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Democracia siglo XXI

mes

agosto 2010

Democracia deliberativa

 

De Wikipedia, la enciclopedia libre

La noción democracia deliberativa fue acuñada por Joseph M. Bessette en 1980, que la reelaboró y argumentó de nuevo en 1994. Desde entonces, numerosos filósofos y politólogos han contribuido a desarrollar la concepción deliberativa de la democracia, entre otros: Jon Elster, Jürgen Habermas, Joshua Cohen, John A. Dryzek, Carlos Santiago Nino, John Rawls, Amy Gutmann, James Fishkin, Dennis Thompson, Seyla Benhabib o José Luis Martí.

“El término democracia deliberativa designa un modelo normativo – un ideal regulativo – que busca complementar la noción de democracia representativa al uso mediante la adopción de un procedimiento colectivo de toma de decisiones políticas que incluya la participación activa de todos los potencialmente afectados por tales decisiones, y que estaría basado en el principio de la deliberación, que implica la argumentación y discusión pública de las diversas propuestas. Con este modelo de democracia no se procede propiamente a una innovación de la democracia, sino a una renovación de la misma: la deliberación trasladada al ámbito político implica una exigente concreción del ideal participativo que encarna la noción de democracia”.[1]

 

Democracia deliberativa y teoría de la democracia

Democracia deliberativa es un término utilizado para referirse a un sistema político que pretende equilibrar la democracia representativa con un proceso de toma de decisiones regido por los principios de imparcialidad y racionalidad. Contrasta abiertamente con las concepciones dominantes de la democracia y, en especial, con la teoría de la elección racional proveniente de la economía, que enfatiza el acto de votar como institución central de la democracia, los teóricos de la democracia deliberativa argumentan que las decisiones sólo pueden ser legítimas si llegan como consencuencia de una deliberación pública por parte de la ciudadanía.

En particular, Habermas, uno de los principales inspiradores de este modelo político, concibe la democracia deliberativa como extensión de la acción comunicativa en el plano de las instituciones. Esta forma de democracia es dependiente de procedimientos y presupuestos comunicativos que institucionalizan el discurso público. La opinión pública viene a complementar dos esferas de la política que había destacado Weber: la política carismática y la política tecnocrática. Así, políticos, técnicos y opinión pública deliberan entre sí en un circuito democrático.

El proceso de deliberación, según otros teóricos, se caracteriza por los esfuerzos para incluir en el mismo a grupos marginales que suelen ser ignorados en otros procesos de decisión (procesos meramente representativos o meritocráticos). Para auxiliar a los participantes que deliberan y que no son especialistas, es importante dotarlos de información relevante (como ocurre en los sondeos deliberativos de Fishkin -ver más adelante-). Deben registrarse no sólo de los puntos de consenso sino también los puntos de desacuerdo.

Mientras que los autores liberales suelen mostrar su satisfacción con la democracia representativa, porque respeta la decisión de quienes prefieren dedicar la mayor parte de su tiempo a los asuntos privados, los republicanos suelen apelar también a la democracia deliberativa a pesar de que ésta exija del ciudadano cultivar virtudes cívicas y donar tiempo al bien común.

Antecedentes históricos

Democracias deliberativas – o, al menos, sistemas políticos que incluían entre sus prácticas ingredientes de naturaleza deliberativa – han sido la de la antigua Grecia, la de las asambleas cantonales suizas que inspiraron a Rousseau, la que practican a través de “La Palabra” algunas comunidades africanas e indígenas, la que prevalece en los órganos colegiados de las grandes universidades, la que resurge ocasionalmente en los Estados democráticos cuando un debate nacional permite la discusión entre representantes populares, expertos y opinión pública. No se trata de un procedimiento de decisión basado necesariamente en el consenso, pero sí de un prerrequisito de la votación mayoritaria, bajo la premisa de que votar sin discutir no es democrático.

James Fishkin ha propuesto los “sondeos deliberativos” que son pequeños foros de ciudadanos elegidos al azar que discuten, se informan y, sólo al final, toman posición acerca de algún asunto. En algunos parlamentos –especialmente en Escandinavia–, los sondeos deliberativos son una herramienta de los legisladores para consultar a la ciudadanía, siendo más confiables que los sondeos clásicos.

Ventajas

La deliberación pública obliga a tomar en consideración los intereses ajenos. La mayoría no puede simplemente ignorar las visiones de las minorías, argumentando que son intereses minoritarios. Esa actitud es tan irrespetuosa de la dignidad de los otros, que resulta poco defendible públicamente en una democracia.

La deliberación – sometida al principio de publicidad – obliga a presentar abiertamente las razones que sustentan la decisión adoptada, con lo cual ciertas motivaciones manifiestamente injustas quedan excluidas del debate político, precisamente por ser socialmente inaceptables.

Por uno y otro motivo, la discusión pública estimula el desarrollo de cualidades democráticas importantes en los ciudadanos y en los líderes políticos, en especial la virtud de la imparcialidad, en la medida en que los obliga a ir más allá de sus intereses puramente personales.

Críticas

Se suele considerar a la democracia deliberativa como elitista, pues no todas las personas tienen el capital cultural suficiente para ganar una discusión, aunque tengan preferencias políticas legítimas. Algunas intelectuales feministas son críticas de la democracia deliberativa, bajo el argumento de que en la mayoría de las sociedades (incluida la muy prestigiosa democracia suiza) la deliberación ha sido históricamente posible porque los hombres discuten mientras las mujeres cuidan a los niños, preparan la cena y lavan la ropa.

Referencias

  1. Velasco, Juan Carlos (2009). «Democracia y deliberación pública». Confluencia XXI. Revista de Pensamiento Político (México) (6):  pp. 70-79. 75. 

Bibliografía

  • Bessette, Joseph (1980) “Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government,” en How Democractic is the Constitution?, Washington, D.C., AEI Press. pp. 102–116.
  • Bessette, Joseph, (1994) The Mild Voice of Reason: Deliberative Democracy & American National Government Chicago: University of Chicago Press.
  • Blattberg, C., (2003) “Patriotic, Not Deliberative, Democracy,” Critical Review of International Social and Political Philosophy 6, no. 1, pp. 155-74. Versión disponible en línea.
  • Cohen, J. (1989) “Deliberative Democracy and Democratic Legitimacy,” en Hamlin, A. y Pettit, P. (eds), The Good Polity. Oxford: Blackwell. pp. 17–34
  • Elster, Jon (comp.). (2001) La democracia deliberativa [1998], Barcelona: Gedisa. Indice
  • Habermas, Jürgen (1998): “Política deliberativa: un concepto procedimental de democracia”, cap. VII de Facticidad y validez [1992], Madrid: Trotta, 363-406.
  • Martí, J. Luis (2006): La república deliberativa. Una teoría de la democracia, Madrid: Marcial Pons. [ISBN 84-9768-383-8]
  • Nino, Carlos S. (1997): La constitución de la democracia deliberativa [1996], Barcelona: Gedisa.
  • Segovia, Juan Fernando (2008): Habermas y la democracia deliberativa, Madrid: Marcial Pons. [ISBN 978-84-9768-608-2]
  • Steenhuis, Quinten. (2004) “The Deliberative Opinion Poll: Promises and Challenges”. Carnegie Mellon University. Tesis no publicada disponible Online
  • Talisse, Robert, (2004) Democracy after Liberalism Publisher: Routledge [ISBN 0-415-95019-8]
  • Uhr, J. (1998) Deliberative Democracy in Australia: The Changing Place of Parliament, Cambridge: Cambridge University Press [ISBN 0-521-62465-7]
  • Velasco, Juan Carlos (2006) “Deliberación y calidad de la democracia“, ‘Claves de razón práctica’, nº 167, pp. 36-43.
  • Velasco, Juan Carlos (2009): “Democracia y deliberación pública“, en ‘Confluencia XXI. Revista de Pensamiento Político’, nº 6, pp. 70-79.

Enlaces externos

El imperativo deliberativo

 

 

Loïc Blondiaux  y Yves Sintomer

 

Edición de Franklin Ramírez Gallegos Traducción de Elvia Rosa Castrillón C.

Un cambio ideológico acompaña las actuales transformaciones de las prácticas

de decisión en las democracias contemporáneas. Tal cambio pasa por la valorización

constante y sistemática de ciertos temas: la discusión, el debate, la concertación, la

consulta, la participación, la colaboración, la gobernanza. Dos fenómenos se conjugan

para atestiguar la cristalización de esta nueva formulación de la idea democrática,

de este “nuevo espíritu” de la acción pública moderna, en la forma en que Luc

Boltanski y Eve Chiapello han podido reconstituir la formación de un “nuevo espíritu

del capitalismo” durante estos últimos veinte años.1 (L. Boltanski y E. Chiapello. Le nouvel esprit du capitalisme. París, Gallimard, 1999). Sin embargo, nuestra intención no ha sido dar cuenta sociológica o históricamente de las

condiciones de formación de este “imperativo deliberativo”, ni tampoco analizar la

difusión o la circulación nacional e internacional de los modelos y los procedimientos,

sino discutir la eventual coherencia normativa y comenzar a evaluar sus efectos en las

prácticas políticas contemporáneas. Algunas hipótesis anticipadas aquí comenzaron a

formularse en un seminario conjunto sobre “las teorías contemporáneas del espacio

público: democracia deliberativa y democracia participativa” (DEA en Ciencia política,

Lille II, 2000-2001). Los primeros elementos de esta investigación se encuentran en:

L. Blondiaux. “La délibération: Norme de l’action publique contemporaine?” Projet,

268, Lyon, 2001; Y. Sintomer. Délibérer, participer, représenter. Vers une sociologie de

la justification politique. Tesis de habilitación para dirigir las investigaciones en sociología,

Universidad París V, diciembre 2001).

En la esfera de la acción pública se intensifica el recurso a los dispositivos que

buscan implicar, explícitamente, una pluralidad de actores, más allá de los clásicamente

habilitados para decidir en el marco de un gobierno representativo. Es así como,

correlativamente, se han desarrollado nuevos procedimientos tendientes a organizar

las discusiones entre las partes presentes.

En la esfera académica se difunden, paralelamente, modelos explicativos y

normativos que afirman su vocación para ser recuperados por los ciudadanos y por

los actores públicos. En Alemania y en el mundo anglosajón particularmente, la

referencia a la democracia deliberativa conoce hoy un éxito creciente. En su primera

formulación, derivada de la filosofía de Jürgen Habermas, así como en sus versiones

insulsas, esta filosofía política pone en evidencia una definición procesal y discursiva

de la legitimidad. Según este punto de vista teórico, la norma es legítima solo si está

fundada en razones públicas que resultan de un proceso de deliberación inclusivo y

equitativo en el cual todos los ciudadanos pueden participar y están llamados a

cooperar libremente.2 Esta perspectiva exige oponerse tanto a las concepciones

republicanas tradicionales, que postulan el monopolio de los elegidos con un interés

general trascendiendo las opiniones de los ciudadanos comunes, como a las concepciones

liberales, que construyen de manera acumulativa el interés general como

simple adición o negociación entre los intereses particulares. “La decisión legítima no

es la voluntad de todos [insistía Bernard Manin desde 1985 en un artículo pionero],

sino la que surge de la deliberación de todos: es el proceso de la formación de

voluntades el que confiere su legitimidad a los resultados, no las voluntades ya

formadas”.3 En las ciencias políticas, la noción de gobernanza tiene éxito. Ante la

complejidad creciente de las sociedades modernas, las formas tradicionales de

gobierno deberían dar paso a los modos nuevos de gobernanza, mejor adaptados a

la “sociedad en redes”,4 más horizontales y más flexibles, que impliquen a una

pluralidad de actores, más que a una dirección centralizada de la evolución social.

¿Este doble movimiento, pragmático y teórico, indica una transformación profunda

de las formas y de los registros de justificación de la decisión democrática?

Diferentes indicadores dejan entrever tal proceso.

Para comprender esta evolución es necesario, inicialmente, revisar los diferentes

escenarios donde se desarrolla esta reconfiguración de la acción, pasar revista

rápidamente sobre los dispositivos existentes y detenerse en la argumentación que los

fundamenta. En este artículo, sin embargo, quisiéramos concentrarnos en una dimensión

particular de esta constelación: la deliberación. Un verdadero “imperativo deliberativo”

parece hoy presidir la puesta en marcha de dispositivos participativos altamente

diversos: comités de sabios, comisiones locales de consulta pública, consejos de

barrios, organismos de cooperación mixta desplegados en el marco de las grandes

políticas urbanas, comisiones nacionales de debate público, reuniones de consenso

o jurados ciudadanos… Tal imperativo se expresa en los modos más igualitarios de

consulta a las “bases” y parece imponerse como una de las dimensiones obligadas de

la acción colectiva, particularmente en los nuevos movimientos sociales. Aun cuando

el contraste entre las ambiciones de la retórica y la modestia de la ejecución es a

menudo sorprendente, debe tomarse en serio la emergencia de una nueva gramática

de la acción pública.

1. La multiplicación de los giros deliberativos

La imprecisión conceptual en el uso de las nociones de deliberación, concertación

o participación no ha obstaculizado de ninguna manera la multiplicación de los

dispositivos que se refieren a éstas. Desde el inicio de los años ochenta, en Francia,

los comités de sabios prefiguraron un nuevo modo de encuadramiento de la decisión

pública fundada en la audición y en la confrontación de las causas, de las disciplinas

y de los puntos de vista políticos o éticos: Comité Nacional de Ética (1983), Comisión

de la Nacionalidad (1987), Consejo Nacional del Sida (1989), Alto Consejo para la

Integración (1990).5

En el campo de los problemas ambientales y en el de la gestión del territorio las

cosas han ido más rápido y más lejos. En el plano de los principios, inicialmente, la

ley Bouchardeau del 12 de julio de 1983 sobre la democratización de la investigación

pública fijó como objetivo “informar al público, recoger las apreciaciones, sugerencias,

contra-proposiciones, con el fin de permitir a la autoridad competente disponer

de todos los elementos necesarios para su información”. Doce años más tarde, en

1995, la ley Barnier que crea la Comisión Nacional del Debate Público va mucho más

lejos y enuncia un verdadero “principio de participación” en el caso de los grandes

proyectos de ordenamiento territorial o de equipamiento: “cada uno tiene acceso a

M.Bachir. “La consultation publique. Nouvel outil de gouvernabilité et transformation des

registres et répertoires d’action politique”; D. Memmi. “Celui qui monte à l’universel et

celui qui n’y monte pas. Les voies étroites de la généralisation ‘éthique’”. En: B. François

y E. Neveu (directores). Espaces publics mosaïques. Acteurs, arènes et rhétorique des

débats publics contemporains. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1999.

97

las informaciones relativas al medio ambiente […] y el público se adhiere a la

elaboración de decisiones que incidan de modo importante en el medio ambiente o

en el aprovechamiento del territorio”. La evolución es significativa en el paso del

control de la información de la autoridad pública, en un marco estrechamente

controlado por la administración y por los responsables políticos, al reconocimiento

de un derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones. Sin embargo,

los límites de la puesta en práctica de estas intenciones permanecen manifiestos.

En el plano de los procedimientos, una de las fórmulas más empleadas en los

últimos años es la de las “comisiones locales de información y de consulta pública”,

desplegadas con el fin de acompañar a nivel local un programa de acción pública. Las

comisiones locales del agua articulan, así, a funcionarios, expertos, concejales, junto

con las asociaciones y los representantes de los grupos de interés. Otras instancias han

asegurado la puesta en debate público de decisiones que antes estaban completamente

en manos de técnicos y expertos, por ejemplo las comisiones que supervisan la

implantación de laboratorios de investigación sobre la gestión de residuos radioactivos.

6 Estos últimos dispositivos se corresponden con un primer modelo de democratización

(muy relativa) de la decisión. Se trata de “foros híbridos” que tienen por

vocación posibilitar el encuentro de actores que responden a intereses diferentes

(políticos, expertos, representantes de las asociaciones y de los grupos de interés…)

e inscribirlos en una misma estructura de deliberación o de consulta.7

Otros procedimientos tienen por objetivo incorporar a los ciudadanos ordinarios

en la formación de las elecciones públicas. Los jurados ciudadanos y otras

reuniones de consenso, nacidos en los años setenta en Dinamarca y en Alemania, se

han difundido en otros países europeos8 durante los últimos años. Según un modelo

inspirado en los jurados de conciencia, se sortea un grupo de ciudadanos (que puede

ir de una decena a una centena) y, de ser necesario, se completa la lista con la

designación de representantes asociativos o de personalidades procedentes de la

“sociedad civil”. En un momento externo al proceso decisorio, se otorga a los

ciudadanos sorteados la información técnica y/o política requerida para enfrentar

determinada controversia. La instancia resultante, animada por un comité de pilotaje

independiente, se ve conducida a auditar y escuchar a las partes en conflicto o a los

defensores de los proyectos en disputa, y luego a deliberar de manera informada.

Todo el procedimiento puede desarrollarse en un lapso corto (una o dos sesiones de

dos a tres días), o extenderse durante varios meses en el transcurso de reuniones

regulares. En general, la deliberación del jurado no tiene un carácter de mandato, no

compromete a la autoridad organizadora, pero ésta arriesga su credibilidad si ignora

pura y simplemente el resultado del trabajo de las comisiones. En ciertos casos, como

en los barrios berlineses, el jurado toma soberanamente decisiones que conciernen

montos no despreciables (medio millón de euros por barrio en la capital alemana).

Una experiencia similar se ha desarrollado en Francia en los últimos años: la

“conferencia de ciudadanos” sobre los OGM (organismos genéticamente modificados)

organizada en 1998 por la Oficina Parlamentaria de Decisiones Científicas (Office

Parlementaire des Choix Scientifiques).9 Para las instancias locales o nacionales que

los ejecutan, tales instrumentos pueden servir muy bien tanto como herramienta de

gestión para facilitar la toma de decisiones, pues muestra las zonas de resistencia a

ciertas políticas, como en la apertura de un debate ampliado, antes concentrado en

los medios de comunicación, con y entre el conjunto de la población sobre un asunto

que causa controversia.

