones propias. En el caso de El País, es líder de difusión entre las cabeceras centrales en todas las Comunidades excepto en Andalucía, Baleares y el País Vasco. En la primera es ABC, y en las otras El Mundo14.

En la actualidad el grado de penetración de los diarios de referencia ha aumentado. La tendencia al alza es la norma, salvo en algunas comunidades de la franja norte como Navarra y el País Vasco, y sólo en el caso de esta última el descenso resulta verdaderamente acusado. En el resto hay subidas moderadas y otras que representas incrementos de entre un 28 y un 54 por ciento, como ocurre en Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias y, sobre todo, Galicia15.

2. Reconversión tecnológica

En 1982 se inicia el proceso de renovación tecnológica de los periódicos de propiedad estatal, herederos de la antigua Prensa del Movimiento del franquismo y reconvertidos en Medios de Comunicación Social del Estado16; también en la prensa privada, gracias a las ayudas estatales aprobadas por el Gobierno de Felipe González en 198317 y la mejora de la economía.

La reconversión tecnológica supuso una renovación formal de los periódicos, que vieron cómo cambiaban su fisonomía en cuanto a diseño, tipografía y maquinaria. De este modo, se puso fin a una época de infraestructuras obsoletas y uniformidad informativa, que hacía de la prensa un sector atrasado y anodino.

A finales de los ochenta se acometen diversos cambios en el diseño de un buen número de periódicos y se generaliza el formato tabloide introducido por El País. Después, con la irrupción de las nuevas tecnologías en los años noventa se modernizan las redacciones de los periódicos18, lo que permite mejorar las fotografías, y se incorpora la infografía a las páginas de los diarios españoles. Las secciones de infografía de La Vanguardia y El Mundo se pueden considerar pioneras dentro del panorama de la prensa española de los noventa.

En el nuevo siglo se ha completado la digitalización en todos los periódicos españoles y se han puesto en marcha las ediciones electrónicas de la prensa de papel. Esto ha supuesto una reducción de plantilla en las redacciones que ha afectado a buen número de profesionales, obligándoles a buscar otro puesto de trabajo en sectores multimedia principalmente. Conforme avanza el siglo los periodistas, se han ido recolocando en sectores emergentes como las televisiones autonómicas y cadenas privadas, en la prensa gratuita y en agencias y revistas pensadas para audiencias específicas (motor, ocio, Internet, videojuegos, etc.)19.

Con todo, sigue siendo el sector prensa diaria el que más puestos de trabajo proporciona a la profesión periodística, que se estructura de la siguiente forma: un 26 por ciento trabajan en la prensa diaria, un 21 por ciento en el sector audiovisual, un 19 por ciento en comunicación institucional, otro 19 por ciento en periodismo independiente, un 11 por ciento en otros medios y un 4 por ciento en nuevo periodismo20.

3. Transformaciones en la prensa diaria

La mayor transformación de la prensa española, que revela su mayoría de edad, es haber alcanzado en 1992 el nivel de difusión de los países desarrollados, si bien es cierto que se encontraba entre los más bajos de la Comunidad Europea. Ahora bien, este nivel ha experimentado un crecimiento sostenido en la última década del siglo pasado, pero a partir de 2003 ha comenzado un descenso continuado que ha situado el índice de difusión nacional por debajo de los cien ejemplares21. Por otra parte, en el nuevo siglo las bajas cifras de difusión colocan a España cada vez más lejos de la media europea, tan sólo por delante de Eslovaquia, Portugal, Grecia y Chipre22. En contrapartida, los diarios de circulación nacional españoles se caracterizan por su calidad, muy por encima de sus homónimos continentales y por la ausencia de sensacionalismo23.

Por lo demás, durante los años ochenta se consolidan modelos periodísticos surgidos en la Transición como El País y Diario 16, nacen otros nuevos como El Mundo y se renueva el tradicional modelo de ABC.

El País24, que había sido la revelación periodística al comienzo de la Transición, en la década de los ochenta se convierte en el líder absoluto de la prensa diaria y en la “joya de la corona” del Grupo Prisa. En cuanto a su línea editorial, ha evolucionado con el transcurso del tiempo, nació como un periódico de centro izquierda, pero enseguida se puso de manifiesto su afinidad con el PSOE25. Laicista y en constante crítica al Magisterio de la Iglesia, postura que se ha ido radicalizando en los últimos años con el nuevo Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

En 1995 era líder entre los diarios de información general con 420.934 ejemplares, puesto que sigue ostentando en la actualidad con un crecimiento sostenido desde entonces, que sólo descendió entre 1999 y 2001. Luego volvió a ascender, hasta ahora en que su tirada es de 469.183 ejemplares26.

