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Democracia siglo XXI

mes

junio 2008

Democracia real, democracia formal. ¿Existe la democracia?

 

por  Juan Almendares

 

Democracia y derechos humanos

 

La primera contradicción entre democracia formal y democracia real está en el origen mismo del término. Según Mariano Grondona el origen del poder no fue democrático sino despótico porque el verbo griego “arkhein” tiene otra opción y, por tanto, dos significados: empezar y mandar. Con esta palabra se conectan dos sustantivos: arkhé, origen y arkhos, jefe. Con arkhé se vinculan palabras como arcaico y arqueología. Con arkhos, “monarca”, monarquía que significa mando unipersonal puesto que mono equivale a uno. ¿En qué pensarían los inventores de la democracia, si es universalmente sabido que en la suya la esclavitud era moneda de curso legal? Y, ¿en qué pensaríamos después al asociar el término con la utopía en la que una mayoría –el pueblo- ejerce libre y completamente su propia soberanía y libertad?

 

Así que en el principio (arkhé) no fue el pueblo (demos) sino el jefe (arkhos). La palabra “poder”; se origina en la voz indoeuropea poti, que significa “jefe”. De ella deriva el griego despotes, “jefe” o “amo”, castellanizada, para mal de muchos amos, como déspota. Democracia, entonces, se origina en el griego demos pueblo y kratos poder. Sin embargo, la palabra pueblo excluía a los esclavos y a las mujeres.

 

La segunda contradicción está en la propia naturaleza del término, dado que “formal” se relaciona con “forma”, que en términos aristotélicos significa “lo que algo es o la esencia de algo”. Se trata de un sistema político donde la forma de gobierno representativa está regida por la constitución del Estado, que garantiza la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La elección de los representantes de estos poderes, sobre todo del presidente y los diputados, lo hace el pueblo mediante el voto libre, igualitario, universal, directo y secreto. Se asume que el poder es homogéneo en los individuos como miembros del Estado y no existen clases sociales dominantes. En esta democracia se consideren tres principios: la soberanía popular, la libertad y la igualdad jurídica. El primero se refiere al autogobierno del pueblo pero, de nuevo: ¿quién es el pueblo y quién elige a los gobernantes? ¿Garantiza la ley la libertad de elegir, cuando los ciudadanos son analfabetos o no tienen educación política? ¿Son iguales los pobres ante la ley jurídica; tienen los mismos derechos y deberes?

 

La tercera contradicción es ontológica; es decir, la democracia con respecto al ser. Es la democracia de los seres individuales o atómicos o aislados o es la democracia de los seres sociales que tienen necesidades materiales, culturales y espirituales. Se trata más bien de una ontología social cuya esencia es el trabajo. ¿Puede haber democracia es un país en el que existen desempleados, subempleados, o el trabajo es causa de sufrimiento y explotación como el caso del trabajo infantil, las mujeres en las maquilas, los migrantes; tan esclavos como en la época de oro griega, nada más que con una esclavitud disfrazada por todos los condicionamientos del oro?

 

¿Quién legitima a la democracia?, ¿la violencia represiva del Estado mediante el uso de las fuerza o de las armas, la utilización de la tortura y los tratos inhumanos y crueles, el asesinato de niños y niñas y jóvenes? En diversos países en nombre de la democracia se han cometido los peores crímenes

 

La cuarta contradicción es que la igualdad se limita a lo jurídico sin considerar lo económico. Las diferencias en el ingreso económico según los grupos sociales son abismales. ¿Puede existir democracia en un país donde el 80 por ciento de la población vive en la extrema pobreza y la riqueza está concentrada en el 5 por ciento de la población?

 

La quinta contradicción es ¿quién legitima a la democracia?, ¿la violencia represiva del Estado mediante el uso de las fuerza o de las armas, la utilización de la tortura y los tratos inhumanos y crueles, el asesinato de niños y niñas y jóvenes? En diversos países en nombre de la democracia se han cometido los peores crímenes (y debemos recordar que el nuestro no es una excepción).

 

La sexta contradicción es con respecto a la verdad. ¿Puede existir la democracia sin la verdad? ¿Quién define la verdad con respecto, por ejemplo, a la impunidad militar o policial? ¿Quien define la verdad con respecto a la corrupción de gobernantes y funcionarios? ¿Cuál es la verdad sobre los torturados, desaparecidos y todas las violaciones de los derechos humanos de las que ni siquiera tenemos noticia, por la simple razón de que las víctimas son invisibles?

 

La séptima contradicción es histórica. Los regímenes militares o los gobiernos civiles han impuesto los intereses neocolonialistas y la lógica de la acumulación histórica del capital articulado con la oligarquía y con los sectores poderosos locales y nacionales; y a ese ropaje le llaman democracia. Para lograr este propósito ha sido necesario el cultivo de la guerra, el negocio de las armas y las invasiones de marines; los desalojos violentos de campesinos e indígenas, la generación de pobreza, la emigración del campo a la ciudad y el desplazamiento como “espaldas mojadas” a la tierra prometida del “destino manifiesto” o hacia las metrópolis europeas.

 

La octava contradicción es epistemológica acerca de si es válido el conocimiento de la democracia. Que clase de conocimiento y para qué se promueve cierto tipo de democracia y a qué intereses sirve. En otras palabras: En qué lógica se fundamenta la democracia, ¿en la razón del mercado o en la lógica del capital?

 

La novena contradicción es sobre los métodos de promover o construir la democracia. Se parte de concepciones elitistas, clasistas o como dice el pueblo, “desde arriba”, en forma vertical, y no desde abajo hacia arriba o en forma horizontal, participativa y movilizadora de las comunidades y organizaciones del movimiento social.

 

La décima contradicción se refiere a si es posible la democracia sin un desarrollo sustentable e integral. No hay necesidad de formular pregunta alguna pues la respuesta siempre será que definitivamente no es posible. Los espacios saludables y estéticos, la sanidad del bosque, los suelos, las aguas y el aire; la educación, la economía en función de la vida individual y familiar, comunitaria y planetaria son fundamentales para la coexistencia y la cooperación en un estado democrático y solidario.

 

Las decimoprimera contradicción es sobre si pueden promover la democracia aquellos países hegemónicos cuyas políticas históricamente se han caracterizado por la invasión, el sometimiento, las guerras y las ocupaciones militares en contra de nuestros pueblos, tal es el caso de la guerra en Iraq y la ocupación militar de Honduras; la base en Guantánamo, Cuba; Puerto Rico, Ecuador y El Salvador.

 

La decimosegunda contradicción es que no puede haber democracia si no cambia la ideología patriarcal, si no existe participación política y condiciones económicas igualitarias para la mujer. No basta que la mujer llegue a las posiciones de poder en las gobiernos; se requiere que tengan un posicionamiento en contra de los tratados comerciales desiguales, la privatización del agua, la salud, la energía y que estén en franca oposición al sufrimiento que ocasiona el trabajo de la mujer en labores domésticas, en las maquilas y la discriminación salarial; o bien luchar en la conquista de sus derechos de género, su sexualidad, su vida reproductiva y en el respeto absoluto a sus derechos como seres humanos.

 

La décimo tercera contradicción es la ética y bioética. Como sujetos históricos y sociales, ciudadanos, miembros del movimiento social o de la sociedad civil, tenemos la responsabilidad moral de ser participativos, deliberativos y solidarios en la construcción de una verdadera democracia política, económica, social, humana y planetaria. No basta ser participativos se requiere transparencia y claridad en los objetivos y en las metas trazadas en función de la vida y la dignidad humanas.

 

¿Cómo resolver la contradicción de la democracia formal y la democracia real? ¿Es posible hacerlo? ¿Es necesario? Nuestra respuesta es afirmativa

 

La construcción de la democracia es un proceso histórico social. Nuestros puntos de partida son la educación, la organización y la movilización para democratizar el poder, la política, el trabajo y la economía.

 

La educación debe ser integral y liberadora. Las escuelas comunitarias deben contribuir a la formación política, a la afirmación de principios filosóficos y éticos sobre la necesidad de construir una verdadera democracia. Esta escuela sólo pude desarrollarla el pueblo organizado. La organización solidaria y participativa debe desarrollarse a partir de lo comunitario, para construir alianzas y coaliciones tanto en el plano local y nacional como en el internacional.

 

Es necesario democratizar la economía en el hogar, en la escuela, en lo local, y, por supuesto, en el gobierno. El pueblo debe participar en la elaboración de los presupuestos y los plazos de ejecución de los proyectos a nivel de las alcaldías y del gobierno. No puede haber educación, salud, vivienda sana si no se democratiza la economía.

 

El saber cultural, el conocimiento, la información ética y el desarrollo de la conciencia son fundamentales para analizar la democracia. La ciencia y la técnica deben estar siempre al servicio de las comunidades y al servicio y defensa de la vida del planeta. En esencia debemos participar en la construcción de la democracia humana, anticolonialista, opuesta a la globalización imperial, donde la forma sea la esencia de lo real al reflejarse en la vida material, espiritual y cultural.

 

Bibliografía Mínima

 

Antonino Infranca: Trabajo, individuo, historia. El concepto del trabajo en Lukács. Ediciones herramienta. Argentina 2005.

 

Christophe Dejours. La banalización de la injusticia social. Editorial Topia. Argentina 2006.

 

Diego Gracia Guillén: Democracia y Bioética. Acta Bioethica ,2001; 7(2) Acta bioethica. ISSN 1726-569X versión on-line.

 

Joachin Israel: El lenguaje de la dialéctica y la dialéctica del lenguaje. Munksgaard, Humanitarian Press, England. (Versión inglesa) 1979

 

Mariano Grondona. Historia de la democracia. Septiembre 2000. Universidad del CEMA. Departamento de Ciencias Políticas. Documento de Trabajo No. 175

 

“Lo imaginario: la creación en el dominio histórico-social”, en Castoriadis, C., Los dominios del hombre. Las encrucijadas del laberinto, Gedisa, Barcelona, 1998.

 

 

por  José Luis Abián Plaza

 

 

 

I. PARTE DOGMÁTICA: EL SER

 

El libro Los dominios del hombre es sumamente denso, como resulta ser toda la producción filosófica de Castoriadis. Estructurado en tres partes, Koinonía, Pólis, y Lógos, más una introducción al estilo de “¿no os lo había dicho yo?” (Kairós, sobre el derrumbe del socialismo soviético y el diagnóstico de la actualidad finisecular), esta obra es un buen ejemplo de articulación de una ontología política escrita con una actitud claramente contraria a las grandes filosofías actuales, tanto ilustradas como postilustradas. La elección de este capítulo viene dada por exigencias pedagógicas, ya que en él se establecen los conceptos centrales del pensamiento de este autor[1].

 

 A Castoriadis le gusta exponer sus dogmas ontológicos como condición de su discurso. Vamos a hacerlo también nosotros, para ilustrar su punto de partida, antimetafísica y radicalmente atea. Define el “ser” como “caos o abismo o lo sin fondo”, específicamente “caos de estratificación no regular” (64), en la que entran en contacto organizaciones parciales -y por tanto no esenciales- en el juego de descubrimiento-construcción en que se mueve nuestra potencia cognoscitiva. Esencialmente el ser es tiempo[2], pero dado que el tiempo es el ámbito trascendental de toda producción, por decirlo en términos kantianos, y no una categoría ajena al propio ser, éste último desvela su carácter netamente “práxico” (queda por saber qué elementos del ser natural pueden fijarse con mayor certeza epistemológica, y qué aspectos del mismo son fruto de la construcción humana, pero dado que éste es un tema periférico, no vamos a ahondar en él). Por otra parte, el tiempo es creación, pero creación auténtica, ontológica. No es, empero, creación teológica en el sentido cristiano, sino más bien en el griego: crea porque dispone a partir de lo informe preexistente, aunque veremos que dado el carácter necesariamente antropocéntrico de toda creación, lo “informe” es más bien lo que ha perdido su eidos porque ha sido resignificado en ulteriores instituciones. Es, entonces, creación de nuevos eide en un juego temporal de re-creaciones incesantes.

 

La ontología tradicional y la ciencia moderna han encubierto los significados primitivos de ser, tiempo y creación al sobredotarlos de determinación, que es la categoría básica de la onto-teología y la ciencia, eliminadora de lo temporal o del devenir, como sabemos desde Nietzsche y, muy especialmente, desde Heidegger. Desde esta perspectiva la historia sería entonces el despliegue de las leyes que la ontología determinista ha “descubierto”; en este sentido no es sino una repetición –progresiva, espiral- de los sucesos emanados de tales regularidades, como dirían Hegel y Marx. Es interesante señalar que para Castoriadis no es imposible rescatar de algún modo las primitivas significaciones para usarlas como referencia esencial de una creación venidera despojada de los excesos deterministas.

 

Dicho todo esto, queda claro que la pregunta por el ser carece de respuesta.[3] Pero también es cierto que no es absurdo cuestionarse sobre lo que somos, porque efectivamente hay algo que nos hace singular cuando no sólo nos diferencia de cada otra especie (pues cada una también está singularizada[4]) sino del conjunto de todas ellas, y esto es que el ser humano no puede comprenderse sólo con las herramientas conceptuales de la física y de la biología. Dado que es posible comenzar una investigación también por aquello que se escapa al determinismo de las ciencias naturales, Castoriadis decide seguir por ese camino alternativo. [5]

 

 II. PARTE TEOLÓGICA: LA CREACIÓN

 

 Toda sociedad es para Castoriadis una forma, un eidos con organización y estructura singular. Lo relevante es tratar de responder a las preguntas siguientes:

 

 1.      ¿qué mantiene unida a la sociedad?

 

2.      ¿qué es lo que hace nacer formas de sociedad diferentes y nuevas?

 

Frente a posiciones estructuralistas y funcionalistas [6], Castoriadis cree que lo que otorga unidad y cohesión a la sociedad es la institución, considerada como una totalidad: normas, valores, lenguaje, herramientas, procedimientos para enfrentarse a las cosas y de hacer cosas, individuo, roles -incluidos los sexuales-, etc.

 

La institución se impone de distintas formas: coercitivamente, que sería la imposición más superficial; a través de la adhesión y la legitimación (forma menos superficial) y por último, mediante la elaboración de la materia prima en individuo social en el cual se incorporan tanto las instituciones mismas como sus mecanismos de perpetuación. Esta es, desde luego, la imposición más profunda, una catectización de los elementos antedichos.

 

A este entramado que es la sociedad lo denomina Castoriadis magma[7]. Es una compleja urdimbre de significaciones que empapan la sociedad y los individuos. Un magma es entonces un espacio imaginario, plástico (no sería difícil pensarlo a semejanza de la chora platónica) que otorga actualidad a las significaciones sociales imaginarias[8]. Puesto que el orden y la organización sociales son fruto de este magma, no pueden reducirse a los conceptos habituales de ordenación propia de las ciencias físicas, pero tampoco de las sociales a causa de la pretensión determinista de tales ciencias (v. p. 73). Estas significaciones son siempre sociales porque adquieren existencia al ser instituidas en la sociedad y participadas por el ente colectivo e impersonal que lo habita y son siempre imaginarias porque tienen un carácter intrínsecamente irreal o irracional. Están dadas por creación.

 

El magma de significaciones opera a semejanza de lo biológico, porque crea y define su propio mundo, en el que se incluye. Es la que determina lo que es “real” de lo que no lo es y otorga sentido y sinsentido a una y otra instancia ontológica: “Toda sociedad es una construcción, una constitución, creación de un mundo, de su mundo. Su propia identidad no es otra cosa que ese “sistema de de interpretación”, ese mundo que ella crea. Y esa es la razón por la cual (como ocurre en cada individuo) la sociedad percibe como un peligro mortal todo ataque contra ese sistema de interpretación; lo percibe como un ataque contra su identidad, contra sí misma” (69). Para ilustrar el modo de operar del magma, Castoriadis recoge del biólogo Francisco Varela la noción de cerco. Un cerco sería una frontera cognitiva que dota de identidad a la sociedad y le otorga una identidad separada[9]. El cerco remite a un momento instaurador que da sentido a su sí-mismo. Ahora bien, las claves de esa institución social, al ampararse en lo imaginario o creativo, señalan al mito como narración constitutiva del sentido originario[10]. Toda sociedad se crea entonces a partir de elementos irracionales que manifiestan todo su peso a la hora de darle realidad (o racionalidad) en el paso de lo instituyente a lo instituido. Castoriadis nos dice que el mito más propio de la sociedad occidental es el del número o, mejor, la aritmética: “aquello que no puede ser contado no cuenta, no importa” (71).

 

La sociedad instituida se despliega en dos formas o dimensiones indisolubles; una sería la que Castoriadis llama dimensión conjuntista-identitaria, la otra recibe el nombre de dimensión propiamente imaginaria. La primera se caracteriza por la sobresignificación de la determinación, la operación con elementos, clases, propiedades y relaciones definidas. Existir es determinar. Este dominio de lo racional -dado sobre todo en Occidente- oculta en muchas ocasiones el poder de la otra dimensión, la imaginaria y su poder de remisión significativa y la arbitrariedad de sus relaciones, especialmente en lo tocante a la lengua, que sería un a modo de sub-magma que penetra en todas las demás áreas sociales. La existencia es vista aquí como cúmulo sígnico, un conjunto indefinido de significaciones que remiten a otras en una constelación que no puede cuantificarse debidamente. El magma de significaciones tiene aquí su más poderoso dominio[11].

 

III. PARTE CRÍTICA: LA DEMOCRACIA Y LA FILOSOFÍA

 

La segunda pregunta, a saber ¿qué es lo que hace nacer formas de sociedad diferentes y nuevas? no se va a responder con leyes históricas ni económicas[12]. El concepto de creación vuelve a estar presente. Si la creación es el modo de ser de la sociedad instituyente, de lo imaginario social, ella misma es quien está funcionando en el cambio social. No hay lugar para ningún tipo de progreso ilustrado. Lo que existe es una ruptura radical, no una evolución. Como nada surge de la nada, lo “antiguo” se conserva en lo nuevo pero superando sus significaciones anteriores, al modo como las metáforas devienen catácresis y acaban por enquistarse, a pesar de que su poder sigue orientando nuestras vivencias y dotándolas de sentido, como bien establecen Lakoff y Johnson en una obra de análisis pragmático de la lengua que se acerca un tanto a las tesis castoriadisianas de lo imaginario como donación de significado vital[13] En este sentido, “lo antiguo entra en lo nuevo con la significación que lo nuevo le da y no podría entrar en lo nuevo de otra manera” (74) Si miramos el nacimiento de la Edad Media, lo que observamos en el derrumbe de una civilización, es el surgimiento de un mito nuevo, el cristianismo, dotando de unidad sígnica a un nuevo magma de significaciones. Se rompe el cerco anterior al instaurarse un magma novedoso.

 

 El biólogo Varela, de donde Castoriadis toma la noción de cerco, define éste por su condición de autonomía. Un ser vivo es autónomo gracias a que el cerco le impone una diferenciación entre un interior y algo externo a él. Castoriadis considera que, por el contrario, en el dominio históricosocial, el cerco debe caracterizarse por su heteronomía. Toda sociedad instituida remite la justificación de su ordenación y sus valores a una instancia ajena a ella misma, como ha ocurrido con las religiones o, más modernamente, con conceptos más laicos pero no por ello menos míticos (pueblo, nación o “eje del bien”, para ponernos en la más rabiosa actualidad). Todo magma apunta a un cerco que identifica la sociedad, pero de manera heteronómica.

 

 Sin embargo cabe pensar en un aspecto ilustrado que Castoriadis salva y lo hace suyo. Hay una forma posible de romper el cerco, aunque ello no signifique suplir el magma de donde surge, sino más bien sublimarlo de otro modo. Ocurrió una vez, en la Atenas de la democracia y la filosofía. Frente a la heteronomía del cerco, la sociedad ateniense se dotó de sentido de apertura y de autonomía. Por primera vez se instituyó una sociedad -un ser- que se preguntaba constantemente sobre la ley de su existencia, del orden social que se dio[14]. Cuestionadores de su institución y de sus representaciones imaginarias, el conocimiento de que su sociedad ha sido creada por ellos mismos, lleva a los atenienses a elevar la pregunta a categoría ontológica de orden “superior” (¿por qué esta ley y no otra?, ¿qué hace que esta ley sea más justa?) por cuanto añade a la consciencia de ser “dioses” de ellos mismos, la idea de que la creación puede ser algo permanente, metafóricamente más eficaz, capaz de acercarse a la realización plena del proyecto de autonomía, sin tener que caer en una arbitrariedad plena. Esa es, claro está, una acción de corte político. Si la política crea “ser”, la política siempre activa que caracteriza esencialmente a la democracia crea un “ser” aliviado del cerco y de la justificación absolutizadora del mito. Esta es una acción política que a la par que nos instala en el desasosiego de la acción continua, nos salva de la sinrazón porque nos hace contemplar el ser (el tiempo) en su sagrada desnudez. Todo, de nuevo, termina apuntando al homo faber.[15]

 

 Notas:

 

[1] En Castoriadis resuenan con fuerza el pensamiento presocrático, Marx, Nietzsche o Heidegger, entre otros. Sin embargo la presentación que hace de sus nociones básicas es tan “dogmática” que omite deliberadamente cualquier referencia a estos filósofos. La remisión a las ideas iniciales de la filosofía y a la de los pensadores citados parece querer revivir de modo continuo la creación del pensamiento racional radical a partir de la díada tiempo-ser. Esta re-creación es condición sine qua non tanto del advenimiento de la democracia ateniense como de la potencia creadora que esconden las democracias actuales.

 

[2] “el ser no está simplemente ‘en’ el tiempo, sino que es por el tiempo […]. Esencialmente el ser es tiempo. [O también: el ser es esencialmente a-ser]” (64)

 

[3] No ocurriría así con la pregunta acerca de la bondad de las leyes, una vez eliminado el carácter mitológico que las justifica (Dios, la Historia o la Naturaleza humana). No obstante, una cosa es el sentido de la pregunta acerca de la esencia de la bondad jurídica y otra muy distinta la respuesta final, que sería imposible ya que es imposible la creación definitiva.

 

[4] “El hombre no puede ser más (y ciertamente no menos) de lo que es una galaxia o la especie escherichia coli” (65)

 

[5] “¿Por qué no podríamos nosotros comenzar postulando un sueño, un poema, una sinfonía como instancias paradigmáticas de la plenitud del ser y considerar al mundo físico como un modo deficiente del ser en lugar de ver las cosas de la manera inversa?” (66)

 

[6] Ambas corrientes juegan con dados cargados: describen la sociedad como un conjunto de individuos ligados entre sí y todos ellos relacionados con las cosas. Pero dado que cualquier individuo y cualquier cosa es fruto de la creación históricosocial, el propio planteamiento resuelve el problema de antemano. Hay –dice Castoriadis- partes no sociales tanto en el individuo como en la cosa: el “estrato” físico no es social, “tal como lo percibiría un ‘mono humano’ “; el núcleo no social del individuo es la “psique”, que sería incapaz de sobrevivir “sin la imposición violenta de la forma social ‘individuo’ “ (67)

 

[7] “Un magma es aquello de lo que pueden extraerse (o aquello en lo que se pueden construir) organizaciones conjuntistas en número indefinido, pero que no puede ser nunca reconstituido (idealmente) por composición conjuntista (finita o infinita) de esas organizaciones” (“La lógica de los magmas y la cuestión de la autonomía”, en Los dominios del hombre, p. 200).

 

[8] Ejemplos de tales significaciones serían: espíritus, Dios, polis, nación, dinero, capital, virtud, tabú, hombre/mujer/hijo, etc. Cf. Pág. 68.

 

[9] Esta descripción está recogida de Vera, J.M., “Cornelius Castoriadis (1922-1997): la interrogación permanente”, Iniciativa socialista, 48, marzo de 1998.

 

[10] “El mito es esencialmente un modo por el que la sociedad catectiza con significaciones el mundo y su propia vida en el mundo, un mundo y una vida que estarían de otra manera evidentemente privados de sentido” (71)

 

[11] No sería descabellado encontrar semejanzas entre el magma instaurador de sentidos pero sin sentido él mismo y un a modo de id –o incluso, pero más discutible, un superego­- psicoanalítico.

 

[12] Aun siendo testigos de la creación de la polis, del capitalismo occidental o de la burocracia totalitaria soviética, las teorías deterministas lo más que pueden hacer es dilucidar esos procesos, pero no explicarlos, porque toda explicación requiere derivar significaciones de lo que no lo tiene, o combinar todos los magmas de significaciones que han existido a unos que estén ya presentes al inicio de la historia humana, lo que parece imposible y nos obligaría a preguntarnos de dónde surgen estos. (v. p. 74)

 

[13] Lakoff, G. y Johnson, M., Metáforas de la vida cotidiana, Cátedra, 1986.

 

[14] “Esas sociedades cuestionan su propia institución, su representación del mundo, sus significaciones imaginarias sociales. Todo ello está evidentemente implícito en la creación de la democracia y de la filosofía que rompen el cerco de la sociedad instituida que prevalecía hasta entonces y abren un espacio en el que las actividades del pensamiento y de la política llevan a poner en tela de juicio una y otra vez no sólo la forma dada de la institución social y de la representación social del mundo, sino los fundamentos de cualquier forma de este tipo” (77).

 

[15] Desde otra perspectiva es posible entrever también la importancia de los aspectos magmáticos y la superioridad de la democracia. Así lo hace el Rawls de El liberalismo político, cuando toma la noción de “trasfondo cultural de la sociedad” y la enlaza a lo que llamó overlapping consensus (consenso entrecruzado, según la traducción de A. Domènech). Sin embargo es costoso acercar el procedimentalismo rawlsiano a la radicalidad democrática (que no está muy alejada de la revolución permanente trotskiana, pues el Castoriadis joven fue ferviente admirador del soviético) a pesar del aspecto constructivista que asoma en el pensador griego.

 

Fuente: El Búho Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía.  D. L: CA-834/97.  ISSN 1138-3569.

 

A future to make

by Teódulo López Meléndez

These institutions of the representative democracy are what we denominate bureaucracy. In front of this paralysis what we have given in calling to be able to instituyente runs off with. In the Venezuelan case the question is if the society can be constituted as such, in the first place in front of an authoritarian power with desires of being perpetuated and in front of an organization of opposition that begins to develop the same characteristics of the past and that they gave place to it second. This power instituyente should be in capacity of to pass above that instituted and to produce another social body with derived characteristics of the theoretical position that took it to rebel.In other words, they should can to pass about the power, not only the one that the government embodies, but the own forms that the instituted society has generated and that they maintain it defenseless. In other words, the society instituyente should be good to create new forms and don’t unite repetition of the existent thing. In the Venezuelan case we have an instituted society of characteristic flimsy, under the pressure of the institutions kidnapped by the régime “revolutionary” and whose resistance decisions are in hands of weak parties that reproduce in the traditional bad habits of the missing partisan organizations and that in the bottom they don’t make another thing that to indicate a turn to the past, to the institutions of the representative democracy with dialogue, consent and agreements, without altering for anything the essence of that instituted.

 

 

 

We should surely go until Cornelius Castoriadis to elucidate that an imaginary one is not behind all explicit power recognizable of an instituted power. This way, it is remembered that the Greeks, when they invented the tragic democracy, they delimited that nobody should say us as thinking and in the agora he left to discuss on the Polis in a reflexive process. Of there Castoriadis: “A fellow that one gives reflexively to itself, their laws of being. Therefore the autonomy is acting reflexive of a reason that is believed in a movement without end, in a way at the same time singular and social.”Now then, of the Greek democracy until the representative democracy have passed many theoretical considerations, until our days when one speaks of a democracy. In other words, the politics has disappeared, in the sense of the existence of free citizens that permanently question the institutions reflexively and to the same instituted society. Castoriadis plays with the articles to assure that the political thing has substituted to the politics. In the Venezuelan case the domain continues in the field of the parties (some even wobbly ones, but that they are reproducing the conditions of the domain).

This way, they announce the agreements to go together to the elections or they are buried in the fights among having left by the dominance of some of them. This is, they are empty agoras that continue dominating to the instituted society where the impulse of the institution doesn’t sprout. Épimélia is a word that implies the care of oneself and that he gives origin to the politics, with the article “the”, to respect the conceptual variants of Castoriadis. The freedom characteristic of the politics has been exterminated, because what we are imposed is as “to belong.”

 

 

 

Now then, this person that thinks is a social product. The society makes to the person, but this person cannot forget that she has a power able to modify, in turn, to the society. The person (and I am using the word in the sense of the Christian humanism) it is manifested in the properly this partner-historical field (the action) and in the psyche. We have been put in that psyche that is impossible a change inside her that bears to an action. It is certain that the actions of the society instituyente are not given through a visible radical action. He plays us to who think, to point out, to make notice that the participation imposed in an instituted heteronomy, impedes the person’s personalization, but that it is possible the alteration of the social world for a slow process of impositions on the part of a society trasvasada of having instituted to instituyente.

 

The possibility goes by the creation of articulations, not very showy, that is to say, by means of an unfolding of the subjected society to an imagination process that changes the significances the alteration that bears to a change sociohistórico taking place this way (action). there is the necessity of a new language there, the creation of new paradigms that you continue going by the social thing and for the psyche. We leave, necessarily, of the conviction that the things like they are they don’t work and they should be changed (psyche) and for he should offer another sense type. The second (social) it is to make notice that the person can achieve it without having an explicit power (massmedia control, a party, or any other of the institutions that traditionally have been receivers of the power). He is necessary to insinuate an instituted alteration of the procedural thing. It is to produce a displacement of the passive acceptance toward a field of substitute creation. I have put as example the non acceptance of the vertical parties and their substitution for a social net that allows the flow of the civic will.

 

 

To turn off, to diminish, to hide and to frustrate the spirit instituyente is one of the fundamental causes that the Venezuelans live what we live. Now we have to the new instituted power trying to create an imaginary one altered to the one that is not opposed one of liberation, in the sense of loosing the creative possibilities of the social body. In fact the only thing that one argues in its against it is the turn to the peace, to the tolerance, to the dialogue, maintaining unharmed the old unsuccessful institutions. Somebody argued that there is always a future to make. On that future the society leans or to preserve that instituted or to loose the you tie of the possible thing.

 

In Venezuela we should look for new derived meanings of new significant. If this government that we suffer continues unmoved his road is because the factors that sustain it stay faithful to an imaginary genuineness. This doesn’t mean that for they don’t take out it to it with violence (procedure that I condemn, is enemy firm of the military blows), but rather for they swallow it thick in front of its desplantes and atrocities. The explanation is in a society constrained instituyente, without capacity of putting on the mat the answer to the future. This government that the Venezuelans suffer is already a failure, not only for his apparent inability to face the population’s basic problems, but for his total desbarrancamiento in the effort to impose an imaginary one. The Greeks already knew that he won’t be able to have a person that is worth without a polis that is worth, and this government with his sleepless socialism of the XXI century has transformed the polis into a pigpen.

 

In spite of the announcement that in Venezuela there was a “revolution” the certain thing is that we live in that instituted and, for if it was little, in an instituted even more degenerate. The religious thing (Chávez seems a North American Protestant shepherd) it has been a decisive factor of the failure. This government has denied the imaginary instituyente and he has taken the one on the way to an imaginary one instituted. It is basing on a genuineness of the dominance, that makes impossible the transformation of the psyche and their projection toward the concrete thing historical-social.

 

The transformation begins when the social body puts in trial cloth the existent thing (this way, this government is it conserved, what it is necessary to change) and it supplants the imaginary one offered. The appearance of a person is required with its conception of the Being in the politics (what we could accept as the “new man”, one that never leaves the intent of changing it with the sentence “to be rich is bad”), one that decides to make and to institute. The matter resides in that to tame the Venezuelan-government of Chávez – it is not possible. The correct position is to induce that the human life is not repetition, and many less than you pierce them political, and to find again in the reflection and in the deliberation a new sense. We are not speaking of a “revelation” sudden but of the social imaginary creation of a new one.

 

This way, without filling with ideas and thought on the future to make it won’t be possible to change the existent thing. This Venezuelan government questions every day his reason of being and it is it condition within our reach to build the new paradigm. The institutional possibility is hidden in the anonymous community. This way it is necessary to forget the classic terminology. The maximum value is not a Constituent Power. It is it a Power, what doesn’t mean that the institution is not institutionalized, for then to be questioned by the new emersion of the institucionalidad. The democracy is, because, I change continuous. All process of this type lapses-it is obvious – in a concrete historical circumstance. In ours, in that of today’s Venezuelans, we cannot fear to the uncertain of the future.

 

The institution is not qualifiable a priori as good or bad. It is the hour of building the future and if the construction goes leaving faulty, because we correct. It is possible in an alive democracy. Impossible in a régime that imposes. The democracy of the XXI century that I conceive is, then, a permanent setting a day.

 

tlopezmelendez@cantv.net

Hacia una gestión democrática de los municipios

 

por Miguel González Marregot

 

 

El municipio constituye la instancia más específica dentro de la actuación y distribución espacial del Estado. El municipio es además, la circunscripción territorial que permite aprovechar las potencialidades y recursos locales, para potenciar el desarrollo local. Los municipios también son los espacios óptimos para reivindicar la autonomía, la descentralización y la desconcentración como modelos de gobierno local. Es por ello que, el rescate del municipio como espacio más cercano entre comunidades y autoridades públicas debe ser una orientación estratégica, para impulsar una mayor calidad de vida para cada uno de sus habitantes.

 

Las elecciones del 23 de Noviembre deberían significar pues, el impulso de una gestión municipal corresponsable, descentralizada, incluyente, participativa y transparente. Resulta indispensable para todos los ciudadanos y ciudadanas exigir un ejercicio del gobierno municipal fundamentado en la pluralidad, en el respeto de la ley, de los derechos a la libre asociación de los distintos sectores sociales locales y, además comprometido con la apertura de nuevos y mejores mecanismos institucionales de incidencia ciudadana. He aquí, algunas recomendaciones institucionales para los candidatos a las distintas alcaldías del país.

 

Hacia una gestión municipal autónoma y descentralizada

 

La nueva visión de los gobiernos municipales tendrá que estar en efectiva correspondencia con los mandatos de la Constitución Bolivariana y otros instrumentos legales que determinan para Venezuela, un modelo de Estado federal y descentralizado. Por ende, en cada alcaldía se tendría que impulsar un amplio programa de descentralización y transferencia de servicios y recursos hacia las comunidades basado en la cooperación, la corresponsabilidad, la solidaridad y la rendición de cuentas. Para ello, los alcaldes como requisito, deberían establecer convenios de gestión con las comunidades y las organizaciones no gubernamentales locales; previa comprobación de su idoneidad para prestar eficaz y de manera transparente el programa o servicio transferido.

 

Por un gobierno municipal respetuoso de la participación y la organización social y popular

 

El pleno respeto de los valores democráticos, con total vigencia de la representación y la participación popular, y con una auténtica valoración de la organización autónoma de las comunidades y de los sectores sociales que hacen vida en el municipio, constituye un valor estratégico fundamental. En ese contexto, la promoción de la tolerancia y la no discriminación por razones de condición social, creencias religiosas, género, raza y pensamiento político tendría que ser uno de los pivotes de los nuevos alcaldes que sean escogidos en las elecciones de Noviembre.

 

Un municipio planificado con participación y corresponsabilidad ciudadana

 

Uno de los propósitos centrales de los nuevos alcaldes sería el desarrollo sostenible y sustentable para cada uno de sus municipios; contribuyendo de esta forma a elevar el nivel de vida de sus habitantes. El Plan Municipal de Desarrollo (PMD), el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) y el Presupuesto Participativo son los instrumentos por excelencia, para ordenar los proyectos que conduzcan la actividad pública de cada municipio hacia niveles superiores de desarrollo.

 

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) servirían como instrumentos eficaces para la creación de consensos en el campo de las políticas públicas municipales. Con el presupuesto participativo se haría especial énfasis en proporcionar información de calidad a las comunidades y, en ofrecer la debida asesoría y asistencia técnica a los vecinos, con el objeto de que puedan obtener el mayor provecho posible de este importante mecanismo de participación popular.

 

Un municipio con mecanismos y reglas claras para la participación popular

 

El ejercicio de la participación ciudadana como derecho fundamental requiere de reglas y mecanismos claramente establecidos. Los nuevos alcaldes deben garantizar la integración efectiva de las comunidades organizadas y de los grupos vecinales a la gestión municipal. Para ello, desde las alcaldías se deben facilitar los recursos organizativos, técnicos y tecnológicos, informativos e informáticos y, también los espacios institucionales para el ejercicio de la participación ciudadana.

 

El Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) debe ser rescatado y promovido como instancia de planificación, concertación y evaluación de los programas públicos con los vecinos y las vecinas. Los Consejos Comunales deben ser concebidos como instancias ciudadanas y comunitarias; cuyo objetivo básico es canalizar la participación popular para el mejoramiento de la calidad de vida de sus entornos vecinales.

 

El reforzamiento institucional y operativo del Consejo Municipal de Defensa de los Derechos del Niño, Niña y del Adolescente (CMDNA) tendría que constituir una prioridad para la actividad de los nuevos alcaldes.

 

Un municipio que propicie la contraloría ciudadana y comunitaria

 

Una nueva gestión en las diferentes alcaldías del país, tendría que impulsar las contralorías vecinales o comunitarias como una herramienta de participación indispensable dentro de un proceso de profundización y descentralización de los municipios. En tal sentido, es recomendable realizar un programa legislativo y técnico que potencie y facilite el ejercicio de este derecho; por parte los vecinos, los consejos comunales y las comunidades organizadas.

 

Un municipio donde la Justicia de Paz sea ley

 

La Justicia de Paz constituye una iniciativa importante que requiere ser profundizada y fortalecida como instancia de formadora de consenso y reconciliación vecinal. La Justicia de Paz será revalorizada como un instrumento de creación y promoción de una cultura de convivencia, de respeto y de tolerancia ciudadana. La conformación de una red municipal de jueces de paz servirá como “tejido social” para la maximización de su eficacia y la promoción de su actividad como mecanismos constitucionales para el arbitraje, la equidad, la conciliación, la mediación y la resolución de conflictos.

 

Un municipio formado para la participación ciudadana

 

Por último, los nuevos alcaldes deberían promover programas permanentes de educación para la participación ciudadana y para la cultura de la paz y la tolerancia. Por medio de este programa, se promovería también la organización popular y comunitaria y se incentivaría la colaboración institucional de las diversas entidades educativas, empresariales y sociales del municipio para ampliar su impacto y beneficios.

 

Convirtamos las elecciones de noviembre en una palanca para reimpulsar la democracia, la descentralización, la pluralidad y la transparencia como paradigma de gobierno en cada uno de los municipios de Venezuela.

 

miguelgmarregot@gmail.com

 

Fuente: http://www.analitica.com  

 

Ciencia y política

 

Luis Enrique Alcalá

 

Comenzaba apenas la cuarta década del siglo y Londres se encontraba bajo asedio aéreo de la Luftwaffe. La defensa antiaérea de la ciudad dejaba mucho que desear y el proceso de decisiones militares característico de la época no lograba mejorar la situación. Luego de largos meses de ineficacia surgió una proposición poco convencional, la que fue aceptada, por supuesto, porque es característica humana universal acordarse de Santa Bárbara cuando truena. Alguien propuso entregar el problema a científicos pues, argumentaba, a fin de cuentas son personas adiestradas en una forma sistemática y flemática de pensamiento. Fue así como se constituyó el primer equipo de investigación operacional de la historia. Un químico, un matemático, un filósofo, y otros científicos después, hincaron el diente al descoordinado sistema de defensa aérea londinense. La mayoría de los problemas eran, justamente, problemas de coordinación y control, problemas sistémicos, de relación entre componentes y dinámicas complejas. El equipo tuvo éxito, y a partir de sus resultados Londres sintió una notable mejoría en lo que de todos modos fue una angustia prolongada y terrible.

 

Allí fue, entonces, donde se probó por primera vez de modo explícito que la acción convergente de varias cabezas educadas en los modos de la ciencia puede no sólo contestar preguntas sino también resolver problemas. No nos referimos, por supuesto, a problemas de tecnología física. A fin de cuentas, siempre la sabiduría, la filosofía natural, encontró tiempo para diseñar espejos incendiarios y proyectiles, construir puentes y acueductos, inventar máquinas y herramientas, descubrir vacunas y remedios. Esta vez se trataba de una tecnología de decisión, de un etéreo proceso de análisis e invención de arreglos y organizaciones.

 

Más tarde el mundo anglosajón sobre todo, vería el nacimiento y desarrollo de variadas versiones de institutos para el análisis científico de problemas públicos y la invención de soluciones y políticas. Había nacido la institución del think tank. Un centro típicamente multidisciplinario para la investigación y el desarrollo de políticas y tratamientos a problemas de carácter público. Notables ejemplos norteamericanos son, por citar algunos nombres, la Corporación RAND, el Centro para el Estudio de las Instituciones Democráticas, el Instituto Hudson y la muy venerable Institución Brookings.

 

No es en los pueblos sudamericanos demasiado frecuente este modelo de simbiosis de conocimiento y poder, con algunas muy honrosas excepciones como en el caso del Instituto Torcuato Di Tella argentino o el CENDES venezolano, aunque este último instituto se encuentra muy disminuido desde su época de mayor influencia en la década de los años sesenta. Pareciera que nuestro gen cultural del reconocimiento a lo sabio fuese un gen recesivo. No existe en nuestros arquetipos del inconsciente colectivo una pareja equivalente a la de Merlín y Arturo. En nuestras latitudes Arturo pretende indicarle a Merlín qué es lo que éste tiene que hacer, lo que es, obviamente, una inversión del arquetipo inglés de un guerrero que toma su norte de un sabio.