Los jurados ciudadanos se acercan, en cierto modo, a la técnica del sondeo

deliberativo, inventada hace unos diez años por el politólogo norteamericano James

Fishkin, que propone reunir en el mismo lugar –generalmente durante dos días y en

una universidad o en un liceo– una muestra representativa de la población de

referencia, para confrontarlos con los expertos y hacerlos discutir en pequeños

grupos, antes de recoger sus opiniones informadas mediante el sondeo. Desde

entonces, esta técnica se ha puesto en marcha una docena de veces en Gran Bretaña,

Australia y Estados Unidos.10 A pesar de su escaso número de aplicaciones, tal técnica

puede analizarse no solo como una tentativa de renovación de las encuestas tradicionales

sino también como el síntoma de un nuevo vínculo con la opinión pública en las

democracias occidentales.

En Francia, a nivel local es donde cabe observar las tentativas más numerosas,

e incluso los resultados mejor logrados, en la integración de los ciudadanos a la

elaboración o a la ejecución de las políticas públicas. La política de la ciudad no ha

dejado jamás de favorecer, en teoría, la implicación de los habitantes de los barrios

sin que este mandamiento participativo esté siempre seguido de los resultados

esperados.11 Respecto al derecho de las colectividades locales, la ley sobre la

administración territorial del 6 de febrero de 1992 estableció como principio “el

derecho de los habitantes del municipio a estar informados de los asuntos de éstos

y a ser consultados sobre las decisiones que les conciernen” sin, a pesar de ello, ir más

allá de un reconocimiento tímido del referéndum consultivo local. Hoy en día, la ley

Vaillant sobre la “democracia de proximidad” propone institucionalizar los consejos

de barrio en las ciudades con más de 80.000 habitantes, codificando así un procedimiento

ya adoptado por muchos municipios.12 Allí todavía, los límites concretos del

dispositivo son, sin embargo, flagrantes.13

Estos diferentes procedimientos varían en su grado de institucionalización y en

la ampliación de las competencias que suministran a las instancias previstas. Pueden

incluso funcionar de manera casi informal: diferentes asociaciones se han visto así

reconocidas de facto en las deliberaciones y en la toma de decisiones, sin que esta

evolución encuentre un reconocimiento propiamente institucional en la ley. En

cualquier caso, sería necesario evaluar tales experiencias, caso por caso, según ciertos

criterios: la posibilidad que tienen los ciudadanos y las asociaciones de fijar por sí

mismas o de poner en cuestión la definición de la situación impuesta por la autoridad

respectiva, su margen de independencia con respecto a esta última, su posibilidad o

no de producir conocimientos nuevos bajo la forma de una contra-experticia, etc.

Citas:

1 Los primeros elementos de esta investigación se encuentran en:

L. Blondiaux. “La délibération: Norme de l’action publique contemporaine?” Projet,

268, Lyon, 2001; Y. Sintomer. Délibérer, participer, représenter. Vers une sociologie de

la justification politique. Tesis de habilitación para dirigir las investigaciones en sociología,

Universidad París V, diciembre 2001).

 

2 J. Habermas.Droit et démocratie. Entre faits et normes. Gallimard, 1997; J. Bohman.Public

3 B. Manin. “Volonté générale ou délibération. Esquisse d’un théorie générale de la délibération

politique”. Le Débat, 33, París, 1985.

4 M. Castells. L’ère de l’information. Vol. 1: La société en réseaux. París, Fayard, 2001.

6 Y. Barthe. La mise en politique des déchets nucléaires. L’action publique aux prises avec

les irréversibilités techniques. Tesis de sociología, Ecoles de Mines de París, 2000.

7 Sobre estos “foros híbridos”, véase: M. Callon, P. Lascoumes, Y. Barthe. Agir dans un

monde incertain. Essai sur la démocratie technique. París, Seuil, 2000.

 

8 G. Smith y C. Wales. “Citizen juries and deliberative democracy”. Political Studies, 48,  

2000; Peter C. Dienel.Die Plannungzelle. Eine Alternative zur Establishment-Demokratie.

Opladen, Westdeutscher, 1997; J. Sánchez (director).Participació ciutadana i govern local:

els Consells ciutadans. Barcelona, Mediterrània, 2000. En lengua francesa: I. Blanco. “Jury

citoyens en Espagne: vers un nouveau modèle de démocratie locale”. Mouvements, 18,

París, 2001.

9 D. Boy, D. Donnet-Kamel y P. Roqueplo. “Un exemple de démocratie participative: la

conférence française de citoyens sur l’usage des organismes génétiquement modifiés en

agriculture et dans l’alimentation”. Revue Française de Science Politique, Vol. 4-5 (50),

París, 2000; P. B. Joly. “La gouvernance démocratique par consultation?”.Cahiers de la

Sécurité Intérieure, 38, Lyon, 1999.

10 J. Fishkin. Democracy and deliberation. New Haven, Yale University Press, 1991. En

francés, véase: J. Fishkin. “Vers une démocratie deliberative: l’experimentation d’une

idéal”. Hermès, 31, París, 2002.

 

11 M.Bachir. “La consultation publique. Nouvel outil de gouvernabilité et transformation des

registres et répertoires d’action politique”; D. Memmi. “Celui qui monte à l’universel et

celui qui n’y monte pas. Les voies étroites de la généralisation ‘éthique’”. En: B. François

y E. Neveu (directores). Espaces publics mosaïques. Acteurs, arènes et rhétorique des

débats publics contemporains. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1999.

 

11

M. H. Bacqué, Y. Sintomer. “L’espace public dans les quartiers populaires d’habitat social”.

En: C. Neveu (director).Espace public et engagement politique. París, L’Harmattan, 2000;

 

M. Blanc. “Participation des habitants et politique de la ville”. En: L. Blondiaux et al. La

démocratie locale. Représentation, participation et espace public. Op. cit.

12 L. Blondiaux. “Représenter, délibérer ou gouverner? Les assises politiques fragiles de la

démocratie participative de quartier”. En:Ibíd.; Y. Sintomer.Délibérer, participer, représenter.

Vers une sociologie de la justification politique. Op. cit.

 

13 M. H. Bacqué, Y. Sintomer. “Gestion de proximité et démocratie participative”. Annales

de la Recherche Urbaine, 90, París, 2001.

Originalmente, este artículo fue publicado en francés con el título “L’impératif délibératif”.

Politix, Vol. 15 (57), París, Universidad de París I, 2002, pp. 17-35. Agradecemos a la

revista Politix el amable permiso para su publicación en castellano.

Estudios Políticos No. 24. Medellín, enero-junio 2004

Deliberación y discusión

 

 

Sobre algunas ideas de BERNARD MANIN

Institut d’Études Politiques de Paris / NYU

manin@nyu.edu

 La discusión argumentada no produce necesariamente una deliberación

colectiva satisfactoria. Por el contrario, la calidad de la deliberación

colectiva puede ser mejorada en situaciones en las que los participantes

no dialogan entre ellos y en las que no incluyen entonces la discusión

en sentido estricto. Tales son las tesis que este artículo se propone

establecer.

La experiencia muestra que, a veces, los individuos discuten y argumentan

entre ellos para formarse una opinión o tomar una decisión sobre

un tema dado, sin que se observe en las opiniones así formadas las transformaciones

deseables esperadas en general de la deliberación. Pero otras

experiencias muestran también que después de una deliberación colectiva,

los individuos cambian sus opiniones en un sentido beneficioso, llegando

a ser, en particular, opiniones mejor informadas. En estas experiencias,

un animador ordena la discusión, y la deliberación incluye la lectura

de documentos y la audición de personalidades calificadas, dos formas de

comunicación que no conciernen a la discusión propiamente dicha, en el

sentido de que no son interactivas.

Estas experiencias llevan a preguntarse por las condiciones concretas

que deben ser cumplidas para que la discusión argumentada produzca

efectos deseables. Aunque se considere como filosóficamente establecido el valor de la deliberación colectiva y, en particular, su superioridad

en relación con un sistema en el que la decisión colectiva resulta solamente

de la agregación de voluntades no argumentadas1, no podemos

desatender los casos en los cuales la deliberación parece conducir a resultados

indeseables. Sin duda, la deliberación colectiva puede ser organizada

de varias formas. Se trata de saber qué elementos concretos permiten

que su valor se manifieste. Las experiencias en cuestión llaman la

atención, en particular, sobre el rol de las comunicaciones donde las partes

no dialogan entre ellas, como cuando los oradores se dirigen a un

auditorio. ¿Por qué y en qué condiciones tales comunicaciones que no

conciernen a la discusión pueden tener efectos beneficiosos sobre la deliberación

colectiva?

Como las teorías de la deliberación fueron variando en los últimos veinte

años, puede ser útil precisar el sentido en el que el concepto será entendido

aquí. En lo que sigue, se entenderá por deliberación colectiva un proceso

caracterizado por dos rasgos. Se dirá, en primer lugar, que un cuerpo colectivo

de cualquier tamaño (se trate de un jurado, de un grupo ó de todo el

electorado) delibera si sus miembros se comunican entre ellos en vistas a llegar

a una decisión común2. Estas comunicaciones no constituyen, por sí mismas,

un procedimiento de decisión colectiva. No pueden entonces sustituir

las reglas de la mayoría, de la mayoría calificada ó de la unanimidad, que sí

constituyen procedimientos de decisión. Las comunicaciones entre los participantes

contribuyen a formar las voluntades individuales que entran luego

en la decisión colectiva según la regla de procedimiento elegida.

Por otra parte, se dirá que un cuerpo colectivo delibera si se cumple

una segunda condición: si las comunicaciones que preceden a la decisión

consisten en argumentos. El concepto de argumento será, a su vez, entendido

en un sentido minimalista como una proposición destinada a persuadir

a los miembros de la colectividad deliberante. La proposición puede

referirse tanto a hechos como a valores. Pero una proposición constituye

un argumento sólo si apunta a persuadir a los auditores y a suscitar su

acuerdo por la sola validez (factual o moral) de lo que afirma, y no por

ofrecer retribuciones o por proferir amenazas de sanciones3.

I. Dos experiencias de la deliberación

En trabajos recientes, Cass Sunstein ha llamado la atención sobre un

fenómeno ya conocido pero descuidado hasta ahora por las teorías de la

deliberación democrática, el fenómeno de la “polarización de los grupos”

4. Diversos trabajos de psicología social y de psicología de la decisión

muestran que la tendencia preexistente de las opiniones en el seno de un

grupo deliberante se encuentra reforzada después de la discusión. Así,

un grupo en el que la opinión mediana se encuentra, antes de la discusión,

moderadamente a favor de una política o de una medida cualquiera,

tendrá una opinión mediana fuertemente favorable a esa política o a

esa medida después de haber discutido5. Parece entonces que la deliberación

puede ser un factor de radicalización de las opiniones y de las

decisiones. Ciertamente, no es lo que se espera cuando se preconiza la

deliberación. La objeción no se refiere a la producción de opiniones radicales

o extremas en sí misma. Una posición extrema puede ser totalmente

razonable sobre ciertos objetos. En estos casos, la argumentación colectiva

cumpliría entonces su rol al evidenciar que los objetos son mucho

más criticables, o que tienen muchas más virtudes, en comparación con

lo que los participantes pensaban a priori. Los elementos indeseables se

deben al carácter sistemático, casi mecánico, del efecto de refuerzo, y al

hecho de que éste se ejerce siempre en el sentido de la inclinación preexistente.

No se ve ninguna razón que pueda hacer deseable que los grupos

deliberantes radicalicen sistemáticamente sus posiciones en el senti-

do de sus inclinaciones anteriores.

Este fenómeno parece deberse principalmente a dos mecanismos: la

influencia social del medio y el desequilibrio cuantitativo de los argumentos.

Es una verdad de la psicología social conocida desde hace largo tiempo

(de la cual ya encontramos una elaboración en Rousseau) que los individuos

desean ser percibidos favorablemente por el otro. Ser estimado y

aprobado por el otro proporciona, además, una imagen gratificante de sí

mismo. En un ambiente deliberativo en el que los individuos perciben que

las opiniones se inclinan en un cierto sentido, ellos modifican sus propias

expresiones en el sentido dominante para ser aprobados por sus pares,

reforzando la tendencia percibida por un mecanismo en espiral abundantemente descrito y analizado por la psicología social6. Por otra parte,

la inclinación de la opinión existente en el grupo ejerce un efecto cuantitativo

sobre los argumentos formulados en el curso de la discusión. En

un conjunto en el que la mayor parte de los miembros está a favor de una

política cualquiera antes de la deliberación, se emitirá una cantidad

desproporcionada de argumentos a favor de esa política. Considerados

como audiencia, los individuos escucharán entonces más razones a favor

de esa política que en contra de ella. Esta preponderancia numérica ejercerá

a su vez cierto efecto persuasivo, empujando a los miembros hacia el

lado en el que haya más argumentos. El desequilibrio inicial de la distribución

de las opiniones será así acentuado por la deliberación.

Es necesario notar que este segundo mecanismo, a diferencia del

primero, no es necesariamente irracional. Es cuestión sólo de argumentos

y de razones. Se puede decir que el segundo mecanismo operaría

incluso en la ausencia de elementos irracionales que se mezclan probablemente

con frecuencia en la realidad. Aunque se descarten los efectos

de repetición de un mismo argumento (que serían irracionales), aunque

supongamos que los miembros del grupo sólo enuncian, cada vez que

hablan, nuevas razones antes no enunciadas, la cantidad de argumentos

emitidos en un sentido o en el otro estará en relación con la distribución

inicial de las opiniones y su inclinación. Las decisiones políticas y sociales

presentan en general aspectos y consecuencias múltiples. Los individuos

pueden estar a favor de una decisión cualquiera porque ven ciertos

aspectos o consecuencias que otros, también a favor de esta decisión,

pero por otras razones, no ven7. En la deliberación cada uno puede entonces

hacer valer, sin repetición, razones diferentes para adoptar una

misma política. Sin duda, las diferentes posiciones sobre una política dada

no se prestan a que se les encuentren razones de igual manera. Una posición,

favorable o desfavorable, puede estar objetivamente menos fundamentada

que otra. Pero la cantidad de miradas y de inteligencias buscando

razones en un sentido u otro también cuenta. La inclinación hacia

el lado en el que se encuentra la mayor cantidad de inteligencias dispone

así de una ventaja en la producción de argumentos, aunque esta ventaja

no haga todo. En cuanto a la audiencia, aunque no sería razonable de su

parte juzgar la fuerza persuasiva de una posición solamente en función

de la cantidad de argumentos emitidos en su favor, tampoco va a ser

indiferente a este número. Cuando se delibera sobre acciones complejas,

esa cantidad no es de ningún modo contraria a la cantidad de apoyos

que puedan obtener los argumentos enunciados.

Estos fenómenos de polarización y de refuerzo de la tendencia preexistente

en el interior del grupo no se producen, sin embargo, en las

múltiples experiencias de sondeo deliberativo que James Fishkin conduce

desde hace varios años8. Fishkin ha puesto a punto un dispositivo en el

cual una muestra representativa de la población delibera sobre un tema

dado antes de responder a un cuestionario de opinión sobre el tema. Su

objetivo era, en primer lugar, mejorar la técnica de sondeo al recoger opiniones

reflexionadas y deliberadas antes que respuestas hechas apresuradamente

por individuos que tal vez no han podido reflexionar jamás sobre

el tema de las preguntas. El objetivo era también conciliar la expresión de

los ciudadanos ordinarios, uno de los valores centrales de la democracia

desde su invención, y los méritos de la deliberación colectiva, habitualmente

confinada a los recintos de asambleas elegidas. Independientemente

de estos objetivos, los sondeos deliberativos de Fishkin merecen una

atención particular porque las opiniones de los participantes son recogidas

dos veces, antes y después de la deliberación. De este modo, constituyen

experiencias que permiten observar los efectos del componente

deliberativo del dispositivo. Es necesario notar que los organizadores aportan

un particular cuidado en la selección de la muestra representativa,

evitando tanto como sea posible las distorsiones presentes en los numerosos

sondeos comercializados. Se toman también disposiciones para que los

que aceptan participar en el evento sean igualmente representativos de

todas las categorías de la población. Naturalmente, los organizadores se

hacen cargo de los gastos de participación.

Luego de que los participantes han sido así seleccionados, interviene el

componente deliberativo del proceso. Éste comprende varias etapas o elementos.

En un primer momento, cierto tiempo antes de la discusión, los

participantes reciben un folleto informativo exponiendo “de manera cuidadosamente

equilibrada” las diferentes proposiciones en debate entre los dirigentes

políticos, así como “los argumentos enunciados a favor y en contra”

de esas proposiciones (Luskin, Fishkin y Jowell, 2002: 459). En un segundo

momento, los participantes son reunidos en un mismo lugar para la discusión.

Discuten entonces, en pequeños grupos, proposiciones previamente

puestas bajo su conocimiento. Estos pequeños grupos son formados de

manera aleatoria (al seno de una muestra aleatoria). Esto lleva, señala Fishkin,

a que los participantes sean confrontados a “una diversidad de puntos de

vista más amplia que la que son susceptibles de encontrar en la vida cotidiana”

(Luskin, Fishkin y Jowell, 2002: 459)9. Las discusiones son conducidas

por profesionales de la animación de grupos que contribuyen a asegurar

que “se escuchen argumentos opuestos a un nivel que se encuentra raramente

o jamás en la vida cotidiana” (Luskin, Fishkin y Jowell, 2002: 459).

En una tercera etapa, asisten expertos y dirigentes políticos para defender

diferentes opiniones delante de los participantes y responder a sus preguntas.

Los organizadores velan por el equilibrio entre las personalidades invitadas.

“Una vez más, el equilibrio es importante. Es mucho más difícil que en

la vida ordinaria ‘apretar el botón’ cuando se expresan conservadores, laboristas,

u otros con quienes se espera estar en desacuerdo” (Luskin, Fishkin y

Jowell, 2002: 460)10. Finalmente, durante todo el tiempo que dura la experiencia,

en general un fin de semana, los participantes permanecen entre ellos.

Entonces, las discusiones de los pequeños grupos se prolongan frecuentemente

en conversaciones informales, durante las comidas o las pausas.

Las deliberaciones tomadas en cuenta en el marco de los sondeos

deliberativos de Fishkin presentan así diversos caracteres específicos. Hay

tantos caracteres especiales como explicaciones potenciales en el hecho de

que no se observan, al término del proceso, los fenómenos de polarización

resaltados por Sunstein11.

II. Diversidad de opiniones y deliberación imperfecta

Hoy en día los análisis que se pueden proponer sobre este tema siguen

siendo entonces en parte especulativos. No obstante, la reflexión teórica

puede ser útil para futuros trabajos empíricos al indicar, entre los múltiples

caracteres propios de la deliberación preconizada por Fishkin, cuáles

deberían ser testeados prioritariamente independientemente de los otros12.