Otro periódico de la época fue Diario 16: su papel en el cambio democrático y  su originalidad, creatividad e influencia hacen de él un elemento imprescindible para estudiar la historia del periodismo durante la Transición y primer Gobierno de Felipe González. Su línea editorial es la de un periódico liberal, laico, pero no laicista, por lo que fue respetuoso con la Iglesia. En los años de la corrupción fue muy crítico con el Gobierno socialista.

En 1980 bajo la dirección de Pedro J. Ramírez alcanza el tercer puesto en el ranking tras El País y ABC con una difusión de 130.485 ejemplares. Después de lograr su mayor éxito practicando el periodismo de investigación en el caso GAL, lo que provoca tensiones con el Gobierno, se produce la destitución de su director en marzo de 1989. En adelante el periódico atravesará una serie de vicisitudes que concluirán con su desaparición en 200127.

En cuanto al veterano ABC, después de la Transición pasó momentos difíciles, primero por la competencia de El País y, segundo, por la pérdida de su espacio en el posfranquismo. Pero la victoria del PSOE en 1982 le convirtió en un periódico de oposición y le dio la oportunidad de aplicar un periodismo agresivo bajo la dirección de Luis María Ansón28, lo que le hizo aumentar la tirada en siete años de 219.000 ejemplares a 304.098. En el plano ideológico ABC seguía siendo un periódico conservador, monárquico, defensor de la unidad nacional y fiel al Magisterio de la Iglesia.

La salida de su director en 1997 y problemas económicos influyen en la familia Luca de Tena, propietaria del periódico, que en 2001 acepta la oferta del Grupo Correo. De esta manera, en 2003, cuando ABC conmemoraba su centenario, lo hacía ya bajo la marca Vocento29. Por lo que se refiere a la evolución de la tirada, ha sufrido descensos continuados desde 1993 hasta 2004, en que ha mostrado una recuperación30.

La gran revelación de finales de los ochenta fue la aparición de El Mundo en 1989. El nuevo diario fundado por el que fuera director de Diario 16, Pedro J. Ramírez, lanzó un producto novedoso que se denominó “periódico de dos velocidades”31. Desde su fundación El Mundo buscó el espacio de centro izquierda, entre el gubernamental El País y el conservador ABC. Así, se muestra pacifista, laicista y liberal en lo económico y en las costumbres.

Pero, sobre todo, sería el periodismo de investigación que puso en práctica ante casos de corrupción política y escándalos económicos, lo que le catapultó al tercer puesto de la prensa española. Tras un crecimiento espectacular en la década de los noventa, en 2001 con una difusión de 312.366 ejemplares superaba la tirada de ABC y  ascendía al segundo puesto del ranking de la prensa diaria. A partir de entonces experimenta un descenso, que en 2004 ha logrado remontar32.

La última incorporación de la democracia ha sido el diario La Razón. El 5 de  noviembre de 1998 el que fuera antiguo director de ABC, Luis María Ansón, funda La Razón, un diario conservador que enseguida se convirtió en competidor de ABC. Su diseño, que recuerda mucho al del diario de la calle de Serrano, y su política de edicionalización han hecho de La Razón el cuarto diario de circulación nacional. La Razón es el único diario central que ha mantenido un crecimiento progresivo desde su fundación hasta 200433.

En este tiempo hay que lamentar la desaparición de dos periódicos con tradición en el periodismo español, a saber; Ya y Diario 16. El diario de la Editorial Católica, un referente durante el franquismo y el más vendido en Madrid en los años previos a la muerte de Franco, dejó de publicarse en 1996 tras años de crisis. En cuanto a Diario 16 un descenso paulatino en las ventas provocó su desaparición a comienzos del nuevo siglo.

4. Concentración periodística

El fenómeno de la concentración periodística fue un proceso irreversible, que tiene sus orígenes a mediados de los ochenta cuando Javier Moll adquiere en subasta pública tres de los diarios más rentables de la antigua cadena del Movimiento, que junto a varios periódicos canarios conforman el Grupo Prensa Ibérica. Al mismo tiempo se formaba el Grupo Correo con las cabeceras de El Correo Español y El Diario Vasco y la adquisición en 1988 de los diarios regionales más importantes de la Editorial Católica. No les quedaba  más remedio a las empresas periodísticas españolas necesitadas de la renovación tecnológica y humana que reclamaba el sector, sin que ello implique un coste demasiado elevado34. De este modo, los grandes diarios regionales constituyen hoy la base de los principales grupos35.