 

En Venezuela es particularmente escueta la participación de lo científico en la formación de las políticas públicas. Ciertamente, los ingenieros, los médicos, los economistas, funcionan en un nivel técnico, como calculistas o diseñadores físicos, como coordinadores de servicios, como acumuladores y suministradores de estadísticas. No así los investigadores científicos en tanto analistas de decisiones e inventores de políticas. Más cerca de las decisiones políticas están los expertos en mercadeo y propaganda que los sabios de nuestra nación. Seguramente el paso instantáneo más importante que podemos dar en nuestra próxima fase de desarrollo político debe ser la de una mayor participación de los científicos venezolanos en la construcción de las decisiones públicas.

 

Metáfora cortical

 

Resulta científicamente válido estudiar la arquitectura de los sistemas biológicos para obtener claves que orienten el desarrollo de sistemas políticos viables. Desde la emergencia de la cibernética como cuerpo teórico consistente ha demostrado ser muy fructífero el análisis comparativo de sistemas de distintas clases, dado que a ellos subyace un conjunto de propiedades generales de los sistemas. El descubrimiento de la “autosimilaridad”, en el campo de las matemáticas fractales, refuerza esta posibilidad de estudiar un sistema relativamente simple y extraer de él un conocimiento válido, al menos analógicamente, para sistemas más complejos. Esto dista mucho de la ingenua y ya periclitada postura del “organicismo social”, que propugnaba una identidad casi absoluta entre lo biológico y lo social. Con esta salvedad, vale la pena extraer algunas lecciones del funcionamiento y la arquitectura del cerebro humano, el obvio órgano de dirección del organismo.

 

Para comenzar, el cerebro humano, a pesar de constituir el órgano nervioso más desarrollado de todo el reino de lo biológico, no regula directamente sino muy pocas cosas. Más específicamente, la corteza cerebral, asiento de los procesos conscientes y voluntarios de mayor elaboración, sólo regula directamente los movimientos de conjunto del organismo, a través de su conexión con el sistema músculo-esquelético. La gran mayoría de los procesos vitales son de regulación autónoma. (Muchos de ellos ni siquiera son regulados por el sistema nervioso no central, o sistema nervioso autónomo). La analogía con la relación de lo político y lo económico es inmediata. La economía, según la observamos, tiende a funcionar mejor dentro de un ambiente de baja intensidad de regulación.

 

La corteza cerebral puede emitir órdenes incuestionables al organismo… por un tiempo limitado. Puede ordenar a los músculos respiratorios, por ejemplo, que se inmovilicen. Al cabo de un tiempo más bien breve esta orden es insostenible y el aparato respiratorio recupera su autonomía. Este hecho sugiere, por supuesto, más de una analogía útilmente aplicable a la comprensión de la relación entre gobierno y sociedad.

 

Más aún, es sólo una pequeña parte de la corteza cerebral la que emite esas órdenes ineludibles. (La circunvolución prerrolándica, o área piramidal, es la única zona del cerebro con función motora voluntaria, la única conectada directamente con efectores músculo-esqueléticos). La corteza motora, la corteza de células piramidales, abarca la extensión aproximada de un dedo sobre toda la superficie de la corteza de un hemisferio cerebral.

 

Un tercio de la corteza restante es corteza de naturaleza sensorial. A través de los cinco sentidos registra información acerca del estado ambiental o externo; a través de las vías sensoriales propioceptivas se informa acerca del estado del medio interno corporal.

 

La gran mayoría de la superficie cortical del cerebro humano es corteza asociativa. Emplea la información recibida por la corteza sensorial, coteja recuerdos almacenados en sus bancos de memoria, y es la que verdaderamente elabora el telos, la intencionalidad del organismo humano. Es interesante constatar este hecho: en la corteza cerebral hay más brujos que caciques.

 

La necesidad de una “corteza asociativa” del Estado venezolano es evidente, pero su espacio debe ser determinado como permanente, y su composición y métodos establecidos según lo conocido ahora en materia de la disciplina denominada policy sciences (ciencias de las políticas, no ciencia política), luego de varias décadas de elaboración conceptual y metodológica a este respecto. He aquí un campo para un rediseño de la arquitectura del Estado que aloje de modo permanente y adecuado, la función asociativa de la generación de políticas.

 

Aislamiento de lo científico

 

En aguda descripción, C. P. Snow oponía la ignorancia de lo literario en un científico que asistía a uno de esos cultos saraos neoyorquinos a lo Woody Allen, al supino desconocimiento de lo científico por parte de un artista que igualmente conversaba en esa fiesta. El científico no lograba ubicar un recuerdo para Wallace Stevens o registrar conocimiento acerca del modernismo italiano, tal vez; pero el artista no acertaba a identificar quién era Roger Penrose ni estaba enterado de la función del ARN mensajero, pongamos por caso.

 

Desde esos compartimientos estancos del interés especializado hasta la más grave inconsciencia social respecto de la importancia estratégica y fundamental de lo científico, se extiende la gama que describe el aislamiento relativo de la ciencia y la tecnología en la mayoría de nuestras sociedades, y que explica mucho de la baja prioridad que se le suele asignar en los presupuestos nacionales. Esto, si bien más grave en latitudes de esta Tierra de Gracia sudamericana, es un fenómeno más bien universal. La ciencia tiende a aislarse y a agravar su aislamiento en la medida de su baja sofisticación para la interacción política. Jeffrey Pfeffer, por ejemplo, ha documentado el punto para los Estados Unidos en “Managing with power” con el caso de la confrontación de investigadores de la biomedicina y los bancos de sangre en torno a la transmisión del virus HIV a través de transfusiones sanguíneas. Miles de muertes norteamericanas por SIDA mediaron entre el primer alerta de los científicos en 1981 y la verdadera extensión del despistaje de HIV en depósitos de sangre hacia 1985. Así, en todas partes se cuecen habas.

 

Entre las diversas estrategias disponibles para sacar a la ciencia y la tecnología del aislamiento en que se encuentra en la mayoría de nuestros países, probablemente sea la más responsable el incremento de la participación de los científicos y tecnólogos en los procesos de formación de las políticas públicas. Más allá de su contribución especializada en cada área específica, los científicos están en capacidad de emplear su adiestramiento mental en el análisis de los inmensos problemas que aquejan a nuestras sociedades y en la invención de protocolos de solución. Ninguna otra cosa puede convencer más acerca de la gigantesca pero regateada importancia social de la ciencia.

 

El aporte de la ciencia a la composición de las decisiones públicas se lleva a cabo de forma estándar, como dijimos, en el seno de instituciones especializadas conocidas como think tanks, término para el que todavía carecemos en castellano de una traducción más adecuada que aquella de “pensaduría” del ex sacerdote Iván Ilych. Y a pesar de que destacamos qué buen negocio es una pensaduría, no siempre se dispone de los recursos para establecer un equivalente a la Corporación RAND, que aloja en las afueras de Los Angeles a varios centenares de doctores y de discípulos dedicados al arte de obtener políticas racionales.

 

Pero he aquí que la novísima presencia de las redes informáticas, de la maravilla civilizatoria de la Internet permite ahora la incepción de verdaderos think tanks virtuales, los que al menos no consumen edificaciones, salones, aulas para la conferencia que ahora puede hacerse electrónicamente distribuida a distancia. En efecto, no se requiere otra cosa que enfocar las capacidades interactivas de la Red para dedicarlas en parte a la opinión científica sobre los problemas sociales y la creación metódica de tratamientos a los mismos. La tecnología de aplicaciones computarizadas está ya allí: la posibilidad de la publicación, la conferencia y el correo electrónicos. Con estos instrumentos un buen webmaster o maestro de red puede conducir una pertinente construcción científica de conjunto orientada a la búsqueda de soluciones a muchos problemas públicos. La instantaneidad y amplitud de la Red y sus redes inaugura la posibilidad de una crucial contribución de la ciencia a la política. Como decía Gastón Berger, debemos procurar la cooperación de aquellos que conocen lo conveniente con aquellos que determinan lo que es posible.

 

 

 

Ciencia, democracia y procomún

Por Carlos Martínez-A., presidente del CSIC, y Antonio Lafuente es investigador del mismo centro (EL PAÍS, 17/03/07):

En las sociedades desarrolladas, la ciencia se ha convertido en un elemento tan importante como el aire que respiramos y ambos, una y otro, sólo son sostenibles con la complicidad y el esfuerzo de la ciudadanía. Por eso resulta oportuno dedicar un año a la ciencia, para que todos, del Gobierno a los ciudadanos, pasando por los centros públicos de investigación, las comunidades autónomas, sindicatos, empresarios y medios de comunicación, tengan ocasión de dialogar y construir así un compromiso público.

La ciencia conserva todavía el aura de haber convertido el desinterés, el cosmopolitismo, el comunitarismo y el escepticismo en sus señas de identidad. Y así confiamos en los científicos no sólo por los descubrimientos que hacen, sino también por los valores que sostienen. La salud, la alimentación, el transporte, la energía, las comunicaciones y el medioambiente son dimensiones de la vida que están en el ámbito de competencia de los científicos. Es obvio que cualquier actuación sobre estos sectores tiene repercusiones directas para los ciudadanos, ya sea porque influyen en la calidad de su vida cotidiana, ya sea porque su explotación, necesaria para la creación de riqueza, ha movilizado negocios orientados a la cuenta de resultados.

Cada día es más frecuente que los medios hablen de crisis como la de las vacas locas, los transgénicos, la capa de ozono, la lluvia ácida, los residuos radiactivos, los abusos con pesticidas, la contaminación atmosférica o el crecimiento de las enfermedades alérgicas o mentales. Por extensión, cada vez son mayores las dudas sobre lo que comemos, bebemos o respiramos y por eso parece existir un consenso de que nos enfrentamos a problemas que no pueden ser tratados sólo como asuntos científicos o administrativos. Además, a medida que se difumina la frontera entre lo público y lo privado, escasea la información cualificada a la que el ciudadano tiene acceso. Y es que, en efecto, a pesar de que es clave en nuestro mundo el papel del conocimiento, aún no se ha generalizado la exigencia de que la ciencia debe ser un bien de todos y, por tanto, debe ser accesible a todos los ciudadanos.

El problema del cambio climático es un buen ejemplo de lo que está pasando. Las batallas biomédicas contra el cáncer, comparten hoy protagonismo con un nuevo tipo de actores imprevisto: las imágenes helicoidales de la molécula de ADN han sido sustituidas por mapas del planeta que muestran con gradientes de color la variación de temperaturas. Antes se hablaba de genes y moléculas para anunciar promesas de curación, hoy se muestran glaciares y osos para hablar de urgencias, culpas y catástrofes. Las imágenes dejaron de ser abstractas y empiezan a ser reales. Las probetas han sido reemplazadas por satélites, las ciencias biológicas por las físicas, los fenómenos controlados en el ámbito restringido del laboratorio por experimentos planetarios en tiempo real en donde todos estamos insertos. Y si hoy es el clima, mañana será la energía, como ayer fue la alimentación.

Las crisis medioambientales, alimentarias, sanitarias, urbanas o migratorias muestran el inadecuado tratamiento que reciben los bienes comunes: el aire, el agua, el paisaje, las calles, el conocimiento, el arte, el silencio, el genoma, los acuíferos o las especies, son bienes que pertenecen a todos y a nadie al mismo tiempo, bienes que deberían, en consecuencia, integrar el procomún.

Los nuevos tiempos dominados por el conocimiento, la participación y la conciencia de riesgos globales, aconsejan cambiar de política o, quizá, reinventar la política. ¿Puede ser privatizada la función fotosintética, el ciclo de los nutrientes o la polinización de las plantas, como lo están siendo las semillas, los fondos oceánicos y los acuíferos? ¿No es parte de nuestra responsabilidad transmitir a nuestros hijos los dones de la naturaleza y la cultura? ¿No es nuestra responsabilidad reafirmar un compromiso con la defensa del bien común y de los nuevos patrimonios?

Los nuevos patrimonios tienen un componente científico indudable, además de dos características que los distinguen de los antiguos: son planetarios y sólo se hacen visibles cuando están amenazados. Defenderlos, implica inventariarlos y ponerlos en valor, lo que es tanto como socializarlos. No basta, sin embargo, con promover políticas de comunicación más o menos acertadas: hay que aprender a gestionarlos y, por tanto, necesitamos conocerlos a fondo. Para ello, más que intentar recluirlos en un museo que no podría contenerlos, hay que acudir a foros que nos ayuden a visualizar los riesgos hacia los que nos encaminamos si el procomún no es protegido. Para subrayar el valor de los nuevos patrimonios, necesitamos experimentar con los códigos que lo representan y así asomarnos a los abismos que pudieran derivarse de su manipulación irresponsable.

Nunca ha sido más claro el hilo que une ciencia, democracia y patrimonio. Nuestras sociedades se han hecho muy complejas y, al igual que serían inhabitables si no pudieran garantizar la pluralidad de culturas y sensibilidades, tampoco pueden sobrevivir sin que los debates públicos se resuelvan sobre fundamentos objetivos. La calidad y transparencia de la información circulante son, hoy más que nunca, una garantía de que podremos preservar los patrimonios en los que habitamos, empezando por la democracia y el conocimiento mismo, y continuando por la memoria, la lengua, los números, las calles y el folclore, por no volver a citar los dones heredados de la naturaleza.

La deriva internacionalista que dio el conocimiento hacia comienzos de siglo XX, debería prolongarse ahora con el de una cultura científica global. Para ello, debemos identificar nuevos espacios que no sean torres de marfil consagradas al conocimiento, sino lugares abiertos a los intercambios, con vocación de ágoras del procomún, capaces de dar digno acomodo a las personas e instituciones preocupadas por el medio ambiente, la salud, el saber o los espacios públicos. Un gran espacio, preferentemente un lugar de la memoria, para dar cobijo al procomún, instrumento innovador y representativo de la nueva res pública de los ciudadanos en la que se experimentaría con nuevas formas de hacer política y de hacer ciudad. En el procomún, al experimentar con los nuevos patrimonios y sugerir formas de gestionarlos, no es sólo un ámbito nuevo y necesario de participación, sino un instrumento clave para la gobernanza.

Se trata en definitiva de crear un espacio público que ayude a vertebrar las muchas culturas con las que convivimos y que, por tanto, sea una apuesta vanguardista que contribuya a desplegar toda la potencial creatividad política y cultural que anida en la ciudadanía, lo que además de convertir la urbe en un espacio más habitable, situará a España en la red de países que han apostado por asumir responsabilidades globales.

 

Globalización, democracia y ciencia

 

por Sergio Ricardo Quiroga

 

“Lo que llamamos conocimiento es el significado social de símbolos construidos por los hombres, tales como palabras o figuras, dotados con capacidad para proporcionar a los humanos medios de orientación. En oposición a la mayoría de las criaturas, los seres humanos no poseen medios innatos o instintivos de orientación, tienen que adquirir durante su desarrollo los conjuntos de símbolos sociales de conocimiento, los cuales tienen a su vez la función de medios de comunicación y orientación. Sin el aprendizaje de los símbolos sociales dotados de esta doble función, no podemos convertirnos en seres humanos”. 

Norbert Elías (1897-1990)

 

En una época caracterizada como de naturaleza global en los ámbitos de investigación la interpretación entre lo local y lo global, ha dado lugar a distintos estudios que tratan de comprender las formas mediante las que la globalización desde arriba penetra y reestructura las culturas y las economías locales. Al mismo tiempo se resalta que esas culturas y prácticas locales ejercen un efecto sobre las características de nuestra condición global, que se ve alterada a través de procesos de hibridación y mestizaje de significados, prácticas y símbolos que producen una amalgama.

 

Junto con el fenómeno del cambio económico global, del creciente poder de las empresas transnacionales y del sistema financiero internacional estamos viviendo en tiempos caracterizados por crecientes señales de fragmentación y de fuerzas sociales centrífugas. Vivimos en una época signada por la combinación de tendencias que conducen a un mundo sin fronteras, junto con otras tendencias contrapuestas que erigen nuevos límites y fronteras.

 

Según J. Joaquín Brunner (1998) el esquema de globalización cultural es la expresión de cuatro fenómenos de base interrelacionados:

* El avance del capitalismo postindustrial y la universalización de los mercados

* La difusión del modelo democrático como forma ideal de la organización de las polis

* La revolución de las comunicaciones que lleva a la sociedad de la información y

* La creación de un clima cultural de época, usualmente llamado postmodernidad.

 

La Naturaleza cambiante del conocimiento

 

En un estimulante trabajo denominado “La Nueva producción del Conocimiento” Michael Gibbons, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simón Schartzman, Peter Scott y Martín Trow  argumentan que estamos asistiendo a relevantes cambios en la forma de producir conocimiento científico, social y cultural. Los autores muestran cómo esta tendencia marca un cambio fundamental hacia un nuevo modo de producción del conocimiento que sustituye, reforma o modifica a las instituciones, disciplinas, prácticas y políticas establecidas, al tiempo que coexiste con el modo tradicional.

 

Este nuevo modo de producción del conocimiento afecta no sólo a que conocimiento se produce, sino a la forma en que esta organizado, a cómo se produce, los sistemas de recompensa que utiliza y los mecanismos que controlan la calidad de lo que se produce.

 

El nuevo modo tiene un ámbito de aplicación en que las dificultades planteadas ya no vienen determinadas dentro de una estructura disciplinar, sino que poseen características transdisciplinares. Los autores identifican una serie de características que están asociadas a esta nueva forma de producción del conocimiento (la reflexividad, la transdisciplinaridad, la heterogeneidad), exponen las conexiones existentes entre esos rasgos y el papel cambiante del conocimiento en las relaciones sociales y examinan las relaciones entre la producción y su diseminación a través de la educación.

 

Subdesarrollo y Latinoamérica

 

Subdesarrollo significa desarticulación económica interna, desigualdades enormes en la productividad y el ingreso de los diversos sectores de las economías nacionales. Significa además dependencia comercial, tecnológica y política  del exterior. El costo del subdesarrollo para América Latina representa más de 600 mil millones de dólares de deuda externa. La región sufrió grandes dificultades durante los años 80, período en el cual el crecimiento descendió a menos de la mitad y fue negativa en términos per capita. 

 

A partir de 1990 se ha experimentado un breve repunte en los indicadores económicos, pero al concluir el decenio todos los países experimentaron una caída en su crecimiento con relación a 1998. Esta mejoría se da en el contexto de una continuada pérdida de participación relativa de América Latina en el comercio mundial.

 

En investigación y desarrollo se ha estancado en los últimos en el contexto global. La región gasta un promedio del 0.47% del PIB en investigación y desarrollo, valor insuficiente para salir del estancamiento. Su producción científica es insignificante. Participa del 2% del total mundial en materia de publicaciones.

 

Democracia

 

Hoy reconocemos que existe una doble sinergia entre ciencia y democracia y democracia y ciencia. Fayar (1990) ha hablado de “democracia tecnológica” y Petrucci (1990) de “democratización del conocimiento”. Cierto es que una democracia no será completa si los ciudadanos continúan careciendo de los conocimientos y la información que las sociedades modernas exigen para participar de modo inteligente y reflexivo en la conducción de la sociedad.

En una sociedad democrática los ciudadanos deben tener información de las cuestiones científicas que tomar decisiones conscientes y no depender de los científicos. Una opinión pública ignorante, atrasada, desinformada no puede influir en el objetivo de la carrera hacia lo desconocido que la ciencia impone y que esta cambiando velozmente el mundo que creíamos conocer.

 

Resulta conveniente tener en cuenta la dimensión política del acontecer      científico. Como toda actividad humana, la ciencia y la tecnología están en relación con el devenir de grupos humanos.

 

La divulgación científica comprende toda tarea de explicación y difusión de los conocimientos, del pensamiento científico y técnico. Manuel Calvo Hernando (1999) señala que debe darse este proceso bajo dos condiciones:

* Que la actividad se desarrolle fuera del marco de la enseñanza oficial o equivalente.

* Que las explicaciones extraescolares no tengan como objetivo formar especialistas o perfeccionarlos en su propio campo, ya que lo que se pretende es completar la cultura de los especialistas fuera de su especialidad (F Le Lionnais)

 

La comunicación científica debería ser el instrumento para democratizar el conocimiento introduciendo la ciencia en la sociedad, contribuyendo a que el hombre medio pueda participar en la toma de decisiones sobre aspectos relacionados con el progreso científico y tecnológico, estimulando el análisis crítico que exponga los límites de la ciencia más que sus logros más sugerentes por un lado y la esencia de importantes decisiones políticas por otro.

 

El reto actual es lograr que los temas científicos abunden en los medios de comunicación y que la sociedad toda se interese por la acción. Es entrar y abrir un proceso de comunicación más que de difusión del conocimiento.

 

También debe advertir sobre las amenazas a la democracia de las nuevas tecnologías y en particular aquellas que atentan contra la intimidad del ser humano y contra la libertad individual (nuevas tecnologías de la información y avances en la biología), combatiendo la perpetuación de los sistemas de desigualdad y de los desequilibrios. El saber no debe ser un factor de desigualdad.

 

Junto con estas acciones se debería iniciar:

* Una campaña de concientización hacia la clase política en especial y hacia toda la sociedad en general que exponga claramente que sin desarrollo científico y tecnológico no habrá jamás desarrollo  económico, político y social en los países latinoamericanos.

* Una abierta campaña de vinculación Estado-Universidad es estratégica como fuente alternativa de recursos para la investigación y para una relación más estrecha con el entorno.

* Un nuevo esquema de Cooperación Internacional.

* Una actividad coordinada de cooperación horizontal con una política internacional impregnada por nuevas estrategias en el ámbito regional. Organismos y redes subregionales como UANAMAZ, CRISCOS, AUGM, programas ALFA y otras iniciativas que han comenzado a desarrollarse.

* Un nuevo esfuerzo en la formación de recursos humanos de postgrado es crucial, imprescindible y estratégico para poder competir en el mundo.

América Latina debe reconocer, como lo hacen los países desarrollados o industrializados de Occidente hace mucho tiempo, el rol determinante de la ciencia y la tecnología en el crecimiento económico y social. Deberíamos pensar que para construir una nueva sociedad, con una economía vigorosa y próspera y un sistema social avanzado y digno se necesita de cuadros numerosos preparados en una diversidad de disciplinas y profesiones, no sólo para absorber los últimos adelantos de la ciencia y la técnica mundiales, sino también para contribuir con producciones propias al acervo de conocimientos científicos en el mundo. No es una tarea simple, ni sencilla, pero que a todos nos convoca.

 

(*). Universidad Nacional de San Luis. Detalle de la obra «Si los encontrases» de Angarita, Carmeza (Colombia). 1975

La ciencia puramente impura de la democracia

 

Por Ricardo Viscardi

 

(Universidad de la República. Uruguay)

 

En estos momentos se prepara el FSM 2009 con un eje temático específico en torno a Ciencia y Democracia. Conviene tener presente una experiencia particularmente actual y significativa en ese contexto. Se trata del debate que opuso entre sí a sectores de científicos uruguayos en torno al conflicto desatado por la instalación de la empresa Botnia, transnacional de la pasta de celulosa, en las márgenes del río Uruguay. Un grupo especializado de la Facultad de Ciencias emitió un informe cuya conclusión destacaba la imposibilidad de exhibir indicadores inequívocos con relación a la eventual contaminación del río Uruguay. Este informe, aprobado por el Consejo que gobierna la Facultad de Ciencias, desató una ola de críticas por parte de otros grupos de científicos, así como del propio ministro de Vivienda y ordenamiento territorial, principal autoridad ministerial vinculada al tema ecológico en el país. Un componente personal se destaca en la figura del ahora exministro, quien asimismo es una destacada figura universitaria que ha ocupado el mayor cargo académico (Profesor Titular).

 

Este conflicto por la instalación de una planta de producción de celulosa, que tomó giro de escalada en poco más de un año, ha presentado un índice significativo con relación a la problemática “ciencia y democracia”, en cuanto distintos grupos de científicos se han contrapuesto de forma enconada entre sí. La democracia se ha planteado en tanto condición intrínseca al campo científico en sus propios dictámenes, en cuanto han sido en particular estos últimos los que fueron objeto de ataques por parte de figuras académicas, en términos singularmente políticos.

 

La anterior constatación merece dos precisiones. Los participantes en el debate han sido universitarios pertenecientes a la Universidad de la República (entidad pública). Por otro lado, esta universidad postula en su Ley Orgánica una misión integral, que toma a cargo metas nacionales y sociales del saber. En particular, propugna objetivos relativos al pronunciamiento público del gobierno universitario sobre temas de trascendencia para la nación, así como se autoriza la libertad de opinión de los miembros docentes de la institución con relación a cuestiones académicas, incluso aquellas vinculadas al destino público del saber.

 

Este surgimiento de un conflicto democrático en el ámbito mismo de la actividad científica señala hasta qué punto la ciencia es puramente impura. Tal secreto de iniciados escapa sin embargo a las mayores expresiones democráticas, particularmente las mediáticas y masivas, donde el conocido dúo de resultados porcentuales de encuestas de opinión y difusión de esos índices por medios masivos, modula la convicción de la mayoría de la población con relación a la justa medida del grado de contaminación industrial, entre otros temas.

 

El doblete conciencia/con-ciencia (Heidegger) opera tanto en el campo académico como en el político y la democracia en la modernidad es genuinamente con-ciencia. El proyecto de la Ilustración es ante todo un proyecto de emancipación por la educación, de conciencia por con-ciencia, que refleja perfectamente el mandato de superación de la entidad nacional a través de la educación que encarna la Universidad de la República en el Uruguay.

 

Pero la pureza de la ciencia, tal como la planteara Descartes, no es sino la primicia de una pureza mayor, la de una ciencia-conciencia de la que la ciencia humana no sería sino mero reflejo refractado. En cuanto la Ilustración depositó en la Naturaleza la ciencia-conciencia que tuviera razón de ser divina, la natural impureza de la conciencia se convirtió en el principio mismo del conocimiento científico. Como lo plantea acertadamente Foucault en Las Palabras y las cosas, la metafísica del Orden ideal se transformó en metafísica del trabajo, de la vida y del lenguaje. En trabajo, vida y lenguaje, tal como heredamos la metafísica del siglo XIX, la ciencia y la democracia pertenecen al mismo devenir de una humanidad que hunde los pies en el barro de la historia y que hace de la historia su propio territorio de elección. La racionalidad de este planteo no podía sino desembocar en la agonística histórica que Kuhn advierte en el procedimiento supuestamente puro de la ciencia.

 

Cabe una recapitulación del procedimiento científico desde un punto de vista democrático, ante el grado de impureza al que ha llegado el campo de la ciencia, tanto más embarrado en cuanto pretende el favor de la política sin contaminación política. Porque la impureza no viene de la política sino de la misma fuente natural de conciencia/con-ciencia, en cuanto la ciencia y la democracia se sostienen por igual en el fango de la naturaleza histórica de la conciencia con-ciencia.

 

“Demasiado humana” según el decir de Nietzsche, la historia se presenta sin embargo como “madre de las ciencias humanas” bajo un cariz regional del saber. Esta ciencia de la conciencia también es con-ciencia, pero de una forma que deja que desear, por más que el deseo figure en la cuenta corriente de sus asuntos. Hasta allí acuden los que confían más en la naturaleza de la conciencia que en la con-ciencia de la naturaleza, pero siempre andan pertrechados de excusas del tipo “las ciencias humanas no han alcanzado un consenso paradigmático en la comunidad académica”. Esto podría dar a entender que algún día la historia pondrá el sello de ciencia sobre sí misma, pero ¿cómo lo haría si es puramente impura, conflicto ignaro de intereses? Desde este punto de vista, la conciencia nunca será históricamente con-ciencia.

 

Otra es la perspectiva cuando Foucault declara que las ciencias humanas no son propiamente ciencias, sino figuras positivas del saber. Parece que echara lastre por la borda. Para tal maniobra, debe encontrarse mar debajo. Habría que ver si denegando la condición de ciencias a las así llamadas ciencias humanas (o sociales, o del espíritu) Foucault las desechaba junto con el agua sucia del baño o las vinculaba al agua de enjuague con que por fin se luce el trabajo del jabón. A juzgar por lo que dijo unos años después, cuando sostuvo que la teoría es una caja de herramientas, o cuando dijo que de Descartes a Husserl la filosofía ha sido una teoría del sujeto, hay que inclinarse por la hipótesis lustral (purificar a la conciencia sobre todo de la con-ciencia, embarrarla del todo). Es que ese todo es, en una metafísica del trabajo, del lenguaje y de la vida, el propio barro de la conciencia. La ciencia pura-mente-im-pura de la democracia. No es que no exista la con-ciencia. Sino que tiene pies de barro y fatalmente chapotea. Sepamos entonces que quien juega bien en cancha embarrada también luce sobre terreno firme, pero no ocurre lo contrario. No olvidemos que Narciso se ahogó por sí mismo.

 

Fuente: World Social Forum- Science ande democracy

Simplicidad y complejidad ofrecen nuevas perspectivas a la reflexión científica, filosófica y teológica

 

A lo largo del siglo XX ha habido profundos cambios culturales. Muchos piensan que a finales del siglo XX y principios del siglo XXI está aflorando una nueva época cultural. Frecuentemente a esta nueva época cultural se le llama época post-moderna. La época moderna estuvo caracterizada por el desarrollo de la ciencia moderna y la aplicación de la racionalidad científica y matemática al conocimiento empírico de la naturaleza. El posmodernismo puede ser comprendido como una nueva época cultural que descubre dimensiones de la libertad de pensamiento hasta ahora desconocidas. Frente al racionalismo absoluto de la ciencia de la Ilustración y de la teología de la época moderna, Antje Jackelén propone una teología relacional en consonancia con la ciencia más actual.

Por Javier Leach.

La revista electrónica The global spiral publicada por el Instituto Metanexus comenta un artículo de Antje Jackelén publicado en la revista Chicago Currents in Theology and Mission sobre La relacionabilidad en la ciencia y en la religión.Antje Jackelén, nacida en Westfalia, es obispo luterano de Lund (Suecia). Fue profesora de teología en la Universidad de Lund (Suecia) 1999-2001 y en la Escuela luterana de la Teología en Chicago 2001-2003. Desde 2003 fue directora del Centro de Zygon para la Religión y la Ciencia de Chicago. Ha sido elegida en abril de 2008 presidente de la Sociedad Europea para el Estudio de la Ciencia y la Teología

, cuyos miembros provienen de distintas confesiones religiosas e incluyen tanto creyentes como no creyentes. Por ello, su influencia en la reflexión europea sobre ciencia y religión, sobre todo en los países del norte, se abre a una nueva etapa.Jackelén participará en la
 

 

, que tendrá lugar en la universidad Comillas. Frente al racionalismo absoluto de la ciencia de la Ilustración y de la teología de la época moderna, Antje Jackelén propone una teología relacional en consonancia con la ciencia más actual.En el contexto de la modernidad madura, propia de la cultura del siglo XXI, la noción de relacionabilidad tiene que ser reconocida en su significado crucial. Ejemplos tanto de la ciencia como de la religión muestran que la dinámica entre absolutez y relatividad, entre sustancia y relación, y entre simplicidad y complejidad, ofrecen nuevas perspectivas en la reflexión científica, filosófica y teológica.
La razón y el progreso en la época postmoderna
La época moderna se ha caracterizado por autonomía de la razón. Esta autonomía es actualmente válida, pero hemos apredido que tiene que ser comprendida en términos de una autonomía marcada por la relacionalidad. Antje Jackelén explica este cambio mediante ejemplos tomados tanto de la ciencia como la teología.

El entusiasmo postmoderno puede olvidarse de que en sus raíces están en ideas que no son nuevas, sino que han sido heredadas de la modernidad occidental; a saber, la libertad y la ilustración. La época moderna tuvo como producto cultural la Ilustración. Antje Jackelén considera que el hecho de que el pensamiento del siglo XVIII lleve el nombre de Aufklarung en alemán, the Age of Enlightenment, el Siglo de las Luces o Ilustración en castellano, es más que una mera coincidencia. La época cultural de la Ilustración se apoya en el supuesto de que la luz de la razón hace desaparecer la oscuridad. La afirmación por parte de la Ilustración de la razón autónoma tuvo efectos culturales que no deben ser subestimados. El ejercicio autónomo de la razón está íntimamente ligado a la capacidad de conocer que viene expresada por el leitmotiv sapere audere! (osar saber!) de Emmanuel Kant de (1724-1804). El ser humano que osa saber es capaz de ser autónomo porque es capaz de darse normas a si mismo sin ayuda de la autoridad.

El posmodernismo puede ser comprendido como una nueva época cultural que descubre dimensiones de la libertad de pensamiento hasta ahora desconocidas. Mientras que el uso de la razón tal como lo entendió la Ilustración puede aparecer hoy en día como una práctica que trae consigo la uniformidad del pensamiento y un cierto tipo de cautiverio, en el que la mente se ve obligada a venerar la verdad única desde la protección esteril de la razón y el cautiverio de la lógica, la rigidez y la unidad de la época cultural marcada por la ciencia moderna, cuyos comienzos se sitúan en el siglo XVII, pueden ser consideradas como opuestas a la apertura propia de la época postmoderna. Pero la época postmoderna es de algún modo hija de la época moderna y de la Ilustración. Estudiar las luces y las sombras de la Ilustración nos puede servir para conocer mejor nuestra cultura postmoderna.

Luces y sombras de la Ilustración

La Ilustración llevó a la alianza de la ciencia moderna con el desarrollo personal y social. Esa alianza llevó a un aumento en la confianza en el poder de la de razón y del progreso. Las ideas de razón y progreso, y junto con ellas la capacidad crítica frente a las ideologías, representan valores que se han convertido en imprescindibles en la cultura occidental, aunque, según opina Antje Jaquelén, también pueden al mismo tiempo llevar a consecuencias negativas.

El uso autónomo de la razón es una condición crucial para la realización de la sociedad en libertad. Sin razón, no hay progreso. Y la capacidad de criticar las ideologías e instituciones es esencial a la democracia. Hasta aquí, todos estaremos de acuerdo con los ideales del Siglo de las Luces. Pero cuando estos ideales racionales son considerados como absolutos, pueden convertirse en destructivos. La razón autónoma no es un ideal absoluto. Hay usos que son constructivos y usos que son paralizantes y destructivos. La razón autónoma en si misma tiende a convertir todas las realidades en objetos, ya se trate de la naturaleza, del estado, de la sociedad, de las otras personas, o de la mente humana.

El estudio objetivante de la naturaleza ha obtenido resultados impresionantes en la ciencia moderna. La capacidad de objetivar de las ciencias de la naturaleza ha producido una historia fantástica de éxitos. No obstante, confundir el conocimiento así adquirido con el conocimiento que abarca todo lo que podemos saber acerca del mundo, del universo y de la historia, es peligroso.

Igualmente, una postura crítica hacia la ideología y el poder es necesaria, pero si esta crítica no es a su vez crítica consigo misma puede ser ingenua. El Siglo de las Luces, al dar valor a la razón autónoma, fomentó un individualismo que por una parte dio lugar a una tradición poderosa de derechos humanos pero que, por otro lado, pudo tener un impacto negativo en las dimensiones sociales de la sociedad.

Mirando hacia atrás, no es demasiado difícil de situar el punto neurálgico de la confianza del Siglo de las Luces en la razón autónoma en la pregunta sencilla pero fatal: ¿hasta qué punto puede llegar a ser autónoma la razón? Hasta cierto punto, uno puede derrotar la razón culta con sus propias armas. La razón no pudo llegar suficientemente lejos con su crítica. A pesar de la crítica de la razón pura de Kant, la razón autónoma no fué suficientemente crítica consigo misma. En el pensamiento de Siglo de las Luces no hay sitio para la razón corrupta, vacilante y confusa, que es una característica familiar del uso de la razón en muchos casos.

No es de extrañar que las reacciones contra la posición preeminente de pura razón pronto aparecieran. El romanticismo y su énfasis en las emociones y la fantasía han de ser comprendidos como una rebelión contra la razón absoluta y en parte también contra el antropocentrismo inherente al pensamiento del Siglo de las Luces.

La creencia en la razón reapareció en forma de positivismo al principio del siglo xx, expresándose aún como modernismo en arte, en literatura, en música y en arquitectura.

El posmodernismo de finales del siglo XX puede ser interpretado como una tardía reacción a la creencia de la Ilustración en la razón, como un nuevo romanticismo. Después de todo, la historia se parece más al movimiento de un péndulo que a una línea recta. Siempre hay algo nuevo en los sucesivos fenómenos culturales, pero hay también muchos elementos viejos que son considerados como nuevos. El concepto de la razón autónoma de la Ilustración es muy poderoso. Pero no está libre de defectos.

La noción de autonomía lleva la razón a un dilema, que puede ser evitado si se comprende la autonomía en términos relativos y no en términos absolutos.

La autonomía relativa de la razón en la Física

Antje Jackelén explica la autonomía relativa de la razón con ejemplos tomados de la física: las definiciones absolutas de Sir Isaac Newton (1642-1727) son bien conocidas. En sus Principia Mathemática de 1687, define Newton el tiempo, el espacio, el lugar, y el movimiento absolutos, distinguiéndolos del tiempo, del espacio, del lugar, y del movimiento relativos. El tiempo absoluto, of itself, and from its own nature, flows equably without relation to anything external es el tiempo verdadero y matemático, mientras que el tiempo relativo es el tiempo tal como es percibido por los sentidos, a menudo en una manera defectuosa. A partir de los escritos de Newton se puede deducir que haya fuertes lazos entre su ciencia y su teología.

Antje Jackelén encuentra una relación obvia entre el encanto de Newton con el absoluto y su concepción de Dios, cuyas características más dominantes son la omnipotencia, la omnipresencia, y la omnisciencia. Antje Jackelén sugerirá que hay una interacción mutua entre la física de Newton y su modo de concebir a Dios. Según la visión de Newton, el espacio y el tiempo son una plataforma o escenario sobre el que Dios actúa. La tarea del científico es examinar y describir la función que se realiza sobre ese escenario. El escenario no queda afectado por la representación. La realidad queda bien descrita tan pronto como quedan descritos los elementos del juego. Sin duda, este modo de describir las cosas fue muy fructífero, como quedó suficientemente demostrado por el gran éxito de la ciencia durante los siglos XVIII y XIX. No obstante, la estabilidad del escenario en el que se representaba la función no duró para siempre. Como sabemos, se comenzó a tambalear bajo los pies de Albert Einstein (1879-1955).

Las teorías de la relatividad muestran que una descripción de la realidad que atiende sólo a la función y no al escenario no es buena. Realmente, el escenario forma parte de la función, y el escenario no es tan sólido como parecía serlo; está también en el movimiento. Aplicado al concepto de tiempo, esto significa que el tiempo no es un contenedor vacío para procesos naturales. La naturaleza no está empotrada en el tiempo; más bien es el tiempo quien está empotrado en la naturaleza. El tiempo es relativo a la velocidad y la gravitación: se “encoge” cuando la velocidad y gravitación aumentan.

Por lo tanto, sistemas diferentes de referencia tienen sus propios tiempos, que deben ser tenidos en cuenta cuando los acontecimientos son comparados unos con otros. No hay un universal “ahora”. El tiempo absoluto, verdadero y matemático es curvo y dependiente como espacio-tiempo. La física cuántica agravó el problema del tiempo absoluto. El tiempo y espacio absolutos parecen perderse en la niebla de la incertidumbre. Los límites establecidos por la lógica y las definiciones tradicionales de “subjetivo” y “objetivo” fueron desafiados irrevocablemente. Desde el punto de vista de racionalidad absoluta, esto podría ser visto como un desastre. Sin embargo, el cambio decisivo que llevó al éxito a la física cuántica fue ver este desastre como un logro.

¿Pero significa esto que el valor de lo absoluto se ha perdido por todas partes y para siempre? ¿Es todo relativo? Antje Jackelén opina que en absoluto no, tanto por razones pragmáticas como teóricas. Desde un punto de vista práctico, la noción absoluta de tiempo funciona bien por lo que a la vida cotidiana se refiere, aunque sepamos que no proponemos una descripción adecuada de la realidad. Así, siempre que nos quedemos en nuestros marcos usuales las medidas de la velocidad, la gravitación y tamaño de objetos proporcionan resultados que son suficiente exactos aunque esten basados en una noción del espacio y el tiempo que es inexacta. Teóricamente, los enunciados precisos son posibles si los presupuestos están definidos claramente. Las viejas teorías newtonianas no han sido falsadas completamente por Einstein y Werner Heisenberg (1901-1976), sólo han sido restringidas en su aplicación. Como casos especiales están contenidas dentro de las teorías posteriores.

Lo que Newton tomó como toda la verdad acerca de la realidad resultó ser sólo un caso especial de la realidad. La física cuántica, por así decirlo, transformó el drama clásico en un baile dinámico de discoteca: fotografías de un baile brumoso en vez de la tragedia griega completamente acabada. En opinión de Antje Jackelén, este desarrollo de la física proporciona una ilustración útil del problema de racionalidad absoluta. En una manera semejante como se dió una transición de una noción absoluta del espacio y el tiempo a un concepto relativo, fue necesario cambiar de la noción absoluta de la razón a una comprensión relativa de racionalidad. Este cambio no es ni un revés ni una expresión de la resignación, debe ser considerado como un logro. No permite un relativismo incontrolable.

Del mismo modo que el tiempo absoluto queda como un caso especial dentro de las teorías de la relatividad, la racionalidad absoluta puede ser considerada como un caso especial dentro de un armazón más completo. Este armazón no significa menos racionalidad ni irracionalidad sino más racionalidad. El paso de la razón absoluta a la razón relacional es el paso de una descripción exclusiva que enfoca o bien la función o bien el escenario a una descripción inclusiva que justifica ambos, el teatro y el juego, así como su interacción y la interacción con los observadores.

El paso de la razón absoluta a la razón relacional, o razón inclusiva, o razón condicional es un paso que lleva de una comprensión uniforme de la realidad hacia un concepto más dinámico de la realidad estructurada por la interacción del espacio, del tiempo, y el lenguaje. La racionalidad inclusiva no disuelve el conocimiento en un relativismo incontrolable.