Además, el análisis teórico pone en cuestión una tesis frecuentemente enunciada

en los trabajos presentes sobre la deliberación.

Así, por ejemplo, Sunstein insiste sobre “las virtudes de la heterogeneidad”

en el seno de las colectividades deliberantes. Es en la “multiplicidad

de perspectivas” y de las voces escuchadas en el curso de la deliberación

donde, según él, se encuentra la principal precaución a ser tomada

para prevenir los fenómenos de polarización (Sunstein, 2002: 189-193).

En verdad, encontramos tal elogio de la diversidad de puntos de vista en

uno de los primeros y más poderosos teóricos de la discusión, Mill13. Una

polarización. Ahora bien, él no observa tal fenómeno. Un movimiento hacia el extremo en la

dirección dominante previamente aparece sobre ciertos ítems del cuestionario; por el contrario,

sobre otros ítems las opiniones se acercan al centro. De la misma forma, la variación

de las opiniones en el interior de los pequeños grupos de discusión disminuye, sin duda

sobre ciertos ítems, pero se acrecienta sobre otros. La discusión de los pequeños grupos no

tuvo entonces por efecto el acrecentamiento de la conformidad de las opiniones. Ver Luskin,

Fishkin y Jowell (2002: 477-478). Sunstein reconoce, no sin cierta molestia, que los sondeos

deliberativos no parecen corroborar “la ley de la polarización de los grupos”. Ver Sunstein

(2002: 193-194). larga tradición liberal hace de la diversidad de puntos de vista comprometidos

la condición fundamental de lo que podríamos llamar la virtud

epistémica de la discusión, es decir su capacidad de hacer progresar la

búsqueda de la verdad. En uno de sus escritos políticos, Popper llega al

punto de escribir: “el interés de una discusión es entonces función, en

gran medida, de la diversidad de las concepciones que se afrontan. Si la

Torre de Babel no hubiera existido, habría sido necesario inventarla”

(Popper, 1985: 513)14. ¿Y por qué, podemos preguntarnos, los habitantes

de Babel elegirían confrontar sus puntos de vista, más que reagruparse

por afinidades lingüísticas y permanecer allí?

De hecho, la diversidad de puntos de vista no implica necesariamente

su oposición. Dos puntos de vista opuestos son inevitablemente diferentes,

pero lo inverso no es cierto. Dos individuos pueden tener perspectivas

distintas sobre el mismo objeto, comprenderse mutuamente y llevar una

discusión fecunda sobre este tema en la que los puntos de vista de cada

uno se enriquecen sin que la discusión comprenda en ningún momento

una crítica de uno al otro, ni en términos de exactitud fáctica, ni en términos

de valor moral. Simplemente es posible que los dos individuos vean

aspectos o efectos diferentes pero no contradictorios del fenómeno, porque

sus antecedentes, sus culturas, sus posiciones los hacen sensibles a

dimensiones diferentes. Esto es particularmente importante en el caso de

los fenómenos sociales, objetos complejos y con facetas múltiples. Pensemos,

por ejemplo, en las múltiples dimensiones de un fenómeno como el

desempleo. Al velar por la diversidad de puntos de vista expresados en

una discusión, se acrecienta, sin duda, la probabilidad de que se presenten

opiniones críticas unas de otras, pero no garantiza que se producirá esta

crítica mutua.

Por otra parte, en la deliberación práctica, dirigida hacia la acción y la

decisión, un factor específico puede impedir, o hacer poco probable, la

emergencia de argumentos opuestos, inclusive cuando se expresan puntos

de vista múltiples y diversos. Los argumentos prácticos se caracterizan,

en efecto, porque presentan una dirección o una orientación: son las consideraciones

a favor o en contra de una acción dada, o consideraciones

que llevan a actuar más bien de un modo que de otro. Uno de los elementos

constitutivos de la deliberación práctica es, además, el hecho de medir

lo favorable y lo desfavorable de las acciones consideradas15. Ahora bien, el

carácter orientado de los argumentos prácticos implica que su búsqueda y

su producción tienen fuertes chances de estar desequilibrados si los participantes

encuentran tener un mismo objetivo, en particular si están animados

por un mismo estado emotivo16.

Supongamos un cuerpo deliberante en el que los miembros comparten

el miedo, que podemos inclusive suponer razonable y bien fundado,

de un peligro cualquiera. Imaginemos, además, que una medida que contribuye

efectivamente (u objetivamente) a prevenir la realización del even-

to temido es propuesta y discutida en esa asamblea, por ejemplo el refuerzo

de los poderes de la policía. En estas condiciones, es probable que la

discusión no haga aparecer muchos argumentos que vayan contra la adopción

de esa medida, aunque los miembros expresen puntos de vista diversos

en función de sus situaciones y sus experiencias diferentes. La discusión

producirá más bien una acumulación de razones a favor de los poderes

acrecentados para la policía y varios miembros encontrarán, por su

punto de vista particular sobre esta decisión, motivos diversos para adoptarla

que otros, con diferentes posiciones, no habían visto antes.

 Ahora bien, aunque el aumento de las prerrogativas de la policía contribuya

objetivamente a la realización del objetivo perseguido quizá también

presente, por otra parte, efectos o aspectos indeseables. En todo caso,

esto es posible. Y una deliberación satisfactoria debería justamente tener

por efecto el evidenciar estos eventuales efectos indeseables y ponerlos en

equilibrio con la propiedad deseable (aquí, el efecto positivo sobre la seguridad).

Pero en nuestro caso, estas posibles propiedades indeseables serán

automáticamente subestimadas en la discusión. En efecto, una vez que

haya sido enunciada en el debate una razón convincente que muestre el

15 Se puede observar, por ejemplo, que Aristóteles analiza la deliberación colectiva (sumboulë)

como compuesta por dos elementos, argumentar a favor y argumentar en contra. “En una

deliberación colectiva, a veces se recomienda, a veces se desaconseja [sumboulès dé to men

protropè, to de apotropè], porque siempre los que deliberan sobre un asunto privado, o los que

hablan delante del pueblo sobre un asunto común, hacen una u otra de estas dos cosas”,

Aristóteles, Retórica, Libro I, cap. 3, 1358b 8-10.

16 Las emociones parecen particularmente susceptibles de engendrar un objetivo común

entre un conjunto de individuos diversos. Pero esta identidad de objetivos puede encontrarse

también en la ausencia de emociones.

Revista SAAP . Vol. 2, Nº 2

efecto positivo de los poderes de la policía sobre la seguridad, los participantes

carecerán de motivación para buscar y mencionar otros efectos o

propiedades de esta medida que puedan constituir argumentos contra ella.

Muchos miembros finalizarán probablemente su búsqueda de argumentos,

porque ésta siempre es costosa. Habiendo encontrado una razón satisfactoria

de estar a favor de la medida, se contentarán y considerarán la

cuestión como resuelta. Otros proseguirán, sin duda, sus investigaciones.

Pero entre éstos, los miembros que descubran objeciones se abstendrán de

mencionarlas por miedo de comprometer (en tanto que productores de

argumentos) la adopción de una decisión que ellos consideran, con razón,

favorable al objetivo que persiguen. Sólo aquéllos que persigan argumentos

suplementarios a favor de la medida serán incitados a indicarlos en la

discusión. La asamblea entonces pesará mal, de manera sesgada, lo favorable

y lo desfavorable del aumento de los poderes de la policía.

El mismo efecto de desequilibrio aparecerá si, en lugar de considerarse

los motivos de adoptar o de no adoptar una misma medida, pusiéramos

la mirada en las diferentes medidas susceptibles de ser discutidas en tal

asamblea. Movidos por un mismo miedo al peligro, los miembros centrarían

su atención en descubrir los medios de reforzar la seguridad. Por sus

experiencias y situaciones diversas, probablemente descubrirían mucho.

Una asamblea tal, podríamos decir en lenguaje trivial, tendría “muchas

ideas” para reforzar la seguridad. Algunas de ellas seguramente serían eliminadas

por la discusión, por estar fundadas en argumentos inválidos.

Pero la búsqueda misma de ideas y de argumentos estaría sesgada: los

miembros pondrían más atención y energía en descubrir “buenas ideas”,

sostenidas sobre argumentos válidos, para reforzar la seguridad que en

explorar los potenciales efectos indeseables de medidas consideradas con

razón como fortalecedoras de la seguridad. En ese caso, la deliberación

sería insuficiente o al menos sesgada.

Así, una asamblea deliberante, aún diversa, no considera necesariamente

lo que está a favor y en contra de las acciones que examina. La

conciencia de este fenómeno y de sus peligros puede haber jugado un

cierto rol en la historia de la democracia ateniense y de sus instituciones.

En el siglo IV, en un momento en el que los demócratas atenienses buscaban

estar prevenidos contra los arrebatos de la ekklesia y asegurar la superioridad

de las leyes sobre las decisiones de la Asamblea a través de toda

una serie de reformas, una de las instituciones centrales de la democracia

ateniense, la acusación de ilegalidad (graphè para nomôn) conoció una evolución

notable. Se pudo llevar entonces ante los tribunales y eventualmente hacer anular por ellos, si su veredicto era negativo, decisiones ya tomadas

por la Asamblea por el simple motivo de que éstas eran contrarias a los

intereses del pueblo. Los historiadores notan que esta evolución venía a

conferir a los tribunales un puro y simple control político sobre las decisiones

de la Asamblea17. Toda decisión de la Asamblea podía así estar sometida

a una suerte de segunda lectura ante el pequeño pueblo ateniense18.

Ahora bien, entre las razones que pueden explicar el hecho de que se acordara

una autoridad superior en esta segunda lectura, una llama particularmente

la atención: ante los tribunales la decisión era examinada de

manera necesariamente contradictoria, y cada parte había tenido, además,

tiempo de preparar su expediente. La historia de la graphè para nomôn es

evidentemente mucho más compleja que esta presentación muy esquemática.

La historia esquematizada provee aquí, sin embargo, un caso notable

en el cual se había juzgado útil agregar un examen necesariamente contradictorio

a la discusión por una asamblea diversa, y conferirle una autoridad

superior.

Pero sobre todo, la práctica ateniense de la acusación de ilegalidad

ilustra una distinción analítica que pasa frecuentemente desapercibida. La

audición contradictoria de las partes parece en cierto modo inherente a la

actividad judicial. Un proceso busca resolver de manera justa un litigio

entre dos partes, en el cual una se estima perjudicada y acusa a la otra de

haberla perjudicado. En estas condiciones, un principio elemental de equidad

(fairness) y de imparcialidad requiere evidentemente que el juez escuche

por igual a una y a otra de las partes en conflicto. Es esta exigencia de

equidad y de imparcialidad la que expresa el antiguo proverbio latino justificando

el procedimiento contradictorio en materia judicial: “Audiatur et

altera pars”. Ahora bien, en la acusación ateniense de ilegalidad, la dimensión

de agravio o de perjuicio alegada entre las dos partes era esencialmente

un artefacto institucional. Aquél que atacaba la decisión de la Asamblea

no pretendía haber sido perjudicado por aquél que la había propuesto y la

había hecho votar. En la confrontación delante de los tribunales, no había

entonces verdaderamente una víctima y un agresor putativo. La

estructuración del examen según dos polos opuestos, uno atacando la

decisión, el otro defendiéndola, era más bien una construcción institucional

deliberadamente impuesta. Pero, de repente, la justificación del procedimiento

contradictorio no podía ser el valor de equidad y de imparcialidad

sobre el cual la fundamos frecuentemente de manera intuitiva. Es necesario

suponer que al requerir el procedimiento contradictorio allí donde no

había una víctima y su agresor alegado, los atenienses se basaban en otro

valor de este procedimiento: su capacidad de hacer emerger la decisión

correcta y buena, o al menos su mejor aproximación. Se puede llamar a

esta otra propiedad del procedimiento contradictorio su valor epistémico.

Los atenienses esperaban que del segundo examen de ciertas decisiones

de la Asamblea por los tribunales fuera más razonado y que estuviera en

mejores condiciones de discernir los verdaderos intereses de la polis, no

que fuera más justo y equitativo. Cuando pensamos en el procedimiento

contradictorio en materia judicial, le atribuimos también, implícitamente,

tal valor epistémico. Esperamos, es cierto, que el escuchar a las partes ayude

a los jueces o a los jurados a discernir mejor la verdad. Pero raramente

disociamos el valor epistémico y el valor de equidad del procedimiento

contradictorio, y casi no imaginamos que el requerimiento del empleo de

este procedimiento pueda estar justificado sobre la sola base del primero.

La acusación de ilegalidad ateniense, por el contrario, resalta de manera

concreta la disociación posible entre estos dos valores conceptualmente

distintos. En todo caso, los atenienses no esperaban que la diversidad de

puntos de vista en la Asamblea produjera inevitablemente un examen contradictorio.

Si la presencia de puntos de vista diversos en una discusión no garantiza

el carácter crítico de la misma, es necesario organizar la deliberación

de manera específica si se quiere que se presenten argumentos opuestos y

que, en el caso de la deliberación práctica, el cuerpo deliberante pese adecuadamente

lo favorable y lo desfavorable de las acciones consideradas.

Pero aún hay otra razón, esta vez en relación a la recepción de argumentos

más que a su producción, para velar con particular cuidado por

qué los participantes de una deliberación eran confrontados a puntos de

vista opuestos. En efecto, trabajos de psicología cognitiva y social han

mostrado que, confrontados a informaciones o a documentos de los cuales

no tenían conocimiento previo, los individuos tienen una propensión

sistemática a ver en estos nuevos elementos una confirmación de sus creencias

anteriores. En una experiencia que ya es clásica, y desde ese momento

repetida y corroborada, un grupo de psicólogos presentó un mismo con-

junto de documentos y de estudios sobre la pena de muerte y sus efectos a

dos grupos de sujetos seleccionados sobre la base de sus opiniones previas:

un grupo compuesto por sujetos más bien a favor de la pena de muerte

y el otro de sujetos más bien hostiles. Después de haber sido confrontado a

estos documentos, el grupo a favor de la pena de muerte se hizo más

favorable y el grupo hostil, más hostil aún (Lord, Ross y Lepper, 1979:

2098-2109). Entre los economistas de la escuela conductista, que se refiere

frecuentemente a este fenómeno, éste es llamado confirmatory bias, tendencia

a encontrar confirmaciones19. El fenómeno es particularmente marcado

cuando los documentos presentados a los sujetos son ambiguos y requieren

interpretación. Lo sorprendente no es, por otra parte, que informaciones

no unívocas sean interpretadas en función de una creencia pre-

via, sino que esa interpretación sea tomada a su vez por una confirmación

de dicha creencia.

Tal fenómeno conduce a pensar que en la ausencia de disposiciones

específicas que inciten activamente a los individuos a tener en cuenta informaciones

y puntos de vista opuestos a sus propias creencias, una discusión

tendrá mayores posibilidades de reforzar sus opiniones anteriores. Para

corregir los efectos de la propensión a encontrar confirmaciones, los dispositivos

incitativos o indirectos parecen más eficaces que las prescripciones

directas. Una experiencia ulterior muestra que el sesgo se corrige mejor

si la información que va contra la creencia previa es resaltada de manera

de llamar la atención de los sujetos, que si los sujetos recibieran la instrucción

explícita de considerar las nuevas informaciones de forma tan

objetiva e imparcial como fuera posible (Lord, Lepper y Preston, 1984:

1231-1243). Aunque así fuera, en una deliberación en vistas a la acción, no

se puede esperar que la puesta en presencia de puntos de vista diversos

produzca espontáneamente la confrontación de los argumentos pro y contra

ni su consideración equilibrada. En el seno de una asamblea deliberante,

la contradicción debe estar instituida, no solamente ser esperada.

Si se considera la sociedad en su conjunto, y no solamente un cuerpo

deliberante de tamaño restringido, dos evoluciones de las últimas

décadas refuerzan aún más la observación de que la diversidad no produce

necesariamente la confrontación crítica, ni la puesta en contacto de

puntos de vista opuestos: la difusión de internet y el movimiento de

segregación residencial o territorial. Es aún difícil, sin duda, estimar los

efectos de internet, y más generalmente de las nuevas tecnologías de la

información y de la comunicación sobre la formación de las opiniones.

Sólo se puede estar impresionado, sin embargo, por el fenómeno que

señala Sunstein en su obra Republic.com. Internet y las nuevas tecnologías aumentan de manera considerable la diversidad de los individuos y

los puntos de vista con los cuales cada uno puede entrar en contacto.

Pero el resultado también es el surgimiento de forums donde se encuentran

individuos que comparten las mismas afinidades, las mismas opiniones,

eventualmente los mismos prejuicios. Allí, se podría decir, los

semejantes se encuentran, pero no los opuestos. Además, la tecnología

promete el momento en el que los individuos podrán elegir toda la información

que llegue a su terminal en función de sus intereses, sus gustos o

de cualquier otro carácter. En cada uno de estos múltiples islotes o redes

de individuos compartiendo una opinión o caracteres comunes, se pueden

esperar efectos de refuerzo y de polarización. Sin especular sobre las

evoluciones futuras, ya se puede observar que la televisión conoce, desde

hace aproximadamente dos décadas, un proceso de segmentación y de

fragmentación bajo el efecto combinado de varios fenómenos: la difusión

de la televisión por cable, la multiplicación de los canales temáticos

o de opinión y el desmantelamiento de los sistemas audio-visuales públicos

allí donde existieron durante largo tiempo (como en Europa o en

Israel)20. La segmentación de los públicos y de los canales de comunicación

es, desde ahora, un hecho consumado.

El movimiento de segregación residencial o territorial, ya ocurrido en

Estados Unidos y actualmente en proceso en Europa, concurre por otra

parte a la formación de múltiples islotes, diferentes los unos de los otros

pero internamente homogéneos. En una inmediación en la que los individuos

comparten un mismo perfil socio-cultural o étnico, cada uno tiene

posibilidades de encontrar sobre todo individuos que compartan las mismas

opiniones, si es cierto que las opiniones están fuertemente

correlacionadas con los factores socio-culturales y étnicos. Una suerte de

exposición selectiva de las opiniones semejantes se realiza así de hecho. Es

necesario señalar, en relación a esto, que si la propensión de los individuos

a exponerse de manera selectiva a información y a puntos de vista con los

cuales están de acuerdo (la llamada tesis de la “exposición selectiva”)21 no

ha sido bien confirmada en el orden de los medios, el hecho de la exposición

selectiva en el orden de los contactos y de las relaciones sociales sí está

comprobado. Los individuos tienden a estar de manera desproporcionada

en contacto con otros individuos que comparten las mismas opiniones22.