De los diarios regionales o provinciales de mayor difusión en su ámbito geográfico, nueve pertenecen al Grupo Correo, sin duda el más consolidado del sector (El Correo Español/El Pueblo Vasco, El Diario vasco, La Verdad, Sur, Diario Montañés, Ideal, El Norte de Castilla, Hoy y La Rioja), cuatro a Prensa Ibérica (La Nueva España, Información, Faro de Vigo y La Opinión/EC Zamora) y tres a Prensa Española (La Región, Huelva Información y El Diario de Ávila): a ellos hay que sumar los diarios de los Grupos Zeta, Voz y Heraldo, con dos diarios cada uno36.

A lo largo de los noventa el proceso de concentración ha ido transformando el sistema informativo español, que ha pasado de pequeñas empresas de carácter familiar a estructuras empresariales que buscan la diversificación y expansión. En definitiva, la prensa española ha dejado de ser un sector oligopólico, en términos financieros, y esta tendencia se confirma en el siglo XXI37.

5. Impacto de la prensa gratuita

A mediados de los noventa surge la prensa gratuita en las grandes ciudades españolas, más concretamente en núcleos de población de Cataluña, Vizcaya y la Comunidad Valenciana. En 1991 un grupo de empresarios valencianos sacaba Mini Diario en Valencia, el decano de los gratuitos europeos y el primer diario gratuito de España38.

Pero el desarrollo y consolidación de la prensa gratuita se produce en 2000 con el desembarco de las multinacionales escandinavas: Metro Internacional SA. y la empresa noruega Schibsted, editores de Metro y de 20 Minutos, respectivamente39.

La respuesta de los grupos españoles fue inmediata, el primero sería el Grupo Correo que saca en Bilbao El Nervión, para impedir que el modelo Metro se extendiera a las ciudades donde el Grupo Correo era líder en lectores e ingresos publicitarios. Y ya con la nueva marca Vocento lanzaba en Málaga el gratuito ¡Qué Pasa!, más dos diarios en la Costa del Sol, Sur in English y Costa del Golf. Por su parte, el Grupo Recoletos iniciaba la publicación de Qué, un gratuito con ediciones propias en 13 capitales de provincia.

La envergadura de la prensa gratuita es una realidad incuestionable. Para hacernos una idea miremos las cifras de ejemplares “puestos a distribución”, que es como aparece en la Oficina para la Justificación de la Difusión (OJD) al aplicarse a este tipo de publicaciones. El gratuito ¡Qué! distribuye 978.786 copias, 914.929 en el caso de 20 Minutos y 849.838 Metro Directo40.

El fenómeno de la prensa gratuita ha influido en la recuperación del sector y, así, tenemos que mientras la difusión de la prensa ha caído en los últimos años, paradójicamente la audiencia ha aumentado; y esto se debe a la expansión de la prensa gratuita, que ha crecido en número de cabeceras y en áreas urbanas de distribución. Según el Estudio General de Medios (EGM), correspondiente a mayo de 2005, los diarios gratuitos concentran un 7 por ciento del total de la audiencia de prensa en España, lo que equivale a 800.000 lectores diarios, que sumados a los 4,2 millones lectores de periódicos de pago componen el total de la audiencia del país41.

El liderazgo de la prensa gratuita lo ostentan 20 Minutos y Metro Directo, que con 1,8 y 1,6 millones de lectores, respectivamente, ocupan el tercer y el cuarto puesto en el ranking de lectura de prensa diaria, sólo superados por el diario deportivo Marca y El País. Durante el último trimestre de 2005, los tres grandes 20 Minutos, Metro y Qué! sumaban tres millones de ejemplares diarios42.

6. La entrada de las nuevas tecnologías

Entre 1996 y los primeros años del siglo XXI el panorama periodístico español está marcado por la aplicación de las nuevas tecnologías a los periódicos de papel. Aprovechando la bonanza económica de los últimos años de la década de los noventa, los diarios de referencia sacaron sus ediciones digitales, si bien no muy diferentes de sus ediciones impresas. La mayor parte de las cabeceras desdoblaron su oferta, elaborando dos versiones del mismo producto con muy pocas variaciones. Además, cuidaban sus ediciones digitales, aunque sin descuidar en lo más mínimo el periódico tradicional, que seguía siendo la referencia para cualquier empresa periodística.

El diario El Mundo ha sido pionero en sacar una edición digital con contenidos propios, diferenciados de la versión impresa. En mayo de 1996 anunciaba su entrada en la Red, aunque su nombre ya lo había registrado un año antes cuando Mario Tascón era el director de El Mundo digital43.

En la actualidad, El Mundo en versión electrónica tiene entidad propia y una personalidad que lo ha aupado al primer puesto en el ranking de la prensa diaria digital. Hoy se puede decir que elmundo.es constituye la edición digital de más éxito en lengua española con más de 500.000 usuarios de media44.