Los enunciados exactos son todavía posibles, aunque dentro de una perspectiva más matizada. La noción de razón condicionada por el contexto confronta nuestro pensamiento con demandas más sofisticadas que la noción de la razón absoluta. Así ocurre que de nuevo aparece el sapere aude, el lema de Siglo de las Luces, todavía válido cuándo modernidad ha madurado y se ha dado cuenta de que la racionalidad no es absoluta sino que aparece dentro de un contexto.

La substancia y la relación en la filosofía. El paso de la sustancia a la relación

Partiendo del ejemplo concreto de la física, Antje Jackelén reflexiona sobre la sustancia y la relación. El logro positivo del desarrollo postmoderno lo describe como un paso de la sustancia a las relaciones. En el pensamiento Aristotélico hay una jerarquía clara donde la categoría de sustancia está por encima de la categoría de la relación. Esta pauta es impresionante en su claridad. Define la tarea racional en una manera manejable: describe qué son las cosas son y da definiciones correctas de ellas. Una vez que uno ha hecho esto puede estar satisfecho con su trabajo académico. Sin embargo, la manera tradicional de focalizar las sustancias y sus definiciones favorece el reduccionismo y el dualismo como método. La pregunta acerca de qué es A y qué es B no es suficiente. Uno tiene que preguntarse: ¿cuál es la relación entre A y B? ¿Cómo se relacionan las cosas?

La racionalidad del Siglo de las Luces dejó fuera de su reflexión algo que está en el centro de la realidad. Tenemos que proporcionar espacio para la relacionabilidad como centro de la realidad. Las interrelaciones y las redes están en el centro, pero no encontraron su sitio en el pensamiento moderno. Lo que está en juego es el presupuesto de que la definición de las sustancias da una descripción más adecuada de la realidad que una descripción que tenga un punto de partida basado relaciones y relacionalidad.

El planteamiento basado en relaciones y relacionalidad no es intelectualmente menos exigente que el pensamiento basado en la definición de sustancias absolutas. Es más exigente, pero a la vez es más recompensante. Antje Jackelén lo expresa con una metáfora: la epistemología clásica y la ciencia clásica trataron la realidad como un coche que, sin problemas, podemos poner en una rampa hidráulica para examinarlo y repararlo.

En la actualidad nos hemos dado cuenta de que la realidad no se comporta como un coche que puede ser parado y puesto en una rampa hidráulica; el examen y la reparación tienen que ser hechos mientras el coche está en movimiento, y esto es ciertamente una empresa más exigente. La vuelta a las relaciones es congruente con la visión de que la complejidad está en el fondo de los fenómenos que constituyen la vida en el mundo

Independientemente de cómo sean por último valoradas dentro de la comunidad cinentífica la teoría del caos y la investigación de la complejidad, estas teorías ya han tenido un impacto profundo en la cultura actual. De ser percibido como un término puramente negativo, el “caos” tiende actualmente tener una connotación más positiva. El caos parece más cerca de la creatividad que del mal. En la comprensión general, la “complejidad” es más adecuada para describir la vida y la fantasía que la mera simplicidad. El diseño, el orden y el desorden ya no son una terminología adecuada para describir la naturaleza. Cuando lo distintivo de la vida es percibido como complejidad en lugar de verse como algo ordenado por un principio extrínseco o intrínseco, entonces ya no puede evitarse que ese cambio tenga también efectos en la terminología filosófica y teológica.

Dios acto puro o realidad activa

Estas ideas las aplica Jackelén al análisis de algunas cuestiones filosóficas y teológicas.

Creación y Caos

En la teología de la creación ha sido durante mucho tiempo una expresión familiar el decir que “creación” significa lo contrario que “caos”. En el Gen 1:2 se describe la creación del mundo a partir del caos. Esto ha sido interpretado como si en el acto de crear Dios desterrase el caos creando el orden en su lugar. Dios es el Dios del orden que odia el desorden. Sin embargo Antje Jackelén piensa que hoy estamos pasando de una visión del caos y del orden como contrarios hacia una nueva comprensión que reconoce las relaciones complejas que existen entre caos y orden. El Dios, cuyo papel primordial fue de determinar las condiciones iniciales a partir de las cuales se ha producido el mundo, ha pasado a ser el Dios que atrae la creación hacia el cumplimiento escatológico, utilizando tanto el orden como el desorden.

Simplicidad de Dios

De un modo semejante, para Jackelén la comprensión de la simplicidad de Dios ha experimentado un profundo cambio en la teología. Para Thomas Aquino fue obvio que Dios no podría ser otro que la simplicidad suprema. Un Dios cuyas características primeras son absolutez, infinitud y unidad no puede estar dividido en partes; de ahí que Dios sea la simplicidad absoluta. El temor al caos motivó una obsesión por el orden en Dios, junto con un apoyo de estructuras, jerárquicas y opresivas, como Elizabeth A. Johnson ha indicado vigorosamente. Esta visión restringida de Dios como el super-orden ha causado dificultades innecesarias en el diálogo entre la ciencia y la religión. Aquí Antje Jackelén cita al jesuita John Haught: “Cuando la idea de la creatividad divina está moderada por la vulnerabilidad de Dios, y cuando la naturaleza misma es vista como promesa antes que simplemente como diseño u orden, la evidencia de la biología evolutiva no sólo parece consonante con la fe sino que manifiesta también nuevas profundidades de ella”.

Dios acto puro o realidad activa

Una comprensión de Dios como acto puro o realidad activa – enraizada en la preferencia Aristotélica por lo real frente a lo posible – descuida y disminuye la importancia de la potencialidad. Sin embargo, debido en gran parte a desarrollos en la física durante el último siglo, ha habido una revalorización de la noción de la potencialidad. Desde el punto de vista de la teología, esto puede ser tomado como un impulso para reforzar los conceptos teológicos basados en la primacía de lo posible por encima de lo real, en vez de una adhesión estricta al concepto de acto-puro. La revisión de las nociones escolásticas de simplicidad y actualidad desde el punto de vista de las nuevas comprensiones de la complejidad y la potencialidad confronta la teología contemporánea con nuevos desafíos.

Dios simple o complejo

Jackelén se pregunta qué ocurriría si Dios no fuese comprendido en términos de la mayor simplicidad sino en términos de la complejidad más alta. La creación no parece desarrollarse hacia una simplicidad creciente sino hacia niveles más altos de la complejidad. Lo distintivo de la vida puede ser entendido en términos de complejidad antes que de simplicidad. La evolución tecnológica parece seguir la misma pauta. ¿Debe Dios, entonces, ser entendido también en términos de complejidad? ¿Es este pensamiento conciliable con la tradición bíblica y teológica? ¿Qué elementos de la tradición bíblica y teológica quedarían más afirmados y cuáles habría que modificar si pensamos en términos de complejidad?

Seguir esta línea de pensamiento necesita por lo menos dos clarificaciones iniciales. La primera es una descripción más detallada de lo que significa complejidad. En segundo lugar, este modo de confrontar la ciencia y la teología necesita una observación que clarifique cómo se utiliza aquí la analogía. Sacar conclusiones a partir de la complejidad de la naturaleza para aplicarlas a la complejidad de Dios parece presuponer una fuerte analogia entre la creación y el creador.

Antje Jackelén asume que si no existiese un analogía entre el creador y la creación el razonamiento teológico sería imposible o por lo menos inútil, y el agnosticismo sería la única alternativa práctica. Por otro lado, Jackelén presupone que Dios es siempre diferente y no puede ser “encerrado” dentro de categorías teológicas ni filosóficas. A pesar de la centralidad de la palabra (el Logos), lo apofático siempre permanece en el centro de la teología cristiana. De ahí que Dios sea siempre comprendido en términos de alteridad, una alteridad que es de carácter radical pero no total.

Trinidad y relacionalidad

Es importante advertir cómo relacionalidad y interrelación aparecen en el corazón de fe cristiana. Newton tuvo una vigorosa aversión al concepto de trinidad. El Dios de Newton fue omnipotente y omnisciente, y fue verdaderamente Uno. Newton dijo que nunca habría paz en el mundo a menos que la doctrina de la trinidad fuera abolida. Al Siglo de las Luces también le disgustó la trinidad. Era demasiado especulativa, demasiado irracional. No fue hasta los años ochenta cuando pudimos ver un renacimiento serio del pensamiento trinitario en la teología Occidental. El Dios del teísmo o deísmo filosóficos no alcanza a comprender el testimonio bíblico de un Dios que no se revela a sí mismo de una manera monística. Pero un desarrollo teológico como el de Tomás, que comienza con “De Deo Uno” y después pasa al “De Deo Trino”, tampoco puede ser considerado como el enfoque teológico más adecuado para explicar el concepto de Dios.

Hoy hay una tendencia a no percibir más la Trinidad como una clase de apéndice a la explicación teológica de Dios. Mas bien se suele comenzar con la Trinidad; el Dios de la cristiandad sólo puede ser imaginado como una comunidad triune. O, como dice Walter Kasper, “la doctrina de la Trinidad es la forma cristiana del monoteismo”. Mientras que los conceptos trinitarios occidentales han mostrado a veces una tendencia a funcionalizar la Trinidad, utilizándola como un modelo para casi todo, desde la moralidad social al diálogo interreligioso, la teología trinitaria ortodoxa oriental ha estado más preocupada en poner el énfasis en la inefabilidad del misterio de trinidad, siguiendo así su fuerte tradición de teología apofática.

Artículo elaborado por Javier Leach, de la
 

 

 
 

 

Fuente: http://www.tendencias21.net

 

ORGANIZANDO LA DEMOCRACIA Y LA CIENCIA:

 

por Christian Byk,

 

(Secretario General de l’Association Internacional Droit, Ethique et Science)

 

El desarrollo de las sociedades contemporáneas se encuentra profundamente relacionado con el avance del conocimiento científico y sus aplicaciones biomédicas. A pesar de las diferencias entre los distintos países; diferencias que semanifiestan, por ejemplo, en la situación de Europa Occidental y la de los países alsur del Sahara, éstas tienen sus raíces en la historia. La historia política – o sea, la ideología y la organización social – está relacionada, e incluso puede ser muy importante, si tomamos en cuenta que la relación entre ciencia y sociedad es unfactor determinante en el desarrollo social.

 

Dado que México se encuentra entre la historia común de ambos mundos – la “Vieja Europa” y el “Nuevo Mundo”, es conveniente promover una perspectiva

comparativa del tema de la vida y la libertad frente al desarrollo de las ciencias biológicas.

 

En lo que respecta a Europa, la revolución actual en las ciencias de la vida fue facilitada tanto por la Ilustración del siglo XVIII como por la Revolución Industrial del siglo XIX. Pero hoy en día existe el temor que la herencia cultural y política de aquellos siglos pueda ser confrontada por una revolución técnico-científica y sus consecuencias políticas. Actualmente el verdadero poder ya no se encuentra en las instituciones controladas por el pueblo y las naciones carecen de la capacidad suficiente para resolver por sí solas problemas que se han convertido en “globales”.

 

La relevancia de esta reflexión también se aplica a México. Un vistazo a la historia mexicana permite cuestionarnos sobre la ideología y la práctica de la Revolución Mexicana. Bien podemos preguntarnos ¿qué es lo que queda de ella en el contexto actual? Hablando en términos generales, ¿qué podemos decir acerca dela influencia de la ciencia y la idea del progreso en el rernmarcamiento de las sociedades en esta parte del mundo?

 

Desgraciadamente, no soy ni un científico político ni un antropólogo social. Sólo soy un abogado con experiencia en política legislativa en los campos de la biomedicina, la biotecnología y los derechos humanos.

 

Por lo tanto, deseo presentar algunas observaciones como un abogado “comprometido políticamente”, con el objetivo de que lo que hoy en día llamamos “bioética” pueda incluir las preocupaciones de nuestros contemporáneos en las sociedades en las que viven o en las que luchan por la vida y la libertad. No pierdo de vista la necesidad de que la bioética debe ser un compromiso de todos.

 

Mi primera observación será la de cuán involucradas están la vida y la libertad con la revolución en las ciencias de la vida: la segunda, identificar las herramientas que podemos utilizar para hacer más fácil la discusión de estos temas. Por último, debemos preguntarnos si nuestras sociedades tienen la capacidad de integrar las cambios potenciales derivados de esta revolución tecnológica, así como las perspectivas políticas que conllevan: “un mundo feliz” o una organización más pacífica y equitativa del mundo.

 

I. Nuevas interrogantes acerca de la vida y la libertad

 

Esta controversia, surgida de los usos de la biotecnología es tan conocida – la clonación humana o la biodiversidad, por ejemplo – que no es siquiera necesario presentar ejemplos del reto al que se enfrentan la vida y la libertad. Pero el hecho de que hayamos tomado el control sobre la vida, la naturaleza y el medio ambiente, no proporciona una perspectiva clara sobre los efectos que esto puede tener sobre la vida y la libertad.

 

Para tener una perspectiva interdisciplinaria de nuestras sociedades es necesario un análisis más profundo, pero lo que sí podemos hacer es adelantar algunas de las tendencias observables.

 

El temor a las ciencias y tecnologías es, ciertamente, lo más evidente. Como ya he mencionado en otras ocasiones, el miedo es la prueba más clara de los cambios sociales que ha provocado la revolución de las ciencias biológicas. Estos cambios han obligado a las sociedades a desplazar su atención de la bioética a la biopolítica y de esta a la bio-legislación.

 

Así, al menos potencialmente, los individuos han ganado más libertad, pero eso implica una nueva responsabilidad que coloca al individuo bajo un nuevo control social.

 

Por un lado, se crearon nuevas esperanzas a favor del beneficio del ser humano, especialmente en el campo de la medicina. Por otro, este progreso tiene implicaciones sociales y requiere de un acercamiento colectivo que cuestione la organización de nuestras sociedades.

 

Examinemos estos dos puntos.

 

A. ¿Una mayor autonomía individual para un “mejor” o para un “mayor” control social?

 

Los dos cambios importantes que reflejan una mayor autonomía del individuo son, en primer lugar, la decadencia del modelo paternalista en la relación paciente médico; en segundo, la reestructuración de los lazos familiares. Mientras tanto, la revolución genética parece más ambigua porque podría conducir a la imposición de un control más fuerte sobre los individuos y los grupos sociales, y esto, a la postre, generaría nuevos tipos de discriminación.

 

1. La nueva relación médica

 

Uno de los resultados de esta revolución es una relación mejor balanceada entre los pacientes y sus médicos, y esto es una señal de una mejor educación; pero esto también se traduce en una nueva opinión acerca de los médicos, una opinión que pone en tela de juicio su poder “mágico”. Ello bien podría ser el producto de la sociedad de mercado que ha transformado a los médicos en proveedores de servicios y a los pacientes en consumidores.

 

El nuevo acercamiento reconoce la importancia del concepto de la autonomía del paciente, concepto que debería beneficiar a todos, incluyendo niños y personas vulnerables. De ahí que la idea se encuentre incorporada en diversas legislaciones. Así aquellos incapaces de expresarse deben ser asesorados por un apoderado o, por lo menos, tener la posibilidad de dejar instrucciones con respecto a su tratamiento médico.

 

Un paso adelante en el reconocimiento del derecho a la autonomía, que incluye el rehusarse a un tratamiento médico y se relaciona con la decisión acerca del

momento en que un enfermo desea poner fin a su vida.

 

En el curso de este milenio, algunos países han decidido autorizar el suicidio asistido y la eutanasia, y han definido en su legislación, las condiciones específicas en las que estas decisiones han de llevarse a cabo. Por ejemplo, en un caso de suicidio asistido sometido a la jurisdicción de la Corte Europea de los Derechos Humanos en el año 2003, este órgano decidió que el principio de autonomía era el valor fundamental del derecho a la privacidad protegido por el artículo octavo de la Convención Europea de los Derechos Humanos.

 

A pesar de que la Corte negó que la actitud del gobierno británico violaba el artículo octavo, sí consideró que la definición del derecho a la privacidad incluía el concepto “calidad de vida”, especialmente tomando en cuenta la situación del demandante, un paciente que sufría una enfermedad mortal.

 

Otro aspecto de la nueva relación médica es el papel que desempeñan la legislación y la jurisprudencia para establecer un sistema legal capaz de compensar los daños médicos.

 

En la investigación biomédica sobre seres humanos se ha desarrollado una tendencia similar a favor de una mayor y mejor autonomía. Esto se dio a partir de la difusión de los abusos a que fueron sometidos algunos individuos durante la Segunda Guerra Mundial. Dado que este desarrollo tiende a llevarse a cabo en países que carecen de una legislación en este campo, el problema sobre la autonomía y la integridad de la población es muy serio.

 

¿Podemos concluir que la libertad de los investigadores – punto de vista que, en nuestra opinión, cuenta con el apoyo social – será sacrificada frente al respeto absoluto de la autonomía individual de los grupos más vulnerables?

 

La discusión en la Asociación Médica Mundial acerca de las investigaciones con placebo es una muestra del riesgo que conlleva adoptar una ética demasiado contextual, pues esto, bajo el pretexto de la aplicación del principio de autonomía, podría conducirnos a una mayor discriminación. En nuestra opinión, si los sujetos principales del derecho de autonomía son los beneficiados por éste, su ejercicio debe mantenerse dentro de los límites de la ley.

 

2. La reconstrucción de la familia

 

Otra área que ha sido afectada de manera considerable por la revolución de las ciencias de la vida es la de las relaciones familiares . A pesar de que las nuevas tecnologías reproductivas no constituyen la única razón de estos cambios, sí representan un factor importante. Como consecuencia de esto han surgido nuevos cuestionamientos acerca del futuro de la familia. Primero, confirmaron lo que es conocido como la nueva sociología de la familia: el fin del modelo burgués tradicional, que incluye la imposición del matrimonio y la dominación del hombre. Actualmente, los dos elementos más importantes para decidir la composición de la familia son la voluntad y la búsqueda de la felicidad personal. El divorcio, la cohabitación y las familias de un solo padre son más comunes cada día y, conforme pasa el tiempo, se muestran cada vez más como alternativas que no con llevan connotaciones morales.

 

Las características más comunes dentro de esta variedad de modelos es el deseo personal de decidir acerca de la procreación. En segundo lugar, las tecnologías reproductivas – aborto y anticoncepción por un lado, y las técnicas de reproducción asistida, por otro – han logrado separar la sexualidad de la reproducción, herramientas que le han permitido a la mujer tomar sus propias decisiones. En tercer lugar, las nuevas tecnologías reproductivas introdujeron, por primera vez en la historia de la humanidad, un nuevo elemento en la privacidad del proceso reproductivo: el médico. El proceso, de “natural”, pasa a ser “artificial”, lo que implica una mayor participación social. Por último, las tecnologías reproductivas, mediante la donación de gametos y, eventualmente, la clonación, han abierto la Caja de Pandora de nuevos lazos familiares que, en caso de ser aceptados socialmente, podrían cambiar por completo la antropología. Tanto solteros como homosexuales reclaman el derecho a usar esas tecnologías. Haciendo caso de dichos reclamos, algunos países han decidido legalizar el matrimonio y la cohabitación de parejas homosexuales, así como el derecho de tales parejas para adoptar hijos. En 2003, la Corte Europea de los Derechos Humanos dio un paso adelante en la protección de los transexuales cuando decidió que, cuando el cambio de sexo se ha llevado a cabo legalmente, esa persona tiene el derecho de contraer matrimonio con una persona del sexo contrario.

 

B. El reto de la sociedad.

 

Somos conscientes de que dichos cambios podrían parecer muy lejanos de las

preocupaciones y del contexto social de los países que aún no cuentan con estos avances tecnológicos; sin embargo, aun cuando la situación de unos países frente a otros puede ser muy distinta, no deja de haber buenas razones para prestar atención a las experiencias derivadas de estas prácticas. Una es, por ejemplo, que los países europeos no esperaban que esos cambios ocurrieran tan rápido. Esto significa que, probablemente, algo similar puede ocurrir en otros lugares. “Gouverner, c’est prévoir” (gobernar es preveer) dice un dicho francés que podría resultar apropiado para observar con más cuidado lasv consecuencias de tales cambios sociales.

 

Una segunda razón descansa en el hecho de que la revolución de las ciencias de la vida no sólo tiene repercusiones socioculturales. Como ya lo hemos mencionado, también da lugar al reclamo y al desarrollo de nuevos derechos individuales. Por esta razón, se trata de un desafío para afianzar estas demandas. El reto puedo ser grande si las estructuras sociales no cuentan con experiencia en el debate social y la democracia. Además, el desafío resulta especialmente agudo en las llamadas “viejas democracias”, ya que la discusión sobre temas de bioética implica la confrontación de valores morales, culturales e ideológicos.

 

II. El reto del debate público

 

No es muy seguro que las instituciones y procedimientos tradicionales del sistema democrático cuenten con la capacidad de posibilitar un debate público sobre bioética. ¿Cuáles son las condiciones y herramientas necesarios para permitir undebate sobre la revolución de las ciencias de la vida?

 

Antes de continuar con esta reflexión es necesario comentar algo sobre las ventajas derivadas de las controversias sociales. “Al contrario de lo que es generalmente aceptado, las controversias públicas tienen una utilidad social, como vías que sirven para explorar los riesgos y los medios para imaginar los posibles escenarios. Además, lejos de inmovilizar, las controversias representan un canal para las acciones colectivas, son una oportunidad para construir identidades y acciones”.

 

  1. Las condiciones del debate público

 

Entremos a la discusión sobre las condiciones que contribuyen al debate público. Bernardo Houssay escribió: “La ciencia no tiene patria, pero el hombre de la ciencia la tiene” (Carta a un joven investigador que emigra en 1943). Tendremosen mente esta idea para cuando hablemos de las condiciones sociales como parte del desarrollo científico y del debate público derivado de él.

 

1. La idea del progreso

 

Durante los últimos siglos, tanto en Europa como en Japón, la construcción de los modelos políticos y económicos ha estado influenciado de manera muy importante por un punto de vista positivista de la ciencia y la tecnología, que tiene el propósito de prevenir el dominio extranjero.

 

La idea de que la tecnología puede ser utilizada por una nación con el propósito de reforzar su independencia política es respaldada por los países latinoamericanos “desde el período que en México se denomina “la Reforma” y en Argentina “Organización nacional”, hasta la crisis de 1930”.

 

“En México, por ejemplo, el renacer de la actividad científica suele fecharse en coincidencia con la creación, en 1853, del Ministerio de Fomento, es decir, cuando las tareas y objetivos comienzan a replantearse en forma orgánica”. La organización de instituciones educativas y académicas también desempeñan un papel importante en el difusión de la cultura científica. Por ejemplo, puede considerarse que el punto final de la ciencia prerrevolucionaria y punto de arranque del México moderno es el Primer Congreso Científico Mexicano de 1912. Recordemos que el gobierno de Benito Juárez promulga (2 de diciembre de 1867) la Ley Orgánica de Instrucción Pública, y que a ella se vincula el decreto del 14 de enero de 1869, entre cuyas finalidades destacamos sólo la tercera: “Popularizar y vulgarizar las ciencias exactas y las ciencias naturales”.

 

Los lazos entre valores políticos y sistema educativo se estrecharon de manera similar en Francia, a partir del restablecimiento del régimen republicano al final del siglo XIX. Fueron los maestros los encargados de difundir una cultura racional acompañada de los valores republicanos más aceptados. El último eslabón en la cadena de la política de integración cultural, después de la Segunda Guerra Mundial, fue la expansión del ámbito de influencia entre un mayor número de estudiantes de las mejores instituciones educativas (universidades y colegios científicos).

 

Sin embargo, esta nueva integración no es simplemente el resultado de los valores de la modernidad. También es la consecuencia de un nuevo patrón de vida, capaz de proporcionarnos productos y servicios nuevos, derivado de la sociedad industrial.

 

2. Un nuevo patrón de vida

 

El taylorismo y la producción en masa hicieron posible, por lo menos en las sociedades industriales, la difusión de los productos tecnológicos entre los consumidores individuales: autos, máquinas lavadoras, televisiones, computadoras y teléfonos celulares son ahora parte normal de nuestra vida. En el campo de la medicina, los descubrimientos médicos han llevado a que la producción de medicamentos sea una gran industria. Al mismo tiempo, la técnica ha tomado el control de las instituciones de salud y ha transformado a los médicos en ingenieros de la salud.

 

La era médica actual, para la que la salud es el valor más alto, se enfrenta a una crisis: mientras que en los países más ricos los individuos están a la expectativa de más “milagros” por parte de sus médicos, en los países en vías de desarrollo la mayor parte de la población no tiene acceso a los servicios médicos básicos. Paradójicamente, el financiamiento de salud y los escasos recursos de manejo, son asuntos claves, que por algunos están gastando demasiado, mientras otros están buscando solidaridad social. Esto explica porque el cuidado de la salud se ha movido de los asuntos sociales, a la política, lo cual es substancial, tanto para la democracia como para la cooperación internacional.

 

B. El debate actual sobre la bioética

 

Los problemas éticos surgidos a partir del desarrollo de la biomedicina y la biotecnología son sólo una parte del acercamiento global, y constituyen un ejemplo interesante sobre la capacidad de las sociedades para manejar el problema. Así, el debate sobre las ciencias de la vida puede caracterizarse por las siguientes tendencias: difusión, apropiación, confrontación, institucionalización e internacionalización.

 

1. Difusión

 

A pesar de que la bioética nació en los Estados Unidos durante la década de los setenta, esas tecnologías, que desafiaron la práctica de la medicina, (investigaciones biomédicas en seres humanos, transplantes de órganos,

tratamientos prolongados de vida, nuevas tecnologías reproductivas…) han emigrado poco a poco a otros países. Esto ha generado la recreación, en nuevos contextos sociales, del enfrentamiento de tales tecnologías con los valores tradicionales. Pero la difusión no sólo ha afectado la práctica de la medicina; también ha desatado una preocupación social acerca de las nuevas oportunidades que brinda el desarrollo de la biomedicina. La razón de este cambio bien puede encontrarse en la mejora de la educación y en la facilidad para acceder a la información. Para complementar el popular estilo periodístico de la información, han aparecido un buen número de iniciativas: la elaboración de programas educativos en colegios y universidades, posgrados y conferencias al público en general. Otra de las herramientas han sido los cursos académicos, y me gustaría mencionar, de1 manera especial, la iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud para crear (1994) un programa que representa la primer iniciativa de este tipo.

 

Cuando se combinan individuos educados, capaces de demandar respuestas a sus necesidades, con una sociedad de mercado que tiende a satisfacer las

necesidades de los miembros del grupo, esto se traduce en una demanda generalizada de una mejor calidad de vida.

 

En lo que se refiere a los profesionales de la salud, ellos están ahora con enorme poder en nuestra vida, debido al enorme control que han adquirido en la reproducción humana y lo genético. Como una contraparte, ellos son también responsables de los riesgos que pudieran afectar nuestra salud: los productos de la contaminación de la sangre con el HIV, la enfermedad de las vacas (mod cow) (BSE) o simplemente la falta de una intervención quirúrgica. Finalmente, lo que ellos han ganado en poder técnico sobre nuestras vidas, lo han perdido en la confianza social y la consideración en sí. La ética profesional es a menudo rechazada por los pacientes, en capacidad de suscitar una ética nueva yactualizada, que compagine con una sociedad plural e individual

 

2. Apropiación y confrontación

 

La apropiación de estos temas por parte de los actores principales es una posible réplica a la búsqueda de una relación más balanceada entre ellos. En la perspectiva que mostramos el año de 1994 en Ixtapa sobre las primeras décadas de la bioética, ya insistíamos en atraer la atención pública, de discusiones multidisciplinarias en asuntos éticos emanados por avances biomédicos..(los) fundadores dirigieron el revivir en las profesiones relacionadas con la ética, y el establecimiento de nuevos grupos.

 

Actualmente es ampliamente reconocido que los temas de la bioética no sólo conciernen a los médicos, sino que representan un tema de discusión para toda la comunidad por la sencilla razón de que abarcan problemas de derechos humanos, de la organización de la familia y, desde un punto de vista más amplio, de posibles cambios en nuestra especie y medio ambiente. La apropiación también significa que no debemos pasar por alto el contexto cultural en el que se desarrollan las tecnologías médicas.

 

Dado que las ciencias de la tecnología tienden a estimular procesos de estandarización, algunas personas temen que esta situación pueda desembocar en una cultura desinteresada de los acercamientos socioculturales locales en lo que respecta a la vida y la muerte.

 

Siguiendo la misma perspectiva, la bioética ha generado un movimiento de apropiación entre grupos que pueden ser especialmente vulnerables. Las nuevas tecnologías reproductivas cuestionan el papel de la mujer en la sociedad. Por un lado, esas tecnologías pueden ser vistas como herramientas de emancipación, mientras que por otro, pueden ser consideradas como nuevos instrumentos de dominación.

 

Por ejemplo, en algunos países las tecnologías de anticoncepción han sido utilizadas (es el caso de México durante la década de los 70 así como de China) como un medio de control del desarrollo socioeconómico. En algunas circunstancias algunos grupos y comunidades particularmente vulnerables (niños, inválidos, personas con diferente orientación sexual, grupos étnicos, prisioneros, etc.) podrían ser objeto de discriminación.

 

Como subrayó el profesor M. Kauser S. Kahn en su conferencia en Ixtapa: “la ética de la medicina o la salud no aspira a cambiar el mundo; sin embargo, toca un punto sensible a favor de la protección de los más vulnerables”. Esta es una de las posibles respuestas a la pregunta que ella planteó: “¿cómo controlar el comportamiento de quienes detentan el poder?”. Permítanme sugerir otra posible respuesta: la apropiación también debería ser un medio para difundir el poder y darle más a aquellos que sólo forman parte de la revolución de las ciencias de la vida como pacientes y consumidores y no como verdaderos ciudadanos.

 

La otra forma de apropiación es más bien geocultural o geopolítica: si por fin los temas de la bioética han llegado a Europa y a otros continentes, esto no significa que estos deban enfrentarse del mismo modo como se hizo en los Estados Unidos. Si eso que llamamos “bioética estadounidense” ha tenido influencia en Europa, también es cierto que, como resultado de factores sociales, políticos, culturales y filosóficos, el acercamiento del Viejo Continente ha sido específico. Si bien los países asiáticos aún no han alcanzado una integración regional bioética, es importante destacar las iniciativas que permiten suponer un movimiento bioético en América Latina. Este movimiento es apoyado no sólo por una cultura y lenguaje común sino también por una percepción política de la bioética que puede reforzar la independencia moral de los países latinoamericanos en su lucha por los derechos humanos, la democracia y la justicia.

 

Por ejemplo, la apropiación de la bioética puede ser un medio para contrarrestar la influencia de los Estados Unidos en la región. Ese es el verdadero significado del discurso del profesor Volnei Garrafa cuando afirmó, en el sexto Congreso de Bioética el año de 2002 en Brasilia, que “este mundo disparejo en el que algunos tienen la posibilidad de sentir placer mientras otros sólo tienen la de estar inmersos en el sufrimiento, configura un panorama que, en nuestra opinión, justifica una ética de intervención orientada hacia la búsqueda de la equidad”. De estas afirmaciones podemos deducir que si “la ética no está perdida en un mar de verbalismo”, la apropiación y la confrontación significan una mayor responsabilidad para la sociedad civil. Pero se trata de un proceso interactivo, como decía Guillermo Soberón, presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana de la Salud: “los cambios tan profundos que se están llevando a cabo actualmente en el orden social mexicano se traducen en desafíos importantes y en una necesidad de cambio en la sociedad civil, así como en la relación entre gobierno, instituciones y sociedad civil”.

 

Otra consecuencia obvia de la discusión bioética es el cambio en las estrategias políticas, por la sencilla razón de que en las sociedades democráticas el debate pacífico no debe ser una ilusión. Pero nuevas estrategias implican nuevas instituciones y el campo de la ciencia de la vida, han sido un buen agrupamiento para tales instituciones en las décadas pasadas.

 

3. Institucionalización

 

Así como la apropiación y la confrontación son una prueba de la existencia de una retórica de la bioética asociada con las nuevas demandas sociales, la

institucionalización muestra cómo estos nuevos eslabones pueden operar tanto entre la sociedad civil como entre la sociedad y aquellos en el poder, así como

la manera en que las nuevas estrategias pueden ser apoyadas de forma que las legitimen socialmente.

 

Ciertamente los comités de ética son una referencia en la institucionalización de la discusión bioética. Sin embargo, el entusiasmo actual, que consiste en formar un comité de ética cada vez que surge un problema, debe ser ponderado por un mejor análisis acerca del papel y las características de dichos comités.

 

En primer lugar, debemos recordar que los comités de ética son foros de discusión que deberían aparecer en el momento que las necesidades sociales los reclaman. Si bien un comité puede profundizar en las discusiones, bajo ningún motivo puede generarlas si éstas no son generadas por la sociedad.

 

En segundo, la credibilidad de estos comités descansa, sea cual sea su misión, en el respeto de ciertos principios rectores: a) multidisciplinariedad (la bioética no sólo les incumbe a los médicos); b) pluralidad (es necesario tomar en cuenta tanto los distintos acercamientos como los puntos de vista encontrados); c) independencia (las elecciones en el campo de la ética no deben ser hechas por un mentor sino que deben ser el resultado de un debate social)

 

Tal vez podría agregarse como complemento de la independencia de los comités de ética que éstos no deberían tener un poder real más allá de una simple autoridad moral.

 

En tercero, el propósito para el cual han sido creados los comités de ética han dado lugar a una mayor complejidad de sus funciones. De hecho, debemos distinguir entre los comités que participan en la regulación social de casos relacionados con la práctica médica y científica y los que tienen bajo su cargo

algunos temas sociales fundamentales.

 

La primera categoría comprende, principalmente, comités locales o institucionales preocupados por la investigación médica. Estos pueden ser:comités de hospitales cuya función es revisar los casos que involucran dilemas morales (la continuación de la vida, la selección de receptores de órganos) o comités de investigación encargados de revisar los protocolos establecidos por la Declaración de Helsinki y demás normas aplicables. Dentro de la segunda categoría podemos ubicar tanto comités nacionales de ética, como el caso de la Comisión Nacional de Bioética en México (cuya actividad fue promovida por el profesor. M. Velasco Suárez), y los comités internacionales como la UNESCO.

 

Los comités internacionales están inmersos en un debate que desafía no sólo intereses individuales y comunitarios, sino también estatales. Esto significa que enocasiones las controversias bioéticas ocultan intereses estatales. En principio, se supone que las comisiones nacionales de bioética deben ser un foro social; pero en la práctica, por muy diversas razones, pueden llegar a favorecer la elusión del debate. Por ejemplo, estas comisiones bien pueden seguir instrucciones específicas (el caso de las ONGs), y esto puede generar ciertas dificultades para que los miembros de las sociedades formulen sus puntos de vista sobre algún asunto técnico, o bien puede suceder que el debate sea acaparado por la comunidad académica.

 

Por último, puede suceder que los comités carezcan de los recursos suficientes para funcionar y para dialogar con los miembros de la sociedad. En nuestra opinión, estas observaciones no necesariamente conducirán a una desaprobación de los comités de ética. Más bien deberían servir para proporcionara los comités toda una serie de reglas necesarias para cumplir con su propósito.

 

También creemos que el debate bioético debería propiciar la aparición de otro tipo de instituciones: las instituciones tradicionales de la sociedad democrática que incluyen instituciones y grupos que pueden ser representativos de la sociedad civil. En las viejas sociedades democráticas, esto puede ofrecer una revitalizaciónde sociedades anquilosadas. Generalmente el parlamento es considerado como una máquina de votación que sólo beneficia al programa legislativo del gobierno, mientras que las asociaciones médicas son reacias a participar en las discusiones públicas.

 

En un intento por desarrollar la democracia en el campo de la bioética, deberíamos estimular un debate público mucho más abierto. Por ejemplo, la experiencia de los países que formaron parte de la ex Unión Soviética muestran que el debate sobre la bioética ha levantado una gran polémica: la reforma del sistema de salud o el manejo de algunos temas considerados como tabús (aborto, psiquiatría o sida). Esto es un estímulo para redescubrir el camino hacia una discusión democrática: promoviendo argumentos en arenas políticas, discutiéndolas de manera que podamos señalar los intereses involucrados y tomando elecciones que puedan ser fácilmente entendidas aun por aquellos que no las aprueban del todo.

 

El proceso normativo y la introducción de, como hacer las reglas, lo cual es parte de este, por eso sería una buena ilustración para probar la capacidad de nuestras sociedades y ofrecer una alternativa: Un Mundo Feliz.

 

III. ¿Existe una alternativa frente a “un mundo feliz”? De la ética al derecho.

 

La definición de las reglas sociales implica que nos cuestionemos acerca del papel del derecho respecto del desafío abierto por el desarrollo de las ciencias biomédicas.

 

La confrontación entre el mundo del derecho y las ciencias de la vida conlleva algunas consecuencias importantes: el temor de que esto abra el camino hacia

enfrentamientos liberticidas o la esperanza de que logre apaciguar los temores sociales generados por la intervención sobre los seres vivos.

 

Bajo esta perspectiva, esperamos que tanto el derecho como sus actores sean capaces de generar un orden jurídico capaz de gobernar y, por lo tanto, de reconocer las actividades relacionadas con la ciencia de la vida. La demanda al derecho es una demanda de orden y de paz social, y esto implica la búsqueda de un equilibrio, así sea evolutivo.

 

Esta demanda, que linda con la angustia existencial, es una muestra de la crisis modernista que vive nuestra civilización.

 

A. La sed de Derecho

 

Esta nace de la situación en que viven nuestras sociedades actuales que “mucho se esfuerzan por encontrar los referentes que permitan establecer la velocidad con la que cambian las cosas”.  Mientras la modernidad construía con gran esfuerzo la creencia en las virtudes dela ciencia y la fe en el progreso de la condición humana, el posmodernismoconfirma nuestra pertenencia a una sociedad del cambio; pero nos deja frente auna situación paradójica: “las mutaciones aceleradas que vivimos no tienen una salida racional uniforme”.

 

En lugar de una organización estructurada y duradera, la incertidumbre queda atrapada en una constelación de redes flexibles, localizadas, retroactivas. De esta manera, el derecho es necesario, más que nunca, para ofrecer sus referencias,sus métodos, o simplemente su savoir faire.

 

La atracción por el Derecho se debe a lo éste dice, a la manera en cómo lo dice y a la percepción que de él se tiene.

 

1. La búsqueda de una palabra

 

El debate sobre el “aumento del saber y del poder que los avances de la ciencia y de la técnica proponen, en bruto, a la sociedad,” ilustra perfectamente el peso de lo que se espera, individual o colectivamente, del derecho: expresar valores, proclamar principios, reconocer derechos, imponer límites. Los comportamientos individuales y prácticas sociales -estén o no dentro de las normas- no escapan a esta reivindicación del derecho sustancial. Lo que surge, entonces, es la construcción de un Derecho a la medida que, curiosamente, coincide con la emergencia de un derecho común de las ciencias de la vida. Las llamadas “leyes de la bioética”, como los textos internacionales, son concebidas con base en este modelo binario: proclamación de principios generales y debilitamiento de normas particulares.

 

Frente a la desconsideración de las ideologías, al rechazo o a la diversidad de las distintas morales, ¿dónde encontrar un lugar que permita explicar el vínculo que une a los hombres? Así, el derecho, gracias a su fuerza común, y a los principios que expresa, se erige como el último espacio de religiosidad. Su tarea es reunir las ramas de las prácticas en un tronco común.

 

2. La voluntad de participar en la elaboración de la norma social

 

La forma en la que el derecho dice las cosas genera atracción entre los actores del derecho. Actualmente, ya nada es impuesto solamente por la fuerza del sistema jurídico, todo es resultado de una negociación. A los clásicos representantes de los distintos intereses sociales vienen a sumarse los nuevos actores y mediadores: científicos, por un lado, expertos y comités de bioética por el otro. De lo que se trata es de adaptar las normas a las circunstancias concretas y, si es posible, de lograr su eficacia con el mínimo de coacciones. El derecho debe ser flexible para adaptarse: el bioderecho es un buen ejemplo de experimentación legislativa que supone la posibilidad de reencaminar su obra.

 

3. La búsqueda de una nueva dimensión colectiva

 

Finalmente, la pasión por el derecho que inspira a nuestras sociedades le otorga una nueva fuerza simbólica. Recurrir al derecho al mismo tiempo de modo que permita la construcción de una identidad individual y definir una pertenencia colectiva, se ha convertido en un un símbolo de la defensa de la democracia pluralista y del Estado de Derecho.

 

B. El camino del Derecho ¿Cómo leer la trama de nuestro futuro?

 

De esta relación pasional entre el derecho y las ciencias de la vida podemos percibir una línea que, aunque deja vislumbrar su fuerza, aún está incompleta. Aunque tenemos un paisaje colorido y múltiple, incluso algunos bosquejos de perspectiva, carecemos de una línea de fuga que atraviese todo el cuadro y que sea capaz de mostrar el final.

 

1. El derecho de las ciencias de la vida expresa una nueva realidad

 

De ese paisaje colorido y múltiple, por no decir cosmopolita, surgen, como un desafío a las costumbres y a la antropología, prácticas que lucen los oropeles más recientes de la ciencia. Como consecuencia, nos vemos despojados de las ficciones sociales y de los gestos culturales que otorgaban sentido a lo cotidiano: la sexualidad se ve separada de la procreación, el parentesco disociado de la sexualidad, la identidad confundida con lo biológico, el cuerpo desmembrado circulando en piezas sueltas.