Sin duda, cuando Mill exaltaba los méritos de la discusión, tenía en

mente la discusión crítica. Los pasajes en los que él menciona expresamente

los beneficios de la contradicción y de la oposición de los argumentos

son innumerables. Pero la diversidad de las opiniones y su oposición

entre ellas son mencionadas en conjunto, como si la primera implicara

evidentemente y naturalmente la segunda. La distinción lógica entre

la diversidad y la contradicción no es mencionada. Mill no prevé ninguna

disposición para que las posiciones de sentido contrario aparezcan

efectivamente, ni para que se dirijan las unas a las otras, más que su

reagrupación por afinidades, ni tampoco para que argumentos diversos

sean indebidamente percibidos como reforzándose los unos a los otros.

Mill supone erróneamente que en una sociedad o en una asamblea compuesta

de miembros diversos, las opiniones opuestas ya están ahí, listas

para confrontarse las unas a las otras, sólo por el hecho de que se les dé

dicha libertad. Esto es lo que lo conduce a escribir en un célebre pasaje

de Sobre la libertad: “la más intolerante de las iglesias, la Iglesia Católica

Romana, aún en el momento de canonización de un santo, admite y escucha

pacientemente a un ‘abogado del diablo’”23. Tal visión del advocatus

diaboli seguramente es errónea: la institución impone la presencia de un

contradictor, precisamente porque ninguno podría presentarse espontáneamente.

Es igualmente injustificado pensar que en una sociedad diversa, la

simple libertad de expresión y de comunicación es suficiente para constituir

un espacio público o un “mercado de las ideas” (por retomar la célebre

fórmula de Justice Holmes), en los cuales las diferentes opiniones se enfrentan

o entran en competencia. Otro resultado es posible: la fragmentación

en una multiplicidad de islotes o de enclaves de opiniones homogéneas

ignorándose los unos a los otros. El espacio público o el mercado de

las ideas (cualquier concepto que se emplee) deben ser instituidos y construidos24.

III. La conversación no es el alma de la deliberación

Pero si la presencia de argumentos contrarios, oponiéndose explícitamente

los unos a los otros, tiene un valor en sí mismo y si ella debe ser

favorecida activamente para que tenga lugar una deliberación satisfactoria,

es relativamente indiferente que estos argumentos sean introducidos

sin diálogo entre los deliberantes. Se puede imaginar que oradores, expertos,

personalidades, presenten primero delante de la asamblea deliberante

puntos de vista y argumentos expresamente opuestos y que luego la asamblea

delibere. Puede incluso ser deseable que defensores de puntos de vista

opuestos sean buscados al exterior de la asamblea deliberante y llevados

a expresarse delante de ella, si existe el temor de que estos puntos de vista

opuestos no se encuentren entre los miembros de la asamblea. Sin duda,

este primer momento durante el cual la asamblea escucha a los oradores

sin discutir entre ellos constituiría una pérdida para los valores de igualdad

y de reciprocidad inherentes al diálogo. Pero no se trata aquí de sustituir

la discusión de la asamblea por el debate contradictorio de los oradores

(haciendo, por ejemplo, votar a la asamblea enseguida de haber escuchado

a los oradores), sino de agregarlo a la discusión igualitaria que interviene

luego. No se ve cómo, desde un punto de vista normativo o moral, la

pérdida relativa así consentida en términos de igualdad y de reciprocidad

podría pesar más que la seguridad de una deliberación contradictoria y de

sus méritos. Finalmente, análisis repetidos muestran desde hace largo tiempo

que numerosos individuos dudan en expresar opiniones contrarias a las

de sus interlocutores y pares en relaciones cara a cara. Se puede incluso

argüir que los medios de comunicación masiva aportan, por este motivo,

una contribución irremplazable a la democracia. La prensa y la televisión

pueden, mejor que la conversación, poner a los individuos en presencia de

opiniones opuestas, precisamente porque ellas no son interactivas y entonces

no hacen intervenir el temor al desacuerdo cara a cara. Es uno de

los argumentos que presenta Michael Schudson para afirmar en una fórmula

feliz que “la conversación no es el alma de la democracia”25. En todo

caso, en lo que respecta a la organización de la deliberación, no hay objeción

decisiva al hecho de que una fase de simple audición de posiciones y

de argumentos opuestos se agregue a la discusión propiamente dicha.

Si la deliberación es organizada de esta forma, la decisión común tomada

por la asamblea presentará los caracteres que se asocian en general a

la decisión deliberada colectivamente. Los miembros formularán su voluntad

sobre la base de argumentos, tanto aquéllos que escucharon como

aquéllos que intercambiaron. La decisión resultará de una confrontación

de razones y no simplemente de una agregación de preferencias. Pero la

asamblea también habrá pesado lo favorable y lo desfavorable de su decisión,

que la simple discusión no garantizaría necesariamente.

Sólo las investigaciones y las experiencias futuras podrán confirmar si,

en los grupos deliberantes, la contradicción y la atención a las posiciones

opuestas son las que previenen los efectos de radicalización y de refuerzo de

las creencias anteriores, tal como planteamos al principio de este artículo.

 

Bibliografía

Asch, Solomon E. (1951). “Effects of group pressure upon the modification and

distortion of judgements”, en Guetzkow, H. (ed.), Groups, Leadership and Men,

Pittsburgh, Carnegie Press.

Asch, Solomon E. (1952). Social Psychology, Englewood Cliffs, Prentice-Hall.

Asch, Solomon E. (1956). “Studies of Independence and Conformity: A Minority of

One Against a Unanimous Majority”, en Psychological Monographs,Vol. 70, N° 9.

Brown, Rupert (1986). Social Psychology,Second Edition, Nueva York, The Free Press.

Elster, Jon (1994). “Argumenter et négocier dans deux assemblées constituantes”, en

Revue Française de Science Politique, Vol. 44, N° 2, abril.

Fishkin, James (1991). Democracy and Deliberation, New Haven, Yale University Press.

Fishkin, James (1995). The Voice of the People, New Haven, Yale University Press.

Frey, Dieter (1986).“Recent research on selective exposure”, en Berkowitz, L. (ed.),

Advances in Experimental Social Psychology, Vol 19.

Hansen, Mogens H. (1993). La démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, París,

Les Belles Lettres.

Katz, Elih (1996). “And deliver us from segmentation”, en The Annals of the American

Academy of Political and Social Science, N° 546, julio.

Lord, Charles; Mark Lepper y Elizabeth Preston (1979). “Biased Assimilation and

Attitude Polarization. The Effects of Prior Theories on Subsequently Considered

Evidence”, en Journal of Personality and Social Psychology, noviembre.

Lord, Charles; Mark Lepper y Elizabeth Preston (1984). “Considering the Opposite:

A Corrective Strategy for Social Judgment”, en Journal of Personality and Social

Psychology, N° 47, diciembre.

Luskin, Robert, James Fishkin y Roger Jowell (2002). “Considered Opinions: Deliberative

Opinions in Britain”, en British Journal of Political Science, Vol. 32, julio.

Revista SAAP . Vol. 2, Nº 2

Manin, Bernard (2004). “Déliberation et discussion”, en Revue Suisse de Science

Politique, Vol. 10, N° 4, invierno.

Mill, John S. (1974). On Liberty, [1859], Penguin.

Mutz, Diana y Paul Martin (2001). “Facilitating Communication Across Lines of

Political Difference: the Role of Mass Media”, en American Political Science Review,

marzo.

Noëlle-Neumann, Elisabeth (1984). The Spiral of Silence: Public Opinion – Our Social

Skin, Chicago, University of Chicago Press.

Popper, Karl (1985). “Opinion publique et principes libéraux”, en Conjectures et

Réfutations, [1963], París, Payot.

Rabin, Mattew (1998). “Psychology and Economics”, en Journal of Economic Literature,

Vol. XXXVI, marzo.

Schudson, Michael (1997). “Why Conversation is Not the Soul of Democracy”, en

Critical Studies in Mass Communications, Vol. 14, Nº 4, diciembre.

Sunstein, Cass R. (2000). “Deliberative Trouble? Why Groups Go to Extremes”, en

Yale Law Journal.

Sunstein, Cass R. (2001). Republic.com, Princeton, Princeton University Press.

Sunstein, Cass R. (2002). “The Law of Group Polarization”, en The Journal of Political

Philosophy, vol. 10, N° 2.

* Este artículo retoma y desarrolla tesis expuestas en Manin (2004). (Traducción de Inés

Rodríguez Caillava).

Revista SAAP (ISSN 1666-7883) Vol. 2, Nº2, septiembre 2005, 239-256

Citas:

1 Es, en todo caso, el punto de vista que adoptaré aquí.

2 Al definir la deliberación por la comunicación de los miembros del cuerpo considerado,

se deja abierta la cuestión de saber si esa comunicación debe tomar la forma de la discusión.

Pero la elección de la definición no resuelve esta cuestión. La comunicación es un conjunto

más vasto, del cual la discusión es un elemento entre otros.

3 Adoptaré aquí, con algunas variaciones, la caracterización que propone Elster (1994) de

lo que constituye un argumento.

4 Ver Sunstein (2000: 71-119), (2001) y (2002: 175-195).

5 En estas experiencias, en primer lugar, las opiniones son ordenadas según una escala.

Varias técnicas y medidas diferentes pueden ser empleadas luego para observar y evaluar el

efecto de refuerzo. El detalle de estos métodos no importa aquí.

Revista SAAP . Vol. 2, Nº 2

6 Ver las experiencias de Asch (1951), (1952) y (1956). Para un resumen de los hallazgos

de Asch ver Brown (1986: 36-40). Más recientemente, ver Noëlle-Neumann (1984).

7 Esto resulta de lo que podríamos llamar la dispersión del saber social.

9 En el curso ordinario de la vida, un individuo frecuentemente está en contacto con otros

individuos que presentan caracteres comunes consigo mismo (afinidades, nivel de educación,

residencia en el mismo barrio, etc.) Si los puntos de vista y las perspectivas son determinadas

en parte por sus caracteres (como es seguramente el caso del nivel de educación, por

ejemplo) cada individuo está solamente en contacto con una fracción restringida de los

puntos de vista existentes en el seno de la población. Además, la red de contactos de unindividuo, en general, conserva una cierta estabilidad a lo largo del tiempo. Éste es otro

factor de limitación en relación a la diversidad de puntos de vista existentes en la sociedad.

10 Se trata aquí del sondeo deliberativo conducido en Inglaterra, de ahí la mención de los

conservadores y los laboristas. Pero la inquietud por el equilibrio entre puntos de vista

opuestos entre las personalidades invitadas (tanto los expertos como los dirigentes políticos)

es un rasgo constitutivo del sondeo deliberativo preconizado por Fishkin. Este equilibrio

entre los oradores invitados se traduce de manera diferente en función de cada contexto

político nacional y también en función del tema del sondeo.

11 Al comparar las respuestas de los participantes al cuestionario antes y después del proceso,

Fishkin está en condiciones de determinar precisamente si se produce un fenómeno de

sobre una base puramente empírica o experimental cuáles, entre estos caracteres

específicos, explican la ausencia del fenómeno de la polarización.

Sería necesario, para esto, conducir experiencias que permitan “desagregar”

las variaciones y los efectos producidos por cada uno de ellos. Fishkin

se propone hacerlo en el futuro (Luskin, Fishkin y Jowell, 2002: 485).

 

12 Entre las numerosas publicaciones de Fishkin sobre este tema, retendremos en particular

Fishkin (1991), (1995) y Luskin, Fishkin y Jowell (2002: 455-487). Este último artículo

presenta un análisis detallado del sondeo deliberativo realizado en Inglaterra en 1994 sobre

el tema de la inseguridad (crime) y los medios de combatirlo (medidas sociales, policíacas,

sanciones penales). Desde 1994, diversos sondeos deliberativos han sido efectuados en

Estados Unidos, Dinamarca y Australia.

Revista SAAP . Vol. 2, Nº 2

10 Se trata aquí del sondeo deliberativo conducido en Inglaterra, de ahí la mención de los

conservadores y los laboristas. Pero la inquietud por el equilibrio entre puntos de vista

opuestos entre las personalidades invitadas (tanto los expertos como los dirigentes políticos)

es un rasgo constitutivo del sondeo deliberativo preconizado por Fishkin. Este equilibrio

entre los oradores invitados se traduce de manera diferente en función de cada contexto

político nacional y también en función del tema del sondeo.

11 Al comparar las respuestas de los participantes al cuestionario antes y después del proceso,

Fishkin está en condiciones de determinar precisamente si se produce un fenómeno de

sobre una base puramente empírica o experimental cuáles, entre estos caracteres

específicos, explican la ausencia del fenómeno de la polarización.

Sería necesario, para esto, conducir experiencias que permitan “desagregar”

las variaciones y los efectos producidos por cada uno de ellos. Fishkin

se propone hacerlo en el futuro (Luskin, Fishkin y Jowell, 2002: 485).

 

Ver Luskin,

Fishkin y Jowell (2002: 477-478). Sunstein reconoce, no sin cierta molestia, que los sondeos

deliberativos no parecen corroborar “la ley de la polarización de los grupos”. Ver Sunstein

(2002: 193-194).

12 Las observaciones siguientes de Fishkin y sus asociados sobre los diferentes caracteres del

sondeo deliberativo, cuyos efectos sería necesario desagregar, muestran que la identificación

de las hipótesis prometedoras no es evidente: “Another question is how much of the information

gains and changes in policy preferences came from the briefing materials, versus talking, reading and thinking about the issues in the gestation period between recruitment and deliberation, versus the small group discussions, versus the large group sessions with policy experts, versus the large group sessions with politicians, etc.” (Luskin, Fishkin, Jowell, 2002: 484). Sunstein, por su parte, se limita a dar una lista de “cinco” factores por los cuales los sondeos deliberativos se distinguen de las experiencias deliberativas que muestran el efecto de polarización. Él tampoco introduce un orden entre las explicaciones potenciales a testear. Ver Sunstein (2002: 194).

13 Ver, por ejemplo, Mill (1974: 105-110, passim)

Revista SAAP . Vol. 2, Nº 2

14 Para no ser injusto con Popper, es sin duda necesario mencionar las líneas que preceden

ese pasaje: “la tradición racionalista occidental, que viene de los griegos, es la de la discusión

crítica: consiste en examinar y testear las proposiciones o las teorías intentando producir la

refutación. (…) Frecuentemente pretendemos que la discusión sólo es posible con compañeros

que tengan el mismo lenguaje y suscriban a las mismas hipótesis. Ahora bien, esto no es

cierto. Basta con estar dispuesto a aprender junto al interlocutor con el que se discute, lo que

implica el deseo real de comprender el mensaje que éste quiere transmitir. Y cuando esta

disponibilidad existe, la fecundidad del debate es mayor cuando los participantes vienen de

horizontes diferentes” (Popper, 1985: 513-514).

 

15 Se puede observar, por ejemplo, que Aristóteles analiza la deliberación colectiva (sumboulë)

como compuesta por dos elementos, argumentar a favor y argumentar en contra. “En una

deliberación colectiva, a veces se recomienda, a veces se desaconseja [sumboulès dé to men

protropè, to de apotropè], porque siempre los que deliberan sobre un asunto privado, o los que

hablan delante del pueblo sobre un asunto común, hacen una u otra de estas dos cosas”,

Aristóteles, Retórica, Libro I, cap. 3, 1358b 8-10.

16 Las emociones parecen particularmente susceptibles de engendrar un objetivo común

entre un conjunto de individuos diversos. Pero esta identidad de objetivos puede encontrarse

también en la ausencia de emociones.

Revista SAAP . Vol. 2, Nº 2

17 Ver, en particular, Hansen (1993: 241-244).

18 Recordemos que los jueces, mucho más que los miembros de la Asamblea, provenían de

las clases populares.

19 Una presentación sintética del estado de los trabajos sobre el tema se encuentra en Rabin

(1998: 26-29).

Revista SAAP . Vol. 2, Nº 2

 

20 Ver sobre este punto Katz (1996: 22-33).

21 Para una síntesis relativamente reciente de los trabajos sobre la exposición selectiva, ver

Frey (1986: 41-80).

22 Ver, por ejemplo, Mutz y Martin (2001).

 

 

 

23 Ver Mill (1974: 81), subrayado mío.

24 Esto no implica afirmar que las nociones de espacio público y de mercado de las ideas

sean idénticas o intercambiables en todos los aspectos. Sin duda, los teóricos del espacio

público incluso se sorprenderían de que fueran asemejadas. Pero las dos nociones implican

el elemento de confrontación crítica entre las ideas. Aquí, son puestas en el mismo plano

solamente en este aspecto.

Revista SAAP . Vol. 2, Nº 2

 

25 Ver Schudson (1997: 297-309).

HABERMAS Y LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA (Una «utopía» tardomoderna)

 

Juan Fernando Segovia

ÍNDICE

1. Preliminares…………………………………………… 11

2. La producción de la democracia deliberativa

y el proyecto de la modernidad

………………………………………………….. 21

3. La democracia deliberativa entre

el Estado nacional y la sociedad

cosmopolita…………………………………………….. 31

4. La democracia deliberativa y la liberación

del poder comunicativo….. 43

5. La legitimidad deliberativa, más

allá del liberalismo y el republicanismo…………………………………………………………..

59

6. La democracia constitucional y deliberativa………………………………………………….

75

7. La democracia deliberativa y la utopía

de la ciudad secular……………………… 89

8. El manto idealista y el pragmatismo

satisfecho………………………………………………… 101

Bibliografía………………………………………………….. 115

1. Preliminares

1.1. Si bien la teoría de la democracia deliberativa

halla sus raíces en las concepciones políticas

modernas, su formulación contemporánea tiene

orígenes próximos. Entre otras cosas porque hay

un progenitor reconocido que cuida de ella con esmero,

como la flor tres veces centenaria de la semilla

ilustrada. Me refiero a Jürgen Habermas. Aunque

haya sido el filósofo analítico argentino Carlos

Nino el que acuñó este nombre de la democracia,

pues así se tituló en 1996 un libro póstumo suyo,

La constitución de la democracia deliberativa, lo

cierto es que en Habermas la denominación aparece

hacia 1992, en el artículo «Tres modelos normativos

de democracia». No obstante, su obra filosófica,

desde la Teoría de la acción comunicativa, de la década

anterior, apuntaba a una especulación deliberativa

que podía trasladarse a las formas democráticas

de poder. Se trata de un modelo ideal que funge

de teoría normativa de la democracia.