También El País entra en Internet en mayo de 1996, lo que ha creado una rivalidad con El Mundo, que mantiene la prioridad de su presencia en la Red. Como dice Montserrat Doval, en el tiempo que Mario Tascón dirigió el equipo digital de El Mundo, el periódico superó a El País. En  2000 Mario Tascón abandona El Mundo, llevándose parte de su equipo, y se incorpora a El País, donde se hace cargo de su edición digital45.

Aunque el número de lectores de las publicaciones digitales españolas ha crecido paulatinamente en los últimos años46, no obstante, la mayor parte de las versiones digitales ofrecen cifras aún muy bajas, mostrándose, por el momento, incapaces de disputar el cetro de la audiencia al formato papel.

En definitiva, las ediciones “online” son imprescindibles en las empresas periodísticas, que se esfuerzan por dotar de entidad propia a las versiones digitales, sabiendo que sin ellas no se puede entender hoy el significado de la prensa escrita.

Otra cuestión es la rentabilidad de las ediciones digitales. En este aspecto, en noviembre de 2002 El País decidió restringir el acceso a la mayor parte de los contenidos digitales a suscriptores, dejando sólo los titulares, sumarios y algunos artículos a la consulta gratuita. Pero, al parecer, está opción no ha cuajado, y en la actualidad el diario de Prisa ofrece de forma gratuita todo el periódico, a excepción de algunos servicios como la hemeroteca47.

7. Relaciones prensa-poder

En estos treinta años de democracia en España se han alternado dos partidos mayoritarios en el Gobierno de la nación; entre 1982 y 1996 el Partido Socialista, con Felipe González; entre 1996 y 2004 el Partido Popular, presidido por Aznar, y desde marzo de 2004 el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

El Gobierno largo de Felipe González concluye con corrupción política y escándalos financieros que fueron denunciados por Diario 1648 y por ABC, cuyas campañas por el caso Juan Guerra llevaron a este último a polemizar con El País y a aumentar las tiradas. Con motivo de la recuperación del caso GAL a finales de 1994, El Mundo emprendió una campaña contra el Gobierno que conduciría a este a la pérdida del poder dos años después49.

Esta primera etapa socialista termina con una  confrontación entre los periódicos y produce tensiones entre medios de comunicación afines al Gobierno y periodistas independientes, que fundarán después la AEPI (Asociación de Escritores y Periodistas Independientes).

La llegada al poder del Partido Popular en 1996 trajo un breve período de serenidad a la prensa, que duró poco. Enseguida se vio que la batalla mediática iba a proseguir entre los antiguos rivales, con la diferencia de que ahora El País se situaba en la oposición y El Mundo y ABC pasaban a alinearse con el Gobierno. La etapa popular acaba con la guerra de Irak, un asunto que provoca duras críticas al Gobierno por parte de El País y los medios del Grupo Prisa50.

Pero es el 11-M, el mayor atentado terrorista de la historia de España, el que devuelve al poder al Partido Socialista, esta vez liderado por Rodríguez Zapatero. En esta ocasión los medios de comunicación jugaron un papel de primer orden, sobre todo los medios electrónicos, como los teléfonos móviles y la radio51. En esta ocasión la influencia de la prensa fue menor que la de los medios audiovisuales; sobre todo fue la cadena SER de radio e Internet quienes lideraron la movilización social que se produjo en los días previos a las elecciones generales. Algunos medios públicos y privados dieron prioridad a la información que vinculaba el resultado de las elecciones con la autoría del atentado, creando así un clima de enfrentamiento nada conveniente para una jornada de reflexión52.

En los últimos años las polémicas leyes aprobadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero han reavivado el enfrentamiento entre sectores de la comunicación que lideran diferentes modelos de sociedad. En consecuencia, la lucha mediática se ha radicalizado y la crispación ha aumentado en los periódicos de circulación nacional, en los diarios catalanes vinculados a la Generalitat y en la radio.