 

Así, liberados tanto de las leyes biológicas como sociales, podemos considerarnos completamente libres para elegir nuestro destino. De ahí la impresión de que el derecho de las ciencias de la vida es un bazar abigarrado. El rigor de unos puede compararse con el pragmatismo de los otros, la evolución de los derechos del hombre no prohíbe el desarrollo del comercio, el reconocimiento de la diversidad biológica y de su necesaria salvaguardia no impide la extensión de los derechos de propiedad intelectual a las biotecnologías, etc, etc. La embriaguez que anima esta kermés de las ciencias de la vida, no puede disimular por mucho tiempo el formidable desafío de poder que genera este ejercicio de construcción reconstrucción del hombre y de su universo. El poder de los intelectuales (médicos, juristas, filósofos y moralistas) se codea con el de los comerciantes. Unos y otros cuestionan, por otra parte, la legitimidad de la intervención en la lógica de las relaciones Norte-Sur.

 

2. Las vías del derecho

 

Dentro de esta red de actividades, intereses y decisiones, existen vías que canalizan la actividad jurídica: la especialización, la institucionalización y la internacionalización. El abanico de posibilidades del bio-derecho se abre a un amplio mercado: así como cada técnica médica aplicada al hombre tiene un derecho propio, las biotecnologías también generan nuevas ramas en el derecho de la propiedad intelectual, derecho del medio ambiente, etc.

 

La especialización del derecho de las ciencias de la vida ha conducido a una globalización del enfoque jurídico, se trata de la “nebulosa del bio-derecho”. Otro avance del derecho de las ciencias de la vida es su propensión a crear nuevas instituciones -comisiones de ética y comisiones técnicos especializados cuyas funciones periciales y mediadoras pueden parecer evidentes pero cuya función política plantea una nueva interrogante sobre la capacidad de los sistemas políticos para generar modos de discusión y decisión adaptados al debate actual de la bioética.

 

Por otra parte, la dimensión internacional del derecho de las ciencias de la vida ya es un hecho, y la consideración equilibrada de la lógica de las ciencias de la vida, la de los derechos individuales y la de un derecho a la solidaridad, se inscriben en la definición de un nuevo orden internacional.

 

C. Los límites del derecho de las ciencias de la vida:

 

1. “Ubi Societas, ibi Jus”

 

Al contrario de lo que los rumores pueden hacernos creer, no se les puede pedir  todo a los juristas y menos aún al Derecho.

 

El empeño de uno y otro en responder la pregunta “¿qué uso se le debe dar a la técnica?” resulta vano ante la ausencia de politización, es decir, ante la ausenciade un debate social. Este empeño supone información y reflexiones previas: no puede afirmarse sin la búsqueda de un soporte social, pues como lo señala Gérard Cornu, “la decisión le corresponde a la ciudad, no a la ciencia”; en otras palabras: “la decisión es política no científica”.

 

El derecho que no es sólo técnica no puede renunciar a su dimensión política, pero no puede construir ésta sin un “suplemento de conciencia” que supone que el jurista puede expresar además de una opinión técnica o personal, una opinión que implica una elección social.

 

Ahora bien, esta expresión no es ni evidente ni unitaria en la sociedad posmoderna, una sociedad pluralista en sus elecciones y diversa en sus fuentes normativas.

 

2. La sociedad del riesgo y el Derecho

 

El malestar que trasciende de la realidad normativa a las ciencias de la vida, la casuística o el principismo, se explican, antes que por una inadaptación del Derecho, por la necesidad de construir un estado de derecho diferente, un estado que tome en cuenta el riesgo relacionado con las aplicaciones de la ciencia, y esto no sólo como fenómeno social sino como certeza política.

 

Si tomamos en cuenta que, en efecto, el riesgo define la relación del hombre con la naturaleza y, por lo tanto, que él es el principio de politización e institucionalización de la política, es necesario que nuestras instituciones se adapten a los riesgos a los que nos enfrentamos. Ahora bien, mientras aumenta la conciencia de los riesgos también aumenta nuestros miedos. Más aún dado que el hombre y su técnica son vistos como responsables del origen de las catástrofes contemporáneas, éstas se hacen posibles en todo lugar y en todo momento, mientras que el azar de las leyes naturales o divinas nos protegían en medio de los desórdenes , ciertamente imprevisibles e irresistibles, pero aleatorios.

 

Frente a este vértigo de libertad, podríamos afirmar lo mismo que Gilbert Hottois: “ante la prohibición absoluta y definitiva que muchos desean imponer a la clonación humana reproductiva, el dogmatismo y el absolutismo aparecen comolos mejores remedios contra el miedo a la libertad”.

 

3.- ¿Cuál es entonces la utilidad del Derecho?

 

Para no caer en un procedimentalismo incapaz de proporcionar respuestas a las interrogantes planteadas, ni en un dogmatismo moral peligroso para las libertades fundamentales, es necesario ordenar y pensar lo múltiple de manera que nos permita producir actos políticos.

 

A pesar de que actualmente el Estado sigue ocupando una posición privilegiada en la producción normativa, ya no podemos decir que le corresponda sólo a él, el área de las ciencias de la vida y el poder sobre los cuerpos de los individuos que conforman la sociedad.

 

Anteriormente el rey y sus súbditos formaban un todo, la Nación se confundía con el Estado; hoy en día el cuerpo social reivindica su autonomía colectiva y se convierte en sociedad civil.

 

De este fenómeno se desprende la aparición de nuevas instancias encargadas de darle expresión a la sociedad civil, y los comités de ética son uno de los ejemplos más claros. Al mismo tiempo, aparecen procesos inéditos para la elaboración de normas.

 

¿Qué decir de la sociedad procedural que nace de esta gestión? ¿Debe ser condenada por su búsqueda de lo que es correcto en la bioética? Anne Fagot-Largeault, citando a Karl Popper, nos dice que “debatir en lugar de matarse unos a otros es un avance moral decisivo”. ¿Será suficiente esto para asegurar una capacidad social de decisión? ¿No habrá que ir más allá y, concluir con François Ewald, que “luego de la institución de la democracia política en 1789 y de la institución de la democracia social bajo la tercera república, faltaría construir la democracia del riesgo? A esta obra es a la que el derecho debe contribuir.

De quienes inventaron la democracia y la tragedia

 

por Teódulo López Meléndez

 

La democracia es un invento de Atenas, al igual que la tragedia. Si vemos bien Grecia era trágica más allá de los hermosos textos literarios que crearon la palabra tragedia. Aún así, no es por ello que podemos definir a la democracia como trágica. Lo es porque la hemos defendido por oposición a totalitarismo. Una es la libertad, lo otro su cercenamiento. Una es el libre albedrío, lo otro la imposición. Así, hemos querido la democracia porque no queremos la dictadura.  

  

Robert Legros ha formulado una pequeña pero significativa ecuación que parte de un recordatorio casi perogrullesco pero vital. En la antigüedad no se era necesariamente ciudadano, la ciudadanía podía ser un premio, una dádiva o una recompensa. Hoy en día no, hoy se nace ciudadano simplemente por pertenecer al género humano. Ciudadanía y humanidad van juntas. De allí Alain Finkielkraut ha extraído una clara conclusión: la soberanía no radica en el pueblo. De esta manera, si se tiene conocimiento de la más moderna filosofía política, no es propio hablar de “pueblo soberano”. La soberanía radica en el hombre, es decir, en el ciudadano que tiene esa condición precisamente por humano. De esta manera, si la mayoría viola los derechos de un ciudadano estaría cometiendo un crimen y ser mayoría no la dota de impunidad. En otras palabras, ese concepto viejo de dotar al pueblo de soberanía es lo que ha abierto las puertas de las dictaduras. Ahora bien, ¿quién ejerce la soberanía? La ejerce el pueblo en nombre de la humanidad. Es bueno recordar que las tiranías de la mayoría pueden ser más crueles que las de un tirano en solitario, aunque, en verdad, no existe ninguno que no haya dicho que ejerce el poder en nombre de una inmensa mayoría que lo respalda, desde Stalin hasta Milosevic o Fujimori. La democracia trágica lo permite, la democracia es una constante duda, mientras las tiranías no tienen ninguna. Como lo asegura Finkielkraut “no se puede conferir al pueblo el poder de hacer cualquier cosa”. Si la mayoría se suma en una dirección incompatible con la esencia democrática la democracia ha consumado su tragedia. La “soberanía popular” pasa a ser un slogan ideológico sacrificado y sin valor. En otras palabras, la voluntad popular bien puede no ser democrática. Eso sucede, según la filósofa Hannah Arend, porque los pueblos a veces se convierten en chusma y lo hacen por una simple razón, la muerte de la cultura. Veamos bien que no hay régimen sospechoso que ame la cultura, aunque se llene la boca con ella.  

  

La democracia es trágica porque tiene elecciones y la verdadera pregunta que se formula cada vez que se convoca al pueblo a las urnas es si quiere seguir viviendo en democracia. Los déspotas convocan plebiscitos amañados para preguntar si se quiere seguir bajo su control. En la democracia, el “pueblo soberano” bien puede decidir que quiere vivir en dictadura, por diversas y variadas razones, porque en la democracia no ha encontrado seguridad, ni eficacia ni resolución del conflicto.   

  

Si recordamos un poco las bases de este sistema trágico, podremos ver que democracia es una administración de los intereses encontrados. La democracia es mediación y cuando no se media, cuando no se respetan las reglas que permiten la sana administración de las contradicciones, pues comiéncese a llamar a ese régimen como sea, pero no democrático. De esta manera, en sentido estricto, no puede haber una “revolución democrática”, lo que no pasa de ser otra frase populista, puesto que se trata de una democracia o de una revolución, términos antitéticos. Uno puede leer a todos los grandes pensadores sobre el tema, desde Tocqueville hasta el contemporáneo Finkielkraut y no otra conclusión puede sacar de las ciencias políticas.  

  

Mucho se ha escrito sobre la decepción de la democracia que sufren los pueblos por su supuesta incapacidad por resolver los problemas, en esta parte nuestra del mundo los eternos, la pobreza, la falta de educación o la inseguridad. Algunos sostienen que es necesario reinventar la democracia y llenarla de adjetivos, mientras otros piensan que se le está pidiendo a la democracia lo que no es de su esencia o competencia. En otras palabras, la democracia es simplemente un sistema político formal, es decir, uno donde se vive en libertad, donde la soberanía la ejerce el pueblo en nombre de la humanidad, donde el poder está dividido y existen mecanismos de control para evitar los excesos. La eficacia o ineficacia no pueden, así, atribuirse a un sistema político específico. Deben atribuirse a aquellos que el pueblo ha elegido para administrar. Otra cosa es el perfeccionamiento de la libertad y libre expresión que es núcleo de la democracia. Puede controlarse el abuso de las partidocracias, establecer reglas claras para el financiamiento electoral, establecer normas de elección ajenas a las manipulaciones de todo tipo, en suma, perfeccionar los mecanismos en que la democracia se ejerce. La democracia sería, desde este punto de vista, ajena a la ineficacia de quienes la encarnan desde el poder. Quienes la encarnan son elegidos por el pueblo. Al contrario de alguna expresión infeliz, los pueblos tienen una aguda tendencia a equivocarse y también, por supuesto, son manipulados, pero las manipulaciones (léase abuso de los medios de comunicación, populismo, complacencias verbales) también pueden ser controlados. La esencia de la democracia es la contradicción y su debilidad más peligrosa es la falta de cultura. Digamos que democracia y dictadura no compiten en términos de eficacia, una no es más eficaz que la otra. La democracia es libertad y el totalitarismo es opresión. La democracia se llena de contenido, de respuestas, de logros, dependiendo de quienes la ejercen. De esta manera, el asunto de la cultura reaparece en toda su magnitud.  

  

Valoremos, es necesario aceptarlo, a la democracia sin el referente alternativo de la dictadura. La democracia es trágica porque puede ser intentada por pueblos sin cultura. La tesis de que esos pueblos no deben tenerla nos conduce al “cesarismo democrático” o a algunos modernos pensadores que sostienen que hay que privar y matar porque lo fundamental es el crecimiento económico y la eliminación de la pobreza. Es preferible vivir la tragedia propia de la democracia aún corriendo el riesgo de que la mayoría se haga antidemocrática. El papel de los intelectuales es fundamental. Deben perseverar en la defensa del único clima posible a la creación, el de la libertad, señalando constantemente toda desviación. Siempre habrá algunos que se pasen al bando contrario. Constantemente traigo a colación como algunas de las más brillantes cabezas europeas entre el final del siglo XIX y comienzos del XX combatieron las monarquías corruptas y pedían la república para luego decepcionarse de la república y dirigir todas sus invectivas contra las mayorías, dando, así, desarrollo al germen fascista. Este último también se engendra, pues, en la democracia trágica. Retroceder a la aristocracia del pensamiento no es la salida.  

  

Debemos, a estas alturas, aprender la lección: la democracia es riesgo. En su búsqueda de las formas de gobierno el hombre sigue razonando. Si bien murieron las ideologías, no lo ha hecho la ciencia política. La soberanía radica en el hombre y el pueblo la ejerce en su nombre. La democracia es administración de las contradicciones, otra cosa es tiranía. Los intelectuales debemos aprender que una cosa es el ejercicio del poder y otra la reflexión sobre los valores esenciales de la humanidad, la libertad incluida. La revolución cultural es, pues, obra de quienes pensamos, no de los gobiernos, porque cuando un gobierno proclama una “revolución cultural” lo que quiere es destruir las referencias. Cuando las referencias se pierden los “pueblos soberanos” aletargados aman la paz de sepulcro de las dictaduras. 

 

tlopezmelendez@cantv.net

Hacia una democracia libertaria

 

 por Juan Manuel Vera

(Iniciativa Socialista, nº 59. Este texto es un amplio extracto de un capítulo del libro colectivo “Imaginación democrática y globalización”)

No se trata de saber si persiguiendo la justicia lograremos preservar la libertad. Se trata de saber que, sin la libertad, no realizaremos nada y perderemos a la vez la justicia futura y la belleza antigua 

(Albert Camus, Discurso de Suecia)

Hay que valorar las posibilidades de una extensión, profundización y radicalización de la democracia. La cuestión no consiste en una reflexión sobre sus “promesas incumplidas” en el pasado, sino intentar abordar las posibles propuestas políticas para una radicalización democrática en un sentido liberal y libertario.

La sociedad occidental se asienta en un conjunto de valores tales como igualdad, libertad y justicia. Esos valores, como señalaba Castoriadis, son significaciones imaginarias sociales que abren una interrogación permanente sobre la mejor forma de organizar la sociedad y que se articulan en una significación central: el proyecto de la democracia. La igualdad, la libertad y la justicia son valores abiertos, siempre sometidos a nuevos intentos de expresar su sentido.

Además, los valores de igualdad y libertad no son antinómicos. “La autonomía de los individuos, su libertad (que implica, claro está, la capacidad de cuestionarse ellos mismos) tiene también sobre todo como contenido la participación igual de todos en el poder, sin la cual no hay ciertamente libertad, así como no hay libertad sin igualdad. ¿Cómo podría yo ser libre si otros deciden sobre lo que me incumbe y yo no puedo tomar parte en esa decisión? Hay que afirmar vehementemente, contra los lugares comunes de cierta tradición liberal, que no hay antinomias, sino que hay implicación recíproca entre las exigencias de la libertad y de la igualdad. Esos lugares comunes, que continúan siendo corrientes, sólo adquieren cierta apariencia de sustancia partiendo de una concepción degradada de la libertad, como libertad restringida, defensiva, pasiva. Según esta concepción, se trata simplemente de “defender” al individuo contra el poder, lo cual presupone que se haya aceptado ya la alienación o la heteronomía política, que uno se haya resignado a la existencia de una esfera estatal separada de la colectividad y, en definitiva, que uno acepte una concepción del poder (y hasta de la sociedad) entendido como un mal necesario. Este punto de vista no es solamente falso sino que representa una degradación ética afligente”(1).

La democracia es el proyecto político que intenta hacer efectivas la igualdad y la libertad. El origen etimológico de la palabra democracia (demos: pueblo, kratos: poder) expresa completamente su significado. La democracia es el poder del pueblo, es decir, aquella forma de gobernar en la cual es el pueblo quien gobierna. Pero, desde la antigüedad, también significa algo más, la democracia es el régimen de la libertad y de la igualdad de derechos entre los ciudadanos. Es decir, un régimen político donde gobierna el pueblo pero no identificable con la dictadura de la mayoría, porque es el gobierno de la autolimitación, en el cual el ejercicio del poder debe respetar las libertades de todos, en el cual se contemplan tanto los derechos de las mayorías como los de las minorías.

La democracia es un régimen, pero también un conjunto de procedimientos de decisión. No podemos reducir la democracia a los procedimientos, pero tampoco olvidar que necesita y exige de técnicas de decisión, de procedimientos y de instituciones concretas.

Históricamente no hay un régimen democrático, sino una historia de las experiencias de democratización. Una historia política que es el producto de esas experiencias y de las luchas revolucionarias que las hicieron posibles. Por tanto, para cada etapa histórica vivir en una democracia ha significado fundamentalmente lo mismo, haber roto el cerco de la heteronomía. Es decir, tener libertad frente a lo que en cada época representa la negación de la libertad y de la igualdad.

De acuerdo con el sentido usual de las palabras, vivir en regímenes democráticos quiere decir, fundamentalmente, que los regímenes occidentales no son totalitarios, que vivir en la Europa del año 2001 es esencialmente distinto a haber vivido en la Alemania de Hitler, la China de Mao, la España de Franco, la Camboya de Pol Pot o la Cuba de Castro.

Por otra parte, esa construcción pragmática del sentido de la democracia no es algo privativo del siglo veinte. En la antigüedad, los griegos definían su democracia en sí misma, pero sobre todo por lo que era frente a los sistemas despóticos y bárbaros que les rodeaban. Las ciudades renacentistas concebían sus libertades frente al orden feudal estamental. El nacimiento de los regímenes representativos europeos era un desafío a los estados absolutistas y se definía como lo contrario de éstos. Tenemos pues, un primer punto de llegada. La concepción de la democracia existente siempre se construye más como un concepto de oposición a algo, que como adecuación entre una realidad y un ideal. Entendemos por democracia existente el producto de las experiencias históricas concretas de lucha por la libertad y la igualdad y de oposición al dominio y a la heteronomía.

Las afirmaciones anteriores ponen de manifiesto el hecho esencial de que los distintos regímenes democráticos han sido radicalmente diferentes entre sí, tuvieron instituciones diferentes y conceptos distintos de la ciudadanía. Quizás sea útil efectuar un recorrido por ellos, preguntándonos por lo que cada uno de ellos aporta para una agenda de la democracia del siglo XXI.

En la democracia de los antiguos griegos, de la cual conocemos especialmente la experiencia de Atenas, la democracia se ejercía en la polis por los ciudadanos reunidos en asamblea, se designaban por sorteo los cargos públicos más importantes y se desconocía y rechazaba casi completamente la representación.

La democracia antigua era una democracia directa definida sobre un ámbito restrictivo de ciudadanía. Su rasgo esencial era el ejercicio directo y efectivo del poder por los ciudadanos, una democracia no representativa. Se ejercía en marcos humanos pequeños desde la perspectiva contemporánea: polis que no superaban los 50.000 ciudadanos. La limitación fundamental de la democracia antigua era su concepción reducida del ámbito de la ciudadanía, que era negada a los esclavos, a las mujeres y a los extranjeros.

Para un examen detallado del significado de la democracia antigua y de su relación con la democracia moderna nos hemos de remitir a la obra de Castoriadis que subraya cómo Grecia fue el lugar donde surgió la democracia y lo hizo prescindiendo de la idea de representación y del predominio de los expertos en la toma de decisiones políticas(2).

La diferencia esencial entre la base social que hizo posible la democracia griega y el mundo contemporáneo hace imposible un modelo imitativo, pero nos sitúa ante lo esencial para hacer posible una sociedad democrática: la necesidad del ciudadano, del protagonista de la autonomía y de la democracia. Si el sujeto que hace posible Occidente cediera definitivamente su puesto a los representantes y a los técnicos, la democracia se convertiría en inviable.

La mayoría de los filósofos políticos siempre han considerado la democracia directa como la forma auténtica, el ideal de democracia ya que ésta es el gobierno de los ciudadanos, no el de los representantes y los técnicos.

Sin embargo, la construcción del estado liberal se fundamentó sobre unos parámetros muy diferentes. El tamaño de las poblaciones, estados o confederaciones sobre los que se estableció llevó a considerar que resultaba preciso establecer fórmulas representativas. Para hacer viable la libertad política era preciso renunciar a sus mejores expresiones. Eso explica que las luchas contra el estado absolutista se hicieran en nombre de un principio representativo y no del ejercicio directo del poder por los ciudadanos. Así, con notoria diferencias entre ellos, los regímenes políticos establecidos a lo largo de los tres últimos siglos reconocieron un amplio marco de derechos y libertades individuales (la libertad negativa) y pretendieron establecer un modelo de estricta separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, como garantía de que el ejercicio del poder político sería limitado. En el estado liberal el derecho político fundamental de los ciudadanos es un voto electoral representativo.

Los regímenes liberales de los países occidentales en los siglos XVIII y XIX (Francia, Inglaterra, Estados Unidos) han sido, fundamentalmente, estados de carácter representativo, asentadas en un concepto de ciudadanía política fuertemente restrictiva del derecho de sufragio, que se vinculó a la capacidad económica de pagar impuestos y, por tanto, a la posición social medida por la propiedad y la renta, aunque también a otros criterios de clase, como las pruebas de alfabetismo. Solo el conjunto de las luchas de los trabajadores, de las mujeres y de las minorías oprimidas hizo posible ampliar el ámbito de la ciudadanía política.

Aún en el siglo XIX dominaban completamente formas censitarias de sufragio que hacían que fuera habitual que el derecho a voto estuviera reducido a menos de 10% de la población adulta, excluyendo además completamente a las mujeres. En Gran Bretaña, en 1831, solo el 4,4% de la población mayor de 20 años tenía derecho a voto, porcentaje que ascendió al 9% en 1864 y llegó en 1914 al 30% (3).

Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se estableció el derecho femenino al voto en Australia, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda y en algún estado americano. Sólo después de la primera guerra mundial comenzó a generalizarse el acceso de la mujer al derecho de sufragio, al aceptarse en Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, etc. aunque en países como Bélgica, Japón, Italia, Francia y Suiza sólo se consiguió después de la segunda guerra mundial.

En los estados del sur de EEUU hasta finales de los años sesenta del siglo veinte no lo adquieren los ciudadanos afroamericanos, al aplicarse la decimoquinta enmienda que estaba vigente en los estados del norte desde mediados del siglo anterior.

Podemos establecer varias conclusiones. En primer lugar, que la época dorada de estado liberal representativo coincidió con una ciudadanía extremadamente restringida, era realmente la democracia posesiva de los burgueses y de las limitadas clases medias del momento. Fue la época en que se consolidó la separación de los poderes del estado y se reconocieron progresivamente muchos derechos individuales. A medida que se amplió el derecho de ciudadanía el régimen político fue evolucionando desde una auténtica democracia representativa hacia una mera democracia electoral.

En segundo lugar, debe señalarse que el estado liberal se constituyó bajo la forma de democracias representativas en las cuales el representante decide en nombre de sus electores. El poder soberano consiste esencialmente en poder delegar ese poder.

La evolución de los regímenes políticos a lo largo del siglo veinte condujo al modelo actualmente prototípico tanto de los países europeos como de Estados Unidos, a pesar de las diferencias entre ellos según el menor o mayor grado de presidencialismo. Las democracias representativas se han ido transformando en democracias electorales a lo largo del siglo veinte. Los regímenes democrático-electorales han establecido un concepto amplio de ciudadanía asentado en un derecho de sufragio prácticamente universalizado (excepto para los inmigrantes) y han desarrollado su naturaleza liberal (con amplias libertades individuales). Si su principal virtud es abarcar muchas más personas que cualquier forma anterior de democracia, su principal limitación es la restringida función que corresponde a los ciudadanos.

En las democracias electorales el poder del pueblo significa esencialmente la posibilidad periódica de cambiar el gobierno. La delegación efectiva no se hace a representantes concretos sino a un partido político, ya que aunque formalmente se eligen representantes, éstos son un mero medio para elegir a quienes gobiernan. Más que un régimen parlamentario, lo que existe es un régimen electoral de selección del ejecutivo, con un papel fundamental de los aparatos de los partidos.

El fortalecimiento del ejecutivo, propio de toda democracia electoral, hace que la separación de poderes se diluya, pues el legislativo, una vez efectuada la elección del jefe del gobierno se convierte, en la práctica, en un órgano técnico de las decisiones que se adoptan fuera de las cámaras (por el gobierno y por las direcciones de los partidos políticos gobernantes). Por todo ello el grado de control externo del gobierno es mucho menor que en una democracia representativa tradicional.

En resumen, los rasgos menos simpáticos de las democracias electorales son la hegemonía de las élites políticas y económicas, la esclerotización burocrática de los partidos y sus efectos perniciosos sobre el control y la determinación de las agendas políticas. En esas condiciones la participación ciudadana se limita al mero ejercicio periódico de un voto electoral. Para los más pesimistas, la poliarquía de las democracias electorales tiene tendencia a convertirse en el dominio de una oligarquía liberal.

El debate entre democracia directa, democracia representativa y democracia electoral debe abordarse desde una perspectiva básica: cómo pensar la democracia del nuevo siglo.

Comencemos por descartar dos opciones. La primera es el mantenimiento sin reformas sustanciales de los actuales modelos. Eso probablemente equivale a aceptar su conversión en regímenes cada vez más oligárquicos, menos controlados, con tendencias cada vez más procedimentalistas y con el coste añadido de una disolución creciente de la ciudadanía social democrática. Es decir, la consolidación del dominio de una oligarquía liberal y la desaparición del ciudadano democrático. Probablemente, un régimen sometido intensamente a los grandes poderes económicos y, al mismo tiempo, impotente ante los proyectos populistas antiliberales que pueden seguir desarrollándose en el próximo futuro.

La segunda opción descartada es cualquier alternativa fundamentalista. Las propuestas del establecimiento de una democracia directa completa o el regreso a un régimen completamente representativo me parecen fórmulas incapaces de afrontar las condiciones en que ha de desenvolverse la nueva democracia.

Frente a esas alternativas desechadas, la defensa de una radicalización de la democracia significa una propuesta de reforma política. Como tal propuesta debe someterse a determinadas condiciones. En primer lugar, debe adoptar un punto de partida pragmático y una finalidad radical. Es decir, una reforma que parte de la situación actual pero capaz de proponer y defender con alternativas sustantivas que combinen diferentes soluciones factibles, al menos a medio plazo, deseables y compatibles. Por otra parte, la condición básica de cualquier reforma política es que garantice igual o mejor las libertades y los derechos individuales que la situación anterior a la reforma propuesta.

El debate actual sobre la reforma política se encierra excesivamente en la discusión meramente electoral sobre las ventajas e inconvenientes del sistema proporcional o mayoritario, o las virtudes y vicios del presidencialismo versus parlamentarismo. En cambio, se acalla la necesidad de una nueva relación entre los ciudadanos y las instituciones o de evitar que los poderes económicos contaminen y lleguen a dominar las decisiones políticas.

Posiblemente muchas personas preocupadas por estos temas propondrían una democracia electoral reformada. Aunque mi propuesta sería diferente, posiblemente encontremos puntos comunes siempre que estemos de acuerdo en que dos de los objetivos a conseguir son un mayor control del gobierno, así como de las grandes empresas, y una mayor participación de los ciudadanos. Mi reflexión es más radical y perseguiría avanzar hacia una democracia libertaria que, tal y como la entiendo, es un régimen que combina aspectos de la actual democracia electoral, reintroduce contrapesos propios de la democracia representativa y asigna creciente protagonismo a nuevas formas de democracia directa.

Una propuesta de reforma de esa naturaleza debería cumplir tres requisitos: ser pragmática (partir de la realidad, estar abierta, estar dispuesta a aprender de la experiencia real), ser reformista (partir de cambios graduales en las instituciones existentes) y ser radical (pretender un cambio muy significativo del orden político existente).

La democracia puede y debe ser algo más que una mera elección cada cuatro años. Aunque en el horizonte político que podemos tener hoy en mente ese voto seguirá siendo fundamental, la intervención de los ciudadanos puede ser mayor y debe ir más allá. Una democracia de ciudadanos libres y responsables necesita una participación en las tareas colectivas más completa y diversa. Del mismo modo, una democracia de ciudadanos libres y responsables tiene la finalidad de conseguir una sociedad capaz de garantizar a todos sus ciudadanos unos mínimos vitales que aseguren las condiciones para su libre desarrollo personal.

La sociedad instituyente concibe el mundo social como algo causado y determinado que sólo puede moverse por los caminos ya establecidos. La imaginación democrática tiene la posibilidad de dotar de nuevos sentidos al mundo en base a los deseos, creencias y expectativas de una mayor autonomía. La interacción humana entre los valores de la sociedad instituyente y la imaginación democrática puede expresarse mediante retroalimentaciones progresivas, generando un nuevo proyecto de reforma radical. Existe la posibilidad de un poderoso movimiento social hacia la democratización y la solidaridad, capaz de fomentar una acción instituyente mediante vectores creativos alimentados tanto de las fuerzas de la cooperación como de los conflictos permanentes en los de abajo y los de arriba (4). Un movimiento consciente de que sus defectos y virtudes dependen de las fuerzas sociales en juego.

Una propuesta completa de radicalización democrática solo puede ser producto de un movimiento social. Cualquier exposición rigurosa sobre sus posibilidades y su consistencia sería necesariamente muy compleja. En este texto no se pretende nada parecido, sino meramente describir las coordenadas posibles, los protocolos mínimos, los ejes esenciales que hoy parecen poder articular ese tipo de propuesta. Todos los aspectos que se expondrán a continuación son ya promovidos separadamente por movimientos, asociaciones o intelectuales, aunque aún estamos muy lejos de la perspectiva de una gran alianza para la reforma democrática, que está asociada posiblemente a la emergencia de una tercera izquierda (5), en un sentido ideológico y no necesariamente orgánico.

Los siguientes protocolos pretenden ser íntimamente congruentes y, asumidos conjuntamente, representan un intento con pretensión de coherencia de ubicar al ciudadano contemporáneo en un mundo que pueda controlar más de lo que hoy se le permite. En concreto, se propone la reflexión sobre la base de los siguiente ocho protocolos de una radicalización de la democracia.

1. El ejercicio directo creciente de los derechos de ciudadanía

Las tecnologías de la información y de la comunicación actualmente existentes permiten establecer un ágora y una ecclesia virtuales en los cuales todos los ciudadanos puedan obtener información, transmitir opiniones y expresar directamente votos (6). En un horizonte próximo, la próxima década, se pueden crear las condiciones para que todos los ciudadanos europeos puedan tener acceso a los instrumentos de una red democrática que permita un ejercicio directo creciente de los derechos de ciudadanía, integrando mecanismos propios de la democracia directa en los actuales modelos políticos

Mediante un sistema desterritorial, coordinado y computerizado puede crearse la red democrática virtual que permita disponer de toda la información, opinar y, finalmente, decidir mediante un voto ejercido electrónicamente. Mientras se crea esa nueva red, podrían combinarse métodos tradicionales de voto y las redes existentes para avanzar en el mismo sentido de ejercicio directo de derechos democráticos.

En concreto, este protocolo sugiere:

-Un voto directo ciudadano respecto a las leyes más importantes que se pretenda aprobar por los órganos legislativos.

-Posibilidad de censura popular de cargos políticos mediante un voto directo.

-Posibilidad de una iniciativa popular legislativa.

-Posibilidad de votar no sólo por sistema de referéndum (que es de suma-cero al permitir únicamente el si o el no) sino por ordenación de las preferencias.

Las críticas básicas al ejercicio directo de los derechos de ciudadanía fueron en el pasado básicamente los problemas de practicabilidad, es decir que el tamaño de las sociedad modernas no lo permitía. Actualmente eso es completamente falso. Existe la tecnología que permite, si se quiere desarrollar en ese sentido, la participación directa: ¿qué justifica entonces negar a los ciudadanos la posibilidad de votar las leyes, proponerlas o poder censurar a cargos políticos?

La introducción de mecanismos de una democracia directa virtual significaría una transformación política sustantiva de los actuales sistemas pues limitaría el poder y la endogamia de las élites burocráticas que no podrían adoptar decisiones de gran importancia sin apelar a la ciudadanía. El papel de los representantes políticos sería la preparación de las normas en condiciones que permitan la libre decisión popular, así como el control del gobierno y la aprobación de todas las leyes de segundo nivel.

Los motivos de oposición básica a este protocolo de ejercicio directo de los derechos de ciudadanía son de orden elitista. Se argumentará en contra del ejercicio directo el carácter técnico de las normas y que la mayoría de las ciudadanos no tienen la información, los conocimientos o la preparación para decidir. Precisamente para evitar el dominio de una tecnocracia se hace necesario que el contenido fundamental de las normas sea aquello sobre lo que se opine. Elaborar leyes es una labor técnica, aprobarlas no. Además, queremos una ciudadanía activa, capaz de informarse y de opinar y el mecanismo para ello es tener el derecho de hacerlo. Una segunda crítica situará el énfasis en la apatía y desinterés de la gente. Eso es una mera extrapolación de la situación actual. Una ciudadanía responsable posiblemente consideraría parte de su responsabilidad decidir las leyes.

Realmente la oposición elitista a la introducción de fórmulas de democracia directa expresan el miedo a la libertad de quienes piensan que los ciudadanos votarían mal. Es inevitable que el voto directo produzca leyes que no nos gusten, pero eso también ocurre a través de los mecanismos partitocráticos y seudoparlamentarios. Lo que no tiene ninguna base racional es pensar que necesariamente serán leyes peores.

Indudablemente, un régimen democrático con mecanismos de democracia directa virtual sería más complejo que el actual, es decir, más adaptado a la propia complejidad de la sociedad contemporánea. Permitiría un control muy superior de los gobiernos y de los representantes políticos. Sobre todo, podría ser un modelo útil para la recuperación de la ciudadanía responsable, informada y activa.

2 .Una reforma del modelo electoral y representativo

Muchas de las ideas de quienes desean reformar las instituciones políticas giran en torno a dos ejes: garantizar la separación de poderes y evitar la concentración de la capacidad de decisión en los aparatos de los partidos políticos.

En el marco que estamos planteando, donde las decisiones más trascendentales se someten a la opinión popular directa, se dan las condiciones para una rehabilitación del papel de los representantes políticos y una mayor autonomía del legislativo respecto al gobierno, garantizando, por tanto una mayor separación de poderes. La voz de los electos no puede ser simplemente el eco de las decisiones de los dirigentes del aparato burocrático partidista que les incluyó en las listas, de los que se sienten representantes en mayor medida que del pueblo votante. Por otra parte, los representantes deberían ser cada vez más ciudadanos que no son profesionales de la política, lo que exige estrictas limitaciones a la permanencia en cargos públicos.

En un modelo de radicalización democrática los mecanismos de la democracia directa pueden coexistir con el reforzamiento de la representación. Conjuntamente ello permitiría socializar parte del poder que ahora reside en el gobierno y en las cúpulas de los aparatos de los partidos. Un gobierno menos poderoso es necesario para que la sociedad pueda ser más libre.

Se trata de pensar una reforma del modelo político institucional tendente a disminuir el profesionalismo político, mejorar las leyes electorales y reformular el papel de los representantes políticos. Para avanzar en esa dirección de reforma del modelo electoral y representativo parecen medidas a debatir las siguientes:

-Elección de representantes mediante listas completamente abiertas.

-Limitación temporal estricta del derecho de representación a una o dos legislaturas.

-Reforzamientos de los derechos de las minorías políticas en el Parlamento.

-Paridad efectiva entre hombres y mujeres en todas las instituciones políticas.

-Reforma electoral que permita la combinación de los instrumentos de representación estrictamente proporcional en el ámbito nacional, evitando la sobrerrepresentación de territorios, con la introducción en las elecciones para ámbitos territoriales inferiores (especialmente corporaciones locales) de la representación uninominal o binominal de determinadas circunscripciones.

3. La democratización de los partidos políticos (y las asociaciones cívicas)

Los partidos políticos deben transformarse progresivamente en redes democráticas, en meras asociaciones de ciudadanos que comparten ideas, proyectos y elaboran conjuntamente programas políticos, manteniendo una burocracia mínima. Actualmente, los aparatos de los partidos son cada vez en mayor medida meros instrumentos para asegurar el control y el poder de una oligarquía. Pero, al mismo tiempo, son cada vez menos funcionales, han perdido progresivamente las funciones que en su momento pudieron justificarlos y se han convertido en una de las más poderosas rémoras para el saneamiento ético y la democratización de la sociedad. Unos partidos jerárquicos y poco democráticos cooperan en la instauración de un modelo político menos democrático de lo posible y más burocrático de lo deseable.

La democratización de los partidos requiere el desarrollo de corrientes democratizadoras que luchen contra el sistemático control burocrático sobre los afiliados que ejercen prácticamente todos sus aparatos. Ese mismo objetivo puede perseguirse desde nuevos partidos virtuales organizados desde su inicio como redes democráticas.

Hablar de la democratización de los partidos políticos implica una reflexión sobre las siguientes cuestiones:

-Conversión de los partidos en redes ciudadanas virtuales y disolución progresiva de gran parte de sus actuales aparatos burocráticos.

-Libre acceso a toda la información de las organizaciones políticas para sus miembros.

-Garantía de los derechos de los miembros ejercida mediante el voto preferencial y cada vez en mayor medida por instrumentos virtuales.

-Elecciones primarias abiertas.

-Estricta limitación temporal del ejercicio de los cargos directivos.

4.La democratización de las organizaciones económicas y sociales

La extensión de los valores de libertad e igualdad al seno de las organizaciones económicas y sociales es una tarea pendiente del proceso de democratización de los últimos siglos. La vieja cuestión de la democracia industrial y de la autogestión resucita bajo nuevas formas. Ahora que muchas organizaciones pueden ser redes y entenderse como redes, el problema de la distribución del poder en su seno resurge con fuerza (7).

Nuestra sociedad es un magma de organizaciones (empresas, asociaciones, estructuras conectadas, etc.) y en cada una de ellas siempre existe el problema del poder. Reducir la democratización a las macroinstituciones es renunciar a la humanización y mejora de las microinstituciones donde vivimos, trabajamos y actuamos. Frente a la opacidad, la alternativa de los ciudadanos es más transparencia y más democracia.

Cuando se habla de extensión de la democracia siempre aparece el fantasma de la oligarquía. La supuesta ley de hierro de Robert Michels puede y debe ser combatida. Organizaciones donde el poder sea más explícito, más transparente y más controladas siempre serán menos oligárquicas que las actuales, caracterizadas en gran medida por la más completa opacidad, la ausencia de control y de mecanismos democráticos. Incluso allí donde no se pueda ir más lejos, preferimos una oligarquía sometida a controles electorales a la oligarquía que domina desde la sombra. Todas las organizaciones deben respetar el principio democrático y el principio de los intereses afectados.

¿Qué debemos entender por democratización de las organizaciones? Yo lo resumiría en cuatro reglas:

-Democratización significa voto allí donde es posible y consistente ejercerlo.

-Democratización significa formas de control de los dirigentes de las organizaciones realizada por instrumentos independientes de ellos.

-Democratización significa reconocimiento pleno de los derechos de los ciudadanos en el seno de las organizaciones.

-Democratización significa reconocimiento de los derechos de los afectados a influir sobre las decisiones que les alcanzan mediante mecanismos regulados y transparentes.

5. Defensa del pluralismo y control democrático de las redes de información y comunicación

Una ciudadanía democrática sólo es posible en el marco del acceso a una comunicación e información libre y plural que permita un debate público abierto e informado. Junto a la educación, los medios de comunicación son el factor esencial para hacer posible una ciudadanía responsable.

En lugar de considerar a los seres humanos del nuevo milenio como los prisioneros de una mercantilización impetuosa y como piezas modeladas por los nuevos instrumentos comunicativos y tecno-informativos debemos vernos a nosotros y a los demás como los portadores de las potencialidades creativas de lo emergente. La misma tecnología que hace posible una manipulación superior a cualquiera del pasado es la que tiene las máximas potencialidades liberadoras.

La democracia occidental nunca ha conseguido asimilar adecuadamente la influencia del medio televisivo, que se ha convertido en el elemento favorito de las élites políticas para controlar la opinión pública, empobreciendo los debates colectivos. Entender las estructuras de comunicación e información como una propiedad más, sometida al libre arbitrio de su propietario es una perversión pura. En una democracia es inaceptable que esos medios estén sometidos a usos patrimonialistas que desprecian sistemáticamente a la ciudadanía receptora. Ello se convierte en trascendental en el marco de la actual revolución de la información.

Una sociedad democrática tiene que asegurar la libertad por medio de controles democráticos:

-Limitación legal efectiva de la concentración de los medios de comunicación.

-Las televisiones y las redes deben estar al servicio del pluralismo y el debate público.

-Garantía pública de unos protocolos de comunicación libres en las nuevas redes.

-Fomento de nuevas publicaciones, emisoras, canales y formas de expresión.

6. La propuesta de una renta de ciudadanía

 

El establecimiento de un nuevo tipo de ciudadanía social a través de una renta de ciudadanía o salario universal incondicional es una de las propuestas más importantes de las últimas décadas (8).

La democracia política sólo puede ser ejercitada adecuadamente por personas que se encuentran en un estado de ciudadanía. Por eso el ciudadano político debe ser primero un ciudadano social.

El establecimiento de una renta de ciudadanía universal, que afectaría a todos los ciudadanos cualquiera que fuera su situación social o económica puede establecerse a través de diferentes formulas, entre ellas la de un impuesto negativo que asegure a todos como mínimo la renta de ciudadanía preestablecida. Para quienes tienen rentas superiores, la renta de ciudadanía podría ser renta no sometida a tributación.

La consistencia de la propuesta de una renta de ciudadanía deriva, entre otros factores, de su viabilidad presupuestaria, pues su coste sería perfectamente integrable en un escenario macroeconómico sin una mutación radical, sobre todo si se tiene en cuenta que permitiría suprimir numerosos controles de la burocracia tradicional y absorber numerosos fondos públicos ya existentes. La diferencia fundamental respecto a los actuales subsidios, pensiones, ayudas asistenciales, etc. es el carácter incondicional que le configura como un instrumento mucho más adecuado a asegurar la dignidad humana y la libertad individual.