Lo anterior nos ubica en un contexto histórico

adecuado para la comprensión: la democracia deliberativa

es una forma novísima de la democracia,

que tiene no más de quince años de circulación en

el mercado de las teorías. Esto es, la carta de ciudadanía

de la teoría democrática habermasiana es relativamente

reciente y, sin embargo, ha desatado ya

una innumerable bibliografía, a favor y en contra,

que le acabó imponiendo como el modelo por excelencia

de la democracia, aunque no sea el único.

1.2. En cierto modo era esperable que Habermas,

en el desarrollo sistemático de su filosofía, al

tratar de rescatar la modernidad de los ataques posmodernos,

continuara vinculando su labor intelectual

a la defensa de una forma de democracia que

respondiese a sus intereses teóricos. La carrera intelectual

de Jürgen Habermas (1929), puede esclarecer

sus propósitos.

Continuador, en sus primeros años, de la teoría

crítica de la Escuela de Frankfurt, Habermas ha reconocido

el legado de Horkheimer y Adorno, inclusive

de Fromm y Marcuse, y su proyecto de

recuperar la vitalidad de la razón ante su deriva

instrumental, como puro instrumento de dominio

y no de liberación, aunque también las limitaciones

del intento para formular una teoría normativa

de la sociedad, consecuencia del pesimismo de los

maestros. Es así que, sin abandonar nunca completamente

el «marxismo crítico», Habermas volvió

su interés a la sociología clásica, a la fenomenología,

a la filosofía del lenguaje, etcétera, para ganar

una nueva base epistemológica en la formulación

de la teoría crítica de la sociedad que restablezca

el proyecto emancipatorio de la razón en la modernidad,

es decir, el «control autoconsciente del proceso

de la vida social».

La iniciativa de Habermas produjo una relectura

del discurso filosófico de la modernidad en la que,

siguiendo el hilo del pensamiento hegeliano, acabó

redescubriendo la importancia de Kant y la razón

moral capaz de juzgar la irracionalidad de las causas

del comportamiento social. Pero Habermas radicaliza

a Kant, pues la reflexión trascendental es

trasmutada en «reconstrucción racional» de las condiciones

de habla como marco normativo para una

nueva teoría epistemológica, filosófica y social. La

elaboración del concepto de una comprensión comunitaria

(más tarde comunicativa y/o discursiva),

basada en el entendimiento lingüístico consentido,

ha de culminar en una «pragmática formal», esto

es, en un análisis de los contenidos normativos de

las presuposiciones universales del uso del lenguaje

orientado al entendimiento, que deriva en el concepto

de «razón comunicativa», más amplio que el

de razón instrumental.

Sin embargo, en su raíz kantiana, la teoría de Habermas

aparece vinculada también a la tradición mística

alemana (pietismo), teñida del gnosticismo luterano,

una razón que ha perdido el auxilio de la gracia

y que se pregunta si es posible la redención, una razón

«desespiritualizada» y vacía que, sin embargo,

tiene la necesidad de operar en el mundo moral. Así

se forja el proyecto habermasiano de reconstruir la

comunidad a través de la razón intersubjetiva.

Como escribiera Richard Rorty en “Contingencia,

ironía y solidaridad”, la teoría de Habermas fue

así percibida no tan sólo como una crítica al liberalismo,

sino como la que hacía posible, en su giro de

la epistemología a la política, el gobierno basado en

el consenso de los gobernados y una comunicación

libre de dominio, tanto como era posible. Y el filósofo

alemán coincide con las miras del norteamericano

cuando escribe, sobre sus propósitos teóricos,

que «la misión más sublime de la filosofía consiste,

para mí, en proclamar la fuerza de la autorreflexión

radical contra toda forma de objetivismo, contra

la autonomización ideológica, aparente, de ideas e

instituciones frente a sus contextos prácticos, vitales,

de surgimiento y aplicación. […] En esta autorreflexión

se engendra la unidad de la razón teórica

y de la práctica. Representa el único medio en cuyo

seno puede hoy forjarse la identidad de la sociedad

y de sus miembros…» 1.

Habermas, aun en sus más recientes trabajos, no

se ha alejado de viejas fuentes ilustradas y marxistas,

aunque estas últimas luzcan desteñidas y reblandecidas;

volviéndose sobre la historia de la filosofía,

ha mantenido siempre vigente la pretensión

de criticar el objetivismo de la racionalidad tecnológica

para recuperar la cuestión del «sujeto» como

«sujeto de la historia», esto es, mantener «la voluntad

de la racionalidad», llegando a una convergencia

del «proceso de comprensión» con el «proceso

de liberación» 2.

1.3. Habermas ha escrito su teoría teniendo

presente el cuadro de transformaciones del Estado

moderno, asediado desde el exterior en su integri dad (globalización) y en su propia unidad interior (multiculturalismo), tanto como los debates ideológicos

de los últimos años en los que la rehabilitación

del liberalismo se ha enfrentado con un renacimiento

de las teorías republicanas, discutiéndose

los alcances de la libertad y de la ciudadanía, la noción

del poder constituyente, la función del derecho

y de la constitución, las participación política ciudadana,

etcétera. Igualmente, como telón de fondo

se despliega la disputa en torno a la crisis de la modernidad,

que Habermas considera un proyecto aún

inacabado, devolviendo las invectivas a los irracionalistas

y conservadores.

Con la teoría de la democracia deliberativa, Habermas

busca terciar en la discusión entre la concepción

liberal de la democracia como protección

de los derechos individuales y la perspectiva republicana

que sostiene la primacía de los derechos de

participación política, que no es sino la vieja dicotomía

abierta por Benjamín Constant entre la libertad

de los modernos y la libertad de los antiguos. La

manera especial como Habermas diseña una alternativa

que supere la polarización proviene de una

concepción de la política como deliberación, como

acción deliberativa, que podría explicarse como un

proceso de autocomprensión de los ciudadanos en

tanto que participantes en una comunidad lingüística

en permanente diálogo. Esa pertenencia —abstracta

y universal— facilita la descripción teórica

de una situación ideal en la que los ciudadanos, gozando

de autonomía personal, se reconocen y condicionan

recíprocamente mediante la autolegislación,

es decir, la situación ideal, también, en la que

los ciudadanos gozan de autonomía política. En

consecuencia, el planteo de Habermas debería ser

leído como la continuación del proyecto político de

la modernidad en el que se enlazan o sintetizan, dialécticamente,

extremos que las ideologías mantienen

enfrentados. La democracia deliberativa surge,

en definitiva, como superación de la estrechez de

los planteos liberales y republicanos; al menos esa

es la intención teórica de Habermas.

Al mismo tiempo, la democracia deliberativa es

una forma política que aspira a convertirse en modelo

normativo de la política contemporánea, esto

es, prescribir la política que conviene a esta tardomodernidad,

a la modernidad que no renuncia a la

construcción racional del mundo humano de manera

autónoma, reflexiva y secular, en medio de la

crisis del Estado nacional de derecho y la formación

de una sociedad global. En la premodernidad

la unidad social estaba asegurada por la religión, a

la que no se puede hoy en día recurrir por la vigencia

de un pluralismo de valores, que es además deseable.

Luego, la democracia deliberativa viene a

ser el punto de cohesión social de una sociedad pluralista,

al dar legitimidad a un Estado y una política

neutrales, mas no disolventes, según Habermas.

De alguna manera, al enlazar con los presupuestos

filosóficos del discurso de la modernidad, la democracia

deliberativa es heredera del pensamiento moderno

—especialmente de Kant y de Rousseau—,

que es releído a la luz de las sociedades pluralistas

actuales en las que no es posible aspirar a una unidad

simbólica pues el mundo se ha fragmentado,

dando lugar a una sociedad pluralista de identidades

revueltas que viven clamando reconocimiento.

Pero la democracia deliberativa es más directamente

tributaria del intento de Habermas por rectificar

el sentido de la modernidad a la luz del poder

destructivo de la razón. Es necesaria una crítica de

la razón que reconstruya su función, no una crítica

que la fulmine. Por ello la teoría normativa de la

democracia deliberativa es también una respuesta

a la crítica posmoderna, ya en la vertiente débil de

los comunitaristas y/o multiculturalistas, ya en la

versión fuerte de los postestructuralistas franceses,

lo mismo que a los desafíos políticos de la globalización

económica y tecnológica. Tiene una impronta

filosófica moderna que se explica, de modo

inmediato, por la reelaboración del discurso filosófico

de la modernidad que el mismo Habermas

trazó con su teoría de la acción comunicativa; es

una deliberada continuación o proyección de ella,

con la que Habermas trata de responder a los críticos

que le acusaron de que la teoría de la acción

comunicativa era «ciega frente a la realidad de las

instituciones», según dice en el prefacio de Facticidad

y validez.

Sin embargo, una cuestión sigue latente, ¿en qué

medida la democracia deliberativa es una continuación

de la teoría de la acción comunicativa en

el plano de las instituciones, como Habermas pretende?

En otros términos, si la acción comunicativa

reformula la deriva tecnológica de la razón práctica,

¿contiene ella —expresa o implícitamente—

un diseño institucional que renueva la estructura

de las democracias hodiernas? La respuesta se verá

páginas adelante, mas conviene retener que el propósito

de Habermas, siendo normativo, es principalmente

prescriptivo de reglas y procedimientos

democráticos —una democracia procedimental,

aunque no está exenta de contenidos sustantivos—

y no descriptivo de institutos concretos. Es por ello

que Habermas insiste en que la democracia deliberativa

es dependiente de procedimientos y presupuestos

comunicativos que institucionalizan el discurso

público.

Ha sido Habermas mismo quien, en sus últimos

escritos, otorgó a la democracia deliberativa un status

prioritario en el debate filosófico-político. Los

problemas de nuestro tiempo han sido encarados

por el neoliberalismo globalizador que apunta a la

eficiencia espontánea del mercado, o por el estatismo

proteccionista que rehúsa despedirse del Estado

de bienestar, o por el socialismo de la tercera

vía que trata de conciliar éticamente ambos extremos.

La política normativa de Habermas prescribe

otra solución, la de la democracia deliberativa global

que, en síntesis dialéctica, emerge como la política

que toma lo mejor de la globalización y lo

mejor del Estado social, sin renunciar a los afanes

emancipadores de la filosofía moderna.

Propongo recorrer el camino de Habermas, mostrando

cómo las piezas que forman la teoría de la democracia

deliberativa están finamente engarzadas en

un sistema de pensamiento, idealista y pragmático a

la vez, montado sobre la razón y la acción comunicativas,

de las que emerge un modelo político filosófico (la política deliberativa) y una propuesta política

y constitucional democrática, la deliberativa.

Indagar en su pensamiento es principalmente un trabajo

de fuentes, por lo que he descartado la referencia

a lecturas secundarias, que se indican —las principales—

en la bibliografía final.

 Citas

1 Habermas, La reconstrucción del materialismo histórico, Madrid,

1981, p. 53.

 

2 Habermas, Teoría y praxis, Madrid, 1990, pp. 288-313.

LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA Y SUS CRITICOS


James Bohman

La democracia deliberativa impone enormes demandas tanto a los ciudadanos ordinarios como a las instituciones políticas. Por esta razón, muchos de sus críticos sostienen que la democracia deliberativa es un ideal imposible de realizar bajo cualquier circunstancia; de hecho, es un ideal que acentúa las debilidades de la democracia comúnmente mencionadas. Estas críticas hacen énfasis en aquellas teorías de la democracia deliberativa que dejan de considerar hechos sociales relevantes, tales como el pluralismo, la desigualdad y la complejidad. Tanto las teorías comunitaristas como las asociativistas presentan también este problema, aunque por razones totalmente diferentes. Los comunitaristas intentan enriquecer la democracia restaurando una concepción compartida del bien común, según la cual los ciudadanos hacen de la política uno de sus valores más elevados. Tal perfeccionismo deliberativo requiere que los juicios en torno a lo político enfrenten la prueba la de virtud pública más que la de una cooperación continua entre grupos con creencias y valores divergentes. Por otro lado, si bien no son perfeccionistas, las teorías asociativistas y de la sociedad civil también demandan mucho de los ciudadanos, especialmente su participación voluntaria en una diversidad de asociaciones y organizaciones. Tales asociaciones resultan insuficientes ante la complejidad y las dimensiones de las sociedades modernas. Mientras los comunitaristas demandan demasiado de los ciudadanos, las teorías asociativistas exigen demasiado a la sociedad civil. Ante estas dos concepciones unidimensionales de la democracia, yo he propuesto una concepción alternativa de la deliberación pública y sus instituciones duales.

Ni los modelos comunitaristas ni los asociativistas ofrecen soluciones viables a las principales dificultades que enfrenta la democracia deliberativa: el pluralismo cultural, el cual mina la posibilidad de existencia de una voluntad general, de un bien común unitario y de una razón pública singular; las desigualdades sociales, que pueden producir un círculo vicioso de exclusión con respecto de la efectiva participación en la deliberación; la complejidad social, la cual hace necesaria la inserción de la deliberación en ámbitos institucionales cada vez más amplios y poderosos; y la diversidad de intereses dentro de una misma comunidad, la cual puede restringir la comunicación pública, así como la gama de soluciones factibles a los problemas y conflictos sociales. He argumentado anteriormente que para superar estos obstáculos se requiere ir más allá de los orígenes cívico-republicanos y kantianos de las teorías de la democracia deliberativa. Estas concepciones sobre la razón pública no pueden resolver los retos planteados a la democracia por una sociedad plural y compleja, con un alto grado de conflictividad y desigualdad, enormes y poderosas instituciones y una esfera pública polarizada en extremo.

El éxito de una forma deliberativa de democracia depende de la creación de condiciones sociales y arreglos institucionales que propicien el uso público de la razón. La deliberación es pública en la medida en que estos arreglos permitan el diálogo libre y abierto entre ciudadanos capaces de formular juicios informados y razonados en torno a las formas de resolver situaciones problemáticas. Basándome en un esbozo de los mecanismos dialógicos que hacen más probable la consecución de razones públicas convincentes y acuerdos cooperativos, en torno a la meta pragmática de una continua cooperación entre ciudadanos políticamente iguales, he ofrecido un ideal de democracia deliberativa menos demandante en términos normativos que las alternativas kantiana y comunitarista.
Mi argumento, sin embargo, intenta preservar la esencia de estas teorías de la democracia igualitarias y participativas (si no es que radicales) y su orientación crítica hacia las instituciones actuales. En contraposición con las teorías kantianas y comunitaristas, veo a la deliberación pública principalmente como una actividad social compartida. La deliberación pública es una actividad dinámica desempeñada por un sujeto plural, precisamente el tipo de actividad que es mantenida en el intercambio de razonamientos con los cuales se incrementa la calidad de las justificaciones para las decisiones políticas. Al mismo tiempo, he argumentado que dicho proceso dialógico debe desarrollarse en un marco institucional e interpretativo en constante revisión; el continuo diálogo entre el público deliberante y las instituciones que organizan la deliberación mantiene este marco abierto y democrático. Sin este diálogo, la democracia pierde su capacidad de generar un poder político legítimo. En primer lugar, cuando la opinión pública no está organizada institucionalmente, permanece en un estado incipiente e ineficaz. En segundo lugar, cuando no hay demandas públicas ni control público, estas mismas instituciones organizativas se vuelven dependientes de formas de poder no democráticas. Este tipo de intercambio entre las instituciones y el público es tan importante para la democracia deliberativa como lo es la calidad de las discusiones y los debates públicos entre los ciudadanos; éstos no sólo permiten innovación y cambio democrático; también hacen que las instituciones que organizan la deliberación sean más sensibles y eficaces.

Además de afirmar que la deliberación supone el perfeccionismo político y un poder popular amorfo, los críticos de la democracia deliberativa ven a la opinión pública como algo demasiado indeterminado como para constituir una norma para la política. De acuerdo con la conocida afirmación de Hegel en The Philosophy of Right, la opinión pública debe ser “tan respetada como despreciada”. (1) Para Hegel, la opinión pública no es más que “opinión y voluntad desorganizadas”, reflejo de los conflictos corrientes en la sociedad civil. Habermas considera que la comercialización de la esfera pública produce el mismo resultado. En oposición a esta opinión indeterminada y retóricamente influenciada, Hegel sostiene que sólo las ciencias ofrecen una alternativa racional: en ellas, las creencias racionales “no son cuestión de cambios de frases, alusiones, declaraciones a medias y silencios, sino consisten en la expresión sin ambigüedad, determinante y abierta de su sentido y significado”. (2) Lippman también consideró la autoridad de los expertos como una manera de contrarrestar la inestable opinión pública. (3) De la misma forma, Joseph Bessette argumentó recientemente que las mayorías deliberativas necesitan una “base externa”, la cual será encontrada en un cuerpo de principios republicanos tradicionales y en la emergencia periódica de extraordinarios estadistas que resistan las tentaciones de las opiniones públicas irreflexivas y de las pasiones. (4) Bruce Ackerman, a su vez, apela a periodos de “legislación de mayor altura”, los cuales serán juzgados con base en estándares morales de mayor envergadura, quizá depositados en la capacidad presidencial o de la Suprema Corte de ignorar la limitada opinión pública.(5) Tanto las críticas a favor y en contra de la democracia deliberativa insisten en la necesidad de un estándar externo que limite y defina a la opinión pública, de modo tal que la deliberación no pueda definir sus propias normas y estándares procedimentales independientes.