Conclusiones

  • El modelo español ha evolucionado y ha pasado de ser un modelo centralizado en la capital del Estado a un modelo regionalizado. Entre 1976 y 1990 se consolidó la nueva configuración del Estado español en diecisiete Comunidades Autónomas, lo que benefició a la prensa regional y local.
  • Durante el Gobierno de Felipe González la prensa diaria atraviesa una etapa de reconversión tecnológica, que permite la modernización de los periódicos españoles y se inicia el fenómeno de la concentración de medios, sobre todo en la prensa regional.
  • Se consolidan modelos que habían surgido en la Transición, como El País y Diario 16, nace El Mundo y se renueva ABC.
  • En 1992 la prensa española alcanza el nivel de difusión de los países desarrollados, si bien se encuentra muy alejado de la media europea y presenta notables desigualdades entre las Comunidades Autónomas. Pero a partir de 2003 ha comenzado un descenso continuado, que ha situado el índice de difusión nacional por debajo de los cien ejemplares.
  • Esta primera etapa socialista concluye con una confrontación entre los periódicos y el Gobierno, propiciada por los casos de corrupción denunciados por la prensa, así como produce tensiones entre medios de comunicación afines al Gobierno y periodistas independientes.
  • Tras ganar el Partido Popular las elecciones en 1996, de momento vuelve la calma a los diarios de referencia. Lo más significativo de este periodo es la aplicación de las nuevas tecnologías a las redacciones, la puesta en marcha de las ediciones digitales de la prensa de papel y la irrupción de un nuevo modelo informativo: la prensa gratuita.
  • En el nuevo siglo se ha completado la digitalización en todos los periódicos españoles y se han puesto en marcha las ediciones electrónicas de la prensa de papel. Esto ha supuesto una reducción de plantilla en las redacciones, que ha afectado a buen número de profesionales, obligándoles a buscar otro puesto de trabajo en sectores multimedia principalmente.
  • En esta etapa se ha confirmado la tendencia a la concentración de medios, tal que a principios del siglo XXI el 87 por ciento de la difusión correspondía a los grandes Grupos.
  • Entre los diarios de circulación nacional, la novedad ha sido la absorción de ABC por el Grupo Correo (que opera ya con la marca Vocento).Y la aparición de La Razón. Así como la desaparición de dos históricos de la prensa española, los diarios Ya y Diario 16.
  • La etapa de Gobierno de Aznar termina con la guerra de Irak, asunto que provocó el enfrentamiento entre los medios.
  • Pero es el 11-M, el mayor atentado terrorista ocurrido en España, el que devuelve el protagonismo a los medios de comunicación por su implicación en los sucesos inmediatamente posteriores. En esta ocasión, por su inmediatez, fueron los medios audiovisuales e Internet los artífices de los mensajes que influirían en el voto de muchos ciudadanos.
  • Con el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, sostenido por la izquierda nacionalista, se ha radicalizado la prensa y ha vuelto la crispación a los medios de comunicación.