Esta propuesta tiende a crear un tipo de ciudadano más libre y más seguro, que tiene asegurado por la sociedad no sólo el derecho a la educación y a la sanidad, sino también una renta básica de subsistencia vital y cultural. Es decir, el tipo de ciudadano capaz de actuar políticamente como un ser responsable.

La trascendencia política de esta propuesta no ha pasado inadvertida a sus enemigos capitalistas y elitistas, que la vinculan casi siempre a la ingobernabilidad y pérdida de incentivos al trabajo. El capitalismo desrregulado necesita individuos fragmentados, atemorizados frente al mañana, pauperizados. En cambio, el modelo social de la democracia, basado en el derecho igual al ejercicio del poder requiere instrumentos que aseguren una ciudadanía efectiva.

7. Un horizonte posburocrático para las organización del Estado

El estado contemporáneo administra aproximadamente entre el 35% y el 60% del Producto Interior Bruto, según los países. A pesar de sucesivas reformas administrativas y del crecimiento enorme de su estructura, ha conservado muchos de los rasgos del estado gendarme. La organización del estado mantiene unas estructuras burocráticas, jerarquizadas y poco eficientes en muchos de sus estratos. Los procedimientos de la burocracia son, en demasiadas ocasiones, rígidos y dilapidadores de tiempo y de dinero. Esas estructuras burocráticas suponen una pesada carga para el desarrollo de nuestras sociedades.

El Estado como administrador de servicios debe configurarse con estructuras de red, más flexibles, desjerarquizadas y orientadas en línea al servicio al ciudadano. El objeto de unas organizaciones posburocráticas abarca no sólo diseño de nuevas estructuras más permeables a las necesidades de los ciudadanos sino la utilización de nuevas técnicas presupuestarias anti-incrementalistas orientadas a la evaluación democrática de las políticas públicas.

8. Ampliación de los derechos y libertades individuales

La democracia es el régimen de la autonomía colectiva e individual. Una sociedad libre debe eliminar las cortapisas al desarrollo del individuo. Como afirmaba John Stuart Mill, “La única libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro propio bien, por nuestro camino propio, en tanto no privemos a los demás del suyo o les impidamos esforzarse por conseguirlo. Cada uno es el guardián de su propia salud, sea física, mental o espiritual” (9).

La libertad implica necesariamente conceder siempre al individuo el derecho último sobre todas las decisiones que no afecten a otra esfera de derechos individuales. Eso comprende evidentemente los derechos negativos y positivos existentes, pero existe aún un largo camino pendiente para conquistar el respeto a los derechos y libertades individuales, por ejemplo, el respeto efectivo a la libre opción sexual, pero también al derecho a una muerte digna o la eliminación de la tutela del estado sobre el consumo de drogas. Reproduzco a continuación un fragmento de un editorial de la revista Iniciativa Socialista donde se detallan un conjunto de campañas de defensa de la libertad individual merecedoras de todo nuestro apoyo y que, conjuntamente consideradas, reflejan la lucha por una carta libertaria de los derechos y libertades individuales (10) que no es ninguna idea abstracta sino un conjunto de necesidades por las que luchamos:

“-Protección efectiva de los derechos individuales en el seno de las asociaciones, agrupaciones, confesiones religiosas, familias y núcleos de convivencia voluntaria.

-Defender Europa como territorio laico. (Eliminación de los privilegios de la Iglesia católica o de otras confesiones. Prohibición del adoctrinamiento religioso dentro de las escuelas. Derecho de los niñ@s a una educación para ser ciudadan@s de una sociedad plural, laica y democrática).

-Derecho a la libertad sexual y afectiva de los ciudadan@s con el único límite del respeto a la libertad de los demás. (Fin de toda discriminación para homosexuales y lesbianas. Educación para la libertad sexual y afectiva de los niñ@s).

-Derecho a la eutanasia libremente decidido por las personas en uso de su razón.

-Reconocimiento de derechos civiles y políticos a los inmigrantes.

-Derecho de las mujeres al aborto libre y gratuito.

-Contra la prohibición de las sustancias calificadas como drogas (estamos en contra del proteccionismo del estado, que sólo fomenta el mercado negro y la mafia, pero, sobre todo, negamos radicalmente la restricción de los derechos individuales que supone y la histeria policial que la acompaña)”.

La libertad individual es la medida última de todo régimen político. Una democracia va adquiriendo rasgos libertarios cuanto más se fundamente en el derecho efectivo de los individuos a decidir sobre su forma de vivir. Sólo tiene sentido hablar de una sociedad más libre si los individuos son más libres, autónomos y conscientes.

A

unque el capitalismo y la democracia han tenido un amplio desarrollo en Occidente, forman parte de dos proyectos sustancialmente diferentes, como ya hemos indicado anteriormente. El capitalismo es la última expresión del sueño del crecimiento ilimitado, mientras que la democracia es la expresión del proyecto de autonomía.

La democracia puede ser perfectamente compatible con el mercado, pero más dudosamente con un capitalismo basado en enormes corporaciones de inmenso poder económico y político, acostumbradas a corromper y a comprar a los políticos y al resto de los miembros de la élite gobernante. Todo ello sin olvidar el fomento de la desigualdad social y política que conlleva.

La nueva escala de los valores imaginarios de la democracia radical se basa en el deseo de constituir una nueva ciudadanía social y democrática. El objeto de la política de la autonomía no puede ser otro que crear la instituciones que interiorizadas por los individuos, faciliten lo más posible el acceso a su autonomía individual y su posibilidad de participación efectiva en todo poder explícito existente en la sociedad (11). Queremos los instrumentos democráticos por ellos mismos pero también para poder afrontar los retos humanos de nuestro tiempo, cuya magnitud, complejidad y diversidad, exige una concentración de la imaginación democrática y la inteligencia humana superior a cualquiera que se haya conocido en el pasado.

La democracia no consiste únicamente en una mera serie de instrumentos, mecanismos y procedimientos, es fundamentalmente un régimen político capaz de transformarse y de hacer posible una sociedad de ciudadanos libres, autónomos y responsables. La democracia es una forma de organizarse para afrontar los problemas, pero efectuada por ciudadanos conscientes y no por oligarquías políticas o económicas.

La democracia es el único régimen político capaz de organizar una sociedad libre y compleja. Los demócratas son, esencialmente, personas que creen que un conjunto de ciudadanos libres y responsables decidiendo colectivamente son más eficientes, menos egoístas y menos ciegos que una élite de burócratas, tecnócratas y oligarcas.

¿Quienes somos, nosotros, para tomar una decisión por todo el mundo? Dejemos que el mundo tome sus propias decisiones. ¿Quiénes somos para ocultar cosas al mundo? Dejemos que el mundo conozca y decida por sí mismo

(Alfred Bester, Las estrellas, mi destino)

NOTAS

(1) Cornelius Castoriadis, “Naturaleza y valor de la igualdad”, en Los dominios del hombre, Madrid, Gedisa, 1988, p.141.

(2) Destacaría el texto “La polis griega y la creación de la democracia” (incluido en Los dominios del hombre, op. cit.) y el libro publicado póstumamente Sur Le Politique de Platon (Paris, Éditions du Seuil, 1999).

(3) Datos tomados del libro de Robert Dahl, La democracia (Una guía para los ciudadanos), Madrid, Taurus, 1999.

(4) “Abordar el proyecto de la izquierda en términos de democracia radical y plural es cargar el énfasis en la dimensión hegemónica indisociable de las relaciones sociales en la medida en que siempre se las construye según formas asimétricas de poder” (Chantal Mouffe, El retorno de lo político (Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical), Barcelona, Ediciones Paidós, 1999, p.24).

(5) José María Mendiluce, “…¿Y ahora, qué?”, en el libro escrito conjuntamente con Daniel Cohn-Bendit, Por la tercera izquierda, Barcelona, Planeta, 2000.

(6) “Distingamos entre el oikós, los asuntos enteramente privados; el ágora, la esfera privada/pública, el “lugar” de encuentro de los ciudadanos fuera del ámbito político; y la ecclesía, la esfera pública/pública, es decir en un régimen democrático, el lugar donde se delibera y decide sobre los asuntos comunes. En el ágora, yo discuto con otros, o compro libros, o cualquier otra cosa, estoy en un espacio público pero que al mismo tiempo es privado, pues en él no puede tomarse ninguna decisión política (legislativa, gubernativa o judicial); la colectividad, mediante su legislación, nos asegura solamente la libertad de este espacio. En la ecclesía en el sentido amplio del término, incluyendo tanto la “asamblea del pueblo” como el “gobierno” y los tribunales, me hallo en un espacio público/público: delibero con los demás para decidir, y estas decisiones son sancionadas por el poder público de la colectividad. La democracia puede definirse también como el hacerse verdaderamente pública la esfera pública/pública, que, en los otros regímenes, es más o menos privada. (Cornelius Castoriadis, Figuras de lo pensable, Ed. Cátedra, Madrid, 1999, p.149)

(7) Juan Manuel Vera, “Organización y dominación”, en La izquierda a la intemperie, Madrid, Libros de la catarata, 1997.

(8) Entre la abundante bibliografía pueden destacarse los siguientes libros ordenados cronológicamente: Arguing for basic income (Philippe Van Parijis, Verso, 1992), L´allocation universelle: pour un revenue de citoyenneté (Jean-Marc Ferry, Les Editions du Cerf, 1995), Libertad real para todos (Pilippe Van Parijis, Editorial Piados, 1996), El derecho ciudadano a la renta básica (José Iglesias Fernández, Libros de la catarata, 1998); El derecho a la existencia (Daniel Raventós, Ariel, 1999), ¡Renta básica, ya! (José Iglesias Fernández –coordinador-, Virus editorial, 2000).

(9) John Stuart Mill, Sobre la libertad, Madrid, Madrid, Alianza Editorial, 1997, p.99.

(10) “Izquierda como cultura, izquierda como gobierno”, Iniciativa Socialista nº 55, invierno 1999-2000.

(11) Cornelius Castoriadis, “Naturaleza y valor de la igualdad”, en Los dominios del hombre, op. cit..
 
 

 

 

Libro: “La construcción de la ciudadanía en el siglo XXI”

 

 

Autores: Mercedes Oraisón (coord.), Daniel J. Corbo, Sílvio Gallo y Newton Aquiles von Zuben. Colección: Educación en Valores Edita: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) – Octaedro Número de páginas: 165. Encuadernación: rústica Tamaño: 15 x 23 cm Fecha de edición: 2005Edición número: 1

ISBN: 84-8063-719-6Precio: 15 Euros

 

Resumen:

 

La formación del ciudadano es, sin duda, una de las metas más importantes y prioritarias de las agendas político-educativas contemporáneas. Tanto en democracias débiles e incipientes, como en aquellas ya consolidadas, la construcción de una ciudadanía crítica y participativa parece ser la clave para resolver la diversidad de conflictos emergentes que reflejan la profunda crisis que afecta actualmente a este régimen: desigualdades, exclusiones y discriminaciones, en algunos casos; corrupción política, apatía y escepticismo cívico, en otros. La salud del sistema, la supervivencia de sus instituciones y las condiciones de gobernabilidad, pero sobre todo de legitimidad, dependen de las accione ético-educativas que se encaren a efectos de capacitar a cada ciudadano para la práctica responsable, racional y autónoma de su ciudadanía.

 

La compleja y profunda construcción sociohistórica de la ciudadanía es fundamentalmente pedagógica ya que opera sobre la conformación del imaginario y de los hábitos y actitudes que expresan distintos roles y posiciones dentro del sistema político y la sociedad civil. Estas acciones se despliegan en el ámbito de la educación informal, pero sobre todo en el de la educación formal y sistemática. La formación del ciudadano es un objetivo fundante de los sistemas educativos nacionales, cuyos currícula, textos y marcos normativos institucionales se encargan de transmitir determinados valores, concepciones y estereotipos que conforman la noción individual y colectiva de ciudadanía.

 

Este libro pretende analizar críticamente los procesos mencionados en distintos contextos históricos, culturales y políticos; contextos que por presentar cierta proximidad pueden permitirnos reconocer tendencias y aspectos comunes, a pesar de sus contingencias propias.

 

La valoración jurídica como elemento fundamental de la creación del Derecho

 

 

por Alejo Urdaneta Fuenmayor

 

 

A mi tío, doctor José Andrés Fuenmayor,

de quien aprendí ciencia jurídica y la virtud del quehacer profesional y de la vida.

 

 

 

 

 SUMARIO

 

Introducción: El Derecho como fenómeno cultural y la ley como elemento instrumental de su realización. La intención del legislador en la interpretación de la ley.

 

Parte Primera: Concepto e inmanencia de la valoración en el Derecho:

 

1.- El Derecho como experiencia existencial. 

2.- La valoración como elemento cultural del Derecho.

 

Parte Segunda: La valoración jurídica en la creación del Derecho; referencia a la creación del legislador.

 

1.- La ley y su interpretación; el itinerario de la creación de la ley.

2.- La valoración dentro de la norma jurídica y como elemento de la intención del legislador: la norma del artículo 1.191 del Código Civil.

 

Conclusión: Evolución de la vivencia legislativa hacia la vivencia del Juez.  Reivindicación del termino intención del legislador. Nota final.

 

INTRODUCCIÓN:

 

El Derecho como disciplina científica no tiene una larga tradición. Se admite generalmente que fue el jurista alemán Federico de Savigny quien despertó en el siglo XIX la curiosidad científica acerca del Derecho, al analizar en su extensa obra: Sistema de Derecho Romano Actual, las instituciones romanas y situar la experiencia jurídica como tema de estudio del Derecho: el conocimiento jurídico   sólo puede fundarse en la experiencia. ¿Pero dónde sino en la vida humana se realiza la experiencia jurídica?  El hecho humano es el motivo de la norma de Derecho, es el objeto del estudio del jurista;  y  para alcanzar el conocimiento de este objeto que es la conducta del hombre con implicaciones jurídicas, no puede apelarse principalmente a la historia en términos absolutos, ni a la Sociología y tampoco a la Psicología. Aunque ellas tengan parte en la noción de lo jurídico, sólo la aprehensión empírica de la realidad de los actos y hechos que producen el Derecho puede darnos una idea científica de lo jurídico.

 

Nuestro sistema de Derecho tiene base en la ley escrita, aunque también se consideran elementos de aplicación del Derecho, entre otros, los principios generales, la jurisprudencia, la costumbre en materia mercantil. Lo dicho pareciera significar que existe identificación entre términos como “LEY” y “DERECHO”, lo cual es científicamente inadmisible. Más exactamente pudiérase decir que la contraposición dialéctica se da entre ley, por un lado, y actos del hombre o hechos naturales que tienen implicaciones humanas (lo natural como real jurídico: la muerte, el transcurso del tiempo, las catástrofes naturales, la necesidad de alimento, por ejemplo), y que el predominio de una de estas nociones caracterizará la idea que se tenga del Derecho. Si se coloca el acento en la ley como médula del estudio jurídico, nos situaremos en la disciplina del positivismo jurídico – científico, y de esa manera aceptaremos al Derecho como ciencia racionalista, al igual que las ciencias físicas, cuyos problemas pueden resolverse mediante recursos puramente intelectuales, sin acudir a criterios de valor. Si en cambio se observa el acto o el hecho social humano en sí mismos, el conocimiento del Derecho sería de carácter sociológico o se haría sobre la base de un historicismo absoluto, para llegar  a la creación de un Derecho universal con raíces en el Derecho Natural. En ambos casos, se prescinde de la apreciación estimativa del hombre actuante, vivo en su realidad de relación plural con otros hombres.

 

No obstante esta convicción, el método exegético ha predominado en nuestro sistema de Derecho occidental, como una consecuencia del estudio histórico del Derecho Romano realizado por Savigny. Con estas ideas como principio, nos colocamos frente a la interpretación y aplicación de la ley de que trata la norma del artículo 4º del Código Civil, que nos ha sugerido las ideas que desarrollaremos, referidas a algunos aspectos de Derecho positivo vistos desde la apreciación y con el apoyo teórico de la filosofía jurídica.

 

“A la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador”

 

¿Qué papel juega realmente esa intención declarada de la voluntad del legislador en la realización final de la ley, sea en la sentencia judicial o en los acuerdos fundados en el Derecho o en la equidad?

 

No puede dejarse a un lado el principio analítico que propone la norma del artículo 4º del Código Civil. Esta norma propone el itinerario mental que ha de seguir el jurista en la creación de una determinada conclusión de naturaleza jurídica que pretenda eficacia, y ello basta para que sea suficientemente válida y aceptada como método de comprensión del Derecho. Nos encontramos ante una norma programática que contiene la orden de atender elementos supuestamente subjetivos que estuvieron presentes en la creación normativa, cuando hoy el juez o árbitro de Derecho deba interpretar una ley para aplicarla con eficacia. Es así porque la intención del legislador se presenta a la comprensión simple y literal como un ingrediente personal (colectivo personalizado) que tuvo una vez origen y necesidad específicos cuando el legislador pensó, y que permaneció como vivencia coagulada en el texto del ordenamiento jurídico. Decir que la intención del legislador puede inferirse de los trabajos de las respectivas comisiones, así como de los preámbulos, exposiciones de motivos, nos comprueba que en el sistema jurídico está presente la existencia de una voluntad moldeada en circunstancias concretas, que debe permanecer viva -¿es así realmente?- en el conjunto normativo de las leyes. Sin embargo, ese ingrediente llamado intencional es algo más trascendente que el mero capricho de una voluntad, porque encierra una valoración expresada en juicios que se renuevan o modifican cada vez que se conoce o resuelve una determinada experiencia jurídica.

 

Podemos sintetizar lo anterior diciendo simplemente dos cosas: necesitamos tomar en consideración la voluntad del legislador cuando vamos a interpretar una ley, porque la misma ley nos lo impone; pero esa intención legislativa tiene un substrato filosófico que adquiere la naturaleza de un juicio de valor, y que el intérprete ha de expresar tales conceptos con sentido valioso cuando tiene ante sí la delicada misión de crear el Derecho mediante su aplicación efectiva, sea en la sentencia judicial, sea en el dictamen jurídico que obliga. El Derecho sólo existe cuando se debe resolver mediante su aplicación concreta una situación de contradictorio o de conflicto entre seres humanos; antes, sólo es representación intelectual abstracta.

 

Por su lado, la práctica jurídica necesita con frecuencia de tales asideros, en esas situaciones en que por obligación han de decidir los jueces sin poder alegar la obscuridad o ambigüedad de los términos de la ley, so pena de sanción por denegación de justicia (Artículo 19 del Código de Procedimiento Civil).  Esta misma norma le propone al juez la obligación de fundamentar la decisión en elementos que no tienen existencia tangible o positiva en el sentido de que no están expresados en la norma, y a recurrir a la conciencia jurídica objetivada, más allá de la creación explícita del Derecho.

 

PARTE PRIMERA

 

CONCEPTO E INMANENCIA  DE LA VALORACIÓN EN EL DERECHO.

1.-El Derecho como experiencia humana o como realidad existencial:

 

Pareciera imposible volver nuestra mirada hacia el racionalismo lógico que ha dirigido por mucho tiempo el estudio del fenómeno jurídico, y que ha pretendido fijar y ubicar su objeto en la experiencia jurídica expresada en la norma jurídica dentro de un sistema cerrado y con vida propia: la experiencia objetivada en la norma. Aceptamos sí la remisión a la experiencia jurídica como centro de todo discurso acerca del Derecho,  y eso nos obliga a ubicarnos en una apreciación empírica del fenómeno jurídico, pero sin apartar de la vista la necesidad de colocar como finalidad del Derecho al hombre individual, ejemplarizado por Miguel de Unamuno: “El Dios racional es la proyección al infinito de fuera del hombre por definición, es decir, del hombre abstracto, el hombre no hombre; y el otro Dios, el Dios sentimental o volitivo, es la proyección al infinito de dentro del hombre por vida, del hombre concreto, de   carne y hueso” (1). No podemos comprender el Derecho sino desde y para el hombre libre en el mundo; el hombre vive en libertad existencial, y ella consiste en que debe elegir sus propios actos y omisiones y es responsable del ejercicio de esa libertad ontológica. El Derecho supone el ejercicio  de la libertad porque el hombre modela su propia existencia y se determina con el signo de los valores libremente elegidos; de allí surge el axioma:  “En Derecho, todo lo que no está prohibido está permitido”. En esa posición filosófica existencial acerca del hombre, no debemos acudir a la metafísica como postulación de su estudio, puesto que el Derecho no es un objeto metafísico; y no lo es porque está en la vida y se percibe como objeto de conocimiento mediante la experiencia. Tampoco podemos buscar fundamento exclusivo en el Derecho natural en sus  manifestaciones surgidas en la historia de la humanidad: vida conforme a la naturaleza, en la antigüedad; de acuerdo con la revelación divina, en la Edad Media; o en correspondencia con la razón individual moderna. Sería también inadmisible situar el Derecho en los objetos ideales, sin existencia real en el mundo de la experiencia, sólo aprehendidos mediante la acción del intelecto: las figuras geométricas, los números, por ejemplo. Estamos de tal modo ante el Derecho como hecho humano, al mismo tiempo que en la experiencia, cuya función es el conocimiento e interpretación de la conducta humana dentro de la vida y en la relación entre los hombres. No basta, sin embargo, la experiencia pura de los actos humanos sino en la medida en que tales actos tengan relación de correspondencia entre personas y adquieran por ello proyección jurídica. Faltaba, así, un elemento que diera al Derecho su propia realidad, y este elemento es un sentido de valor con juridicidad implícita que debe aportar el juez o quien deba aplicar el Derecho con plena eficacia, para hacerlo actuar más allá de su formulación conceptual abstracta.

 

El Derecho es obra humana (ciencia positiva) que parte de la experiencia existencial y pertenece a las ciencias culturales: “El Derecho,  para ser tal,  no  podía menos que ser positivo”(2), idea que persigue el propósito de darle entidad ontológica al Derecho positivo. Como objeto cultural, se nos presenta el sentido valioso como substrato esencial del Derecho; y hablamos del valor jurídico con especificidad propia, para alcanzar cuya definición debemos hacer breve referencia a algunas nociones acerca de los objetos del mundo; lo que Husserl denomina las ontologías regionales. En la clasificación de los objetos mundanales, el Derecho se ubica en el terreno de los objetos culturales (frente a los objetos metafísicos, los objetos naturales y los objetos ideales). La característica fundamental de los objetos culturales es que tienen sentido, la intención en quien lo produce de objetivar, poner sentido en una idea. El sentido está dado expresamente en el objeto cultural: la pintura rupestre de la cueva de Altamira, en Cantabria, o una flecha como señal de tránsito, por ejemplo, tienen un significado cultural objetivado; ese es su sentido contenido en la forma.

 

2.-  La valoración como elemento cultural del Derecho;

 

El sentido de valor está en todo el ámbito humano. Cuando aquél se quiere definir como elemento intrínseco de los objetos (los corpóreos y los incorpóreos: Materia y Espíritu en el dualismo filosófico), aceptamos que el mundo está valorizado: “Si  por mundo entendemos la ordenación unitaria de los objetos, tenemos dos mundos: el mundo del ser y el mundo del valer” (3).

 

En la clasificación que propone Gustavo Radbruch (4), los valores son de tres categorías: individuales, colectivos y de obra (o de trabajo). Según prevalezca una de las tres concepciones, tendremos un resultado aparentemente distinto para justificar  la idea del Derecho como entramado de la entidad social y constitutivo del Estado. Si aceptamos la categoría individual, la figura que  sustenta y justifica el  Derecho es la del contrato pactado libremente entre los ciudadanos, y el resultado es la idea de sociedad. Si tomamos la categoría del valor colectivo, el dominio conceptual lo tiene el Estado como totalidad, con la figura de organismo que nace de la congregación de los individuos: cada individuo se justifica en el todo y existe socialmente por y para ese todo. Y, por último, si consideramos el valor como el trabajo o las obras de todos, la idea aplicable es la de comunidad. No obstante, todas estas concepciones definitorias están entrelazadas. El individuo (individualismo) alcanza su desarrollo cuando presta su creación a la comunidad (obras o trabajo); pero el fin de la comunidad no es el trabajo aislado sino que tiende a la formación de un conjunto que abarca las fuerzas del individuo y las del trabajo en común. Ese conjunto es la nación como ente colectivo y el Estado como su personificación jurídica. La idea del Derecho participa de la cualidad de las tres categorías para dar entidad al Estado, pero su realización material ideológica dependerá del predominio de una de ellas sobre las demás.

 

Los valores que sustentan el Derecho y constituyen su sentido son espirituales, y cada uno contiene su opuesto (antivalor o desvalor). Además, están muy cerca de los que componen la noción de la Moral: bondad y su negación: maldad; lealtad contra deslealtad; justo contra injusto. Todas estas categorías pudieran pertenecen bien a la Moral bien al Derecho.  Pero aquí hacemos un alto porque el Derecho en sentido estricto, aun teniendo el color que la moral presta al significado valorativo, es la búsqueda y realización, por sobre todo, de una sola especie de valor espiritual: la justicia, con vertientes muy extensas que alcanzan a aquellas apreciaciones de mérito que exige la convivencia en general, para integrarlo. Se trata de la justicia objetiva, colocada frente a la justicia subjetiva ubicada en el terreno de la moral, y que es un estado de conciencia que debiera dirigirse a la realización de la justicia objetiva, la de todos como entidad colectiva. El objeto de valoración es distinto en cada uno de estos enunciados. En la justicia subjetiva (el hombre en su conciencia), el juicio es individual, sin atender a la relación de este hombre con otros; el fin de la estimación es el hombre en sí. De este modo, se sitúa dentro de las virtudes morales, junto a la prudencia, la fortaleza y la templanza. Tenemos, en cambio, que en la justicia objetiva el fin que se persigue es el orden social o colectivo. La justicia así entendida tiene un sentido teleológico; con ella se pretende realizar una finalidad que tiene un destinatario último y determinado, un existente real representado en cada individuo que compone el ser colectivo: “El principio supremo de la justicia  estatuye la libertad del desarrollo de la personalidad” (5).

 

La JUSTICIA OBJETIVA es, al mismo tiempo, finalidad y forma de que se vale el Derecho para servir a la idea de lo jurídico como orden; y esta idea está dirigida a lograr el desarrollo de la personalidad mediante el ejercicio de la libertad. Es finalidad porque la actuación del Derecho tiende a la realización de la justicia objetiva, que trae consigo una carga valorativa propia; y es forma en cuanto se propone con métodos formales para establecer el ordenamiento.

 

En la  tesis de Rudolf Stammler del Derecho justo  hay una sola y única idea de justicia, con valor absoluto y universal, que se aplica a las diversas formas y contenidos de la vida social, a los pueblos y momentos históricos diferentes, y que, por tanto, engendra ideales jurídicos también diferentes. Estos ideales tienen un valor relativo al tiempo y a las circunstancias particulares por las cuales cada ordenamiento se produce; pero aun en la diversidad ilimitada de Derechos justos existe un método de ordenación  único e invariable, es decir una forma universalmente válida, puro método formal de ordenación unitaria de las finalidades humanas. Este criterio o forma universalmente válida, sin contenido histórico ni referencia a situaciones concretas, es la justicia: una idea pura, un método formal como el propuesto por Kant, cuyo objeto es ordenar las situaciones empíricas para establecer la armonía social.

 

Aunque se aceptase con limitaciones el formalismo de la justicia de Stammler, sentimos como verdadera la idea de que la justicia objetiva contiene en sí misma aquellas valoraciones necesarias para el cumplimiento del Derecho, es decir que en la idea de justicia como unidad conceptual a la que el Derecho debe servir, está el orden, la seguridad, la paz social, el reparto de los bienes y cargas de la comunidad, y todo aquello que implique relación humana. Algunos autores de la teoría del Derecho hacen distinción entre la justicia, la seguridad y la finalidad, y aprecian estas nociones como elementos distintos de conformación del Derecho en cuanto disciplina científica y objeto de la filosofía. Sería la justicia, en esta opinión, la igualdad (“suum quique tribuere”) o el tratamiento igual a los hombres y las relaciones iguales; al lado de la seguridad jurídica establecida por la positividad del Derecho; y al lado también de la finalidad o teleología del Derecho. Pero, apartando la finalidad o adecuación a un fin previsto para dar forma al Derecho (que no es unívoco pues depende de factores variados, como las ideologías), creemos que la noción de seguridad jurídica como valor funcional pertenece a la noción de la justicia, no está a su lado sino incluida en el concepto de la justicia. 

 

La estimativa en el Derecho tiene objetividad a priori, es decir que los valores tienen entidad propia que creemos encontrar fuera de nuestra conciencia; no son meros caprichos que elegimos para justificar las acciones que cometamos, sino que ellos justifican nuestros actos de relación. Tienen vida propia en la medida en que constituyen el vínculo entre el hombre y el mundo, para dar sentido y solución a las situaciones existenciales en la convivencia social: “Los valores tienen una objetividad relacional en el contexto de la vida humana (…) y además en el contexto particular de cada una de las situaciones concretas. Por lo tanto, se trata de una objetividad pluri-relacional” (6).

 

La enunciación de los elementos que constituyen el concepto de justicia objetiva (y diríamos, además, como valor colectivo) es aparentemente ilimitada. Decimos: orden, seguridad, cooperación, paz social, y todavía no está completa la relación. La justicia es dar a cada uno lo suyo en reparto equilibrado de los bienes y cargas sociales; pero también es la misericordia y la compasión de quien debe otorgarla hacia quien las implora (el indulto como perdón del Estado); y es el respeto y acatamiento de las costumbres de una sociedad determinada; y la equidad como solución particular (la justicia del caso particular) de una específica situación de conflicto, aun por encima de la ley o en ausencia de ella; es la verdad como correspondencia entre el mandato y el hecho; es utilidad en armonía dentro de la convivencia social; es el Derecho justo de Stammler: esfuerzo hacia lo justo. En  todas estas expresiones están presentes las proposiciones jurídico – positivas como producto de la cultura, conjugadas con el pensamiento expresado en valores, es decir, con aquello que constituye la estimativa o la facultad espiritual para apreciar el mérito de los objetos que componen el mundo. La realidad jurídica está allí como Derecho positivo, compuesto como un todo en el cual se da esa realidad de los actos y hechos del hombre o que lo implican, conjuntamente con las consideraciones estimativas que lo complementan.

 

Dentro de la idea positivista de que el Derecho es obra humana, experiencia positiva, los valores jurídicos son aquellos cuyo substrato es la conducta de una persona en relación con otra, en torno a una situación de oposición que el Derecho debe resolver. “Allí donde por la interferencia de dos conductas se aprecia el valor de conducta de ellas, surge un valor jurídico” (7). Filosóficamente, el término valor puede identificarse con la ética, y expresa el fundamento esencial de las concepciones del mundo, bien como móvil bien como finalidad del comportamiento humano; pero referido a la entidad jurídica, debe aludir necesariamente a la conducta del hombre en interferencia intersubjetiva para constituir el Derecho. Lo que condiciona al Derecho es la coexistencia de esferas individuales, porque del contacto que se establece entre ellas nace todo comercio jurídico (la interferencia intersubjetiva). En consecuencia, la base del hecho jurídico no se encuentra en la idea de poder sino en las relaciones entre los hombres. Si se quiere definir el elemento inicial de la organización jurídica, puede designarse por tal el vínculo o relación humana creadora de cultura y, por eso mismo, sustentada en valores, de la cual surge el Derecho. Expresado de otra manera,  en el mundo jurídico existen tres elementos constitutivos: a) la realidad social, es decir lo dado empíricamente como conducta; b) la norma, como significado de la construcción organizativa de esas conductas; c) los valores que integran el concepto de justicia objetiva. Esta composición aceptada por muchos autores de filosofía del Derecho ha sido desarrollada por Werner Goldschmidt en la denominada Teoría Trialista del Derecho (8).

 

La estimativa jurídica existe, pues, en la misma esencia del Derecho como creación positiva, y constituye su sentido del mismo como la belleza hace el sentido del arte o la verdad el sentido de la ciencia, dicho en palabras de Cossio (9).

 

En resumen:

 

El Derecho conjuga en sí una sola clase de valor que define el término jurídico que lo representa: la justicia; pero no la justicia concebida en términos metafísicos, ni siquiera aristotélicos. Según la concepción tradicional, la justicia forma parte de los valores morales, al lado de la templanza, la caridad o la pureza. Jurídicamente, la justicia tiene objetividad, es dinámica e implica coexistencia para la realización pacífica del entendimiento social. La alteridad entra en juego activamente, para hacer papel significante en el plexo jurídico, pues desde que el Derecho es conducta en situación intersubjetiva (la conducta mía frente a la conducta de los demás), la medida de lo jurídico la da la realización plural o multilateral de las situaciones contempladas. Así, el Derecho como entidad creada por el hombre estriba en servir a la idea de justicia, y ésta consiste en el entendimiento social que se logra con la realización del conjunto de valores que la integran como cuotas parciales: orden, seguridad, paz, solidaridad, en función de la coexistencia armoniosa, para llegar al destino o propósito final: el desarrollo de la personalidad de los individuos en beneficio propio y,  por extensión,  en provecho del ser colectivo.

 

Se nos da así una idea de valor jurídico que se sitúa en la esencia misma del Derecho positivo, inmanente al concepto del Derecho y que se materializa en cada acto y en cada institución jurídica.

 

 

PARTE SEGUNDA

 

LA VALORACIÓN JURÍDICA EN LA CREACIÓN DEL DERECHO; REFERENCIA A LA CREACIÓN DEL LEGISLADOR:

 

 1.- La ley y su interpretación; El itinerario de la creación de la ley:

 

Es una ficción la idea que se tiene de la intención o la mente del legislador como creación de un autor múltiple que constituye el cuerpo legislativo. La ficción que personaliza al legislador es la voluntad que emana del Estado, el resultado de una elaboración del espíritu basada en una unidad conceptual que es la ley. La voluntad del legislador es entonces el fin o resultado de una necesidad a priori cuya satisfacción debe proveer conceptualmente el ordenamiento jurídico. Por esa razón, la ley no es un cuerpo estático que tuvo nacimiento en una circunstancia determinada y permanece fijo e intemporal, sino un organismo vivo que se adapta a nuevas situaciones y exige otros pensamientos que quizá no estuvieron en la intención originaria del legislador, para atender problemas jurídicos que revistan novedad como producto del tiempo: es una voluntad perdurable más allá de lo legislado. La ley continúa siendo en el sentido de que evoluciona de modo permanente en quien la interpreta, mientras no pierda su vigencia.

 

De lo dicho resulta que la interpretación de la ley no es simplemente la filológica de que habla el artículo 4º del Código Civil: “A la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras…” Interpretar es establecer una relación entre el acto de conocer (intencional, como todo acto de conocimiento) y un signo como símbolo de un sentido que se propone como objeto. Al interpretar los signos de un texto constituimos un concepto acerca de ese texto o, lo que es lo mismo, aprehendemos intencionalmente un sentido acerca del objeto (el texto escrito): “si es verdad que todo concepto se refiere a un objeto  en  el sentido más general de este vocablo, el concepto no es el objeto, ni siquiera lo reproduce, sino que es simplemente su correlato intencional” (10).

 

En la interpretación filológica el objeto de conocimiento es el sentido literal de las palabras, que captamos mediante un método empírico que supone pensar otra vez lo que ya ha sido pensado (tiene carácter histórico), para conocer de nuevo el sentido dado formalmente al texto ya conocido. Por el contrario, la interpretación de la ley que reclama el artículo 4º del Código Civil es de naturaleza jurídico – racional, sometida a la lógica metódica y, sin embargo, coloreada con el juicio personal estimativo del intérprete. La finalidad que ella persigue es obtener el sentido objetivo del Derecho positivo actual y vigente, para hacer aplicable la ley a la situación que se plantea hic et nunc; situación como relación del hombre con el mundo, que lo urge a ejercer la libertad y lo hace responsable de su acto libremente elegido. La jurisprudencia hace una interpretación jurídica porque da un sentido objetivo a las normas de Derecho para resolver las cuestiones que se plantean en los conflictos intersubjetivos, sin poder negarse a hacerlo por razón de lagunas o ambigüedades en el Derecho positivo.

 

El recorrido intrínseco de la valoración a través de la creación y aplicación del Derecho ha comenzado en aquel momento en que la mente del legislador, es decir la voluntad colectiva que constituye al Estado extrajo de la realidad los modelos que estatuye en ley positiva, hasta aquel otro en que desciende al plano de los hechos para crear allí la norma individual que es la sentencia o la decisión fundada en la equidad o el acuerdo inter partes emplazado en un orden jurídico. En tales situaciones, y hasta en aquellas donde no ha habido una creación legislativa expresa, puesto que la ley no es un catálogo de todas las situaciones existenciales sino apenas la enunciación conceptual de la conducta humana en actuación social; hasta en esas situaciones en las que el Derecho está presente aun sin existir la ley positiva, funciona activamente la estimativa jurídica con todas las significaciones axiológicas que la componen.

 

Una vez admitida la inmanencia de la valoración en el Derecho como objeto cultural, se plantea ahora conocer de qué modo ella ingresa en la ley como conocimiento normativo de la conducta y después actúa en su aplicación efectiva.

 

La creación de Derecho en su aspecto legislativo comienza con el análisis de la materia jurídica mediante definiciones y distinciones; luego el legislador va construyendo conceptos racionales que alimentan la mente legislativa hasta darles forma de norma imperativa. Pero para crear el Derecho como realidad exigida socialmente, el legislador  procede o da inicio a su creación partiendo de supuestos determinados.

 

¿Cuáles son los supuestos jurídicos a priori que configuran la norma de Derecho?  ¿Y cuáles las condiciones reales de la creación legislativa? La labor de crear el Derecho lleva consigo el manejo de ideas y de categorías jurídicas. Las primeras se constituyen mediante la observación de los hechos de la realidad social  representada en la colectividad que exige organización. De tal manera, las definiciones de Derecho subjetivo y de deber jurídico provienen de la observación del Derecho de una persona frente al deber de otra; deber jurídico frente a su correlato, el Derecho subjetivo, que es una situación jurídica concebida como la facultad del individuo de desencadenar el imperativo contenido en la regla de Derecho. También son supuestos a priori los que surgen de la sujeción del individuo respecto del Príncipe. Los conceptos jurídicos a priori están predeterminados en la idea del Derecho.

 

De distinto modo, las condiciones reales que originan el Derecho son  situaciones de hecho con las cuales se constituyen las instituciones jurídicas. La noción jurídica de robo se realiza a partir de una situación de despojo con el uso de la violencia, situación a la que el Derecho da relevancia; la propiedad es una situación de relación entre una persona y una cosa, que el Derecho reconoce e institucionaliza, y que sirve de fundamento a la figura jurídica de dueño como base de la institución de la compraventa, etcétera. Tales son las categorías jurídicas que modelan las instituciones jurídicas resultantes o surgidas de las situaciones de hecho que contempla el legislador. Al obtener rango de normas generales de conducta y ser nociones objetivas de conocimiento, adquieren naturaleza jurídica y positiva. Con estos elementos, unos a priori y otros derivados, se crean las órdenes con efecto coercitivo que la voluntad del Estado sanciona y erige en instituciones del Derecho.

 

Por otro lado, la intención del legislador representa la conciencia de la circunstancia social que dicta la norma; pero es menester conocer de qué modo se constituye esa conciencia. Una opinión formal crítica privaría a la intención o mente legislativa de determinaciones de la experiencia sensible. Diría, con razón, que incluir influencias de tal clase en la creación de la norma es hacer del Derecho una disciplina empírica; y diría también que para formular normas racionales y de orden práctico con validez dentro de una colectividad, se ha de prescindir de cualesquiera otros elementos extraños en la elaboración conceptual normativa, entre los que están los valores como realidad fundamental. Sin embargo, un sistema jurídico necesita de esos valores para ser eficaz dentro de la comunidad social.

 

La obra jurídica es el resultado de una necesidad social; es pues el producto de un espíritu colectivo que se adaptará a la circunstancia a medida que ésta se modifique. Es una creación empírica pensada en un momento dado, obra de un espíritu subjetivo pero que tiene su propio sentido conceptual regido por reglas lógicas. Este sentido lógico es el que perdurará en el tiempo cuando después sea aplicado a una situación: “Toda la sucesión de los hombres durante el curso de tantos siglos, debe ser concebida como un hombre que subsiste siempre y que aprende continuamente” (Pascal). La historia del hombre y su búsqueda científica del espíritu objetivo del Derecho es un andar continuo, un tren que siempre huye hacia el futuro, cargado de las voces de pueblos y generaciones. Esta imagen queda expresada en el relativismo histórico de Giambattista Vico, conforme al cual las civilizaciones y el pensamiento humano que las define se suceden en ritmo cíclico, y cada una de esas civilizaciones porta en sí misma el ethos que la ha particularizado; trae, al igual que el caracol, la morada espiritual representada en un a priori existencial en la que se halla instalada. El hacer de los hombres  (no el hombre mismo) es un ex – sistit, un existir o estar fuera y en movimiento, a la manera de un flujo continuo; todo ello siendo siempre: “En la noche de espesas tinieblas que encubre las más remotas antigüedades (…) brilla la luz eterna y jamás  menguante de una verdad incontrovertible: el mundo de la sociedad civil ha sido creado por  los hombres, y sus principios, por lo tanto, han de encontrarse en las modificaciones   de nuestra propia mente humana” (11).

 

De este modo, el sentido del Derecho positivo, es decir, el concepto que resulta de la relación de conocimiento originado por la conciencia de un tiempo y un lugar determinados, no es el único y completo sentido que se dio una vez en la manifestación legal, sino una parte en la conexión de significados lógicamente dados en la experiencia y que provocarán efectos imprevisibles en el futuro, de acuerdo con la necesidad presente. El espíritu objetivo del Derecho expresado en la ley, que perdura y renace en cada creación temporal, tiende a la realización del Derecho como valor cultural: nuevas respuestas a problemas nuevos.