Yo creo que la opinión pública emerge fuera de las instituciones organizativas cuando las necesidades del público ya no son satisfechas bajo los marcos institucionales existentes. Sin embargo, esto no permite que la opinión pública, formada bajo estas circunstancias, sea de algún modo más racional de acuerdo con estándares no políticos, y en última instancia, no democráticos. La moralidad y la ciencia son estándares tentativos con base en los cuales se pueden juzgar los caprichos de la opinión pública, especialmente en comparación con leyes morales “más altas” o verdades “científicas”. Pero dichos ideales resultan ser difíciles si no es que imposibles de institucionalizar, dados los factores del pluralismo y la complejidad. Frecuentemente dichas apelaciones a estándares externos pueden violar las demandas de la norma de publicidad. Más aún, es difícil visualizar cómo estas normas de racionalidad independientes puedan operar en prácticas democráticas existentes y más o menos exitosas. En contraste con tan fuertes reconstrucciones de la racionalidad que ignoran las prácticas existentes, Rorty aboga por una “prioridad de la democracia sobre la filosofía”. (6) Con esta frase, Rorty sostiene que estándares epistemológicos y morales más fuertes, establecidos independientemente de las condiciones históricas y, por tanto, no relacionados con una sociedad específica como aquellos buscados por los filósofos desde Platón hasta Hegel , no pueden satisfacer las demandas prácticas de la política democrática. Mi visión, más pragmática y no escéptica, de la razón pública nos conduce también a repensar lo que es requerido para el acuerdo razonable. En contraste con normas de racionalidad más fuertes y en última instancia no pragmáticas, mi postura acepta el compromiso producto de la deliberación como característica crucial de la vida democrática en la cual las normas de la razón son debatidas públicamente. Los ciudadanos, he argumentado, no tienen otra opción más que el compromiso cuando la deliberación pública falla, y no reconocer los límites de la razón pública sería un signo de excesivo racionalismo.

Además de responder a los escépticos, el motivo para desarrollar una consideración más pragmática y menos idealista de la deliberación, es el reconocimiento de estándares heterogéneos de justificación que operan en las prácticas democráticas. La deliberación democrática no debe depender de una única norma epistémica o moral, tales como la neutralidad liberal o la imparcialidad moral, para definir su carácter racional o delimitar el rango de formas razonables de cooperación. La tarea básica de la razón pública crítica debe ser pensada en términos más prácticos: el punto central de la deliberación política consiste en resolver los problemas sociales y solucionar los conflictos políticos. El criterio de una deliberación exitosa es, pues, la restauración de las condiciones para una continua cooperación en situaciones problemáticas. He identificado los mecanismos de diálogo y las condiciones de igualdad necesarias para que la deliberación pública sea exitosa. Cuando así lo es, la deliberación produce salidas aceptadas razonablemente por todos y consideradas también como sujetas a la posibilidad de ser revisadas en el futuro.

El éxito de la deliberación pública debe ser medido reconstructivamente esto es, a la luz del desarrollo histórico de prácticas e instituciones democráticas en vez de serlo a través de estándares externos de justificación. He empleado tal aproximación en mi reconstrucción filosófica de la deliberación, analizando el potencial para la racionalidad de las prácticas existentes en vez de construir nuevas con base en estándares prácticos independientes.
La prueba para esta reconstrucción debe ser pragmática: sus normas propuestas deben ser capaces de librar los obstáculos que la deliberación democrática enfrenta actualmente. Muchas aproximaciones filosóficas a la razón pública tienen aún muy poco que decir en torno al desacuerdo razonable; sugieren que los asuntos a debate sean excluidos. La aproximación reconstructiva que he adoptado sostiene que la deliberación guiada por la razón pública puede responder tales preguntas en formas que promueven la cooperación.

Aunque no ofrezco un proyecto institucional, mi aproximación reconstructiva no es ajena a posibilidades de reforma. Más que una utopía proyectada hacia el futuro, aporta una forma de pensar sobre las alternativas de mejoramiento de las prácticas deliberativas actualmente existentes. En los períodos de aprendizaje y cambio iniciados por críticos sociales y por movimientos colectivos, innovaciones y reformas de este tipo ya han ocurrido. La democracia crea las condiciones sociales para tal aprendizaje facilitando una relación flexible entre las instituciones y el público constitutivo de las mismas. Cualesquiera que sean las consecuencias de la complejidad social, esta flexibilidad es posible con instituciones democráticas de cualquier escala. En oposición a Marx, la democracia “real”, en esta postura, no requiere la completa transformación de la sociedad; al contrario, es un proyecto de reforma en fases que se construye sobre los logros constitucionales e institucionales de sistemas pasados.

En esta práctica de reforma democrática, el papel de la teoría social es aportar una crítica de la razón pública, un análisis de las potencialidades y los límites del empleo público y autónomo de la razón práctica. En esta perspectiva de la democracia participativa, la razón pública es ejercida no por el Estado sino primordialmente en la esfera pública de ciudadanos libres e iguales. En el movimiento norteamericano por los derechos civiles, por ejemplo, los ciudadanos cambiaron colectivamente las interpretaciones legales de la igualdad política y su fortalecimiento. En la medida en que la teoría crítica es definida por un ideal de consenso, sus defensores buscan una mayor democracia –esto es, un mayor alcance para la deliberación pública y la soberanía popular.

El ejemplo del movimiento por los derechos civiles revela un aspecto adicional de la práctica pública de reforma. De acuerdo con el modelo que he desarrollado, los actores públicos y los movimientos emergen en la esfera pública y cambian instituciones, particularmente aquellos “nuevos” movimientos sociales que debaten la definición y la naturaleza misma de la política “normal”. No obstante, el movimiento por los derechos civiles también muestra las ambigüedades de la esfera pública y la democracia deliberativa tal como éstas están constituidas en la actualidad.
El actual Estado constitucional y sus instituciones no son tan abiertas y “porosas” como demanda la democracia dualista. Más aún, la consolidación del proceso público de inclusión y reforma ha sido mucho más difícil para el movimiento de lo que han sido los simples éxitos legislativos. Tanto los ciudadanos como el Estado han utilizado por igual caminos dentro y fuera de las instituciones para resistir el fortalecimiento de la legislación sobre los derechos civiles. La combinación de elementos reconstructivos y pragmáticos de mi aproximación puede ayudar para el análisis de las ambigüedades históricas de tales procesos y resultados. De acuerdo con esta óptica, cuando una teoría de la deliberación pública es tanto descriptiva como normativa permite un mejor entendimiento crítico de la deliberación actual. No siendo esta aproximación crítica una ciencia social normal ni una receta para la acción política, puede, sin embargo, identificar potencialidades y barreras para aquellos ciudadanos que buscan expandir las oportunidades para la deliberación pública efectiva.

Históricamente, muchas y diferentes reformas democráticas han mejorado las condiciones de la deliberación. Bajo la perspectiva de variadas y complejas circunstancias de la deliberación pública, no causa sorpresa que las posturas monistas de la democracia, tales como aquellas basadas en el principio único de la maximización de la participación ciudadana directa, no sean capaces de conducir a posturas críticas y a reformas. En instituciones que operan a través de procesos de gran escala espacial y temporal, por ejemplo, es más importante hacer democrática la división del trabajo que abolirla en razón de la maximización de la participación directa. Tampoco es el caso de que una apertura a los espectadores públicos promueva siempre la calidad de la deliberación en los cuerpos representativos. De hecho, las “leyes escaparate”,(7) diseñadas para promover la atención del público, han incrementado discutiblemente las posturas estratégicas de los representantes ante la opinión popular, disminuyendo así la calidad de argumentos razonados y de debate informado en los cuerpos legislativos además de la voluntad de los representantes para el compromiso.(8)

Estos ejemplos muestran que esfuerzos de reforma supuestamente apropiados pueden tener consecuencias perversas para la deliberación pública. He advertido ya cómo los arreglos participativos pueden algunas veces sólo empeorar las desigualdades sociales y los conflictos culturales, especialmente cuando refuerzan desigualdades de influencia social existentes, intereses a lo largo y ancho de la comunidad, y presupuestos irreflexivos compartidos. Sobre todo, reformas que no consideran el fenómeno de la pobreza política(9) no ayudarán a aquellos que son menos eficaces en la deliberación.

Dicho lo anterior, ciertamente los arreglos actuales en la mayor parte de las democracias no promueven el tipo de deliberación pública que se necesita en sociedades complejas y plurales. Asuntos importantes relacionados con desigualdades sociales y su impacto en los procesos de toma de decisión democráticos han sido apenas abordados, y las amenazas de eliminar al Estado benefactor, en vez de hacerlo más responsable para con el público y sus clientes, solamente tienden a exacerbar el problema. He propuesto una serie de correctivos para las desigualdades deliberativas. De la misma forma, he propuesto resolver el problema de la pluralidad mediante el cambio de las prácticas del voto, así como con la creación de jurisdicciones locales distintas, que en algunos casos presentan enormes desigualdades. Está claro que las elecciones de “el que gana se lo lleva todo” y “una persona un voto” producirán minorías permanentes ante la ausencia de reformas institucionales y de cambios en los procesos de votación. Más aún, el tipo de compromisos que he propuesto para la solución de profundos problemas morales tienen todavía que convertirse en algo común en la esfera pública; bajo las condiciones actuales serán vistos con suspicacia por los partidos en oposición, quienes los considerarán como una muestra más de la pérdida de su base ideológica, antes que como una base común entre ellos y los demás partidos políticos. Debido a la complejidad, la escalada del poder dentro de las instituciones también permanece sin ser abordada. Sólo a través de los esfuerzos concertados de muchos ciudadanos, tales como grupos de activistas sobre el SIDA, se ha tenido éxito en someter a poderosas instituciones (como la Scientific Review of Human Experimentation) al control público y a la rendición de cuentas. Tal como lo muestra el caso del activismo en torno al SIDA, este éxito depende de encontrar los puntos apropiados en la larga cadena de interacciones complejas que están abiertas a la intervención deliberativa del público y sus intereses legítimos.

Algunos teóricos deliberativos han hecho propuestas más específicas para reformas que las que he ofrecido aquí. James Fishkin ha propuesto, y de hecho recientemente ha comenzado a instrumentar, la idea de un “sondeo de opinión deliberativa”. (10) En dicho “sondeo”, una muestra representativa de ciudadanos se agrupa, se les informa sobre algún punto en particular y lo discuten entre ellos frente a una audiencia televisiva. Tal procedimiento supera algunas de las debilidades básicas de las prácticas actuales para la medición y discusión de la opinión pública: en vez de ser “el frío y deliberado sentido de la comunidad” que Madison buscaba, las prácticas de sondeo actuales miden opiniones que son tan irreflexivas, tan rápidamente formadas y tan fácilmente cambiadas como Hegel consideraba a la propia opinión pública. Fishkin sostiene que el sondeo deliberativo puede tener una función consultiva y educacional, pero potencialmente puede restaurar el interés público que alguna vez fue típico del público informado. La propuesta de Fishkin también enfatiza cómo los procesos de deliberación pueden cambiar a la opinión pública más que simplemente reflejar las creencias y sentimientos corrientes. Este tipo de sondeos puede alentar a candidatos a comprometerse en campañas de mayor carácter deliberativo; hacer campañas de esta forma no es dirigirse a las preferencias comunes sino al futuro equilibrio reflexivo entre votantes. Este tipo de procedimientos puede también alentar a los representantes a actuar de forma más deliberativa, votando por legislaciones con las que sus representados hubiesen estado de acuerdo de haber pasado por el mismo proceso deliberativo, o de haber tenido las mismas oportunidades para formular juicios más informados y razonados. En cualquiera de los casos, uno de los méritos de la propuesta de Fishkin es que crea un nuevo foro deliberativo para la articulación de la opinión pública de ciudadanos no expertos, un foro más amplio y público que el de las asociaciones voluntarias.

Refinamientos en el diseño institucional pueden también promover mayor deliberación. He discutido los requerimientos más generales para la existencia de múltiples caminos y posibilidades para la influencia pública en procesos formales y actores institucionales. Un único mecanismo de insumos (input) deliberativos para las instituciones puede hacer las relaciones de poder más rígidas que nunca, y permitir a aquellos que son más efectivos en su uso utilizarlo de forma más oportunista. Por un lado, la estructura general de la democracia dualista norteamericana y la separación de poderes, generalmente promueve la idea de procesos de toma de decisión múltiples y con traslapes. Por otro lado, el uso de referendos directos (como en el caso de California) ha tenido resultados dispares para la promoción de la deliberación y presenta las ambigüedades de la democracia directa.
Como lo han mostrado los recientes referendos respecto a propuestas anti-impuestos, anti-gays y anti-inmigrantes en la parte oeste de los Estados Unidos, éstos parecen ser procesos que más que promover una deliberación comunitaria apelan a prejuicios populares y a la alienación política. Dada la facilidad para proponerlo, el referéndum es tan episódico e irreflexivo como los actuales sondeos de opinión.

Los mecanismos para el incremento de un insumo público no son suficientes para evitar rupturas en instituciones deliberativas que funcionan correctamente. Cualquier institución en la que los ciudadanos deliberan descansa no sólo en reglas formales, sino también en normas informales de interacción. Por ejemplo, Bessette identifica una serie de normas informales que ayudaron a promover la deliberación en el Congreso, incluyendo la promoción de la profesionalización y la especialización en los partidos, deferencia a los comités y a su trabajo deliberativo, y restricciones a la búsqueda de publicidad para los debates. (11) Su análisis hace alusión a la debacle de estos medios informales para la promoción de la cooperación continua, más que a las deficientes reglas formales o las instituciones, como el origen de una precipitada caída en la calidad deliberativa de los debates en el Congreso. Las restricciones provocadas por las normas informales fueron cruciales para el establecimiento del tipo de relaciones de confianza que eran necesarias para votar en contra de medidas mal concebidas, pero potencialmente populares, y para pensar en formas orientadas hacia el futuro. Un cuerpo deliberativo debe por lo menos incrementar sus horizontes temporales de deliberación y promover la planeación racional de largo plazo. Sin esta última, la ausencia de restricciones al oportunismo en la deliberación sólo perjudica a aquellos que buscan el compromiso y la cooperación. Además de oportunidades procedimentales, los incentivos creados dentro de los procesos deliberativos en las instituciones representativas deben ser estructurados para promover, más que para poner en desventaja, a aquellos que están dispuestos a otorgar consideración y respeto a las razones públicas de otros.

A pesar de sus actuales limitaciones y su fragmentación, la esfera pública permanece como la única fuente para cualquier reforma e innovación en los acuerdos deliberativos. Tales reformas se vuelven radicales sólo en periodos en los que las situaciones problemáticas con las que comienza la deliberación pública conciernen a la naturaleza misma de las instituciones políticas. En una esfera pública que funcione correctamente, los asuntos del día son discutidos desde una variedad de perspectivas. Usualmente, estas discusiones y diálogos, no obstante críticos, son más mundanos y conciernen a creencias particulares y fines prácticos. Pero en periodos de gran innovación y cambio, los entendimientos y presupuestos básicos que fundamentan a las instituciones son puestos en duda. En sociedades bien organizadas y caracterizadas por el imperio de la ley, dichos periodos de cambio estarán marcados por la reflexión sobre lo esencial de los principios constitucionales, ya que los entendimientos actuales no son más una base adecuada para la planeación y la cooperación. Tales cambios comienzan como una “crisis de legitimación” que sólo puede ser resuelta a través de la deliberación pública como base de la vida política. Sin esta posibilidad de cambio radical construida dentro de la democracia constitucional misma, es difícil para las democracias mantener un juego dialéctico entre públicos emergentes y las instituciones, el cual es la clave de su vitalidad. Estas renovaciones periódicas de la soberanía popular mantienen a las instituciones alejadas de la posibilidad de adquirir formas independientes de poder, que simplemente organicen a la opinión pública desde arriba. Pueden también desafiar los presupuestos que guían incluso los arreglos más participativos y locales, las inclinaciones antidemocráticas ocultas, y los procesos de exclusión de la cultura pública que pueden pasar desapercibidos en la democracia directa.

Para Max Horkheimer, una sociedad es democrática sólo si es guiada por el ideal del acuerdo racional, esto es, en la medida en que hace “todas las condiciones controlables por los seres humanos dependientes del consenso real”.
Muchos críticos han sostenido que los problemas de complejidad y pluralismo no pueden ser resueltos democráticamente y que sus consecuencias no pueden ser controladas a través de medios consensuales. Los argumentos presentados hasta ahora sostienen que dichas críticas son falsas. Dichas condiciones no necesariamente sobrecargan las instituciones y las capacidades deliberativas de los ciudadanos, ni tampoco hacen obsoletos los ideales de la democracia deliberativa. Más bien, muestran lo importante que es la aplicación de los principios democráticos a lo largo y ancho de todas las instituciones. Ciertamente, muchas de las esperanzas utópicas de transformación democrática radical deben ser revisadas una vez que los muchos dilemas del pluralismo y la complejidad son enfrentados con mayor sensatez. Estos problemas sin resolver muestran la dependencia que algunas teorías de la democracia participativa tienen en falsos anti-institucionalismos, al igual que en una excesiva voluntad política y una hiperracionalidad con relación a los procesos de toma de decisiones políticas. Sin duda alguna, la caída de los regímenes socialistas burocráticos en 1989 ha sido una seria experiencia para quienes proponen una completa reforma democrática. Pero también hay otras tradiciones y prácticas de democracia radical a considerar con relación a la instrumentación de ideales de deliberación pública. Estos éxitos y fracasos históricos muestran que tales ideales deben ser ubicados ahora dentro de las instituciones modernas y su público, en vez de hacerlo fuera de ellas y en oposición a estos. Una vez que analizamos las prácticas existentes y su potencial para la deliberación, podemos observar que la ampliación del alcance de la participación democrática y la igualdad en la toma de decisiones es todavía una meta indispensable para sociedades plurales y complejas.

De cara a los actuales retos que plantean la complejidad, la desigualdad y el pluralismo, los ciudadanos no encuentran obstáculos insuperables para la democracia deliberativa. Sólo lo opuesto es verdadero: lo que es más significativo en nuestro período histórico es el potencial para expandir las formas en que los ciudadanos cooperan en la esfera pública. El pluralismo cultural, la complejidad social y las crecientes desigualdades representan hoy los mayores retos para la democracia, y todos ellos han producido muchos movimientos anti-institucionales y anti-democrácticos populares. Estos retos solamente pueden ser superados inventando nuevos foros y reformas institucionales en las que los ciudadanos deliberen juntos y hagan uso público de su razón en diversas formas.
Entendidos pragmáticamente desde la perspectiva de estas experiencias históricas, el consenso democrático, la igualdad y la participación no son sólo las normas más apropiadas para la Teoría Crítica hoy; son también metas políticas alcanzables por medio de prácticas factibles de la deliberación pública actual.

* Este trabajo se publicó originalmente como conclusión del libro del mismo autor titulado Public Deliberation. Pluralism, Complexity and Democracy, Cambridge, Massachussetts, MIT Press, 1996. Traducción del inglés de Ismael Carvallo Robledo, revisada por Alfredo Echegollen Guzmán y Eduardo Zamarrón.