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Notas

1 Los primeros diarios locales son una aportación genuinamente española a los orígenes de la prensa, y surgen a finales del siglo XIX en Madrid, Valencia, Sevilla y Barcelona. Guillamet, J., “Pasado y futuro de la prensa local”. En: López Lita, R. Fernández Beltrán, F. y Durán, A. (eds.) La prensa local y la prensa gratuita, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaime I, 2002, p.185
2 Sánchez Aranda, J.J., “La prensa regional: ejemplo de consolidación del nuevo periodismo a principios de siglo” en Núñez, M. Martínez de las Heras,A. y Cal, R. (coords.), José Altabella. Libro Homenaje, Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense, 1997, p.392
3 Este autor señala tres causas: la defensa de lo autóctono, la modernización del periodismo y la reacción a las campañas anticlericales desarrolladas por la prensa de Madrid, que fue un incentivo para promocionar periódicos católicos en muchas provincias. Sánchez Aranda, J:J: op. cit. p.398
4 “La prensa del Movimiento, para quienes no lo tengan bien presente, era una cadena de cerca de cuarenta periódicos que durante todo el franquismo domina, en régimen de monopolio, a la prensa provincial e impide, en muchos casos, la mera existencia de prensa privada en la mayoría de provincias de España”. Guillamet, J., “Pasado y futuro de la prensa local”, op. cit. p.187.
5 “Emprendida la transición política y vigentes los Estatutos de las 17 Comunidades Autonómicas, es cuando puede hablarse de verdaderos cerebros regionales, pues sus Gobiernos administrarán recursos cuantiosos”. Entonces los periódicos y demás medios de comunicación especializados en esta temática alcanzan ya la categoría absoluta de regionales. Maciá Mercadé, J., La comunicación regional y local, Madrid, Editorial Ciencia 3 Distribución, S.A., 1993, p.xvii.
6 Guillamet, “Pasado y futuro de la prensa local”, op. cit. p.184.
7 Entre 1976 y 1990 se consolidó la nueva configuración del Estado español en diecisiete Comunidades Autónomas, lo que benefició a la prensa regional y local. Arroyo, M., “La prensa en la democracia (1982-2005)”. En: Arroyo, M. y Roel, M. (coords.) Los medios de comunicación en la democracia (1982-2005). Prensa, radio y televisión. Internet y Grupos de comunicación, Madrid, FRAGUA, 2006, p.23.
8 Informe Anual de la Comunicación 1997-1998. Estas diferencias se mantienen, aunque el descenso general de la difusión observado en el último año, ha acortado las diferencias entre comunidades. Así, en 1995, la horquilla regional comprendía más de 140 puntos, y oscilaba entre 194,2 (índice de Navarra) y 52,7 (índice de Castilla-La Mancha); nueve años después, esta última ha ganado más de tres puntos, mientras que la primera, en una caída sin precedentes, ha cedido casi 28. TENDENCIAS’06. Medios de comunicación. El año de la televisión, Fundación Telefónica, Madrid, 2006. p.83.
9 Libro Blanco de la Prensa Diaria 2005, Asociación de Editores de Diarios de España, que recoge los datos suministrados por OJD. En España hay dos corporaciones dedicadas a la medición del consumo de medios. Se trata de la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC), responsable del Estudio General de Medios y de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), que se encarga de certificar la difusión de las publicaciones impresas que se editan en el país.
10 Fuente: OJD, 2005. Correspondiente al periodo julio de 2004-junio 2005.
11 Estos dos grupos están estrechamente vinculados a las Islas Baleares y Andalucía, respectivamente. TENDENCIAS’06, op. cit. 94
12 Sobre la historia reciente de La Vanguardia, véase Nogué, A. y Barrera, C. La Vanguardia: del franquismo a la democracia, Madrid, Fragua, 2006.
13 Atendiendo a las tipologías de la prensa española, nos encontramos con que el 40,6 por ciento son diarios regionales y locales, el 9,7 por ciento son diarios centrales de Cataluña y el 27,7 por ciento son diarios centrales. Fuente. OJD, 2005 y TENDENCIAS 06, p.84. Esta realidad constata el predominio de los diarios catalanes en su demarcación y la singularidad de la estructura de la prensa en Cataluña.
14 En el caso de El Mundo su política de penetración a otras Comunidades le ha llevado a crear planta de impresión propia en La Rioja y el País Vasco, y su suplemento se ha impuesto en ocho Comunidades Autónomas. Por su parte, ABC es el primer periódico en Sevilla; esto se debe a su larga tradición y arraigo en la ciudad andaluza, patria chica del fundador don Torcuato Luca de Tena, y donde se elabora un producto propio independiente del de Madrid.
15 Para más datos sobre esta evolución en los últimos diez años, véase TENDENCIAS’06, op.cit. p.91.
16 A partir de 1982 el Estado bajo el Gobierno socialista se desprendió de los diarios de la antigua cadena del Movimiento a través de la subasta, de este modo se produjo la total privatización de la prensa escrita en España. Maciá Mercadé, J., op. cit.p.33.
17 El Gobierno socialista destinó 2.980 millones de pesetas a la reconversión tecnológica de los periódicos, al consumo de papel prensa y a subvenciones por difusión. Fernández, I. y Santana, F., Estado y medios de comunicación en la España democrática, Madrid, Alianza, 2000, p.216.
18 Veáse Armentia, J.I., “Las nuevas propuestas formales de la prensa española ante el fin de siglo: del protodiseño periodístico al diario de servicios”, ZER, 5, 1998. http://www.ehu.es/zer/zer5/8armentia.html
19 El empleo en la prensa diaria creció un 9,1 por ciento en 2004, pero ello se debe más a la prensa gratuita que a la convencional, que en líneas generales ha mantenido el empleo, después del retroceso que se había producido en años anteriores. Informe Anual de la Profesión Periodística 2005, Asociación de la Prensa de Madrid, p.89.