 

Las categorías del Derecho que hacen posible la existencia de un ordenamiento normativo tienen un substrato necesario que les confiere juridicidad en la estructura  formal del Derecho, de la cual la ley es sólo una expresión. Este substrato es la  referencia a un valor implícito en el concepto del Derecho. Cada época impondrá valoraciones propias, y del reconocimiento social que de ellas se haga surgirá un ordenamiento jurídico distinto. El incesto puede ser delito en una legislación o ser permitido en otra; lo mismo que el adulterio, sancionado en algunos países con la pena de muerte; o el aborto, concebido en unos sistemas de Derecho como interrupción de la vida y, por tanto, como homicidio, y en otros como acto que no afecta el sentido valioso de la vida, pues entienden por vida la que se da con el nacimiento y aun la viabilidad de la criatura. Así también las costumbres de un país modificarán las reglas jurídicas de acuerdo con las circunstancias siempre variables: “Casi nada de lo que se dice justo o injusto deja de cambiar cuando se cambia el clima. Tres grados de  elevación hacia el polo echan por tierra toda la jurisprudencia. Un meridiano decide la verdad, en unos cuantos años de posesión las leyes fundamentales cambian (…) ¡Graciosa justicia, que un río puede limitar¡ Verdad parte de acá de los Pirineos, error más allá”, nos dice Pascal otra vez (12).  No obstante, la nueva valoración que impone el cambio de clima o el más allá de los Pirineos, no variará el espíritu objetivo del ente jurídico. “El lenguaje piensa y rima por nosotros”, y los nuevos intérpretes seguirán en su tarea dentro de las leyes propias del mundo conceptual concebido para la aplicación del Derecho.

 

2.- La estructura de la norma de Derecho; la valoración dentro de la norma jurídica:

 

Si penetramos en la interioridad de la norma jurídica, observamos que ella está hecha de construcciones valiosas emitidas en forma de juicios: la norma jurídica es un objeto ideal que contiene significaciones.

 

Para la Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen, esas significaciones que expresan las normas jurídicas son esquemas de interpretación anticipatorios de situaciones en las cuales se establecen  relaciones humanas reguladas por el Derecho. Un ejemplo lo hallamos en la norma del artículo 1.185 del Código Civil: “El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo”, disposición legal que  describe una conducta y le atribuye consecuencias jurídicas: lo que constituye el principio de la responsabilidad civil extracontractual.  Se anticipa una conducta humana a la que se atribuyen efectos y consecuencias: la significación de la norma es un esquema anticipatorio de posibles relaciones entre personas, con implicaciones jurídicas.

 

La Teoría Pura del Derecho formulada por Kelsen dentro del esquema kantiano plantea únicamente el carácter normativo de la ciencia jurídica, pone el foco de su investigación en la normatividad del Derecho y hace de la norma objeto de su estudio sistemático. Para ello, utiliza el método lógico – formal tradicional pero fundado en la lógica que el autor denominó del “deber ser”. Veamos cómo: El enunciado lógico: “Si es A – es B”, propio de las ciencias naturales y que constituye el campo en el que reina el principio de identidad (lógica del ser), se sustituye en la teoría normativista de Kelsen del siguiente modo: “Si es A – debe ser B”, fórmula que pertenece a las ciencias del espíritu, cuyo conocimiento o aprehensión conceptual se logra mediante la lógica del deber ser, como expectativa de un resultado previamente concebido. Sin embargo, de ningún modo contempla la Teoría Pura del Derecho la estimativa como elemento objetivo de la ciencia jurídica. El filósofo vienés permanece en lo que él mismo denominó un “relativismo axiológico”, limitándose a establecer el procedimiento formal en la  construcción del Derecho y a rechazar la existencia real de los valores jurídicos (que es materia de la filosofía) como objeto de conocimiento en la ciencia del Derecho. Tampoco dirige su observación hacia la teleología del Derecho, es decir, la idea de servir a la justicia como finalidad propia del Derecho. Por esa razón, Kelsen, más científico que filósofo, prescinde de toda apreciación que no esté dirigida hacia la determinación de la naturaleza lógico formal de la norma de Derecho, sin incluir la valoración como elemento esencial de su contenido.

 

No obstante, Kelsen ha admitido en estudios posteriores a su Teoría Pura del Derecho, la existencia de un sistema de valores que atañen a la ciencia jurídica, pero situados paralelamente y al margen del Derecho positivo; porque el autor no abandona su argumento de que los conflictos que suscita la estimativa son insolubles en las proposiciones de un método científico – racional.

 

El normativismo de Kelsen ha sido recogido y ampliado en la teoría egológica del Derecho, de Carlos Cossio, en la que también se atribuye a las normas jurídicas el carácter de significaciones y una función de conocimiento (cognocitiva), en el sentido de que son puestas por un sujeto que conoce una situación para describir una determinada conducta humana: la de aquél que ocasiona el daño a otra persona y la consecuencia de su acto. La norma jurídica mienta una actuación de la conducta humana, pero lo hace con criterios valorativos: en el caso de la responsabilidad extracontractual que dimos como ejemplo, es el valor de igualdad en beneficio del equilibrio y orden social obtenido por la reparación del daño. En la determinación de los objetos culturales donde hemos ubicado el Derecho como disciplina, se da como característica de ellos la de ser valiosos, positiva o negativamente.

 

Desde el punto de vista de la tesis egológica de Cossio, cada vez que el juez aplica la ley pone un sentido personal que ya había sido anunciado en ella. Dicho de otro modo, el intérprete enfoca una conducta humana a la que debe dar significación; y el juez o intérprete de la ley positiva es el portador material que da vigencia al contenido jurídico de orden o seguridad, asentado de modo general en el texto como elemento valorativo. Al crear la norma individualizada, el Derecho que  de allí surge proviene del propio hecho de quien debe aplicar la ley. En un aforismo se expresa esta idea: “El juez ha de interpretar la ley de acuerdo con su ciencia y conciencia”.

 

Ya hemos expuesto que cuando el legislador (la voluntad del Estado) expresa su intención en el texto positivo de la ley, lleva en sí mismo el concepto de valor que ha de imprimirle a esa ley. Es decir, esa intención viva no está motivada por meros caprichos que el legislador de un momento y lugar determinados va a realizar, sino que hay en el fondo de esa conciencia legislativa un conjunto de datos que constituyen la valoración.

  

Examinemos el formato estructural de una norma para descubrir su contenido, en cuyo seguimiento haremos uso del esquema que Immanuel Kant ha propuesto en la elaboración de la experiencia natural. El filósofo alemán dice que en ésta existen dos elementos: la estructura lógica y el contenido empírico, que corresponden a su vez a las caracterizaciones: formal (para la estructura lógica) y material (para el contenido empírico). Llevado este esquema a la formulación de la experiencia jurídica, encontramos que ésta lleva en sí los mismos elementos, pero añade a su contenido otro de que la experiencia natural adolece: la valoración. Tenemos de esa manera que la ley tíene una estructura formal, que se expresa en el juicio “si es A, debe ser B”; y tiene también un contenido material, que se compone del elemento dogmático contingente. Tal es, por ejemplo, el elemento de la seguridad como valor comprendido en la norma legal que establece la capacidad jurídica para obrar; por ejemplo, el dato de que la capacidad jurídica se adquiere a los dieciocho años, pues bien pudiera adquirirse a los treinta. La ley suple el hecho cierto y verificable de la madurez para actuar con capacidad jurídica, por un dato contingente que tiene sustento en la seguridad jurídica, funcional, impuesto por igual a todos en la realidad social y sólo desvirtuado por motivos expresos y de excepción. El ejemplo dado demuestra que la valoración es un elemento de la creación del Derecho: el dato de la capacidad moral e intelectual de la persona para obrar se establece por razón de seguridad jurídica, para lograr el entendimiento social.

 

La seguridad jurídica ha sido entendida en algunos casos como componente del concepto de Derecho, junto a la justicia y la finalidad. Sostenemos el criterio de que la seguridad pertenece a la estimativa y que está incluida en la justicia objetiva como fin del Derecho: servir a la justicia para estatuir la libertad como desarrollo de la personalidad. Vista de tal modo, la seguridad jurídica es la del Derecho positivo, un Derecho seguro, un valor funcional, aunque pueda parecer injusta su imposición: la posesión como institución civil guarda mucho de injusticia, ya que da juridicidad a un hecho que por sí mismo no la tiene; lo mismo que la prescripción como pérdida o adquisición de un Derecho subjetivo, al transformar una situación fáctica en jurídica en condiciones determinadas por el Derecho positivo, en procura del valor funcional de la seguridad; o la cosa juzgada cuando da inmutabilidad a una sentencia injusta, para que prevalezca la seguridad jurídica. Ante todas estas contingencias, la seguridad jurídica reconoce fuerza obligatoria a muchas instituciones del Derecho que aparecen como antijurídicas. Está por delante la estabilidad social… y la resignada conformidad.

 

El ejemplo del Articulo 1.191 del Código Civil contempla la responsabilidad extracontractual de los dueños y principales por los hechos ilícitos de sus sirvientes  y dependientes. La mención de que los sirvientes o dependientes han de estar en ejercicio de sus funciones para hacer responsables de sus actos a los dueños y principales, hace pensar en el recorrido mental y la participación valorativa que ha puesto el legislador en la elaboración de esa norma. Observemos, por otra parte, que no se permite al patrono probar que no ha podido impedir el daño, estableciéndose la presunción iuris et de íure de que existe la responsabilidad aquiliana, con estos datos: la presunción de culpa y la circunstancia de que debe estar el dependiente en ejercicio de sus funciones.

 

¿Cuál ha sido la intención del legislador cuando ha señalado una responsabilidad tan rigurosa? La doctrina ha dado diversas explicaciones de esta motivación que extiende tan ampliamente las cargas del patrono. Los autores Colín y Capítant (13)  hacen un largo análisis sobre este tema, remitiéndose a las razones que han dado los redactores del Código Civil francés:  ”La primera consiste en la presunta falta cometida en la elección de criado o encargado. ¿No tendrá el amo que reprocharse nada por haber puesto su confianza en hombres malos, torpes o imprudentes?”  Ya decía Bertrad de Greuille en su informe al Tribunado para la redacción del Código Civil francés: “No sería justo que los terceros siguiesen siendo víctimas de la confianza desconsiderada del amo, que es la causa primera, la verdadera fuente del daño que experimentan.  La segunda razón consiste en que el amo o el comitente se presume que han vigilado mal al  criado o  al encargado”.  Se descubre aquí una razón de igualdad como parcela del plexo estimativo a que hicimos referencia. En este caso, el legislador ha seguido un criterio valorativo fundado en la igualdad jurídica de la justicia correctiva, porque crea un Derecho y la obligación correlativa con criterio estrictamente jurídico y estimativo, en función de reciprocidad, lo que le da el tono y el carácter aceptable de lo jurídico, pero con algún esfuerzo dentro de una relación humana: el dueño responde no por su propio acto libre y conscientemente elegido sino por el hecho de otra persona. El daño se repara mediante la responsabilidad del patrono por el acto de su sirviente o empleado, en razón de que, al hacer la elección (ejercicio de la libertad), éste tuvo que precaver las consecuencias de ella y mirar primero la seguridad del prójimo. Al hacer responsable al comitente por el acto del sirviente, le impone una obligación que satisface el orden y la seguridad, ya que cumple con la justicia conmutativa o correctiva aristotélica, para igualar las ventajas y desventajas en las relaciones de intercambio humano, o para restaurar el equilibrio de los repartos de potencias e impotencias que propone Werner Goldschmidt en su obra ya citada.

 

En cuanto se refiere a ese elemento contingente: la circunstancia de que el dependiente debe estar en ejercicio de sus funciones para hacer responsable de sus actos al patrono, el legislador ha puesto una idea que tiene la razón vital de los datos valorativos, pues bien pudo haber dicho “con ocasión del ejercicio de sus funciones”, en cuyo caso la responsabilidad se extendería a situaciones más amplias, como aquélla, por ejemplo, en que un empleado cause un daño en momentos en que está a la disposición de su patrono pero no actuando en funciones de servicio. El nuevo intérprete de la norma tendrá la potestad de dar su propio sentido al texto: “en el ejercicio de las funciones en que lo han empleado”.

 

Los ejemplos podrían multiplicarse, pero el que se ha expuesto da una idea de cómo ha dirigido el legislador su intención en el momento de elaborar las normas jurídicas, y de que manera ha insertado un sentido valorativo que no queda inmovilizado sino que adquirirá vigencia y actualidad cada vez que se interprete.

 

Si recapitulamos lo anterior, tenemos que en la constitución de las normas comentadas han entrado los siguientes elementos:

 

a) Estructura normativa pura, con fundamento en el Derecho positivo.

b) Representaciones estimativas contingentes: el hecho de que los sirvientes estén en ejercicio de sus funciones, lo que constituye la vivencia del legislador; valoración jurídica que se convierte en su intención implícita: el orden y la seguridad  con sentido jurídico como equilibrio propio de la justicia correctiva o conmutativa.

 

CONCLUSIÓN:

 

Una vez que la norma ha adquirido existencia autónoma, la vivencia legislativa, es decir el sentido de valor que el legislador puso en ella permanece y es la guía que orientará al interprete al momento de desentrañar el contenido de la ley y darle propio sentido con su ciencia y conciencia.

 

Puede decirse que la vivencia legislativa se extingue como presencia en la ley, y que hay un tránsito o evolución de la valoración del legislador hacia la valoración del juez. Al ser el sentido de valor la vivencia de alguien, ésta no puede permanecer estáticamente en la norma. La valoración existe desde entonces en el juez, quien en cada oportunidad que juzga el caso concreto pone el sentido a la norma.

 

Esta última conclusión nos sugiere la idea de readaptar la importancia de la intención del legislador en la interpretación de la ley. No parece inútil que el propio legislador invite a considerar su intención cuando de aplicar una ley se trate, puesto que la función de esa intención no debe expresarse en aquella voluntad plena de sentido que dio origen a la norma, sino que ha de actualizarla en la vivencia del interprete, que debe tener como guía el itinerario creativo del legislador, pero dando a la interpretación su propio mérito.

 

NOTA FINAL:

 

Todo lo que hemos expuesto está dirigido a la comprensión de conceptos acerca del Derecho y su realización, sin salir del terreno teórico. Nos hemos servido de ideas para presentar puntos de vista diferentes en torno al Derecho como hecho cultural con carácter científico y como tema de la filosofía, con la certeza de que son incompletos. La ciencia jurídica presta claridad y suministra los métodos necesarios para realizar la justicia objetiva; la filosofía satisface la inquietud intelectual y, al mismo tiempo, amplía el conocimiento del fenómeno jurídico: aclara nociones fundamentales tales como supuestos de hecho y consecuencia jurídica; Derecho subjetivo y su correlativo deber de cumplimiento o aceptación; relación humana como fuente de la organización social; subordinación. No obstante, debemos preguntarnos si esto basta para dar por concluida la labor y cerrar el expediente, pues todavía quedan a la vista los hechos del hombre y sus consecuencias, que deben ser conocidos en el territorio de la vida práctica del Derecho y en cuya realización intervienen el legista y el intérprete. No olvidar que el pensamiento es conocer para bien actuar; tal es su función vital.

 

Con fina y especial ironía lo expresó el severo Rudolph Von Ihering,  autor de “El Fin del Derecho” y de “Espíritu del Derecho Romano”, al referirse al mundo puro e incontaminado de los conceptos: “Aquí viven los conceptos por sí mismos, y si no quieres renunciar por completo a tu pretensión de ser admitido, no preguntes a nadie: ¿para qué sirve esto que veo aquí? ¡Servir¡ Es lo único que faltaba; el que los conceptos tuvieran que prestar servicios también en el cielo; aquí mandan y se resarcen de la servidumbre que han tenido necesidad de soportar en la tierra” (14)

 

 

NOTAS OBTENIDAS DE LA BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA:

1)       Unamuno, Miguel de: “El Sentimiento Trágico de la Vida”. “Ensayos”.  Aguilar Ediciones. Madrid, 1951.Tomo II, página 731.

2)       Cossio, Carlos: Teoría de la Verdad Jurídica. Editorial Losada. Buenos Aires. 1954. Página 42.

3)       Ortega y Gasset, José: Introducción a una estimativa. Editorial Revista de Occidente. Madrid, 1964 : Obras completas, Tomo VI, página 318.

4)       Radbruch, Gustavo: Tratado de Filosofía del Derecho. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid, 1959. Páginas 70 y siguientes.

5)       Goldschmidt, Werner: Ciencia de la Justicia (Dikelogía). Ediciones Aguilar.  Madrid, 1958. Página 189.

6)       Recasens Siches, Luis: Tratado de Filosofía General del Derecho. Editorial Porrúa. México, 1965. Página 405.

7)       Cossio, Carlos: El Derecho en el Derecho Judicial. Edición Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1967. Página 207.

8)       Goldschmidt, Werner: Obertura a la Teoría Trialista del Derecho. En Libro homenaje a Roberto Goldschmidt. U.C.V, 1967. Páginas 39 – 73.

9)       Cossio, Carlos:  el Derecho en el Derecho judicial.  Página 208.

10)   Ferrater Mora, José: Diccionario de Filosofía. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1971.  Voz: “Concepto”.

11)   Cita del escritor mexicano Carlos Fuentes, en su obra de ensayos: Valiente mundo nuevo. Épica, utopía y mito en la novela hispanoamericana. F.C.E. México 1990. Página 33.

12)   Pascal: Pensamientos. Editorial Losada. Buenos Aires. 1977. Página 204.

13)   Colin y Capitant: Derecho Civil. Editorial Reus, 1960. Tomo III, página 863.

14)   Von Ihering, Rudolph: citado por Luís Recasens Siches en: “Nueva Filosofía de la interpretación del Derecho”. Editorial Porrúa, México. 1973. Páginas 38 y 39.

 

OTRAS OBRAS CONSULTADAS:

 

1)  Crítica de la Razón Pura: Immnanuel Kant. Biblioteca Sopena. 1945.

2)  Derecho y conducta: Sonia Rojas Veldebenito. Editorial Jurídica de Chile. 1961.

3) Teoría Pura del Derecho: Hans Kelsen. Editorial EUDEBA. Buenos Aires. 1960.

4) La Teoría Pura del Derecho. Cuatro conferencias en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de México. Josef L. Kunz. Imprenta Universitaria de México. 1948.

4) La Génesis del Derecho. R. Stammler: Espasa Calpe. Madrid, 1936.

5) Principes d’une realisation méthodique du droit privé. La théorie des élements génerateurs des droits subjetifs. Henri Motulsky. Librairie du Recueil Sirey. París, 1948.

 

 

Alejo Urdaneta es abogado venezolano, conocido también por su amplia obra en el ensayo, la poesía y la narrativa                   

 

El sociólogo Ulrich Beck analizará en Salamanca las “Democracias del siglo XXI”

 

(EFE)

 

Salamanca.-  El VII Encuentro Salamanca, que organiza la Fundación Sistema en colaboración con Caja Duero, contará con la presencia de destacados sociólogos y analistas, como Ulrich Beck, para analizar “Las Democracias del Siglo XXI” entre el 2 y el 5 de julio. El presidente de Caja Duero, Julio Fermoso (d), y el presidente de la Fundacion Sistema, José Félix Tezano, durante la presentación del VII “Encuentro Salamanca”, organizado por la Fundación Sistema que en la presente edición analizará “Las democracias del siglo XXI” y que se desarrollará entre el 2 y el 5 de julio en Salamanca.

 

El director de la Fundación Sistema, José Félix Tezanos, ha explicado que los debates “pretenden responder a una problemática muy viva del siglo XXI” porque la Democracia ha pasado por distintas etapas y “no debemos pensar que en el siglo XXI no habrá una nueva evolución, que no se puede perfeccionar”.

En ese sentido, ha insistido en que en la vida actual “todo progresa y la vida política debe progresar porque existe la sensación en los ciudadanos de que la Democracia funciona pero participamos poco, que hay decisiones importantes que no se sabe quién y cómo las toma”.

Tezanos ha asegurado que en la actualidad “tenemos más democracias en el mundo pero ¿son mejores?, las encuestas dan datos preocupantes porque la gente vota pero no se siente representado”.

Por ese motivo, el VII Encuentro Salamanca contará con la presencia de destacados expertos y sociólogos, como Ulrich Beck, catedrático de Sociología del Instituto de Munich, que será el encargado de abrirlas con una conferencia sobre la “Democracia cosmopolita”.

Las jornadas se han estructurado en cuatro paneles que versarán sobre los “Nuevos desarrollos de la Democracia política”, “Democracia, trabajo y economía” o “Democracia y los medios de comunicación social”, mesa que contará con la presencia del analista Dean Alger y un cuarto panel dedicado a la “Democracia en la esfera internacional”

El encuentro será clausurado por Josep Borrell, Alfonso Guerra, que realizará las conclusiones del encuentro, y por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Respecto a la aplicación práctica de las propuestas para mejorar la Democracia, Tezanos ha asegurado que los políticos actuales que están “instalados, tienden a la inercia pero para eso están los movimientos sociales y una ciudadanía más madura, formada y exigente” porque “es un problema de demanda y de ajuste en los cambios”.

Además, ha indicado que en España hay “necesidad de pensar más los escenarios futuro e improvisar menos” por lo que es bueno que “personas destacadas se dediquen a imaginar mundos mejores”, ya que en tiempos como los actuales “la economía requiere sentido común y racionalidad porque las decisiones políticas afectan mucho”.

Tezanos también ha destacado que los libros que recogen las ponencias de los Encuentros Salamanca “empiezan a conformar una biblioteca especializada de problemas del siglo XXI muy destacada porque año a año estamos anticipando escenarios de lo que va a ocurrir”.

Por su parte, el presidente de Caja Duero, Julio Fermoso, ha destacado que las jornadas siempre han tocado temas de “actualidad rabiosa, palpable y con temas que siempre han venido a poner el dedo en las llaga y que año a año han ido adelantándose a la actualidad

El Estado Social de Derecho

 

 

por Teódulo López Meléndez

 

Si no hay Estado de Derecho no existe  democracia, dado que ese Estado de Derecho excede a un simple conjunto de normas constitucionales y legales,  pues  involucra a todos los ciudadanos, no sólo a parlamentarios que legislan o a políticos que gobiernan. La existencia del Estado de Derecho se mide en el funcionamiento de las instituciones y en la praxis política cotidiana. El Estado de Derecho suministra la libertad para el libre juego de pensamiento y acciones y debe permitir las modificaciones y cambio que el proceso social requiera. El Estado de Derecho excede el campo de lo jurídico para tocar el terreno de la moral, pues existen derechos naturales inalienables. Así comprendido podemos hablar de un Estado Social de Derecho, pues comprende los derechos sociales de los cuales la población ciudadana es titular.

 

Es obvia, entonces, la relación entre derecho y política. El derecho emana de la voluntad de los ciudadanos y el gobierno, expresión de esa voluntad ciudadana, está limitado en su acción por los derechos que esa voluntad encarna. El logro del bien común es el objetivo genérico del derecho. El Estado de Derecho de origen liberal procuraba sólo la protección de los llamados “derechos negativos” (protección a la persona y a la propiedad) y negaba los “derechos positivos” (promoción de la persona, rompimiento de la pobreza, ataque a la desigualdad económica). Si bien la democracia es una forma jurídica específica no puede limitarse a garantizar la alternabilidad en el poder de las diversas expresiones políticas, sino que debe avanzar en la institucionalización de principios y valores de justicia social distributiva. El derecho, para decirlo claramente, es un fenómeno politizado pues dependerá del consenso alcanzado en democracia. En otras palabras los derechos sociales deben ser incorporados a los fundamentos del orden estatal mismo. Es esto lo que se llama Estado Social de Derecho y es lo que una democracia del siglo XXI debe profundizar permitiendo que se plasmen en las conductas políticas democráticas de todos los días  la mutabilidad y los desafíos relativos al bien común. Para ello debe crear canales donde fluyan las voluntades y se encaucen los procesos de desarrollo de las personas que constituyen todas el entramado democrático. Se requiere, pues, de una cultura política de la legalidad vista como la convicción de que no basta la existencia de un Estado de Derecho para que pueda hablarse de una sociedad justa, pero la sociedad justa sólo es perseguible en un Estado de Derecho. Al igual que debemos admitir que es en democracia donde se puede proceder a distribuir la riqueza social.

 

La democracia está hecha de los materiales sociales que componen la sociedad dicha democrática. Las normas jurídicas no son legítimas sólo por su origen, fundamentalmente lo deben ser por sus efectos. El asunto es, pues, el, papel del derecho (Rule of law) en la fundación y regulación de la democracia. La Constitución es el consenso sobre una concepción de la vida colectiva. En muchas partes no existe un compromiso hacia las reglas del juego democrático encarnado en el derecho, ni por parte de las poblaciones ni por parte de las autoridades. El Estado de Derecho implica principios morales, jurídicos y políticos que deben tener eco en las decisiones judiciales que fomenten el respeto a las reglas fundamentales del juego político. Cuando no se puede intervenir para modificar los esquemas de iniquidad no estamos ante un real Estado de Derecho. Lo que hemos tenido no han sido democracias representativas sino democracias delegativas. Es indispensable entonces cerrar la brecha entre el orden jurídico formal y las formas y prácticas de la realidad. Hay que revalorizar el papel del derecho y de la legalidad haciendo reales los derechos fundamentales. Esto que podríamos llamar reinstalación del Estado de Derecho pasa por la modificación de la cultura política que necesariamente debe traducirse en mejores leyes e instituciones. Hemos tenido la mala costumbre de rellenar las constituciones de enunciados imposibles ampliando así la brecha entre realidad social y texto jurídico sin que hayamos hecho el esfuerzo de hacer subir desde el cuerpo social las nuevas formas y permitiendo el alzamiento de un autoritarismo constitucional. No olvidemos que los jueces deben ser la línea entre gobierno y ciudadanos.

  

Toda dominación política se ejerce bajo la forma de derecho y ello explica que hayamos dado como obviamente inseparables a derecho y política, pero como pertenecientes a diversas disciplinas. Ha sido Jürgen Habermas (La teoría de la acción comunicativa, Facticidad y validez, Escritos sobre moralidad y eticidad, entre otros) el que insistido en un  nexo interno y conceptual entre Estado de Derecho y democracia.

  

Hay que plantearse las formas de desarrollo de un discurso práctico en la acción política que cree condiciones sociales aptas mediante la institucionalización del discurso ético asumiendo el derecho los desafíos planteados a la política en el ámbito cultural y socio-político. Este es el nexo estrecho, dado que la complejidad social ha sometido a presión a los regímenes democráticos. Hay una “pluralización de las formas de vida y una individualización de las biografías” que imponen una multiplicación de tareas y roles sociales por lo que hay que liberarse de vinculaciones institucionales demasiado estrechas. Así surge el planteamiento de una democracia deliberativa. El ciudadano deja de ser un sujeto que simplemente expresa preferencias (por ejemplo electorales) para pasar a ser considerado un agente activo en la construcción del proceso político mediante la modificación del agotado concepto de opinión pública que pasa a ser una deliberativa. Habermas examina el concepto de “esfera pública” planteando todas las taras que ya hemos enumerado en otras partes, tales como massmedia definidos por el marketing, partidos degenerados, etc. para llegar a plantearse una solución que denomina “la racionalización del ejercicio de la autoridad política y social”, lo que no es posible en la democracia tal como la hemos conocido. Se plantea entonces una posibilidad de dominación de tipo racional, la posibilidad de reconstituir un principio regulativo que restituya a la razón en su dimensión ilustrada, la posibilidad de un entendimiento que se encuentra en la estructura de la interacción que los seres humanos poseen para solucionar sus conflictos.

  

El derecho estuvo sustentado en fundamentaciones religiosas o metafísicas, ya no, por lo que hay que buscar nuevas formas de legitimación para el derecho positivo, dado que este no es una mera administración institucionalizada sino un control que busca resolver los conflictos sociales en procura de un eventual consenso. Habermas comenzó por plantearse un neocontractualismo, la ética de la compasión y la ética del discurso. Sin detenernos aquí es obvio que las normas jurídicas son medios para obtener consecuencias o resultados políticos. La legitimidad de este derecho positivo no se funda sólo en la moral sino también en la racionalidad de los procedimientos jurídicos, tanto de fundamentación como de aplicación. Entran en escena así las leyes electorales y los procedimientos legislativos, pero aún insuficientes pues  así está en el juego solo una pequeña porción de la vida pública. Se dirige Habermas a plantear una racionalidad procedimental de tipo ético, tema de desarrollo indispensable para la conformación de la idea de una democracia del siglo XXI. Es evidente que el derecho y la política deben procurar la reconstitución de una integración social rota por las diferencias mediante un complejo proceso de mediación social que pasa por las tensiones entre “hechos y normas” o entre “facticidad y validez”. Partiendo del derecho y de su relación con la democracia habría que concluir, como ya lo he asomado en trabajos anteriores, que la democracia es permanente autoprofundización.

  

Habermas acepta que las condiciones económicas y políticas pueden ser controladas en la misma medida en que se fortalecen las expresiones de una razón comunicativa, el espacio público, una política que contempla la deliberación participativa de los ciudadanos, más allá de la lógica instrumental o estratégica (propia de los subsistemas dinero y poder); sin embargo, es necesaria una intersubjetividad comunicativa no mediatizada opuesta a la lógica que prima en los dos subsistemas que amenazan con colonizarlo: el sistema económico y el político. En Teoría de la acción comunicativa (1981) asoma que el derecho puede tener el rol de aparecer como la mediación que cataliza las manifestaciones o reclamaciones ético/morales y políticas. Esto es, el derecho y la democracia se manejan en un nuevo paradigma de derecho fundado en el principio de la discusión

  

Una cosa es el Estado de Bienestar (seguridad social, tributación progresiva, políticas fiscales y monetarias, etc) y otra cosa el Estado Social de Derecho. El primero implica conceptos de política económica y social, pero el segundo implica una forma sucesora del Estado Liberal de Derecho, lo que de ninguna manera implica una contradicción sin salida. El primero es un conjunto de políticas para imponer correctivos a las injusticias generadas en el sistema capitalista. El segundo implica la imposición de una dirección al proceso histórico, esto es, el avance en la búsqueda de la equidad social, la protección de los débiles económicos y, por supuesto, generar riqueza por medio del desarrollo integral, pues para que haya que repartir hay que producir.

  

De esta manera el propósito fundamental del Estado es perfeccionar la democracia, entendida también en sus aspectos jurídico y económico. Esto implica, a mi entender, una reformulación general de principios y una nueva concepción de los derechos fundamentales. Así, he insistido en que la teoría aceptada de que la soberanía radica en el pueblo debe ser cambiada por otra que implique su residencia en el hombre que la ejerce a través del pueblo. Esto evitaría la más feroz de las dictaduras, la ejercida por la mayoría, y colocaría a los derechos humanos en el primer plano de la teoría y de la acción. El Estado Social de Derecho al incentivar la organización social crea nuevos intermediarios entre el poder y la sociedad. Esa organización constituye poder político que se incorpora, de facto, al grupo de división constitucional de poderes.

  

Ello implica la consagración legal de la descentralización, pues facilita la inclusión y el control; la sujeción del mercado al bien común y la inclusión de lo privado en el atributo del Estado sobre lo público de manera que este ámbito se convierta en un terreno de intereacción sobre propuestas y decisiones donde el Estado pierde el monopolio. Desarrollar en todos los ámbitos y a plenitud el Estado Social de Derecho es una de las preocupaciones fundamentales que deberá tener una democracia del siglo XXI.

 

La actividad legislativa en el Estado Social de Derecho

 

 

 

 

por Ángeles Galiana Saura

 

(Universidad Rovira i Virgili)

 

 

I.- Introducción

 

Las siguientes páginas tienen como objeto la transformación que se efectúa en la mentalidad legislativa tras el advenimiento del llamado Estado Social de Derecho, cuando, y a diferencia del Estado Liberal de Derecho, los poderes públicos pasan de ser espectadores a ser protagonistas de la vida económica, de modo que el Estado no tiene como única función garantizar el orden público, el cumplimiento o la aplicación de la ley, sino que su intervención en la economía y en la sociedad se basa fundamentalmente en la capacidad de prestar unos servicios públicos adecuados a los administrados. De esta forma la regulación jurídica penetra en diversos aspectos de la actividad económica, cultural, profesional, etcétera, y por tanto supone la extensión de la normatividad a esferas antes exentas o confiadas al espontáneo acuerdo de los particulares.

 

En el modelo de Estado Social se transforma la concepción del Derecho, de forma que éste asume funciones distributivas y promocionales que van a variar su estructura dadas ” las nuevas técnicas de control social que caracterizan la acción del Estado Social de nuestros días y la distinguen profundamente de la del Estado liberal clásico: el empleo cada vez más difundido de las técnicas de alentamiento junto a, o en sustitución de las tradicionales de desalentamiento” (1). De manera que comienza a abandonarse la imagen tradicional del Derecho como ordenamiento protector-represivo; junto a ella aparece también la función promocional mediante técnicas de alentamiento que tienden no sólo a tutelar, sino también a provocar el ejercicio de actos conformes al Derecho. La introducción de la técnica del alentamiento refleja un verdadero cambio en la función del sistema normativo en su conjunto (2), en el modo de realizar el control social; traza el paso de un control pasivo, que se preocupa más de desfavorecer las acciones nocivas que de favorecer las ventajosas, a un control activo que se preocupa de favorecer las acciones ventajosas más que desfavorecer las nocivas (3).

 

 

 

II.- La transformación en la concepción de la ley

 

Las nuevas funciones que incumben a los poderes públicos en el Estado Social afectan a la posición de la ley en el conjunto del ordenamiento, reflejo de una reordenación de la relación entre los poderes y de la relación legislación-administración, donde el principio de legalidad del Estado liberal resulta atacado tanto por una situación general de desregulación, mediante la ampliación de la potestad reglamentaria de la Administración y de la potestad legislativa por parte del Ejecutivo, como por la regulación detallada de la Ley en aspectos cada vez más concretos.

 

Como resulta evidente, este hecho conllevará la quiebra del clásico principio de división y separación de poderes proclamado por Montesquieu, entendido en sentido estricto (4). Ya no hay coincidencia entre la estructura y función del mismo órgano legislativo (el Parlamento), puesto que la legislación en muchos aspectos se ha convertido también en obra del poder ejecutivo. La presencia de un “poder ejecutivo legislador” erosionará el prestigio del Parlamento y supondrá el desplazamiento del Estado legislador por el Estado administrativo. La administrativización de la función legislativa coincide, además, con la deslegalización de amplios sectores normativos a través de técnicas diferenciadas (delegación legislativa, decretos ley, etc) de tal manera que la norma estatal escapa a las fronteras legislativas.

 

Así, si el siglo XIX fue el de la codificación, el nuestro ha sido definido con acierto por Irti como “la edad de la descodificación (5)”. Tal y como advierte Vidal Gil, parece que hoy asistimos a la fragmentación y a la ruptura de la unidad que los códigos construyeron en el pasado siglo. El tránsito del Estado liberal burgués al Estado intervencionista supuso, entre otros factores, una primacía del derecho público sobre el derecho privado, relegando el papel de los códigos “poco menos que a reliquias del pasado, en beneficio de las leyes marco, las leyes programa, leyes plan y similares” (6).

 

Está claro, por tanto, que el Estado Social de Derecho ha producido un cambio profundo en la actividad legislativa. Las diversas formas de incidencia legislativa sobre la economía y el mercado de trabajo y la presencia creciente de los órganos administrativos en diferentes sectores de la sociedad civil remiten a una nueva configuración del instrumento legislativo, de manera que la ley contemporánea incorpora cada vez más medidas tendientes a regular las relaciones socio-económicas de sus destinatarios (7), con lo que asume poco a poco un decidido “carácter contractual”, y se transforma, así, de general y abstracta, en individual y concreta. Zagrebelsky encuentra la razón de la actual desaparición de las características “clásicas” de la ley en “los caracteres de nuestra sociedad, condicionada por una amplia diversificación de grupos y estratos sociales que participan en el mercado de las leyes. Dichos grupos dan lugar a una acentuada diferenciación de tratamientos normativos, sea como implicación empírica del principio de igualdad del llamado Estado social (para cada situación una disciplina adecuada a sus particularidades), sea como consecuencia de la presión que los intereses corporativos ejercen sobre el legislador” (8).

 

En el acto de creación legislativa intervienen numerosos sujetos sociales particulares (grupos de presión, sindicatos, partidos,…) lo que conlleva una relación de fuerzas, de forma que las leyes son “pactadas” y que, para conseguir el acuerdo político y social al que aspiran, pueden llegar a ser contradictorias, caóticas u oscuras. Cobran así protagonismo los agentes sociales que dotan el ordenamiento jurídico de reglas condicionadas a la relación de fuerzas, normas contractuales al servicio de intereses particulares o sectoriales, esas leyes ” no tienen la fuerza vinculante de la Constitución, sino del previo acuerdo de los grandes grupos organizados” (9). De esta manera, la fuerza obligatoria de la ley ya no deriva del Estado, sino del consenso de las partes interesadas (10).

 

El Derecho cada vez se usa más como un instrumento para la consecución de objetivos políticos, con lo que los procedimientos para la redacción y promulgación de las normas jurídicas no pueden analizarse únicamente en el sentido discursivo parlamentario de toma de decisiones públicas (clásico desde la proclamación del Estado Liberal de Derecho), sino que aparecen, como señala Tuori, otros tipos de procedimientos que se usan cada vez con más frecuencia: el procedimiento estratégico y el instrumental de creación de normas jurídicas. El primero de ellos es el que se emplea en las decisiones que se basan en compromisos entre grupos representantes de intereses particulares (un ejemplo lo pueden constituir los convenios colectivos de trabajo); el procedimiento instrumental será el que se fundará en una relación medio-fin (11).

 

El carácter de abstracción y generalidad de la ley en el Estado Liberal derivaba de la necesidad de instituir la igualdad formal de los sujetos destinatarios de la norma y de establecer el necesario ámbito de libertad para la materialización del comercio. El tránsito hacia un Estado intervencionista comportará el cambio del concepto de ley general a otras formas legales más concretas (12). El Derecho del Estado se expande, en general, con la producción de normas especiales, que, tal y como señala Irti (13), conforman micro-sistemas, es decir, conjuntos de normas concretas que, promulgadas para particulares instituciones o clases de relaciones, se enlazan en principios comunes de regulación.

 

De esta manera, dos valores superiores del ordenamiento jurídico son puestos en entredicho: la seguridad y la igualdad. El principio de seguridad jurídica se configura como uno de los pilares básicos del Estado de Derecho que, tal y como afirma Pérez Luño (14), se concreta en exigencias objetivas de: corrección estructural (formulación adecuada de las normas del ordenamiento jurídico) y corrección funcional (cumplimiento del Derecho por sus destinatarios y especialmente por los órganos de su aplicación). Junto a esa dimensión objetiva, la seguridad jurídica se presenta, en su acepción subjetiva -encarnada por la certeza del Derecho- como la proyección en las situaciones personales de las garantías estructurales y funcionales de la seguridad objetiva, para ello se requiere la posibilidad del conocimiento del Derecho por medio de su publicidad (15).

 

En este aspecto se ha de tener en cuenta que ni la numerosa cantidad de normas promulgadas, ni la rapidez con la que se legisla, justifica en modo alguno que exista merma de claridad, rigor o de coherencia, toda vez que las contradicciones e imprecisiones de las normas constituyen ataques al principio de seguridad jurídica.

 

La necesaria transparencia del sistema normativo, que es presupuesto básico de la certeza del Derecho, se ve suplantada por su creciente opacidad: el Derecho positivo resulta inaccesible incluso para los propios especialistas, resquebrajando el valor seguridad jurídica al permanecer normas inoperantes por falta de información, situación que puede ser calificada como de “decadencia de la seguridad jurídica” (16). Por este motivo la técnica legislativa ha de encargarse no sólo de los aspectos meramente formales (17), sino de calidad material, de elaborar leyes susceptibles de ser cumplidas (18).

 

Por su parte, la igualdad se ve comprometida por la naturaleza particular de las normas jurídicas; la antigua generalidad y abstracción de los códigos, pensada como garantía de igualdad, cede paso ante regulaciones pormenorizadas y sectoriales, de forma que la ley ya no se refiere al “ciudadano” como destinatario indiferenciado de su regulación, sino a amplios grupos sociales (parados, empresarios, trabajadores asalariados, etc.).

 

III.- La complejidad del ordenamiento jurídico

 

Pero los problemas que afectan a nuestro ordenamiento jurídico no derivan únicamente de la mala calidad de cada norma considerada de forma aislada, sino también de la extraordinaria complejidad de nuestro ordenamiento, y ésta es consecuencia de dos circunstancias: de un lado, la superabundancia de normas o hipertrofia normativa; de otro, la diversidad de fuentes normativas, la proliferación de centros de producción normativa. Pasaré a continuación a ver con más detalle estas circunstancias.

 

III.1.- La hipertrofia normativa

 

En primer lugar, la proliferación excesiva de normas es un fenómeno derivado de la naturaleza intervencionista del Estado social de Derecho.

 

El fomento, la prestación de servicios públicos y la ordenación de actividades, como consecuencia de la transformación de las tareas del Estado, conduce inexorablemente a una producción normativa masiva dado que las normas cumplen la función de ser el medio de intervención de los poderes públicos. Por este motivo, el fenómeno cuantitativo de sobrenormación que parece imparable debe ser completado con una mejora en su aspecto cualitativo.

 

La excesiva producción normativa es la causa directa de la defectuosidad de las normas, de su imprecisión técnica, de lo que Viandier llama una “crisis de la legislación” (19), e incluso de su posible incoherencia.