** Profesor Asociado de Filosofía en la Saint Louis University.

NOTAS

1 G. W. F. Hegel, Philosophy of Right, Cambridge, Mass., Cambridge University Press, 1991, sección 318 (version castellana: Madrid, Libertarias / Prodhufi, 1993, ed. De K. H. Ilting). Véase la discusión de Habermas sobre las críticas de Hegel y Marx a la esfera pública burguesa en Structural Transformation of the Public Sphere, Cambridge, Mass.,
MIT Press, 1989, p. 118 y ss.

2 G. F. W. Hegel, Philosophy of Right, op. cit., sección 318.

3 Este es el tema principal del libro de W. Lippman, The Phantom Public, Harcourt, Brace, 1925. Para la respuesta de John Dewey véase J. Dewey, The Public and Its Problems, Southern Illinois University Press, 1984, pp. 362-363. Dewey invierte las afirmaciones sobre la superioridad de los expertos, ya que su conocimiento se deriva del proceso público de la indagación científica.

4 J. Bessette, The Mild Voice of Reason, Chicago, University of Chicago Press, 1994, p. 246.

5 Bruce Ackerman, We The People, vol. 1, Harvard, Harvard University Press, 1991, especialmente pp. 266 y ss. A veces este proceso de legislación de altura comienza con la gente; en otras ocasiones depende del “liderazgo presidencial” o de las cortes.

6 Richard Rorty, “The Priority of Democracy to Philosophy”, en Philosophical Papers, vol. 1, Cambridge, Mass., Cambridge University Press, 1991, pp. 180-181 (versión castellana: Barcelona, Paidós, 1997?). En contraposición con Rorty, mi argumento no es “completamente historicista ni antiuniversalista” (Ibid., p.180); al contrario, las normas democráticas universalistas deben ser históricamente prácticas.

7 Sunshine laws en el original [nota del traductor].

8 Bessette, (Mild Voice of Reason, op. cit., p. 152 y ss.), observa una disminución en la calidad deliberativa en los comités del Congreso creada por las “sunshine laws”. Así como en la negociación, hacer el proceso deliberativo completamente público puede no promover salidas racionales, en efecto, puede endurecer posiciones y promover el oportunismo. En la negociación, la publicidad frecuentemente mina la consecución de salidas de mutua satisfacción, ya que los negociadores no desean aparentar que ceden demasiado rápido. Thomas Schelling observa esta consecuencia perversa de la publicidad en algunas situaciones de conflicto en la pag. 30 de su Strategy of Conflict, Harvard, Harvard University Press, 1960.

9 Por pobreza política, el autor entiende la incapacidad de grupos o ciudadanos para participar eficazmente en el proceso democrático, y su consecuente vulnerabilidad ante las consecuencias, previstas y no previstas, de las decisiones. Véase J. Bohman, Public Deliberation, op. cit., p. 125 [nota del traductor].

10 Para una aproximación sobre los sondeos de opinión pública deliberativa, ver James Fishkin, Democracy and Deliberation, Yale, Yale University Press, 1991, pp. 81-104. En Inglaterra, el problema del crimen fue escogido para la deliberación. Fishkin reporta que hubo un movimiento de 18 puntos porcentuales alejándose de soluciones de prisión y punitivas y acercándose a oportunidades de prevención y empleo. Ver el reporte en The Independent, 9 de mayo de 1994, pp. 8-9. (Dicho periódico fue uno de los patrocinadores). En esta serie, por lo menos, vemos un gran cambio en las preferencias en una dirección muy específica. Fishkin recientemente dirigió el primer sondeo de opinión pública deliberativa en los Estados Unidos (19-21 de enero de 1996).

11 Joseph Bessette, Mild Voice of Reason, op. cit., pp. 147-149.

Hoy me quedo con Habermas

 

 

Teódulo López Meléndez

Dos fuerzas cualesquiera, desiguales, constituyen un cuerpo a partir del momento en que entran en relación. (…) En un cuerpo, las fuerzas dominantes o superiores se llaman activas, las fuerzas dominadas, reactivas.

Gilles Deleuze, Nietzsche y la Filosofía

Las fuerzas que se enfrentan son como la uña y la carne. Tal como lo dice Deleuze –quien no tiene nada que ver con Andrés Calamaro- conforman una unidad de acción y reacción, lo que comienza a explicarnos la triste historia de la cándida Eréndida y de su abuela desalmada. Jürgen Habermas nos ha dicho que todo sistema discursivo está de hecho distorsionado, fundamentalmente por la influencia del poder político. De esta manera la forma como habla ese poder se introduce en nuestro lenguaje cotidiano en tal manera que las barbaridades nos parecen sujetas estrictamente a la normalidad y nos asemejan a un hecho de justeza.

Quizás ahora comenzamos a entender la referencia a Calamaro, un excéntrico cantante que mandó a meterse los 140 caracteres de Twitter por donde ustedes se imaginan. Es que allí se encuentra con una repetición turbadora los lugares comunes que se han posesionado y que implican el desprecio por las ideas y por quienes las tienen. De allí he decidido quedarme hoy con Habermas, para perturbar a los inquietantes enemigos del pensamiento, a los aturdidos que hablan sin saber que conforman un mismo cuerpo con aquello que dicen combatir.

Citar a Habermas junto a Calamaro, e incluir en el paquete a Deleuze, es un pequeño ejercicio para la visión binocular de un país atarantado, puesto que esta intercomunicación distorsionada que nos muestra el maestro suizo desbarata los restos de racionalidad que uno podría suponer aún entre tanto repetidor de la normativa impuesta por la parte dominante del cuerpo.

Se trata de una formación ideológica que se clausura, que se cierra sobre sí misma, imposibilitando de ese modo la existencia de toda posición “exterior” a ella. El “universo del discurso” se percibe y funciona entonces como efectivamente universal: fuera de ese “universo” no hay nada, solo vacío. Adviene, entonces, el comportamiento neurótico de un cuerpo social que parece impedido de encontrar su propia formación y sus propios órganos exteriores. Se alimenta de las ilusiones y se solaza en límites que harían apelar a Freud, sólo que podría romperse el saco si lo incluyésemos, saco ya lleno con Habermas, Calamaro y Deleuze.

Como salir de la comunicación sistemáticamente distorsionada es obvio que no se consigue por la vía asumida por el cantante de tangos.  Las contradicciones patológicas debemos atribuírselas al mensaje de la parte dominante que ha sido asumida por la parte dominada. Los estudiosos aseguran que el organismo habla y que se puede proclamar la defensa de algo mientras se hace exactamente lo contrario, mutilar lo que se dice defender. He hablado de la desaparición de palabras como significado y significante, pero como hoy me he quedado con Habermas me veo obligado a mencionar las “condiciones genéticas del desvelamiento del significado”, lo podríamos traducir como la necesidad de rectificar este texto distorsionado que es la Venezuela de hoy y hacer algunas referencias concretas a esta distorsión textual.

De aquí es necesario precisar que los candidatos no son más que un producto del monopolio totalitario concedido a los partidos políticos para postular y que, en consecuencia, no son más que unos instrumentos circunstanciales que el país puede usar como tales para un momento puntual que llamaremos espacio de simulación democrática de la dictadura. No encarnan el futuro porque son una expresión distorsionada, son lagunas, repeticiones, omisiones y ambigüedades. Podríamos, de esta manera, decir que son textos duplicados de las viejas maneras de ser parlamentario,  puesto que alegan en sus afiches “somos mayoría”, lo que equivale a motivaciones inconscientes tras un disfraz simbólico, más o menos lo que le ocurrió a la mal llamada cuarta república cuando se estaba hundiendo en el tremedal autocausado y se montó en un caballo a recorrer sus propias condiciones de producción.

Considerados como una inflexión obligatoria debemos precisar que no son el futuro y que ni siquiera alcanzan el grado que llamaremos transición. Una distorsión textual no puede encarnar el lenguaje del tiempo por venir. Está condenada a su relación de cuerpo único con la fuerza dominante, lo que implica que cuando la fuerza activa desaparezca la fuerza reactiva partirá con ella.

En consecuencia podemos definir el momento como un lapsus lingüístico que habrá que suplantar con la producción de nuevos significados. La obligatoriedad a la que hemos sido sometidos la cobraremos con ese extraordinario producto que llaman “lápiz corrector blanco” y sobre el residuo áspero escribiremos la historia que vendrá.

teodulolopezm@yahoo.com

La prevalencia de la disyunción

Teódulo López Meléndez

Estamos entrando en lo colectivo sin colectivo, esto es, vamos contra nosotros mismos. Ya no se conjugan en la población lo general y lo particular, o lo que es lo mismo, la asunción del punto de vista del común desde un propio punto de vista. En lo que ahora tenemos prevalece la disyunción: a cada uno se le hace valer supuestamente  su particularidad mediante un “ejercicio profesional de la política” basado en la demagogia del disfraz y de la construcción de callejones sin salida.

La política no puede funcionar sin ideas. En buena parte es una ciencia de las ideas. La organización social del hombre no nació como la vida ni crece como las plantas. La política que carece de empuje proveedor de consistencia es una futilidad. Dado que las formas políticas son invención del hombre no puede desgajarse de la política la capacidad renovadora. Bien se dice que el pueblo no existe, lo crea la política. De esta manera hay que decir que la principal actividad de lo político es dar sentido y toda democracia pasa a ser un proceso ininterrumpido de transformación.

De esta manera la política y la democracia, es decir, la acción y sus resultados, no pueden ser otra cosa que inserción constante de nuevas opciones o, dicho en otras palabras, ampliación permanente de la libertad. Tenemos, pues, que volver a leer lo político sacándolo del cansancio, del aburrimiento y, sobre todo, de un conservadurismo que brota ante las ideas y ante la esencia misma de lo político y de la democracia, puesto que todo lo establecido siempre resiste las ideas innovadoras.

Es a través de la política que se constituye el vínculo social.  Si no enfrentamos este proceso creativo la política pasa a ser inepta para explicar las desigualdades que crecieron paralelas a la libertad y se convierte en algo deleznable para el común de la gente que nunca podrá entender lo que es ejercicio de la ciudadanía. Continuar pensando que la democracia es como es, que la justicia se administra como se administra, que las instituciones son como son y no pueden ser de otra manera, equivale a un corsé al pensamiento y a la esencia misma de los conceptos política y democracia. 

 Otra cosa que debemos aceptar es la política como conflicto y los conflictos expresión del animus político. Y a la democracia como capaz de administrar los conflictos mediante una renovación permanente. Una cosa son las instituciones básicas, aptas para administrar el control de estabilización, y otra la permanente manifestación de ideas que amplían los espacios hasta una libertad transformadora. Está claro que las llamadas instituciones y los intermediarios sociales ya no responden a las exigencias de los tiempos y, por tanto, hay que buscar nuevos mecanismos.

Esta es la realidad de un país a escasos días de unas elecciones que vuelven a ser llamadas  “la última oportunidad”, otra aberración, pues la democracia no tiene nunca una última oportunidad. Basta haberse paseado un poco por los procesos históricos, basta no meter en una gaveta todos los papeles, basta no fusilar de antemano el juego (utilizada esta palabra con seriedad) de las posibilidades políticas, para concluir que en este país se utilizan frases al voleo, se dicen impertinencias a granel, se utiliza muy mal el lenguaje.

La verdadera revolución es la voz moral. El populismo es una asunción de un modo radical para lograr la homogeneidad sobre lo imaginario. La posibilidad de un gobierno omnisciente no cabe en el siglo XXI. El verdadero político es el que hace el mundo inteligible para el pueblo, esto es, el que le suministra las herramientas para actuar con eficacia sobre lo ya entendido. El populismo no se combate con populismo. El populismo debe ser combatido con la siembra de la comprensión llevada al grado de un estado de alerta. 

La legitimidad electoral y la legitimidad social pueden contrastarse o encontrarse. La manera de encontrar la segunda excede al simple hecho de buscar el voto en una campaña electoral plena de promesas, generalmente demagógicas. Buscando la segunda suele encontrarse la primera. El planteamiento inteligible que produce efectos  previos mejora notablemente la capacidad de escogencia. Las campañas electorales son la culminación de un proceso en donde el individuo manifiesta una preferencia. La masificada propaganda en nada podría modificar una asunción previa ganada en una democracia de cercanía generada por los líderes verdaderos que en ese proceso electoral buscan la voluntad mayoritaria del pueblo.

No se puede combatir demagogia con demagogia. El proceso de crear lucidez y pertenencia es ajeno a las palabras altisonantes y mentirosas. El proceso de repetición demagógica por parte de dos o más adversarios en una contienda por el voto conduce a soliviantar un individualismo feroz que se traduce en  apostar a la mayor oferta engañosa. El vencedor, naturalmente, será el que ejerce el poder o, si se ha cumplido con la tarea pedagógica, el que ha hecho una obra previa de configuración de cuerpo sobre el que limita su acción a la campaña electoral misma.

Mayoría electoral no es mayoría social por acto automático. Legitimidad forzada no es confianza. Así la legitimidad del poder y la legitimidad del ejercicio democrático estarán afincadas sobre un barro extremadamente frágil y, lo más grave, la democracia se derrumbará por efecto directo de todos, de los que ejercen el poder y de quienes pretenden sustituirlo, de los demagogos multiplicados, obligando al poder al ejercicio de la fuerza para atender compulsivamente las exigencias sociales. Quienes no entienden de la existencia de instituciones invisibles y de la necesidad de hacerle comprender el mundo al pueblo, de hacérselo inteligible, bien podrían cerrar la brecha electoral, aún disminuida y extremadamente condicionada que en estos días aún ocupa el horizonte.

 teodulolopezm@yahoo.com

La parábola de la planificación

 

Alberto Medina Méndez

Existe una creencia muy arraigada en la sociedad, que mas se parece a una ilusión que al resultado de las evidencias que la respaldan. Su origen tiene que ver con algo tan natural en los humanos, como lo es su manifiesta obsesión por tener absolutamente todo bajo control, para evitar la incertidumbre y generar certezas.

Y no es que esa tendencia en si misma sea nociva, ni mucho menos. Resulta parte de la  esencia de la especie y no hay motivo para renegar de ello. Lo peligroso es intentar que esto que resulta tan natural para un individuo se extienda para convertirlo en una regla universal que sea financiada por todos.

Ese espejismo que consiste en controlar la totalidad de las variables y que cada cosa que suceda forme parte de lo proyectado anticipadamente, ha llevado a exacerbar esa leyenda y suponer que todo puede ser programado. Así nació la idea de la planificación estatal, cuya versión más extrema la promueve el socialismo en su economía centralmente planificada.

Lindando con esa construcción intelectual, muchos políticos en el mundo entero, intentan aproximarse a esa idea y suponen, equivocadamente, que si orientan ciertos recursos de la sociedad hacia un fin, podrán prever los hechos y estar mejor parados frente a lo que se viene.

Esa misma idealización de los acontecimientos les hace creer que pueden establecer que carreras universitarias hay que estimular o cuales desterrar, que sectores económicos promover y a cuales otros desalentar, y así con casi cualquier actividad humana.

La idea de proyectar no parece tan disparatada y habrá que insistir con que forma parte de la esencia humana. Lo extremadamente temerario, ineficaz e inmoral, es ejercer esa visión invirtiendo los dineros públicos, utilizando el monopolio de la fuerza del Estado  para imponer coercitivamente a través de los poderes de la República, recaudando impuestos, comprometiendo el futuro al endeudar a las comunidades o emitiendo moneda irresponsablemente.

Asignar los recursos públicos para subvencionar los caprichos del funcionario de turno, sus especulaciones sobre el mañana, su perspectiva del porvenir, definitivamente es jugar a la ruleta….. pero con dinero ajeno.

El futuro es básicamente impredecible. Su característica central es la incertidumbre. Suponer que alguna persona puede reunir el cúmulo suficiente de información necesaria para proyectar el ahora es desconocer la infinidad de fenómenos que concurren al mismo tiempo para que se produzcan los acontecimientos.

Ni siquiera reuniendo a una comisión de expertos que lograra nuclear las mentes mas brillantes del planeta podría lograrse una proyección siquiera aproximada. Y no porque esas personas no tengan buenas intenciones. Hasta es posible que los movilicen los más nobles objetivos. No se trata de eso.

Es que las grandes invenciones de la historia, surgieron gracias a la peculiar genialidad de unos pocos. Fueron creaciones de mentes que atravesaron obstáculos impensados, a contramano del sentido común, de lo que decían los libros, refutando teorías, contradiciendo a la ciencia y a la totalidad de las demostraciones vigentes en su tiempo.

Existen en el mundo entero, en este mismo instante, millones de seres humanos desafiando lo conocido, intentando transitar senderos nunca antes recorridos. Ellos se están encargando ahora mismo de modificar el rumbo de cualquier proyecto de esos con los que sueñan los ingenuos e ilusos planificadores.

Cada invención exitosa, cada progreso de la especie humana, cambia drásticamente los paradigmas imperantes de su época. Con ellos nacen nuevas actividades y oportunidades inimaginables. También sucumben otras. Desaparecen muchas, algunas para siempre.

Pretender que ese riesgo de proyectar lo asuma el Estado, la sociedad toda, es pedirle a esa comunidad que financie las ocurrencias de los planificadores públicos, esos que cobran un sueldo seguro, y que cuando sus proyecciones fracasan, siempre encontrarán explicaciones inteligentes para justificar sus propios errores. Ellos entienden que la sociedad debe sostener con sus impuestos esa aventura, pero en el proceso no apuestan un centavo de sus patrimonios personales.

El afán de los seres humanos por preverlo todo, los hace recorrer esta parábola. Esta leyenda se reinventa constantemente, descubre novedosas interpretaciones frente a la innegable decepción de cada uno de sus intentos, de cara a los descalabros que producen cada uno de los planes que se ha trazado y que han caído al vacío.

Vale la pena insistir. Planificar no es mala palabra. Hasta puede ser saludable cuando se constituye en un rumbo hacia donde orientar esfuerzos. Lo inmoral es que esa planificación recaiga en el sector público porque para ejecutar su propósito obliga a TODOS a pagar ese azaroso esquema. El ciudadano medio aparece así financiando la aventura, y es el único que asume concreta y dramáticamente los riesgos del fracaso.