20 Según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2005, op. cit. p.93
21 “Aunque en términos absolutos la circulación de la prensa haya crecido en España durante 2004, alcanzando 4.246.470 ejemplares diarios de media (lo que equivale a un 1,2 por ciento de incremento interanual), el índice de difusión nacional ha retrocedido hasta niveles de hace 15 años y se ha situado en 98,4 copias por cada mil habitantes”. Gómez Calderón, B., “Bonanza económica frente a estancamiento de la difusión”.
En: TENDENCIAS’06, op. cit. p.70
22 Fuente: WAN, World Press Trends 2005.
23 La distancia abismal en difusión entre la prensa española y la de los países nórdicos o centroeuropeos se compensa con la calidad que caracteriza a la prensa española de referencia, “sin un subsistema sensacionalista, y consiguientemente beneficiada por su credibilidad en contraste con otros soportes, en particular la televisión”. Gross, T.L., “Radiografía de los grandes diarios”. En:TENDENCIAS’06, op. cit. p.119.
24 Un estudio específico sobre este diario es el de Seoane, M., y Sueiro, S., Una historia de El País y del grupo PRISA, Barcelona, Plaza y Janés, 2004.
25 Como se puso de relieve en 1986 cuando Felipe González cambió de opinión en relación con el referéndum de la OTAN, mostrándose a favor de la entrada de España en esta organización.
26 Esta última cifra corresponde a 2004. Fuente: OJD, 1987-2004.
27 Para un conocimiento más a fondo del tema, véase el libro de Barrera, C., Sin mordaza. Veinte años de prensa en democracia, Madrid, Temas de Hoy, 1995.
28 Ansón convirtió a ABC en un periódico editorializante; sus campañas antigubernamentales por el caso Juan Guerra y sus polémicas con el diario de PRISA le hicieron aumentar la tirada. En la etapa de Ansón ABC aumento su prestigio por los suplementos culturales.
29 Para profundizar en la historia de ABC, véase Olmos, V., Historia del ABC. Cien años clave en la Historia de España, Barcelona, Plaza y Janés, 2002.
30 Según cifras de OJD, 1987-2004.
31 Para ello utilizaba una tipografía de mayor tamaño para titulares cortos, pensada para una lectura rápida, y otra más pequeña en los textos, destinada a una segunda lectura más reposada.
32 Como se ve por los datos de OJD, 1987-2004.
33 Su crecimiento ha sido espectacular, pues de los 28.512 ejemplares en 1999 ha pasado a los 145.165 en 2004. OJD, 1987-2004.
34 Para un buen número de empresas periodísticas familiares, la concentración era la única forma de sobrevivir en un mercado de clara tendencia centrípeta, no sólo a nivel nacional, sino internacional. Gómez Calderón, B. “Bonanza económica frente a estancamiento de la difusión”. EN: TENDENCIAS’06, op. cit. p.69.
35 Sobre los grupos de comunicación en España, véase Román, M.; “Grupos de comunicación”. En: Arroyo, M. y Roel, M., op. cit. pp.212-256.
36 Arroyo, M. ; “La prensa en la democracia (1982-2005)”. En: Arroyo, M. y Roel, M., op. cit. p.36.
37 El 60% de los ingresos registrados por el sector en 2004 corresponde a los cinco grandes Grupos: Vocento, Prisa, Godó, Zeta y Prensa Ibérica. TENDENCIAS’06, op.cit, p. 69.
38 Para los comienzos de la prensa gratuita, véase Nieto, A., La prensa gratuita, Pamplona, Eunsa, 1984.
39 Arroyo, M., “La prensa gratuita, ¿un nuevo modelo informativo?”. En: Prensa y Periodismo Especializado III, Guadalajara, Asociación de la Prensa de Guadalajara, 2006, p.149.
40 OJD, periodo comprendido entre febrero y junio de 2006.
41 Las cifras de audiencia, y no las de difusión, constituyen el mejor indicador del volumen de prensa que se consume a escala nacional.
42 Informe Anual de la Profesión Periodística 2005, Asociación de la Prensa de Madrid.
43 Un estudio más completo de Internet en España puede encontrarse en Doval, M., “La evolución de Internet en España: comunicación, política y legislación (1996-2005)” en Arroyo, M. y Roel, M. op.cit. pp.160-207.
44 Gómez Calderón, B., “Bonanza económica frente a estancamiento de la difusión”. En: TENDENCIAS’06, op.cit. p.75.
45 Ambos periódicos son los mayores competidores en la prensa diaria. Doval, M., “La evolución de Internet en España: comunicación, política y legislación (1996-2005). En: Arroyo, M. y Roel, M., op.cit. p.173.
46 Entre 2003 y 2004, se ha producido un incremento del 27,5 por ciento en el promedio de visitas mensuales a las webs de los diarios auditados (de 1,9 a 2,6 millones). Fuente: OJD Interactiva.
47 Con todo, el número de suscriptores asciende a 45.000, según datos facilitados por la propia editora.
48 En 1994 Diario 16 consigue una gran primicia al destapar el affaire Roldán, una trama de corrupción que salpicaba al Director de la Guardia Civil y acabaría con Roldán en la cárcel.
49 Con anterioridad El Mundo había emprendido campañas contra el Gobierno de Felipe Gonzáles tras los caso de corrupción política y escándalos económicos como Filesa, Juan Gerra, Ibercorp.
50 La tensión informativa durante la etapa de Gobierno de Aznar se produce al final de la legislatura, en el otoño de 2003, coincidiendo con los casos del hundimiento del Prestige y de la guerra de Irak; y se agrava con el atentado del 11-M.
51 Durante la jornada de reflexión de las elecciones de marzo de 2004, se convocaron manifestaciones contra las sedes del Partido Popular a través de teléfonos móviles. García Vadillo, C., 11M. La venganza, Madrid, La Esfera de los Libros, 2004.
52 Después se supo por testimonios anónimos de periodistas aparecidos en Internet que algunos profesionales sufrieron presiones por parte de sus empresas. http://horde.ora/imp/ 28/2004. 10:45