 

Se critica no solamente la urgencia con la que hoy se legisla, sino que la producción legislativa, tal y como afirma Muñoz Machado, ha ido “formando poco a poco una masa, cada vez menos inteligible, dentro de la cual los aplicadores de las normas no pueden desenvolverse con facilidad ni discernir sin esfuerzo cuál es el derecho aplicable a un hecho, relación o situación jurídica determinados” (20). El crecimiento incontrolado y desordenado del material normativo conlleva como consecuencia la inmediata dificultad para conocer cuál es el Derecho aplicable, y más aún, cuál es el Derecho vigente (21).

 

La extensión de la legislación ha alcanzado ya límites que hacen insuficiente el tradicional medio de información, es decir, la imprenta: aunque se sepa que todas las normas jurídicas son impresas, de hecho se hace cada vez más difícil localizar la norma que interesa. Esta dificultad aumenta la confusión legislativa, porque el primero en sufrir sus consecuencias es el órgano legislativo, el cual, en el momento de dictar una norma no está en condiciones de indicar taxativamente cuáles son las normas anteriores que deroga (22).

 

No es suficiente con la promulgación de la norma para que ésta cumpla su función, sino que además debe ser conocida por sus destinatarios (23), por lo cual ha de ser publicada (24). Pero no sólo esto, sino que además debe ser “comprensible” o comunicativa.

 

Sin embargo, la publicación de una ley hoy en día no es garantía de su conocimiento debido a la complejidad de nuestro ordenamiento jurídico en el que se superponen normas sin determinar las derogaciones expresas; se promulgan normas en exceso, produciendo antinomias, redundancias, etc., lo que da lugar a que el principio de “ignorantia iuris non excusat” deba ser entendido, como afirma Frosini, “en el sentido de que la ignorancia de las leyes por parte de quien está obligado a cumplirlas no le exime de la aplicación de las consecuencias legales que determina el magistrado, que es quien conoce la ley”. (25)

 

El Derecho proporciona seguridad cuando se puede saber con certeza cuál es la zona de actuación legal. Por ello, E. Díaz señala que una importante tarea de política legislativa a la que se debería prestar más colaboración sería la de “perfeccionar al máximo esa información con una suficiente difusión que reduzca al mínimo la ignorancia del Derecho; y la de incrementar las posibilidades para una mayor comprensión de aquél, con un aumento de la formación jurídica general, haciéndolo, a su vez, más asequible para todos (construyendo, por ejemplo, un lenguaje más apto para la comunicación, un lenguaje que no pierda por ello el rigor y la coherencia lógica que, al propio tiempo, debe poseer el lenguaje técnico de los juristas). También una mejor enseñanza del Derecho para los profesionales del mismo en las Facultades universitarias- puede contribuir eficazmente a esa tarea” (26).

 

Esta situación se traduce en un menoscabo de la eficacia del ordenamiento jurídico, muchas de cuyas normas permanecen de facto inoperantes por falta de información, y amenaza seriamente el principio de la seguridad jurídica. El flujo incesante de normas, cuyo conocimiento es imprescindible para un adecuado funcionamiento del sistema jurídico, hace casi imposible su discernimiento incluso para los propios especialistas (27). La ley ya no es fruto de la voluntad política representativa de la voluntad general, sino obra de los técnicos de la Administración. Los economistas y científicos expertos desplazan al jurista en el momento de la legislación (28).

 

III.2.- La pluralidad de fuentes normativas

 

Por otra parte, la segunda circunstancia apuntada que da lugar a la complejidad del ordenamiento jurídico es la concurrencia de diversidad de fuentes normativas. Se puede afirmar que la internacionalización de la vida económica, social y política y los procesos de descentralización política obligan a los Estados a transferir competencias a organizaciones tanto supraestatales como infraestatales (29). Se configuran centros de poder alternativos y concurrentes al del Estado, tanto a nivel interno como externo.

 

Pero no sólo esto, sino que se consideran como órganos creadores de normas no únicamente a los legisladores, sino también a todos aquellos operadores jurídicos que actúan en la sociedad a través del Derecho: jueces, funcionarios de la Administración, etcétera. La ampliación de los sujetos formalmente habilitados o de hecho llamados a participar en el proceso de formación de la norma están en gran parte determinados por el hecho de que la producción legislativa incide directamente en la distribución de rentas y recursos y tiene unos efectos directos e inmediatos en estos planos (30).

 

 

 

IV.- Conclusiones

 

El aumento creciente de las funciones del Derecho amenazan la caracterización de un Derecho racional y formal, tal y como lo concibió Weber, es decir, como aquél que genera previsibilidad al ordenar la conducta mediante normas generales y abstractas dictadas por órganos prestablecidos por el propio Derecho (31).

 

Abandonada ya, con el Estado social, la abstención de los poderes públicos en las relaciones económico-sociales, se acentúa un tipo de racionalidad, no desconocida antes, pero que cobra particular importancia: la racionalidad práctica, donde el sistema jurídico es contemplado como un instrumento para alcanzar ciertos fines sociales. Así, junto a las normas de tradición liberal que garantizan los poderes de los particulares frente al Estado, se pueden encontrar ahora normas de finalidad, leyes no ya concebidas como reglas instrumentales, sino que indican los fines a perseguir. Las leyes de principios son normas concretas ordenadas al cumplimiento de unos fines y de unos objetivos, esto es, leyes medida.

 

De forma que, mientras en la racionalidad formal la eficacia se mide por el seguimiento del cumplimiento de las normas, la racionalidad práctica tendrá en cuenta para ello el logro de resultados o la consecución de fines.

 

Se busca la utilidad y eficacia política de la norma, tanto en su proceso de gestación como en su resultado. Se considera que el orden jurídico no puede quedar ajeno al sistema de producción e intercambio, a la garantía de mínimos existenciales o a la atención de ciertas necesidades sociales. El Derecho debe asegurar la realización efectiva de los derechos (32), y no únicamente su reconocimiento.

 

La lógica promocional de los derechos en el Estado del Bienestar implica activamente a las autoridades públicas, de manera que el Derecho pasa de ser un sistema normativo formal compuesto por reglas cuyo cometido consiste en orientar directamente la conducta de los miembros de la sociedad, a regular cada vez con más intensidad el establecimiento y puesta en marcha de una estructura burocrática suficiente, orientada a conseguir la realización de fines sociales.

 

Por eso, la calidad de una norma no depende únicamente de su formalización, sino también y de forma esencial de su capacidad para lograr los objetivos que constituyen su razón de ser. De este modo el contenido regulativo de la norma debe buscarse en estricta conexión con su adecuación a la posterior ejecución y con los efectos que con ella se persiguen.

 

NOTAS

 

1.Vid. BOBBIO, N., Contribución a la teoría del Derecho. Ed. y trad. de A. Ruiz Miguel. Debate, Madrid, 1990, pág. 372.

 

El autor define el “desalentamiento” como “aquella operación con la que A trata de influir el comportamiento no querido (no importa si comisivo u omisivo) de B obstaculizándolo o atribuyéndole consecuencias desagradables”, y “alentamiento” como “aquella operación con la que A trata de influir el comportamiento querido (no importa si comisivo u omisivo) de B facilitándolo o atribuyéndole consecuencias agradables”. Ibid., pág. 382.

 

 

2. Desequilibrando la posibilidad de hacer frente a la de no hacer en el caso de actos permitidos, haciendo particularmente atractivos los actos obligatorios y particularmente repugnantes los prohibidos”. Vid. BOBBIO, N., Ibid., pp. 380-381.

 

 

3. Se puede alentar, tal y como indica Bobbio, bien interviniendo en las consecuencias del comportamiento, bien interviniendo en las modalidades, en las formas, en la condición del comportamiento mismo; es decir, existen dos operaciones de alentamiento: la sanción positiva, bajo forma de recompensa, posterior a un comportamiento realizado; o la facilitación que precede o acompaña al comportamiento que se pretende incentivar. Ibid., pág. 382.

 

 

4. En este sentido CANO BUESO considera que la separación radical entre Ejecutivo y Legislativo es un principio inaplicable e inexistente en la organización política de nuestros días. Hoy, más que una colaboración de poderes en equilibrio inestable, lo que existe es una división del trabajo, un reparto de papeles, una distribución de funciones. De este modo afirma que el poder político jurisdiccionalmente controlado y parlamentariamente limitado es la forma democrática del Estado constitucional de nuestros días. Cfr. en “Cuestiones de técnica jurídica en el procedimiento legislativo del Estado Social”, en VV.AA., La técnica legislativa a debate. Tecnos, Madrid, 1994, pág. 208 .

 

 

5. Vid. IRTI, N., La edad de la descodificación. Trad. de L. Rojo Ajuria. José Maria Bosch editor, Barcelona, 1992.

 

 

6. Cfr. VIDAL GIL, E., “Ilustración y legislación. Los supuestos ideológicos, jurídicos y políticos”. Anuario de Filosofía del Derecho, VI, 1989, pág. 208.

 

 

7. En el Estado social aparecen otros tipos de normas, que AARNIO ejemplifica como: normas que definen “metas”, y no exactamente los medios, que se utilizan para la planificación de políticas (especialmente en el campo de la asistencia social); normas de “recursos”, que otorgan posibilidades financieras a la Administración sin ninguna prescripción acerca de cómo debe asignarse el recurso; y, asimismo, todo tipo de “cláusulas generales” y normas con “textura abierta”, que tratan de producir justicia material. Cfr. en Derecho, Racionalidad y Comunicación social. Ensayos sobre Filosofía del Derecho. Trad. de Pablo Larrañaga. Fontamara, México, 1995, pág. 43.

 

 

8. Vid. ZAGREBELSKY, G., El Derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Trad. de Marina Gascón. Trotta, Madrid, 1995, pág. 37.

 

 

9 Vid. IRTI, N., La edad de la descodificación. Cit. pág. 38.

 

 

 

10 De forma que se puede afirmar con IRTI que el contrato social se convierte en cotidiana y práctica realida d. Ibid., pág. 133.

 

 

 

11. Cfr. TUORI, K., “Ética discursiva y legitimidad del Derecho”. Trad. de Josep Aguiló. DOXA. Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 5, 1989, pp. 51-52.

 

 

12. La ley clásica del Estado liberal de Derecho “legisla sobre una continuidad inmutable y típica y por ello se podía mantener esos caracteres de generalidad; desde su propia externidad actúan las relaciones de intercambio, en base a rasgos formales, el contenido de la ley no es algo a considerar”. Vid. MAESTRO BUELGA, G., “Negociación y participación en el proceso legislativo”. Revista de Derecho Político, núm. 32, 1991, pág. 78.

 

Por el contrario, las leyes especiales “edifican, junto a las solemnes arquitecturas de los códigos, otro derecho: más cambiante y efímero, pero portador de exigencias y de criterios de regulación desconocidos por el viejo sistema”. Vid. IRTI, N., La edad de la descodificación. Cit., pág. 22.

 

 

13. Cfr. IRTI, N., La edad de la descodificación. Cit., pág. 59.

 

 

14. Cfr. PÉREZ LUÑO, A. E., La seguridad jurídica. Cit., pp. 21-27.

 

15. Respecto a las condiciones de corrección estructural, Pérez Luño señala las siguientes: lex promulgata. La promulgación es esencial a la ley para llegar al conocimiento de los destinatarios y condición necesaria para su cumplimiento; lex manifesta, que significa que las normas sean comprensibles, evitando expresiones oscuras, equívocas o ambiguas, que puedan confundir a sus destinatarios; lex plena, evitando las lagunas, pues un ordenamiento con vacíos normativos incapaz de colmarlos incumpliría el objetivo que determina su razón de ser: ofrecer una solución con arreglo a Derecho a los casos que plantea la convivencia humana; lex stricta, reservando la ley para las normas generales y abstractas promulgadas por el Parlamento; lex previa, esto es, seguridad en la vida social al posibilitar la previa calculabilidad de los efectos jurídicos de los comportamientos; y, lex perpetua, que otorga estabilidad. Ibid., pp. 23-26.

 

 

16. Ibid., pág. 46.

 

 

17. La seguridad jurídica en un Estado compuesto no puede limitarse a considerar sólo al ciudadano. Si no se asegura también a los diferentes entes públicos con capacidad normativa una certeza mínima pero amplia en cuanto al ámbito de esa capacidad, difícil será que en el momento de aplicación de las normas pueda el correspondiente operador jurídico determinar a ciencia cierta la norma aplicable siendo, por ende, casi utópico, pensar que el ciudadano pueda conocer cuál es su situación frente al Derecho. El primer parámetro para medir la corrección formal de la producción normativa habrá de ser la seguridad jurídica. Vid. TUDELA ARANDA, J. “La legitimación competencial de las leyes y la técnica normativa” en La técnica legislativa a debate, cit., pp. 88-89.

 

 

18. En este sentido, OSÉS ABANDO, cree que debe propugnarse una Ciencia de la legislación, que en países como Alemania van alcanzando desde hace tiempo una coherencia conceptual común que incluye la forma pero también el fondo de la ley, y su realización tanto en su etapa constitutiva como en la operativa posterior de la norma. Cfr. “El control del cumplimiento de las normas”, en La técnica legislativa a debate, cit., pág. 289.

 

 

19. Según sostiene este autor, es una afirmación convenida que la técnica legislativa está en crisis: las leyes son oscuras, frecuentemente ineficaces, su calidad se degrada cada vez más. También, se ha de tener presente que la corrupción de la técnica legislativa se agrava debido al envejecimiento de los grandes códigos del siglo pasado, así como por los numerosos y graves problemas de funcionamiento del proceso legislativo (como, por ejemplo, la lentitud excesiva para la adopción de textos solamente técnicos, contrastada con la precipitación para la adopción de textos solamente políticos, la ausencia de programación legislativa, etc.). Las causas y remedios a esta crisis no son fáciles de hallar, entre otras razones porque lo que Viandier ha llamado el “crepúsculo del arte legislativo” atiende a dos perspectivas diferentes: la que se refiere al propio procedimiento legislativo y la que atiende a los aspectos formales de la ley (estructura, vocabulario, estilo, etc); por eso propone una explicación parcial del fenómeno en las siguientes causas:

 

– El encuadramiento de la legislación dentro del movimiento de conquista de la justicia social, que supone que el legislador asume e intenta conseguir las reivindicaciones solicitadas por los diferentes grupos de interés sociales. Intervencionismo y democratización social alimentan la inflación legislativa.

 

– Las creación de oficinas o ministerios técnicos (finanzas, medio-ambiente, urbanismo,…), que significa que las leyes se elaboran por los técnicos que ven la norma jurídica como una variedad de las normas técnicas.

 

– El arcaísmo de la preparación de las leyes: no hay estudios de factibilidad, ni evaluación de las incidencias, ni experimentación, ni balance coste-beneficios,…

 

Cfr. VIANDIER, A., “La crise de la technique législative”, en Droits. Revue Française de théorie juridique, núm. 4, 1986, pp. 75-79.

 

 

20. Cfr. MUÑOZ MACHADO, S., Cinco estudios sobre el poder y la técnica de legislar. Civitas, Madrid, 1986, pág. 16.

 

 

21. Para impedir la inseguridad sobre lo que es o no Derecho, debería determinarse en la norma misma una tabla de vigencias y de derogaciones. Sería conveniente, tal y como propone SAINZ MORENO, que se formularan al respecto directrices de técnica legislativa, dirigidas a lograr que los cambios que se producen en el ordenamiento por incorporación de nuevas normas, modificación de las existentes, derogación, suspensión o nulidad de éstas, se realicen con la mayor precisión posible, acompañados de disposiciones transitorias o de acoplamiento. Cfr. en “Técnica normativa: visión unitaria de una materia plural”, en VV.AA., La técnica legislativa a debate. Cit., pp. 35 y ss.

 

 

22. Hoy en día comienzan a cobrar importancia destacada los estudios sobre la aplicación de los ordenadores en el campo del Derecho. Se considera que la aplicación de técnicas de información automatizada será el futuro de una buena técnica de la legislación mediante la conversión, archivo y transmisión de las palabras de la ley al lenguaje informático. A través del uso de sistemas de automatización informática, la proliferación legislativa probablemente no será eliminada, pero sí al menos racionalizada; para ello es necesario que el órgano legislativo indique claramente a qué normas viejas sustituyen las nuevas y en base a estas últimas se corregirá el programa, generando certeza jurídic a Cfr. LOSANO, M., Los grandes sistemas jurídicos. Trad. de A. Ruiz Miguel, Debate, Madrid, 1982, pp. 343-344.

 

Para un análisis más exhaustivo sobre informática jurídica véase LOSANO, M., La informática y el análisis de los procedimientos jurídicos. Trad. de A. Elvira. Cuadernos y Debates. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991.

 

 

23. El sentido de la ignorancia del derecho en la sociedad democrática no es otro que el de garantizar la validez y eficacia del Derecho, que no se hallará supeditada a pretextos de su desconocimiento por parte de sus destinatarios. Cfr. PÉREZ LUÑO, A.E., La seguridad jurídica. Cit., pág. 77.

 

24. Sobre la publicación de las normas se puede consultar BIGLINO CAMPOS, P., La publicación de la ley. Tecnos, Madrid, 1993; así como SALVADOR CODERCH, P., “La publicación de las leyes”, en GRETEL, Curso de Técnica Legislativa. Cuadernos y Debates, núm. 14, Madrid, 1989, pp. 201-230.

 

25. Vid. FROSINI, V., La letra y el espíritu de la ley. Trad. de Carlos Alarcón Cabrera y Fernando Llano Alonso. Ariel, Barcelona, 1995, pág. 45.

 

 

26. Vid. DÍAZ, E., Sociología y Filosofía del Derecho. Taurus Humanidades, 2ª edición, Madrid, 1992, pp. 39-41.

 

27. En este sentido se ha pronunciado S. SIMITIS, afirmando que “la mutación estructural de la producción jurídica y el número siempre creciente de disposiciones anulan, en primer término, cualquier posibilidad de conocer con precisión las normas de comportamiento jurídicamente vinculantes que regulan la vida de los individuos. Incluso donde se consigue contar con sólidos indicios, queda siempre abierta la posibilidad de conflicto con otras disposiciones no conocidas. Opacidad e incertidumbre han devenido, por tanto, atributos evidentes del ordenamiento normativo”. Vid. “Crisis de la información en el Derecho y sistemas automatizados de documentación jurídica”. Trad. de A.E. Pérez Luño, en VV.AA., Problemas actuales de la documentación y la informática jurídica. Dirigido por A.E. Pérez Luño. Tecnos, Fundación Cultural Enrique Luño Peña, Madrid, 1987, pág. 54.

 

28. Cfr. ATIENZA, M., Contribución a una teoría de la legislación. Civitas, Madrid, 1997, pp. 61 y ss.

 

Es por este motivo que CHARBONNEAU considera que las normas técnicas acaban suplantando, o si no al menos complementando, a las normas jurídicas. Un claro ejemplo lo constituye el Derecho del medio ambiente, donde hoy en día la mayor parte de los textos reglamentarios son redactados por ingenieros, con un alto grado de tecnicismo. Cfr. en “Norme juridique et norme technique”, en Archives de Philosophie du Droit, XXVIII, 1983, pp. 283 y ss.

 

 

29. Vid. ZAPATERO, V., “Producción de normas”, en VVAA, El Derecho y la Justicia. Trotta, Madrid, 1996, pp. 161-162.

 

 

30. Cfr. MAESTRO BUELGA, G., “Negociación y participación en el proceso legislativo”, Cit. pág. 88.

 

 

31. Cfr. ATIENZA, M., “Enseñanza del Derecho e informática jurídica”, en VV.AA., Problemas actuales de la documentación y la informática jurídica. Cit, pág. 241.

 

 

32. Sobre este aspecto vid. DE LUCAS, J., y AÑÓN, M.J., “Necesidades, razones, derechos”, en DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 7, 1990, pp. 55 y ss.; AÑÓN, M. J., Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, pp. 308 y ss; así como AÑÓN, M.J y RUIZ SANZ, M., “Creación del Derecho y necesidades sociales”, en VV.AA., Derecho y Sociedad. Coord., Mª José Añón, Roberto Bergalli, Manuel Calvo y Pompeu Casanovas. Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, pp. 157 y ss.

 

Fuente: CUADERNOS ELECTRONICOS DE FILOSOFIA DEL DERECHO

 

 

 

 

El Estado democrático avanzado ante la teoría clásica del Estado

 

por Carlos Ruiz Miguel        

Profesor de Derecho Constitucional

 

I. Presupuestos teóricos.

1. Justificación del estudio.

2. Presupuestos teológico-políticos: la muerte de Dios.

3. Presupuestos filosóficos: crisis de la Modernidad.

4. Presupuestos históricos: el tránsito Estado de Derecho-Estado Social-Estado     Democrático.

II. Transformaciones en el Estado democrático avanzado.

1. Sistema de fuentes.

A. Concepto de ley. Contenido de la ley.

B. Primacía de la ley.

2. Representación.

A. Sistema electoral y legitimación.

B. Partidos políticos y Parlamento.

a. Tarea integradora.

b. Tarea visual-legitimadora.

3. Administración.

A. Sujeción de la Administración a los objetivos de la

norma.

B. Instrumentos de la acción administrativa.

III. El Estado democrático avanzado y la Constitución.

 

I/ PRESUPUESTOS TEÓRICOS.

 

1. Justificación del estudio.

 

Un análisis de las transformaciones del Estado democrático avanzado no está exento de la necesidad de justificarse. La razón de ello es que, dependiendo del marco conceptual del que se parta, un análisis de este tipo puede tener o no razón de ser.

 

Desde el planteamiento normativista puro o kelseniano no es dable al jurista enfrentarse a la crisis del Estado social (matriz del Estado democrático avanzado) desde la simple dicotomía entre teoría y realidad. Aunque hubiese una divergencia entre la norma y la realidad, para este planteamiento formalista sólo la norma, no la realidad, es relevante para el Derecho1, y para el Constitucional en particular, por lo que para el jurista sólo cabe evadirse de la crisis aceptando que la validez de las normas depende únicamente de argumentos internos al propio sistema jurídico.

 

Nosotros, sin embargo, partiremos de un marco diverso. En primer lugar debe advertirse el carácter tautológico de la proposición “la validez de las normas depende de argumentos internos al propio sistema jurídico”. Sin detenernos en este punto, sí son procedentes algunas observaciones. Como ha dicho Ibáñez, la verdad científica intenta articular dos pruebas, la prueba empírica (adecuación a la realidad) y la prueba teórica (coherencia del discurso). Ambas pruebas son paradójicas. Si es paradójico todo enunciado que se refiere a sí mismo, o autoreferente, es paradójica la prueba empírica porque implica medir la materia con instrumentos hechos de materia, y también lo es la prueba teórica pues requiere que haya que pensar el pensamiento o hablar del habla. De ahí que, para Ibáñez, la verificación de ambas dimensiones nos introduzca en un proceso de regresividad ilimitada (2). Ahora bien, consideramos aquí que, en la medida en que el pensamiento piense la realidad y no el pensamiento, la paradoja no se producirá. La realidad que pretendemos pensar es la del Estado actual.

 

En segundo lugar, y desde un planteamiento jurídico-constitucional, no podemos dejar de lado las aportaciones de ciertos autores. Para Heller, todo problema jurídico tiene sus raíces, de un lado en la sociología y del otro, mirando hacia arriba, en la esfera de lo ético-político. Por tanto, los problemas jurídicos no solamente pueden ser estudiados desde los puntos de vista causal y normativo, sino que, además, exigen que se efectúe este doble estudio (3). Por su parte, Smend, afirma que sin un conocimiento fundado de lo que es el Estado, no existe a la larga una teoría jurídica del Estado que resulte operativa ni tampoco un desarrollo satisfactorio del Derecho Constitucional mismo (4) de tal suerte que todo estudio jurídico-político tiene una dependencia respecto de la labor previa que realiza la Filosofía

 

Un ejemplo de proceso de regresividad como el reseñado es advertible en Popper, cuyo racionalismo postula como punto de partida una hipótesis irracional e indemostrada para evitar esa regresión ilimitada.

 

2. Presupuestos teológico-políticos.

 

Afirmaba Schmitt que todos los conceptos sobresalientes de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados (6). Los problemas del Estado democrático avanzado también pueden contemplarse desde esta perspectiva.

 

El Protestantismo minó determinados presupuestos teológicos católicos, aunque siguiera compartiendo el dogma básico del Cristianismo. El catolicismo se organiza de forma compacta, jerárquicamente. Esta jerarquía abarca todos los estratos humanos y aun la cúspide (el Papa) que a su vez se subordina a Dios (es Vicario). La jerarquía lleva consigo una disciplina y unos determinados principios: sumisión, obediencia, etc. Además existe un cuerpo de expertos encargados de conocer y difundir los dogmas (los sacerdotes) que se organiza en un aparato administrativo eclesial. Estos principios católicos han impregnado múltiples facetas de los sistemas jurídicos, administrativos y políticos de los Estados europeos, aun de los aconfesionales. Así, la Administración pública seguirá las pautas de la Iglesia organizándose jerárquicamente, mediante la participación de expertos conocedores de las leyes dictadas por la infalible voluntad general. El Protestantismo hasta cierto punto demolió este sistema a través del libre examen. Ello provocaría el abandono en buena medida de la figura del experto en dogmas y de la obediencia a las autoridades expertas, con lo que se abre paso a la interacción del libre pensamiento. Estos principios protestantes se secularizarán en Norteamérica principalmente.

 

El libre examen y la confianza que ello supone en el hombre llevaron a exaltar la figura humana y a subordinar lo divino o lo sagrado a las necesidades y apetencias humanas, relativizándose así el principio absoluto de la religión cristiana. Así es como se pudo llegar a hablar por Nietzsche (hijo de un pastor protestante) de la “muerte de Dios”. El tema será incluso asumido por la propia Teología protestante en la llamada “Teología de la muerte de Dios”.

 

Ibáñez ha advertido la importancia de este fenómeno. Para él, “cuando Dios vivía, la verdad, el bien y la belleza dependían de Su acuerdo (subrayado Ibáñez)7 y toda legitimación se fundaba en el acuerdo divino (8). Esto significa que en dicha situación existía una determinabilidad a priori de la verdad, del bien, de la belleza … o de lo racional-legal. Se podía hablar de una racionalidad a priori que sería asumida por el pensamiento de la Modernidad que partía de una concepción lógico-matemática del mundo que permitía el establecimiento de un orden desde arriba susceptible de ser expresado en leyes generales y permanentes.

 

Esta situación cambia, a juicio de Ibáñez, con la muerte de Dios. Si Dios ha muerto al no haber nadie que dé a los hombres su acuerdo, no les queda a éstos más remedio que ponerse de acuerdo entre ellos sobre lo que es verdadero, bueno o bello: es el consenso (9). En este nuevo contexto no es posible la determinación del orden a priori, sino que su establecimiento se hace por consenso. Si acaso, cabrá una racionalidad a posteriori del consenso. No sería aventurado decir que el Estado democrático avanzado surge en una situación histórica de muerte de Dios.

 

3. Presupuestos filosóficos: crisis de la Modernidad.

 

El paradigma filosófico de la Modernidad se fundamenta en un postulado básico: la separación de la res cogitans y la res extensa por obra de Descartes (10). Dicha separación e independización de la res cogitans es un corolario del principio teológico del libre examen. La escisión se radicalizará hasta considerar a la res extensa como algo absolutamente subordinado a la res cogitans. Desde esta perspectiva, surgirá el constructivismo racionalista que considerará a la res extensa como algo inerte y moldeable ilimitadamente por la res cogitans, esto es, por la Razón. Este esquema de pensamiento dominará la Modernidad y se manifestará de múltiples formas según cómo se llene de contenido a los conceptos de res cogitans y res extensa.

 

Por lo que respecta al Estado, como ha advertido Freund, es en Hobbes donde por primera vez ese enfoque cartesiano se proyecta sobre la teoría política (11). La consideración del legislador o gobernante como instrumento racionalizador (res cogitans) de la sociedad (res extensa), aparte de ser causa de la aparición de las ideologías y de las utopías, determinará, jurídicamente hablando, una determinada forma de entender el Derecho que, en su forma de Derecho intervencionista aparecerá como aquel sector del sistema jurídico que asume una capacidad de conformación inmediata de la realidad social12. Este tipo de Derecho de la Modernidad sería el que Nonet y Selznick llaman “Derecho autónomo” (autonomous law) que encuentra su apogeo en la dogmática formalista del Derecho público y su expresión en la racionalidad lógica weberiana y kelseniana (13). Este tipo de Derecho otorga al Estado autonomía para la conformación activa, desde arriba, de la realidad social (14).

 

Además de la escisión cartesiana, otros postulados caracterizarán a la Modernidad, combinándose con aquel. El optimismo antropológico y su corolario, la idea del progreso, el mecanicismo, la técnica, etc., configurarán este paradigma.

 

Sin embargo, la Modernidad experimentará sucesivas crisis que pondrán en tela de juicio sus principios: crisis teórica (que comienza con Nietzsche y Schopenhauer), que desembocará en la postmodernidad; crisis moral (Ausschwitz, Hiroshima, el Gulag), que cuestionará el optimismo antropológico; crisis de eficacia, que pondrá en tela de juicio su racionalidad; y crisis ecológica, que obligará a replantear la radicalidad de la escisión cartesiana buscando una nueva armonía con la naturaleza.

 

En este contexto de crisis, el Derecho intervencionista clásico también quedará afectado. Como advierte Porras Nadales el Estado social de Derecho sufrirá una triple crisis (15): crisis de legitimación (Habermas), crisis de sobrecarga (O’Connor) y crisis de reflexión del centro o de racionalidad (Luhmann). En efecto, asistimos a una grave y larga crisis del Estado social que afecta a todas sus estructuras: políticas, socio-económicas y jurídicas. Estamos viviendo una aguda y crítica etapa de transición de la civilización occidental de modo que el Estado, fruto de esa civilización, sufre intensamente esa crisis. La crisis de nuestra civilización no es producida por la crisis social del Estado, sino que ésta última es el efecto inducido por la primera, porque el Estado ha sido incapaz de responder satisfactoriamente, a los requerimientos de la sociedad (16). En lugar de escuchar a la sociedad, el Estado se ha dedicado a transformarla.

 

La imaginación jurídico-política burguesa parece haberse agotado. Conceptos como soberanía popular, representación política, separación de poderes, derechos del hombre, control de constitucionalidad, Estado de Derecho, etc., atraviesan una seria crisis, lo cual no significa que sean inservibles, sino que fueron concebidos para una época en la que las interrelaciones Estado-Sociedad civil fueron menos dificultosas. Urge, pues, como dice Luhmann, superar las teorizaciones jurídico-políticas pasadas. Nuestras instituciones son residuales y requieresn una

nueva reflexión política (17).

 

 

4. Presupuestos históricos: el tránsito Estado liberal-

Estado Social-Estado Democrático.

 

El Estado liberal-burgués de Derecho surge marcado por el más puro individualismo, resultado del influjo de la doctrina rousseaniana (18). El triunfo del Estado liberal va a significar que, si bien el Estado va a seguir desarrollando sus funciones políticas tal y como habían sido consideradas de modo clásico (19) (y además, en cierta medida, funciones morales), la Sociedad no va a poder continuar realizando las tareas sociales (beneficencia, asistencia a enfermos, a ancianos, etc.) que hasta entonces desempeñaban los diversos grupos sociales (gremios, congregaciones religiosas, etc.). La causa de esto va a residir en la profunda desagregación social que va a producir el Estado liberal triunfante. De una parte, se van a disolver las corporaciones y asociaciones laicas (como los gremios) (20). De otra parte, las sucesivas Desamortizaciones van a eliminar o ahogar las congregaciones religiosas y las asociaciones privadas de beneficencia (21). El Estado liberal burgués de Derecho, en definitiva, sólo aspira a enfrentarse a individuos aislados.

 

Ahora las necesidades sociales no podían ser cubiertas por nadie: ni por el Estado que se limitaba a la realización de sus cometidos políticos (Estado abstencionista), ni por la sociedad que había quedado desarticulada. Sin embargo, esas necesidades seguían existiendo y de forma cada vez más acuciante por mor del propio proceso de la revolución industrial. Esta situación de abandono fue el caldo de cultivo propicio para la aparición de las ideologías revolucionarias ahora antiburguesas, que tienen como documento emblemático el Manifiesto Comunista de 1848. La situación social se hacía insostenible. Fue entonces cuando la clara visión política de un político conservador, Bismarck, a finales del siglo XIX, conduce al establecimiento del Estado Social. Bismarck era consciente de que para salvar al Imperio de una revolución social que lo destruiría, era necesario que se satisficiesen las gravísimas necesidades sociales entonces existentes. Dado que la sociedad no atendía a las mismas, era necesario que el Estado supliese esa carencia. Se trataba de una aplicación del principio de subsidiariedad en el plano horizontal. Con el Estado Social, se implantaba una nueva especie del despotismo ilustrado (“todo para la sociedad, pero sin la sociedad”). No obstante, lo que pudo interpretarse al comienzo como una intervención subsidiaria y excepcional del Estado, terminó convirtiéndose en una función propia y ordinaria del mismo. Es el apogeo del Estado Social, que se produce, tras la siembra ideológica en el período de entreguerras (tanto en las democracias, como en los Estados fascistas y comunistas), a partir de 1945 (22).

 

La dinámica propia del Estado Social conducía a un agigantamiento del Estado y, además, a resultados de ineficacia. Los burócratas de la Administración no podían conocer perfectamente todas las necesidades sociales ni controlar los procesos de intervención y ayuda del Estado. De ahí que ya a partir de los cincuenta, y de forma progresiva, se diera el paso hacia el Estado democrático en su más amplio sentido. No se trataba sólo de introducir la democracia en los procesos de elección de los representantes, o si se quiere, no se trataba sólo de garantizar la legitimidad de origen de los titulares del poder; sino que, además, se procuraba que éstos tuvieran legitimidad de ejercicio al insertarse mecanismos democráticoparticipativos en los procesos de ejecución de las políticas definidas por los representantes elegidos. De esta forma, las leyes van a procurar que en el funcionamiento de la Administración, al aplicar las políticas públicas, se dé una efectiva participación en los interesados que, en cuanto directamente implicados, van a disponer de una información y de un interés del que carecen los funcionarios de la Administración.

 

Este es el marco del Estado Democrático Avanzado.

 

 

II/ TRANSFORMACIONES DEL ESTADO DEMOCRÁTICO AVANZADO.

 

1. Sistema de fuentes.

A. Contenido de la ley.

 

El ordenamiento del Estado moderno, sobre todo tras la Revolución francesa, se ha caracterizado por un determinado contenido de la ley y por la primacía de la misma. Estos dos postulados van a sufrir serios embates.

 

La ley de la fase histórica del Estado social podría decirse que cumple una funciónregulativa-racionalizadora (al estilo del “Derecho autónomo”) que, por su propia lógica, exigía una posición previa de autorracionalidad finalista de los poderes públicos, en la que imperan los elementos racionalizadores activos conformadores o transformadores de la realidad o de la dinámica social. Se trata de lo que la doctrina alemana ha llamado “normas de programación final”.

 

En la nueva fase del Estado de Derecho que se ha dado en llamar Estado post-social, post-moderno o democrático avanzado, el contenido de la ley cambia para pasar a desempeñar una función legitimadora que constituye el soporte de su capacidad para atribuir espacios de autonomía y esferas de redistribución y autocontrol de la renta social. Se trata de un contenido adjudicativo-legitimador que coloca a los poderes públicos en una posición de control limitado a posteriori del nivel de gasto de la renta social sin que ello implique necesariamente una actitud explícita o apriorísticamente racionalizadora. En esta fase, la ley sirve para garantizar erga omnes el reconocimiento de espacios de autonomía y autocontrol institucional por parte de los sectores sociales interesados (23). Este Derecho lo llama Porras  Nadales “Derecho receptivo” (24) y tiene relación con lo que Stewart llama “Derecho de la reconstitución” (25).

 

Se produce así el curioso fenómeno de que, mientras en las primeras fases jurídicas de la Modernidad la ley sirvió para anular los espacios de autonomía entonces existentes (Corporaciones, gremios, asociaciones), en los actuales momentos, el mismo instrumento, la ley, sirve para “reconstituir” un nuevo y vigoroso tejido social dotado de autonomía propia.

 

B. Primacía de la ley.

 

El modelo histórico del Estado de Derecho se fundamentaba en los principios de legalidad, seguridad, uniformidad, generalidad y permanencia (26). Como afirma Hill, la “teoría de la esencialidad” derivada del principio del Estado de Derecho y del principio democrático postula que el legislador, en cuanto órgano deliberante de representación popular directa, debe afrontar todas las decisiones estatales esenciales por sí mismo, sin posibilidad de su delegación o remisión a otros poderes, significativamente el ejecutivo (la Administración) (27), pero tampoco el judicial.

 

Sin embargo, en la nueva fase histórica del Estado de Derecho hay una necesidad de estrategias de flexibilización “ajustada a la situación” (situationsgerechte) para el mantenimiento de la capacidad funcional de la Administración y de la efectividad del cumplimiento de sus tareas (28). La vinculación de la Administración a la ley contiene muchas aperturas y espacios amplios amplios que no sólo permiten, sino que incluso exigen una actuación administrativa flexible. La actuación administrativa aparece, en consecuencia, menos vinculada a la ley y más dirigida por la ley (29). En efecto, se precisa una nueva juridicidad que no ha de depender exclusivamente de los principios de legalidad y conexos, en la medida en que dejen de satisfacerse principios operativos como el de flexibilidad, tratamiento individualizado o capacidad de respuesta de sectores interesados frente a los poderes públicos (30). En la fase post-social la actuación del Estado responde a una doble serie de factores: por un lado, la generalización de mecanismos selectivos de participación de grupos sociales sobre el Estado en un proceso generador de consensos que no puede ser calificado como antidemocrático; y, por otro lado, a un intento de los órganos decisionales de la Administración de ganar cuotas de eficacia incrementando el índice de adecuación entre los soportes normativo-decisionales y la realidad final resultante (31).

 

Este marco complejo no puede ser previsto dada su dinamicidad, por normas legales de superior rango expresivas de una concepción lógico-matemática del mundo que debía permitir el establecimiento de un orden a priori desde arriba, susceptible de ser expresado en leyes generales y permanentes (32). De este modo, entra en crisis el principio de calculabilidad del impacto de las decisiones legislativas, quebrando el modelo de racionalidad legal-burocrática weberiano basado en el reconocimiento de la capacidad de organizar y dirigir el sistema social a través de los procesos de impulso que, desde los órganos legislativos, se transmite causalmente a los aparatos burocráticos de la Administración (33).

 

Por tanto, la única posibilidad de racionalizar, al menos de forma limitada, la actuación del Estado habría que buscarla en los mecanismos de control a posteriori que, como afirma Porras Nadales siguiendo a Luhmann, quizá ahora deban articularse sobre una dogmática jurídica progresivamente desvinculada de todo componente político-legal. Ello implica la apertura del sistema de fuentes para reducir la actividad normativa a la fijación de las macrorreglas de juego o principios fundamentales funcionales y procedimentales de justicia (Derecho Constitucional), generando el plano operativo-intervencionista de la Administración un marco descentralizado de pluriesferas decisionales relativamente autónomas cuya dinámica apenas permite deducir un plano de relativa racionalidad a posteriori (34).

 

En esta nueva situación en la que el establecimiento de una racionalización normativa a priori aparece cuestionado, debe reconsiderarse el papel que juegan los principios generales del Derecho en el sistema de fuentes. Como señala Hernández-Gil, los principios generales del Derecho no responden a una estructura normativa típica, al paradigma usual de la norma (normas de conducta o normas de organización) pues por su generalidad y abstracción se dificulta el conocimiento de los supuestos de hecho y de las consecuencias jurídicas (35). Los principios generales del Derecho permiten eludir las rigideces ineficaces de una racionalización normativa a priori, permitiendo a la vez un control y una racionalidad a posteriori en la medida en que son fuente de Derecho aplicable por los jueces.

 

Esta cuestión ya se suscitó en la República Federal Alemana en 1977 con ocasión de la codificación del procedimiento administrativo. En aquel momento diversas voces (Ule, Laubinger, Püttner y Hill) se alzaron previniendo frente a una fijación por escrito de los, hasta ese momento, flexibles principios generales del procedimiento. Para este sector doctrinal, la fijación y “legalización” de tales principios dificultaría un desarrollo creativo del Derecho, la reacción del mismo ante problemas nuevos no previstos, así como la corrección de eventuales desarrollos defectuosos del Derecho. Frente a este sector, otro grupo de autores opuso que la Codificación aumentaba la seguridad jurídica. En la actualidad Hill defiende una postura intermedia según la cual la codificación debe trazar estructuras fijas, pero a la vez debe estar abierta de cara a ulteriores desarrollos flexibles (36).

 

Frente a los principios generales del Derecho se han alegado dos argumentos. El primero hace referencia a la seguridad jurídica. Frente a él cabe contraargumentar, por una parte, que una seguridad jurídica absoluta exige una racionalidad a priori que la realidad actual, sumamente fluida, parece que no facilita, como ya se ha visto. Por otra parte, por encima de la seguridad jurídica está la justicia, siendo aquélla una parte integrante de ésta, no siendo admisible que la absolutización de aquélla pueda redundaren perjuicio de ésta. La justicia exige no sólo la regulación general justa, sino también la justicia del caso singular (37). Finalmente, el objetivo de la eficacia no puede

relegarse por consideraciones formalistas. Frente al formalista fiat iustitia et pereat mundus que conduce a la ineficacia, se erige el hegeliano fiat iustitia ne pereat mundus, armonización de la eficacia y la justicia.