* María Arroyo Cabello es doctora en Ciencias de la Información. Profesora acreditada (por la ANECA) de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, miembro del Consejo de Redacción de la revista Sphera Pública, de la Asociación de Historiadores de la Comunicación y de la Sociedad Española de Periodística (SEP), profesora invitada en el Instituto de Estudos Jornalísticos de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra (Portugal). Este artículo ha sido publicado el 4 de marzo de 2008 en Estudos do Século XX, Nº 7, 2007, Universidad de Coimbra (Portugal)], y es su primera colaboración para Sala de Prensa (Fuente).

Los medios electrónicos ejercen un “totalitarismo brutal”: Emir Sader

por Karina Avilés

En la presentación de la revista Crítica y emancipación, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), el científico social Emir Sader advirtió que los grandes medios de comunicación privados ejercen “un totalitarismo brutal”, mediante el que condicionan a los gobernantes a actuar para los intereses de la pantalla chica, y quienes se niegan a hacerlo “sufren ataques de discriminación” muy fuertes.

Al presentar la revista, considerada por académicos como espacio llamado a pensar de un modo diferente el debate sobre la democracia, el Estado y el poder, el actual secretario ejecutivo del Clacso señaló que hay gobiernos que no tienen el coraje de enfrentar a estas empresas de comunicación mercantilistas, porque se sienten dependientes de ellas “electoralmente”. Sin embargo, añadió, dichos medios crean una realidad ficcional, mientras que la verdadera la rechazan y se niegan a aceptarla.

Reunidos en la vicerrectoría de la Universidad Iberoamericana (Uia) para participar en la presentación de este nuevo proyecto editorial, investigadores de las ciencias sociales se congratularon del nacimiento de la revista, al coincidir en señalar que se trata de una convocatoria abierta, libre y plural –cuyo punto de partida es la crisis que atraviesa el pensamiento crítico latinoamericano–, para buscar desde ese horizonte nuevas perspectivas y preguntas a los grandes problemas que atañen a nuestros pueblos.

Crisis de la democracia

Emir Sader, coordinador de la Enciclopedia contemporánea de América Latina y el Caribe, explicó que “vivimos precozmente una crisis de la democracia” en la que de alguna manera los estudiosos fueron “cómplices de adjudicarle expectativas muy altas” y contribuyeron poco a dar diagnósticos preventivos sobre los procesos de acumulación y los conflictos en torno a las identidades culturales.

De este modo, apuntó que existe una crisis social, cultural, política e incluso de hegemonía teórica, y evidenció la ausencia de la “teoría de nuestra práctica”. Por ejemplo, dijo, Bolivia y Ecuador “están refundando el Estado y no se está teorizando sobre qué se está reconstruyendo”.

Más tarde, en una breve entrevista, expresó que no habrá democracia en América Latina sin la democratización de los medios de comunicación.

Los grandes medios de la iniciativa privada representan “la dirección de la derecha en el mundo y los gobernantes tienden a dejarse atrapar y a gobernar para la pantalla chica; incluso, utilizan frases adaptadas a lo que los medios van a difundir y los que no lo hacen sufren ataques y discriminación. Por ejemplo, no se ha hablado lo suficiente de cómo los medios venezolanos montaron el golpe contra Hugo Chávez”, afirmó el también colaborador de este diario.

En su turno, el coordinador del posgrado en estudios latinoamericanos de la máxima casa de estudios, Lucio Oliver, consideró que entre otros de los aspectos sobresalientes de la revista se encuentra su perspectiva en relación con el mundo de la ideología y de la cultura, hoy día dominado por los grandes medios de comunicación y por una “seudo-intelectualidad” que plantea una falsa autoridad sobre los problemas.

De manera que Crítica y emancipación es un “llamado a trabajar conjuntamente para revertir el dominio de esta seudo-intelectualidad en los medios de comunicación”, así como a pensar de otra forma los debates sobre el poder, la democracia, el Estado y la política, añadió.

Por su parte, el coordinador del seminario permanente sobre gobernabilidad en América Latina, de la Uia, Darío Salinas, enfatizó que frente a la sociedad y a las perspectivas complejas del siglo XXI, se requiere saber leer en cada uno de los acontecimientos de la región: “se requiere saber mirar, como diría Galeano, la historia grande a través de los pequeños acontecimientos”.

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