 

Un segundo argumento frente a los principios generales del Derecho es su colisión o coincidencia con la Constitución. Si chocan con la Constitución, se dice, debe prevalecer ésta y si coinciden con la Constitución lo que se aplica no son aquéllos sino ésta. Sin embargo, por una parte, es seguro que los principios no chocan con la Constitución Española, pues según sostiene Arce, ésta los recoge (art. 1.1 y 10.1 CE)38. Por otra parte, es indudable que los principios generales del Derecho no fueron inventados por la Constitución, pues tienen una larga historia, independientemente del rango que se les diera. Además, no es ocioso advertir que la estructura de los preceptos constitucionales que los recogen no es igual a la estructura de los demás preceptos constitucionales, lo que pone de relieve su diversa naturaleza y su carácter de principios. No sólo eso, sino que el hecho de que la CE acoja en su seno a los principios generales del Derecho, aleja las suspicacias de quienes para aceptar una determinada forma de flexibilidad del subsisema jurídico, exigen que, a la par que sea abierto, se elimine su abuso mediante el mantenimiento de un marco estable formado por el “consenso fundamental” (Grundkonsens) jurídico constitucional y social básicamente (39).

 

Lo expuesto anteriormente ofrece así la respuesta a la pregunta planteada por Hill acerca de en qué medida la Constitución y especialmente el principio del Estado de Derecho contiene cláusulas que permitan jurídico constitucionalmente una apertura limitada, relativa, y una flexibilización de la actuación administrativa (40). En España existen ya casos en los que se recoge la virtualidad flexibilizadora y correctora de los

principios generales del Derecho en el ámbito administrativo (41).

 

En definitiva, el sistema de fuentes del Estado post-social configura un Derecho principial superador del anterior Derecho legal y de las disfunciones que éste presenta en su versión clásica. Por el propio carácter del Derecho principial, el centro de gravedad se desliza progresivamente hacia los jueces.

 

 

2. Representación.

 

A. Sistema electoral y legitimación.

 

Al hablar de representación aludiremos a diversos aspectos que giran en torno a la misma, aunque en rigor no sean propiamente la misma representación. En primer lugar se tratará del sistema electoral y de la legitimación del Estado, para aludir posteriormente a los partidos políticos y al Parlamento.

 

En la fase histórica del Estado social de Derecho se produce el fenómeno señalado por Habermas de que la constante expansión de las políticas intervencionistas no va acompañada de procesos suplementarios de incremento de la legitimidad democrática, de modo que el sufragio universal se convierte en un maximum inextensible (42). Ibáñez, en la misma línea, de forma quizá exagerada dice que “la democracia totalitaria intenta reducir la participación de los ciudadanos a los votos: votar es necesario (hay que votar) y suficiente (no hay que hacer otra cosa que votar)” (43).

 

Ibáñez ha propuesto una interesante tricotomía relevante para nuestro estudio al señalar la existencia de tres niveles, a los que corresponden tres perspectivas, tres modos de participación política y tres dispositivos de investigación social. En primer lugar, se encuentra el nivel de los elementos, al que corresponde la perspectiva distributiva, cuyo dispositivo de investigación social es la encuesta, y cuyo dispositivo de participación política son las elecciones con voto individual y secreto. En segundo lugar, se halla el nivel de la estructura o de las relaciones entre los elementos, al que corresponde la perspectiva estructural, cuyo dispositivo de participación política son las conversaciones entre ciudadanos, fundamentales en la génesis de la opinión pública y cuyo dispositivo de investigación social es el grupo de discusión. En tercer lugar, aparecería el nivel del sistema o de las relaciones entre estructuras (relaciones entre relaciones), al que corresponde la perspectiva dialéctica, cuyo dispositivo de participación política son las asambleas o manifestaciones que pueden incidir en muchas decisiones y cuyo dispositivo de investigación social  es el socioanálisis. A juicio de Ibáñez, si observamos un dispositivo de acción de un nivel determinado con un dispositivo de investigación social de diferente nivel, lo destruímos pues rompemos los enlaces o conexiones estructurales entre los elementos. De ahí que, en su opinión, la reducción de la democracia a dispositivos de participación política de tipo distributivo rompa la riqueza de la vida política y social (44). La misma idea late en Schmitt cuando sostiene que “el método del sufragio secreto transforma al ciudadano con derecho a voto en un particular aislado, y le permite manifestar su opinión sin abandonar la esfera de lo privado”, por lo que puede concluirse que “de una suma de la opinión privada de particulares no resulta ni una opinión pública, ni una auténtica decisión política” (cursivas nuestras) (45).

 

En el Estado post-social se produce un incremento de legitimación del sistema, rompiendo esa barrera que señalaban Habermas, Ibáñez y Schmitt. En una sociedad organizada como la buscada por este Estado, la potencialidad participativa de la

misma y su penetración múltiple y dispersa sobre los aparatos del Estado es mayor que en la fase anterior del Estado de Derecho, si bien, como señala Porras, ello puede aparecer como un factor de difuminación del convencional paradigma del Estado representativo, lo que explicará las dificultades de la doctrina para aceptar sus importantes consecuencias sobre la teoría del Estado contemporáneo (46). En este nuevo modelo de sistema democrático se haría recaer la carga de determinación del propio carácter democrático del sistema hacia el interior de la respectiva microestructura de las distintas unidades sociales autónomas (grupos o corporaciones semipúblicos o semiprivados) como soporte condicionador del contenido democrático final del Estado en su conjunto, obligando, por otra parte, a replantear las teorías sobre la representación al imponer un componente de Derecho privado ajeno a las tradicionales teorías del mandato representativo. Además, en este modelo tales unidades sociales operarían como instrumentos de articulación o representación inmediata y directa de sus propios intereses no generalizables (47).

 

De este modo, el impulso o la orientación política (indirizzo politico) como expresión de la fuerza dinámica orientadora de la acción estatal, debería dejar paso a un espectro dominante de macroimpulsos sociales cuya incidencia global final sólo sería constatable según el proceso resultante a posteriori. En este proceso se operaría una cierta sustitución de la tradicional legitimación estructural-representativa del Estado (lo que Ibáñez llama dispositivos distributivos de legitimación, esto es, elecciones con voto individual y eventualmente secreto), por una tendencial legitimación funcional deducida de la adecuación real de las respuestas intervencionistas del Estado a las demandas articuladas sobre los poderes públicos (lo que Ibáñez denomina dispositivos estructurales de legitimación, es decir, concertación social)48. Esto guarda cierto paralelismo con la distinción típica de la Escuela Española de teólogos-juristas entre legitimidad de origen (a la que correspondería la tradicional legitimación estructural-representativa del Estado o a los dispositivos distributivos de legitimación) y legitimidad de ejercicio (que aludiría a la legitimación funcional o a los dispositivos estructurales de legitimación) (49).

 

En conclusión, el principio de participación democrático-selectiva de sectores interesados con capacidad para incidir sobre el momento decisional mediante fórmulas operativas de consenso o con técnicas adjudicativas e incluso con una eventual

autonomía o capacidad de autonormarse (50), produciría un suplemento de legitimidad para el Estado que así compensaría, aunque de forma estructuralmente fragmentaria, el dilema habermasiano de la crisis de legitimación del Estado del capitalismo tardío (51). Por lo mismo, desde el planteamiento de Ibáñez, podría decirse que se produce un incremento democrático en la medida en que no sólo se aceptan los dispositivos de participación distributivos, sino también los estructurales encarnados por el consenso.

 

No obstante, en este momento de transición se producen aún ciertas disfunciones entre los dispositivos distributivos de participación política y los estructurales, o dicho de otra

manera, entre la representación estructural y la funcional.

 

B. Partidos políticos y Parlamento.

 

En el tránsito del Estado social de Derecho al Estado democrático avanzado los partidos políticos y el Parlamento deben cumplir una doble tarea: una tarea integradora y una tarea visual-legitimadora conectada con la anterior.

 

a. Tarea integradora.

Una de las causas que han determinado la crisis del Estado social ha sido la llamada por O’Connor “crisis fiscal del Estado”. Este fenómeno ha sido bien estudiado por Buchanan y Wagner que han demostrado la necesidad de limitar constitucionalmente el gasto público como única solución ante el déficit público generado por el excesivo desprendimiento de los partidos gobernantes para renovar sus mayorías (52). La fragmentación que trae consigo el Estado post-social implica que, en la medida en que las demandas sociales tengan un carácter financiero más que normativo, será necesario un cierto control, al menos financiero, aunque sea a posteriori en el que el Parlamento y los partidos deberían tener algo que decir.

 

Como dice Leibholz, la base estructural de las asociaciones y de los partidos es absolutamente distinta, pues las asociaciones son exponentes de los múltiples particulares intereses de la sociedad (siempre que se mantengan fieles a su carácter originario), mientras los partidos realizan decisiones verdaderamente políticas(53). La suma de los intereses particulares y de las asociaciones no es igual al interés general que se dirige a la sustancia misma de lo político54. Por ello, los partidos políticos tienen la misión y el deber jurídico constitucional, según Leibholz, de obrar en un sentido integrador igualando y neutralizando los múltiples y antagónicos intereses sociales, procurando que este pluralismo de intereses de las asociaciones no haga peligrar la unidad política y estatal, conduciendo a una oligarquía y dominio de dichas asociaciones (55).

 

Ahora bien, para que los partidos políticos (y el Parlamento en el que aquéllos operan) cumplan esta función integradora, deberían cumplir dos requisitos, por un lado, que de impulsores del gasto público se convirtieran en constrictores del mismo y, de otro lado, que los partidos asumiesen decididamente su misión de asumir el interés general, lo que resulta interferido por la presencia de otros intereses (de clase, territoriales, etc.) en buen número de partidos. El primer requisito puede satisfacerse si se estableciese la medida preconizada por Buchanan de limitar constitucionalmente el gasto público, si bien por sí solo no basta. El segundo requisito, parece que se intenta cubrir por los que Kircheimer ha llamado partidos “coge-lo-todo” (catch-allparty). En todo caso, sin el presupuesto de una comunidad ético-religiosa, económica o cultural el pluralismo de los partidos no integra, sino que desintegra la comunidad política (56). Por lo demás, si los partidos y el Parlamento no asumen esa función integradora se corre un grave riesgo de que su protagonismo y significación pueda verse mermado por el empuje disgregador (Leibholz), pero también participativo (Porras) de la sociedad democrática avanzada.

 

b. Tarea visual-legitimadora.

El eje partidos-Parlamento sufre cierto vaciamiento de las competencias funcionales de determinación de la acción programática del Estado a causa de la crisis del modelo

tradicional de indirizzo politico como circuito de articulación racional de los términos sociedad democrática-partidos políticos-representantes políticos (Parlamento)-subsistema político (Gobierno)-Administración pública-sociedad democrática, en el que se seleccionan las directrices programáticas públicas escalonadamente. Sucede que para la determinación del cada vez mayor número de políticas lo imprescindible es el acuerdo y la participación de los sectores sociales afectados, de suerte que toda regulación que carezca de este requisito corre grave riesgo de ser protestada o boicoteada o ineficaz. En esa situación las instancias parlamentarias se convierten en una instancia meramente expendedora de envolturas formal-legales de los acuerdos, resultando irrevisable de hecho el contenido del acuerdo cuyo reconocimiento formal erga omnes se solicita.

 

En esta tesitura crítica en la que los partidos y el Parlamento ven vaciarse su función transmisora de la orientación política en buena medida, cabría interrogarse qué función

cumplen. Parece que de constituir, como en la fase histórica del Estado social, el centro inicial de impulso sobre la esfera interna de la actuación burocrática, pasarían en el Estado post-social, a cumplir una función de proyección hacia afuera, mediante la reproducción visualizada del pluralismo subyacente y la relativa ocultación de los mecanismos de compromiso o consenso capaces de conducir a la unicidad resultante de la voluntad estatal, siendo esta proyección hacia afuera el gran soporte de legitimación de las decisiones políticas (57). Esta legitimación simbólica-visual no es baladí, sino que es absolutamente esencial en una sociedad como la actual en la que las imágenes y los medios de información intercomunican el conjunto del sistema.

 

Este carácter simbólico-visual del eje partidos-Parlamento se presta a dos consideraciones. En primer lugar, la investigación acerca de ese carácter simbólico-visual puede aprovecharse de los estudios existentes acerca de la caracterización de la Monarquía por esos rasgos. La pérdida por la Monarquía de su función de gobierno, o lo que es lo mismo, de determinación de las directrices programáticas de las políticas públicas (potestas), para conservar únicamente su función de reinado (auctoritas), no ha implicado necesariamente el abandono de la institución, sino más bien su reubicación (58). El caso de la Corona británica o de la española revelan la enorme importancia simbólico-visual de la institución y consiguientemente su fortísima capacidad integradora. Este reducto simbólico-visual no es un espacio desdeñable en absoluto y es un reto para el eje partidos-Parlamento el acotarlo con prudencia, pues de su adecuada adaptación a la nueva situación puede depender su capacidad legitimadora.

 

La segunda reflexión que surge versa acerca del enorme poder que entraña ese tipo de legitimación visual, pero también acerca de su enorme debilidad. Su enorme poder consiste en la enorme capacidad de lo visual para estructurar directamente el psiquismo del sujeto receptor de la imagen por la facilidad de ésta de alcanzar la sensibilidadneurovegetativa anulando los filtros de lo racional (59). La enorme debilidad de esta legitimación es la existencia en el mundo actual de una sucesión torrencial de imágenes, a veces incluso imperceptibles para la esfera consciente (como en el caso de la tachitoscopia) que hace necesaria una continuada exposición visual, pues de lo contrario se corre el riesgo de que otras imágenes impulsadas quizás por otros poderes, borren aquella imagen cuya impresión se buscó. Esto obliga, por tanto, a los Parlamentos y a los partidos a ejecutar con más seriedad que nunca, si cabe, sus importantísimas funciones, pues sólo de ellos mismos dependerá su “permanencia visual”. De este modo, aparte de una responsabilidad política, estos órganos contraen una grave responsabilidad social.

 

 

3. Administración.

 

A. Sujeción de la Administración a los objetivos de la norma.

 

En la actuación administrativa del Estado social se producían graves ineficacias debido a su propio carácter rígidamente determinado a priori por la ley. Así, los mandatos jurídicos de las instancias administrativas centrales, fiel cumplidoras del principio de legalidad, son rudos, disfuncionales y devienen rápidamente obsoletos. Los burócratas centrales no pueden reunir y procesar la vasta información necesaria para regular de forma ajustada las muchas variaciones de las circunstancias. Por imperativos de la racionalidad a priori y por reducción de costos se adoptan regulaciones uniformes para todo el ámbito nacional que no consiguen sus metas y producen efectos colaterales no intencionados cuando los funcionarios intentan aplicarlas a condiciones no previstas o alteradas por el tiempo (60).

 

En contraste con esta situación se ha visto que en la actual fase del Estado post-social, los fines de las normas no están fijados de modo absoluto e inequívoco. En efecto, la exactitud del objetivo previamente establecido disminuye en relación a diversos factores, como alejado que el objetivo esté (en el tiempo, en el espacio y en lo burocrático), lo inseguro que sea el desarrollo de lo regulado y lo plural de las variables

observables y de las instancias participantes en la adopción y realización de los objetivos (61). Los objetivos de las normas que deba ejecutar la Administración precisan de una sintonización, concreción y desarrollo en el caso concreto, no sólo entre las autoridades competentes, sino también en colaboración con los ciudadanos afectados. Así pues, en vez de simples programas de objetivos, aparecen cada vez más los programas de “relacionamiento” (Relationisierungsprogramme) que, en lugar de contener representaciones minuciosas y soluciones finales, sólo ofrecen direcciones y modelos que, a su vez, necesitan desarrollo y sintonización con la realidad. En este contexto los objetivos ya no son fijos, sino fluidos apareciendo los llamados procesos

de aprendizaje cooperativo (kooperativen Lernprozesses) (62).

 

 

B. Instrumentos de la actuación administrativa.

En Alemania federal se ha discutido recientemente acerca de las llamadas “actuaciones informales” de la Administración que también han colisionado con los instrumentos clásicos de la actividad administrativa. Como medios clásicos de la Administración se pueden considerar las órdenes, las prohibiciones y los permisos. Sin embargo, estos medios tienen el inconveniente de que no sólo causan elevados gastos de control, sino de que paralizan la iniciativa de los destinatarios. Los instrumentos administrativos dotados de coacción jurídica, especialmente las órdenes y prohibiciones, deben ser utilizados, no como regla general cual sucede ahora, sino sólo como ultima ratio. Por ello, en esta nueva fase del Estado post-social, en sustitución de las órdenes y prohibiciones, aparecen la información, las llamadas, las obligaciones de anunciar las actuaciones, los modelos de actuación jurídico-privados o la propia flexibilización de las órdenes y prohibiciones (63).

 

En este contexto, las “actuaciones informales” cobran todo su sentido. Entre éstas se entienden los acuerdos para “apartar” consecuencias normativas, los consejos o la tolerancia de situaciones antijurídicas debido a que no haya precedido a las mismas una autorización o a que dicha autorización fuera rechazada. En estos supuestos, un empleo formalizado del Derecho es visto como disfuncional y entorpecedor porque sin la observación de las reglas formales de Derecho pudiera conseguirse el objetivo pretendido de modo más rápido y efectivo. En estos casos, la Administración no emplea el Derecho de forma inmediata, sino que trata con el destinatario acerca del camino más indicado para solucionar el problema, y sólo si esta vía es infructuosa se acude a la coacción jurídica. Estas prácticas que Hill llama “actuaciones informales”, son denominadas por Isensee “ilegalidad necesaria o pragmática” y por Treutner “utilización estratégica de reglas jurídicas” o “Derecho como fuente aprovechable burocráticamente” (64).

 

Aparecen, por tanto, en el horizonte formas de actuación administrativas que, pese a ser más efectivas, pueden chocar con las normativas presentes y con los hábitos de actuar surgidos por dichas normas.

 

III/ EL ESTADO DEMOCRÁTICO AVANZADO Y LA CONSTITUCIÓN.

 

La Constitución de 1978 configura un Estado social y democrático de Derecho. La cuestión es examinar hasta qué punto el Estado democrático avanzado como categoría superadora del Estado social puede estar admitido en la Constitución. Desde este enfoque la Constitución define una triple secuencia Estado de Derecho-Estado social-Estado democrático de carácter cronológico de tal suerte que el Estado democrático sería la última fase evolutiva del Estado social a partir de la crisis de éste. La expresión significaría en este sentido un incremento de legitimación del sistema. Esta concepción del Estado democrático diverge de aquella en la que la expresión tiene un contenido mínimo: celebración periódica de elecciones.

 

Esa situación final del Estado democrático avanzado explica que tenga, por una parte, rasgos “modernos” y, por otra, rasgos “post-modernos”. Los rasgos “modernos” del Estado más destacables son, en primer lugar y en relación a la actuación política, la plasmación de la doctrina “clásica” del indirizzo politico (arts. 66.2, 99 y 97 CE), corroborada por la restricción de la iniciativa legislativa (art. 87 CE); y, en segundo lugar y por lo que respecta a la actuación administrativa, la consagración de los principios clásicos modernos: legalidad, jerarquía normativa y seguridad jurídica (arts. 9.3 y 103.1 CE).

 

Lo anterior no significa que deba rechazarse una formulación de una teoría del Estado post-moderno, post-social o democrático avanzado. Por eso, y en relación sobre todo a ciertos preceptos constitucionales, se debe buscar una interpretación de la Constitución que nos permita encajar en la misma la nueva fase histórica del Estado que parece asomar. Este problema ha sido planteado en Alemania por Hermann Hill, quien busca una cobertura jurídica constitucional a su propuesta de una flexibibidad de la actuación administrativa ajustada a la situación (situationsgerechte Flexibilität) o de “apertura limitada”.

 

a) Ya se ha tenido ocasión de señalar que, de acuerdo con Arce, debe considerarse que el art. 1.1 CE recoge una formulación de los principios generales del Derecho conjuntamente con el art. 10.1 CE65, por lo que la constitucionalización de esos principios, en cuanto cláusulas de apertura, facilita el tránsito entre el Estado social y el Estado post-social legitimando constitucionalmente este último. Ahora bien, no cabe olvidar que, precisamente esa amplísima apertura de esas cláusulas cercena el principio de seguridad jurídica y mina las garantías del Estado de Derecho.

b) En cuanto a la superación del marco estricto del principio de legalidad y de reserva de ley, además de lo dicho anteriormente sobre la teoría de la esencialidad66, debe añadirse que tanto la CE como la GG contienen preceptos relativizadores de dicho principio. El art. 20.3 GG señala que el poder ejecutivo

está sometido a la ley y al Derecho.

 

Por su parte, la jurisprudencia del TEDH también ha tenido ocasión, en materia de derechos fundamentales, de interpretar de forma flexible numerosos preceptos del CEDH que remitían a la ley ciertas limitaciones de los derechos67. Utilizando las versiones inglesa (“prescribed by the law”) y francesa (“prévue par la loi”) de estos preceptos, el Tribunal de Estrasburgo ha afirmado que las limitaciones no deben operarse únicamente por una ley en sentido formal, sino por una norma jurídica (que puede ser un reglamento y aun una sentencia judicial)68.

 

En idéntico sentido, el art. 103.1 CE in fine dicta que la Administración actúe con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Lucas Verdú ha observado en múltiples ocasiones que esta referencia al “derecho” implica rebasar el estricto ámbito de lo legal, pues la distinción entre la lex y el ius no puede interpretarse sin recurrir a principios suprapositivos (69). Por ello debemos concluir que, en la medida en que los principios generales del Derecho son fuente de Derecho, son Derecho, queda abierta la puerta para una flexibilidad en la que la justicia y la equidad sean determinantes.

c) El principio de seguridad jurídica ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional Federal Alemán en el sentido de que para que exista un engarce con la ley se exige una “suficiente seguridad”, lo que no supone una magnitud fija, sino un criterio ampliamente flexible que, debido a su apertura, ha sido calificado por algunos (Braun y Staupe) como una simple fórmula vacía. Lo cierto es que los criterios de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán para la seguridad jurídica se reducen a aquellos que han conducido en la práctica administrativa a fundamentar la necesidad de una “flexibilidad ajustada a la situación” (70).

 

También el TEDH, en el marco de la protección de los derechos fundamentales, ha establecido que los requisitos de una “ley” (en el sentido antes indicado) para operar limitaciones en un derecho son los de accesibilidad y previsibilidad. Esta última, más cercana a la seguridad jurídica, se ha interpretado como aquella cualidad de la norma en virtud de la cual ésta debe formularse con la suficiente precisión como para permitir al ciudadano adecuar su conducta. Éste ha de estar en condiciones de prever (recabando para ello, si es necesario, consejos clarificadores) las consecuencias de un acto determinado. Estas consecuencias no tienen que conocerse necesariamente con una certidumbre absoluta: la experiencia revela que esto no es posible, sobre todo en los terrenos en los que los datos cambian en función de la evolución de las concepciones de la sociedad (71). Según el TEDH, la certeza, aunque sea deseable, va acompañada frecuentemente de una rigidez excesiva. Sin embargo, el Derecho debe saber adaptarse a los cambios de situación, por lo que muchas leyes se sirven, por la fuerza de las cosas, de fórmulas más o menos vagas cuya interpretación y aplicación depende de la práctica (72). La previsibilidad de una norma depende en una gran medida del contenido del texto legal, del terreno que cubre y del número y calidad de los destinatarios y, en particular, depende de la materia sobre la que trate (73).

 

El principio de seguridad jurídica también está garantizado en el art. 9.3 CE, por lo que las anteriores consideraciones pueden ser extensibles al Derecho español. Además, cabe reiterar aquí lo dicho supra acerca del nexo entre seguridad jurídica y justicia. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este extremo, asegurando que el principio de seguridad jurídica puede entenderse como “la confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes” (74). Ahora bien, el propio TC ha advertido que el principio de seguridad jurídica no puede convertirse en un valor absoluto por cuanto, en tal caso, “daría lugar a la congelación del ordenamiento jurídico existente, siendo así que éste, al regular relaciones de convivencia humana, debe responder a la realidad social de cada momento como instrumento de perfeccionamiento y de progreso” (75).

d) El principio de igualdad puede verse en conexión con el de seguridad jurídica y de previsibilidad de la actuación administrativa. Desde esta perspectiva, el principio de igualdad supone un argumento añadido a favor de la apertura en la medida en que no se entiende por tal una rígida uniformidad, sino la igualdad. De ahí que el art. 3.1 GG lo que postule no es el tratar igualmente todo, sino tratar igualmente lo igual y desigualmente lo desigual. Aquí se encuentra un mandato de justicia del caso concreto y de diferenciación. Las divergencias de la normalidad están permitidas si hay motivos materiales que así lo justifiquen. El límite reside en la prohibición de la arbitrariedad (76).

 

En esta línea también se encuentra la jurisprudencia del TEDH sobre el principio de igualdad (artículo 14 del Convenio de Roma), conforme a la cual no toda discriminación vulnera el mismo, sino sólo aquella que, a la luz del caso concreto, carezca de una justificación objetiva y razonable. Tal justificación debe apreciarse en relación con la finalidad y los efectos de la medida examinada en atención a los principios que generalmente prevalecen en las sociedades democráticas. Además, se vulnera la igualdad cuando no existe una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida (77).

 

La jurisprudencia constitucional española se entronca en la misma corriente. Como ha dicho insistentemente el TC, aludiendo expresamente a la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, no toda discriminación vulnera el art. 14 CE, sino sólo aquella que sea injustificada por no perseguir una finalidad legítima, esto es, por no ser objetiva y razonable de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados, cuya exigencia deba aplicarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo estar presente por ello una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida (78).

e) Los derechos fundamentales materiales no prohiben al legislador la utilización con cierta extensión de cláusulas generales o conceptos jurídicos indeterminados, ni reconocer a las autoridades un espacio de arbitrio. Estos derechos influyen sobre la reserva de ley en la medida en que en vez de una reserva de ley general, se formula una reserva de ley diferenciada en proporción al derecho fundamental y a la relevancia del derecho fundamental en la regulación. Por lo demás, estos derechos influyen sobre el principio de igualdad, de forma que la igualdad es proporcional en el sentido de que debe preservar la realización de un derecho fundamental. El mandato de una individualización proporcionada a los derechos fundamentales, debe ser cumplido por la Administración. Por tanto, en virtud de los derechos fundamentales, está ordenada una actuación administrativa flexible, ajustada a la situación en cooperación con el titular del derecho fundamental (79).

f) Ciertas garantías institucionales de la Constitución pueden entroncar con lo que aquí se denomina “Estado democrático avanzado”. El art. 36 CE contiene una garantía institucional de los Colegios profesionales preservando sus “peculiaridades propias”, es decir, su configuración como espacio social autónomo. La mencionada garantía institucional protege, incluso frente al legislador ordinario, un microespacio social en el que los interesados gestionan ellos mismos los asuntos que les afectan sin interferencias burocrático-estatales y con participación de todos (80).

 

En un nivel inferior de protección, la Constitución no olvida otro tipo de asociaciones en las que los interesados pueden gestionar y defender sus intereses propios. Es el caso de las asociaciones de consumidores y usuarios (art. 51.2 CE) y las organizaciones profesionales (art. 52 CE), llamadas a protagonizar un importante papel en el emergente Estado postsocial (81).

g) Otra manifestación de lo que se ha llamado Estado post-social, la constituyen los llamados convenios de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas suscritos al amparo del art. 16.3 CE82. Se dejan aquí al margen los convenios suscritos con la Iglesia Católica, cuya posición es clara en el sistema de fuentes en tanto que tienen el rango de tratados internacionales. Los demás convenios, sin embargo, presentan especial interés y algunos problemas.

 

Se trata de normas claramente encuadrables en el marco de lo que se ha llamado Estado post-social. En efecto, no son normas elaboradas según el esquema clásico del indirizzo politico. Antes, al contrario, el Parlamento no interviene en absoluto en las mismas. Son normas elaboradas en colaboración y con el acuerdo de los interesados.

……………………….

 

Parece que está claro, por tanto, que la Constitución está dotada de preceptos con la suficiente apertura como para permitir el tránsito del Estado social al Estado post-social o democrático avanzado sin traumatismos importantes y, creemos, sin necesidad de operar ninguna reforma constitucional, lo que, por otra parte, da muestras de su potencialidad. No obstante, todo tránsito de esta naturaleza genera una serie de disfunciones en la medida en que los hechos puedan ir más allá de lo previsto por las normas o cuando las normas se hallen más avanzadas que la realidad social que evoluciona más lentamente.

 

Notas:

 

1 Kelsen, Hans: Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionales.

Contributo per una dottrina pura del diritto, trad. y presentación de Agostino Carrino, Giuffrè, Milán, 1989

(1ª ed. alemana, 1920), p. III, 24 (en nota), 80.

 

2 Ibáñez Alonso, Jesús: “Perspectivas de la investigación

social: el diseño en tres perspectivas”, en Manuel García

Ferrando, Jesús Ibáñez y Rafael Alvira (comps.): El análisis de la realidad

social, Alianza, Madrid, 1989, p. 49 ss., p. 71

 

3Heller, Hermann: La soberanía. Contribución a la teoría del derecho estatal y del

derecho internacional, trad. de Mario de la Cueva, UNAM, México, 1965, p. 111.

 

4 Smend, Rudolf: Constitución y Derecho Constitucional, trad. de José María Beneyto, CEC,

Madrid, 1983, p. 44.

 

5 Smend, op. cit., p. 46.

 

6 Schmitt, Carl: “Teología política” (1ª ed. 1922), en Estudios

políticos, trad, de Francisco Javier Conde, Doncel, Madrid, 1975, p. 33 ss., p. 65.

 

7 Ibáñez, op. cit., p. 64.

 

8 Ibáñez Alonso, Jesús: “Cómo se realiza una investigación

mediante grupos de discusión”, en García Ferrando et al., op. cit.,

p. 489 ss., p. 490.

 

9 Ibáñez, op. cit., p. 64 y 490.

 

10 Descartes, Renato: “Discurso del Método”, Cuarta Parte, en Discurso del método. Reglas para la dirección de la mente, trad. de Antonio Rodríguez Huéscar, Orbis,Barcelona, 1983. Descartes dice “conocí por esto que yo era una sustancia cuya completa esencia o naturaleza consiste sólo en pensar, y que para existir no tiene necesidad de ningún lugar ni depende de ninguna cosamaterial; de modo que este yo, es decir, el alma, por la que soy lo que soy, es enteramente distinta delcuerpo, y hasta más fácil de conocer que él, y aunque él no existiese, ella no dejaría de ser todo lo quees”, op. cit., cuarta parte, p. 72.

 

11 Freund, Julien: L’aventure du politique, Criterion, París, 1990, p. 17-18 (“a partirde esta idea de convención “artificial” lanzada por Hobbes, se ha creído que toda sociedad era artificialpues dependía de un contrato. Es posible jugar con ella como se juega con cualquier artificio. Es posibledesmontarla, o montarla de nuevo. La sociedad puede ser hecha, deshecha o rehecha, según nuestros caprichos.

Es la fuente misma de la idea revolucionaria”).

 

12 Porras Nadales, Antonio J.: “Desarrollo ytransformaciones jurídicas del Estado social en el modelo

territorial autonómico español: balance y perspectivas”, RCEC nº 4 (1989), p. 269 ss., p. 271, 281, 283 y 287.

 

13 Nonet, P. y Selznick, P.: Law and society in transition,Nueva York, 1978, p. 76-77 (cit. en Porras Nadales, Antonio J.:”El Derecho intervencionista del Estado”, REP nº 63 (1989), p. 65 ss., p. 70.

 

14 Porras Nadales, “El Derecho…”, cit., p. 74.

 

15 Porras Nadales, Antonio J.: “Problemas de configuraciónjurídica del Estado democrático avanzado”, RCEC nº 8 (1991), p. 79 ss.

 

16 Lucas Verdú, Pablo y Lucas Murillo de la Cueva, Pablo: Manual de Derecho Político, vol. I, Tecnos, Madrid, 1990 (2ª ed.), p. 111.

 

17 Lucas Verdú y Lucas Murillo, op. cit., p. 119.

 

18 Rousseau, Jean-Jacques: Du Contrat social, ed. de Bertrand de Jouvenel, Pluriel, París, 1982, libro 2º, cap. III, p. 203. Según Rousseau “si cuando el pueblo delibera, una vezsuficientemente informado, no mantuviesen los ciudadanos ninguna comunicación entre sí, del gran número delas pequeñas diferencias resultaría siempre la voluntad general y la deliberación sería siempre buena. Mascuando se desarrollan intrigas y se forman asociaciones parciales a expensas de la asociación total, la voluntad de cada una de estas asociaciones se convierte en general, con relación a sus miembros, y enparticular con relación al Estado: entonces se puede decir que no hay tantos votantes como hombres, sinosólo tantos como asociaciones. Las diferencias devienen menos numerosas y dan un resultado menos general.Finalmente, cuando una de estas asociaciones es tan grande que prevalece sobre todas las demás, no se tendrá

ya como resultado una suma de pequeñas diferencias, sino una diferencia única; entonces no hay ya

voluntadgeneral y la opinión que domina no es sino una opinión particular. Importa, pues, para fijar bien el enunciado de la voluntad general, que no haya ninguna sociedad

parcial en el Estado y que cada ciudadano sólo opine según sus propios criterios” (cursivas mías).

 

19 Partida 2ª, Título I, ley II; Bodino, Juan: Los seis libros de la República, Selección,

traducción y estudio preliminar de Pedro Bravo Gala, Tecnos, Madrid, 1985, libro 1º, cap. X, p. 76 ss.

 

20 La Asamblea francesa votó el 14 de junio de 1791 lallamada ley Le Chapelier que reprimía severamente, como undelito, toda asociación o coalición de obreros para imponer unsalario uniforme a los patronos. Respondía así la burguesía a lasreivindicaciones corporativas que, en forma de huelgas, llevarona cabo a partir de mayo de 1791 los carpinteros, tipógrafos,sombrereros y herradores. Los revolucionarios franceses prohibíanel derecho de asociación contradictoriamente con las proclamaciones revolucionarias de los derechos humanas. En España, las Cortes de Cádiz abolieron los gremios por decreto de8 de octubre de 1813.

 

21 El Decreto de 27 de septiembre de 1820 (ratificado porley de 11 de octubre del mismo año) prohibe ala Iglesia y a lascorporaciones civiles y de beneficencia que adquieran bienes parael futuro (art. 15). La ley fue derogada en 1824 y restablecidael 30 de agosto de 1836. Las posteriores leyes de desamortizacióncivil (bienes de municipios y de fundaciones benéficas) yeclesiástica (bienes y derechos de monasterios, conventos, colegios y congregaciones de religiosos) supusieron la consumación del proceso.

 

22 Un útil análisis de los procesos de implantación delEstado social en los diversos países occidentales en Lucas Verdú, Pablo: La lucha por el Estado de Derecho, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1975.

 

23 Porras Nadales, “El Derecho intervencionista…”, cit., p. 75 y 76.

 

24 Porras Nadales, “El Derecho…”, cit., p. 75.

 

25 Stewart, Richard B.: “Principios estructurales del Derecho Constitucional y los valores del Federalismo: laexperiencia de los Estados Unidos”, RCEC nº 1 (1988), p. 55 ss., p

 

26 Porras Nadales, Antonio J.: “La función de gobierno: suubicación en un emergente modelo de Estado post-social”, REP nº 56 (1987), p. 77 ss., p. 90.

 

27 Hill, Hermann: “Rechtstaatliche Bestimmtheit odersituationsgerechte Flexibilität des Verwaltungshandelns”, Die öffentliche Verwaltung, cuaderno 20 (octubre 1987), p. 885 ss., p. 893. Sobre la “teoría de la esencialidad” vid. Parejo Alfonso, Luciano: Crisis y renovación en el Derecho Público, CEC, Madrid, 1991, p. 56 ss.

 

28 Hill, op. cit., p. 892.

 

29 Porras Nadales, “La función…”, cit., p. 90.

 

30 Hill, op. cit., p. 893.

 

31 Porras, “La función…”, cit., p. 91.

 

32 Porras, “La función…”, cit., ibid.

 

33 Porras, “La función…”, cit., p. 84.

 

34 Porras, “La función…”, cit., p.91.

 

35 cit. en Arce y Flórez-Valdés, Joaquín: Los principios generales del Derecho y su formulación constitucional, Civitas, Madrid, 1990, p. 87 y 122.

 

36 Hill, op. cit., p. 886.

 

37 Arce, op. cit., p. 87.

 

38 Arce, op. cit., p. 93 ss.

 

39 Hill, op. cit., p. 892-893.

 

40 Hill, op. cit., p. 893.

 

41 STS de 16 de septiembre de 1988 (Ar. 7046). Estasentencia afirma tajantemente que “se impone en el DerechoAdministrativo el principio del valor superior de la justicia”, merced a lo cual da una respuesta flexible frente a los problemasque surjan ante la Administración.

 

42 cit. por Porras, “El Derecho…”, cit., p. 66.

 

43 Ibáñez, op. cit., p. 57.

 

44 Ibáñez, op. cit., p. 56-58.

 

45 Schmitt, Carl: Teoría de la Constitución, trad. de Francisco Ayala, Alianza, Madrid,

1982 (1ª ed. alemana, 1928; 1ª ed. española, 1934), p. 272.

 

46 Porras, “El Estado…”, cit., p. 67.

 

47 Porras, “El Estado…”, cit., p. 68.

 

48 Porras, “El Estado…”, cit, p. 68-69.

 

49 La distinción se encuentra ya en Vitoria. Vid. Vitoria,Francisco: “¿Es lícito con autorida privada matar al tirano?”,en Escritos políticos, selección de Luciano Pereña, Depalma, Buenos Aires, 1967, p. 323-324.

 

50 Porras, “La función…”, cit., p. 90.

 

51 Porras, “El Estado…”, cit., p. 77.

 

52 Buchanan, James M. y Wagner, Richard E.: Déficit del sector público y democracia, trad. de E. Galdón y J.L. López de Garayo, Rialp, Madrid, 1983, p. 173.

 

53 Leibholz, Gerhard: “El orden social, estatal y las asociaciones”, en Problemas fundamentales de la democracia moderna, IEP, Madrid, 1971, p. 95

ss., p. 122-123.

 

54 Leibholz, op. cit., p. 124. 55Leibholz, op. cit., p. 130-131.

 

56 Schmitt, Carl: “Staatsethik und pluralistischer Staat”(1ª ed. 1930), en Positionen und Begriffe, Duncker und Humboldt, Berlín, 1988, p. 133 ss., p.

140-141.

 

57 Porras, “La función…”, cit., p. 89.

 

58 Schmitt, Teoría…, cit., p. 278; Id.: La defensa de la Constitución, trad. de Manuel Sánchez Sarto, Tecnos, Madrid, 1983 (1ª ed. alemana y española en 1931), p. 218 ss.

 

59 Gómez de Liaño, Ignacio: La mentira social. Imágenes, mitos y conducta, Tecnos,

Madrid, 1989, p. 193-195.

 

60 Stewart, op. cit., p. 65-66.

 

61 Hill, op. cit., p. 888.

 

62 Hill, op. cit., ibid.

 

63 Hill, op. cit., p. 890.

 

64 Hill, op. cit., p. 890.

 

65 Arce, op. cit., p. 93 ss.

 

66 Hill, op. cit., p. 893.

 

67 Arts. 8.2 y 10.2 CEDH, por ejemplo.

 

68 SSTEDH De Wilde, A 12, nº 47; Sunday Times, A 30, nº 47;Dudgeon, A 45, nº 44; Müller, A 133, nº 29; Salabiaku, A 141, nº29; Chappell, A 152-A, nº 52; Markt intern Verlag, A 165, nº 30;Kruslin, A 176-A, nº 29; Huvig, A 176-B, nº 28;

 

69 Lucas Verdú, Pablo: Estimativa y política constitucionales, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1984, p. 91.

 

70 Hill, op. cit., p. 893.

 

71 SSTEDH Ezelin, A 202, nº 46; Open Door, A 246, nº 60.

 

72 SSTEDH Sunday Times, A 30, nº 49; Silver, A 61, nº 88;

Müller, A 133, nº 29.

 

73 SSTEDH Malone, A 82, nº 68; Groppera Radio AG, A 173, nº67; Kruslin, A 176-A, nº 30; Huvig, A 176-B, nº 29; Andersson,A 226-A, nº 75; Herczegfalvy, A 244, nº 89.

 

74 STC 147/1986 (FJ 4º.a).

 

75 STC 126/1987 (FJ 11º).

 

76 Hill, op. cit., p. 894.

 

77 SSTEDH régimen lingüístico belga, A 6, Nº I.B.10;Sindicato nacional de la policía belga, A 19, nº 46; Marckx, A31, nº 33; Rasmussen, A 87, nº 38. Más recientemente, SSTEDHDarby, A 187, nº 31; Fredin, A 192, nº 60; Observer y Guardian,A 216, nº 73; Sunday Times II, A 217, nº 58; Pine Valley, A 222,nº 64.

 

78 SSTC 22/1981 (FJ 3º); 23/1981 (FJ 4º); 34/1981 (FJ 3º);7/1982 (FJ 2º); 49/1982 (FJ 2º); 75/1983 (FJ 2º); 6/1984 (FJ 2º);76/1986 (FJ 3º); 148/1986 (FJ 6º), entre otras muchas.

 

79 Hill, op. cit., cit., p. 894.

 

80 Sobre los Colegios profesionales, vid. Ariño Ortiz, Gaspar y José María Souvirón: Constitución y colegios profesionales, Unión Editorial, Madrid, 1984.

 

81 Garrorena Morales, Ángel: El Estado Español como Estado social y democrático de Derecho, Tecnos, Madrid, 1987, p. 137-138.

 

82 Sobre este particular, véanse: Agustín Montilla de la Calle: Los acuerdos entre el Estado y las confesiones religiosas en el Derecho Español, Bosch, Barcelona, 1985; Javier Martínez-Torrón: Separatismo y cooperación en los acuerdos del Estado con lasminorías religiosas, Comares, Granada, 1994.

 

 

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