Tantas frustraciones y tan pocos aciertos, deberían haber amedrentado no solo a los dirigentes del mundo, sino a una sociedad que no parece querer aprender la lección, cuando reclama mas de lo mismo, creyendo que el problema radica en los gurúes y no en el pecado original que sustenta la mismísima teoría que renueva el desafío.

Pero alguna lógica sigue esa dinámica. Muchos “servidores” públicos viven, literalmente, de esta fábula. Si la idea de que el Estado no debe ejercer la planificación con sus recursos fuera superada y desterrada, ellos se quedarían sin trabajo. Miles de oficinas estatales, organismos públicos, entidades supranacionales le deben su existencia a estas conjeturas y albergan a millones de personas entre sus empleados, gracias a este falaz credo instalado en la comunidad.

Sin esa ficción no tendrían tarea y por lo tanto tampoco quienes abonen sus sueldos. De este modo, mientras siga vigente la idea de que el Estado debe planificar, ellos conservarán sus salarios, sus empleos, y seguirán proyectando nuestro futuro, yendo de fracaso en fracaso, de justificación en justificación, para confirmar una vez más la parábola de la planificación.

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Skype: amedinamendez

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03783 – 15602694

El docente del siglo XXI

 Ing. Francia Aponte D’Alessio

Son hombres, antes que médicos, ingenieros o arquitectos.
La educación deberá hacer de ellos hombres honestos sensatos y capaces,
y ellos con el tiempo se transformaran en médicos, ingenieros y arquitectos,
honestos sensatos y capaces.
John Stewar Miller

   
Cuando hablamos del siglo XXI, inmediatamente nos vienen a la mente ideas como tecnología, Internet, racionalidad científica, la sociedad del conocimiento, entre otros, y otra realidad asociada a ello, es que están cambiando a un ritmo sin precedentes.
 
Podemos decir que es el siglo del saber. El saber cambia el mundo, y nuestro mundo está cambiando a la velocidad de los saberes nuevos.
 
En la sociedad del conocimiento, la ciencia y la tecnología van conquistando los distintos ámbitos que comprenden la vida. Transformando nuestro modo de pensar, de sentir, y de actuar como aspectos fundamentales de lo cognitivo, lo axiológico y lo motor, dimensiones esenciales del hombre.
 
Sumado a esto, nos encontramos con que los oficios de la sociedad del conocimiento tienen un creciente contenido técnico y cada vez es mayor el número de ocupaciones de alta tecnología. Cada día las competencias que exige la sociedad son mas exigentes, ya no es suficiente hablar de una profesión como Ingeniero o Administrador, sino que se exigirán unas competencias que cambiarán su perfil, para hacerlo apto al competitivo y exigente mundo global.
 
La actividad comercial y las industrias del siglo XXI más que dinámicas, son cambiantes. Las industrias dinámicas de la sociedad del conocimiento son las industrias de la inteligencia: la biotecnología, la informática, la microelectrónica, las telecomunicaciones, la robótica, entre otras son las actividades bandera del nuevo siglo. Pero también es un hecho inalienable que estas industrias dependen de un nuevo factor de producción: se llama el conocimiento. En la sociedad del conocimiento el valor agregado ya no proviene de los factores clásicos de producción “tierra, capital y trabajo”: viene de la tecnología antes que todo. El profesional del siglo XXI debe estar familiarizado con esta tecnología, ya que forma parte de su haber de conocimiento, forma parte de su vida.
 
Es entonces cuando nos encontramos con más que una corriente de pensamiento… nos encontramos con una realidad: la brecha que existe entre el profesional del siglo XXI y la escuela de hoy.

Se hace urgente que la educación replantee sus objetivos, sus metas, sus pedagogías y sus didácticas si quiere cumplir con su misión en el siglo XXI, y logre formar, no solo al profesional en cualquier disciplina, sino al profesional competitivo y de la mano de la vanguardia tecnológica; brindar satisfactores a las necesidades del hombre de este siglo. De allí que sea necesario desarrollar el pensamiento critico y estimular la actitud científica desde la primera escuela y a lo largo de toda su vida educativa.
 
Bill Gates dice, en lo que trae el futuro: “Las mismas fuerzas tecnológicas que harán tan necesario el aprendizaje, lo harán agradable y practico. Las corporaciones se están reinventando en torno de las oportunidades abiertas por la tecnología de la información, las escuelas también tendrán que hacerlo”.
 
Pero también es un hecho, que el inmenso devenir de tecnologías y la alta velocidad de cambio de nuestra sociedad de conocimiento, confluye muchas veces, en una realidad que no podemos dejar de lado: hombres con la única visión de sobrevivir en un mundo altamente competitivo, tecnócratas, cuya única visión es desarrollar y aplicar conocimiento, más que para transformar y crear, más que para vivir y ser.
 
Entonces podemos decir que el fin último de la educación del siglo XXI debe ser la formación integral del ser humano, entendido como un ser de necesidades, habilidades y potencialidades. Una educación capaz de intervenir en las Dimensiones Cognitivas (conocimientos) Axiológica (valores) y Motora (Habilidades y Destrezas). Más que formar a un ser intelectual se debe formar a un ser completo, holístico. La educación debe significar un cambio transformador.
 
Sabias palabras de Gabriel García Márquez, quien comenta: “Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar, quiénes somos en una sociedad que se quiere a sí misma. Que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendia. Por el país prospero que soñamos al alcance de los niños”.
 
Hay que reconocer entonces, que es un gran reto al que nos enfrentamos: disminuir cada vez más la brecha existente entre el profesional del siglo XXI y la escuela de hoy. Es allí donde el docente juega un rol significativo. El docente para lograr seres transformadores y completos, debe ser un ser transformador y completo.
 
La labor educativa del docente del siglo XXI más que proveer un cúmulo de conocimientos, debe incluir también las condiciones(estrategias didácticas) que posibilitan la formación del individuo preparados para la vida, para que asuman responsabilidades y alcancen su plenitud. Es aquí donde nos encontramos entonces con la interrogante de cómo el docente del siglo XXI debe planificar su estrategia, su hilo conductor, para lograr el resultado esperado.
 
Es por ello que podemos afirmar que la planificación y la gestión educativa tienen como eje la dignidad humana, ya que la visión de todo proceso educativo finalmente es lograr la transformación y/o profesionalización del individuo independientemente de la disciplina o etapa de estudio.
 
Es preciso, por tanto, superar y cambiar las clásicas estructuras escolares sustentadas en un poder rígido y vertical, donde la planificación se subalterna al cumplimiento de objetivos preestablecidos. El valor del hombre le sitúa por encima de todo lo demás y hace que la dirección del centro escolar, más aún del sistema educativo y por tanto del plan macro del país, incluya y gire en torno al desarrollo personal íntegro del individuo. Un plan que incluya no solo lo académico sino la relación e interacción con los importantes y dinámicos cambios tecnológicos. La consagración de este planteamiento redundará en un avance significativo para disminuir la brecha, y lograr la educación que buscamos.
 
Al llegar aquí nos topamos con una cuestión que no debe pasar desapercibida: el impacto de la planificación para lograr el resultado esperado, es decir, para que se produzca el aprendizaje deseado, tanto desde el punto de vista del conocimiento de la ciencia que se dicta como desde las capacidades y habilidades de índole intelectual del individuo.
 
La planificación del proceso de enseñanza es responsabilidad del docente. Pero que es lo que debemos planificar? Como potenciar ese ser, como educar hombres y mujeres para la vida. La combinación de todas estas interrogantes, centradas en producir aprendizajes que potencien a la persona humana en sus capacidades más altas, es lo que hace la diferencia entre un docente transmisor de contenidos y un docente que potencia seres humanos.

El docente del siglo XXI se encuentra entonces ante un nuevo concepto de planificación: planificación estratégica. La planificación que va más allá de plasmar un plan de clases. La planificación con una visión global, flexible, como para ir rehaciéndose en el transcurso, que permite incluso no seguirla, manteniendo sus líneas generales.
 
Esta planificación permite que el docente tenga un tiempo para pensar la práctica, teniendo en mente un esquema donde pueda pensar los elementos que organizan la actividad, y secuenciar actividades. Implica un proceso formativo progresivo.
 
A continuación se presenta un esquema que compara el enfoque de planificación tradicional o normativa con el de planificación estratégica, esto con la finalidad de vislumbrar hacia donde queremos llegar, es decir, lo que debe tomar en cuenta el docente de hoy que está formando al hombre de mañana.

Libros: “Introducción a la planificación” de Ezequiel Ander- Egg

Este libro ofrece un texto de iniciación a los problemas teóricos y prácticos de la planificación. No a la planificación del desarrollo, sino a la planificación sin más. Esta nueva edición (la 13.ª y 1.ª de Siglo XXI) en sentido estricto es una Introducción a la planificación estratégica, pensada en función de las necesidades de los trabajadores sociales, animadores socio-culturales, educadores y responsables de organizaciones de base que realizan tareas con la gente en ¿la línea de fuego?. Todo esto contextualizado en la problemática más amplia de las cuestiones globales y de lo que implica cualquier tarea de planificación, como una forma de aportar a la construcción del futuro. Casi todos los libros y textos de planificación hacen referencia a la planificación del desarrollo y, más concretamente, a la planificación del desarrollo económico nacional. Otros se refieren a aspectos parciales o puntuales: la planificación regional, urbana, sectorial o bien a la planificación que se realiza en el interior de empresas del sector privado. Sin embargo, la planificación como conjunto de procedimientos que sirven de base para introducir organización y racionalidad a una variada gama de acciones humanas, se aplica (o puede aplicarse) a cualquier actividad que pretende alcanzar determinados objetivos, utilizando criterios de eficacia y eficiencia. En suma: la necesidad de planificar se plantea en diferentes áreas o niveles de actividad en los que haya que adoptar decisiones o fijar cursos de acción.

Ezequiel Ander-Egg, doctor en sociología y ciencias políticas, economista y post-grado en planificación, ha sido Consultor de las Naciones Unidas en Planificación Nacional y Local. Con más de 30 años de actuación en América Latina y Europa, el autor sintetiza en este libro su experiencia en el campo de la planificación, tal como se puede realizar a nivel local y en los programas de intervención social.

La COPRE en Blanco

Teódulo López Meléndez

Este cuento había que echarlo. No se trata de que no se hubiesen producido antes enjundiosas miradas sobre lo que fue la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE). Tampoco de un uso indebido de la palabra “cuento”, como sinónimo de ficcional o de bagatela secundaria. Se trata de que aquí está la historia completa, tan detallada que por momentos fastidia, pero con la comprensión absoluta de la necesidad de poner hasta el último detalle. Me valgo de la palabra “cuento” simplemente para permitirme el uso coloquial de la expresión “este cuento había que echarlo”.

Todo nos lo cuenta Carlos Blanco en el volumen Un programa para el cambio. Nadie mejor que él para hacernos conocer este proceso, pues fue un protagonista fundamental del mismo. A medida que avanzo en la lectura compruebo que este libro excede a las limitaciones de ser un estudio sobre la COPRE para convertirse en un fresco de la historia contemporánea de Venezuela, pues allí quedan retratados todos los mecanismos de la vieja política, de la antigua manera de hacer las cosas, mientras un grupo pugna –con apoyo creciente, como lo refleja el autor- de dar unos pasos absolutamente indispensables. Aquí podemos ver la génesis y el crecimiento de las ambiciones –ambiciones en el mejor de los sentidos- de la COPRE. Lo notamos en el prólogo de Arnaldo Gabaldón, exacto y contundente, en la presentación del texto por parte del autor, en la narración de unos hechos que van delineando qué cosa hay que reformar, desde la administración pública hasta la economía, para llegar al llegadero: el perfil socio-psicológico de los venezolanos, la alteración de las relaciones de poder y –bingo- la transformación integral de la sociedad.

Por supuesto no pretendo resumir en un artículo de opinión un libraco de más de 500 páginas. Allí está todo el análisis, desde el populismo hasta la descentralización, desde la reforma interna de los partidos hasta la formulación de políticas públicas y, obviamente, lo que se logró, como la elección directa de gobernadores y alcaldes, (no poco, si vemos como hoy constituyen escaso espacio de pluralidad) de manera que el título lo que pretende indicar es que se trata de la visión del autor, no que se hubiese ido en blanco. Lo importante es, entonces, lo que quedó verdaderamente en blanco y como se produjo el suicidio de una clase política con el consecuente advenimiento de este largo presente de ya más de once años.

No recuerdo a quien pertenece la célebre frase de que si quieres evitar que te hagan la revolución debes hacerla tú mismo, colación que me permito aún con el nombre propio de lo que nos ocupamos, “reforma”, pero a los sectores conservadores de los viejos privilegios y monopolios políticos aquello les olía a la más profunda revolución. Eran, y todos los planteamientos allí contenidos siguen siendo, reformistas, lo que no es una mala palabra. Creo que la carencia fundamental de la que adolecía el planteamiento era de un envoltorio conceptual general del concepto de democracia, lo cual, admito, era difícil en aquellos momentos de prestigio partidista y de aparente tranquilidad, aunque el modelo rentista se desmoronase arrastrando consigo al parapeto político montado sobre él.

Ciertamente uno podría discrepar de Carlos Blanco en la página tal o en la página cual, pero ante la importancia de este libro eso podría ser tomado hasta como mala educación. En efecto, creo que lo sería. Lo importante son las conclusiones, unas desgarradas aunque envueltas en la tranquilidad de espíritu que domina estas  páginas. Creo que atino cuando hablo de la ausencia de un envoltorio conceptual sobre la democracia, pues el autor asegura la muerte de la posibilidad de capturar al mundo en un concepto único y liberador. Más allá –duele, pero uno sabe que es verdad- este fue el receso de las ideas y la pérdida de lo intelectual como sentido. Blanco alega que no hay locura suficiente para asumir el rol de intelectual maldito. Algunos lo hacemos. Blanco mira a los profesores universitarios como dedicados a su quincena imposible y, en efecto, uno ve todos los días a FAPUV hablando de reclamaciones salariales sin darse cuenta que lo que está detrás es el cercenamiento de las universidades donde prestan servicios.

Lo dicho, este libro es vital para la comprensión de nuestra historia contemporánea. Uno, lector, le da las gracias a Carlos Blanco por su minuciosidad, por su honradez intelectual y por habernos echado el cuento y sugiere a todos los que se plantean como salir del presente que lo lean, comenzando a comprender así porque tenemos lo que tenemos.

Pero uno como lector –con pleno derecho- comienza a hacerse sus propias preguntas y sus propias interpelaciones. Por ejemplo, uno se pregunta si la negativa de la MUD a realizar elecciones primarias para todos los candidatos a la Asamblea Nacional no es la muestra más fehaciente de las viejas prácticas destinadas a mantener el reparto de poder forzado entre las ayer poderosas organizaciones partidistas y hoy endebles siglas sin contenido. Uno los oye quejarse de la falta de financiamiento para una campaña electoral florida y le provoca recordarles que la entente político-económica que montaron con las fuerzas económicas dominantes no es revaluable, entre otras razones porque el presente acabó con ellas.

Dentro de todas las contradicciones, resistencias y batallas uno tiene a recordar con gratitud a la COPRE. Aún había ideas. Frente a la yerma realidad de hoy, una donde la salida de la pesadilla podrá equivaler a la inexistencia de un Estado que merezca ser llamado así, uno lector se pregunta cómo se podría confiar la construcción de uno a quienes hoy –con diferentes nombres y apellidos- siguen encarnando la misma resistencia a todo cambio, la puesta en práctica de los procedimientos detestables y la misma manera vacía de hacer política. El Estado que aparecería podría ser igual al que se cayó, esto es, podría ser copia del Estado pre-COPRE que había que reformar.

Es así como los dilemas de nuestro presente histórico siguen sin resolverse. La clase política que se suicidó no ofrece otra alternativa al presente que su propio regreso a la vida.

teodulolopezm@yahoo.com

 

La democracia vestida

Teódulo López Meléndez

Para hablar de vestidos seguramente hay que ir hasta los griegos, pero precisando que semejante viaje se debe hacer sólo cuando se refiere uno a los vestidos de la democracia. Los vestidos pueden estar de moda o demodé porque, al fin y al cabo, la palabra moda nos llegó al español del francés mode y esta a su vez del latín modus, sólo que el lenguaje traicionero puede indicarnos que moda es un mecanismo regulador de elecciones. Del resto –de ponerle vestidos a la señora democracia- se encargaron las llamadas ideologías las que, aún hoy, fabrican adjetivos en serie sin aceptar que son ellas las pasadas de moda. Para rendir honor al origen de la palabra moda no hay como citar a Ives Saint Laurent: “A lo largo de los años he aprendido que lo importante de un vestido es la mujer que lo lleva.”

No había quórum, no había manera de tomar decisiones, era menester recurrir a incentivos económicos para que los ciudadanos concurriesen. Está en crisis la democracia, exclamaron los más preocupados. Este primer despojo de la moda ocurría por allá en Atenas y quien lo denunciaba era nada menos que Aristóteles. Para bajar las preocupaciones, Aristófanes escribió La asamblea de las mujeres donde, sin contemplaciones mira el delicado asunto con ojos de sátira. En efecto, Blépiro, asambleísta él, padece de estreñimiento y tiene que dedicarse a resolverlo, lo que hace que algunos vivos se aprovechen de tan arduo esfuerzo para ejercer la democracia con otro vestido.

El acto político es un acto de movilización de voluntades ajenas con eficacia suficiente para que resulte afectado el envoltorio, esto es, lo que está de moda. El filósofo Saint Laurent, a la manera racionalista del pensamiento francés, tal como lo cito, descubrió no obstante que lo importante es la mujer y no el vestido. Resulta indispensable recurrir a la escuela cínica cuando a la democracia se le pone el mismo vestido de la dictadura, sin darse cuenta que son dos mujeres muy distintas. Blépiro, el personaje de Aristófanes, nos deja claro que mientras algunos resuelven sus problemas digestivos otros asumen el protagonismo.

Uno de los vestidos múltiples que se le ponen a la democracia –además de los múltiples adjetivos- es el de la resolución de problemas. De manera que los que quieren hacer llegar a los ciudadanos a la convocatoria se esmeran en extraños anuncios. Uno –mientras transcurre este verano y se dedica a salir de agosto de la mejor manera posible- constata que no hacen algo distinto que tratar de vestir la democracia con trajes de siglos pasados, como si aquí estuviésemos en un museo de la moda y no en la urgente necesidad de rescatar al peor de los sistemas de gobierno -a excepción de todos los demás- como se dice en la ya clásica sentencia.

De esta manera los que recurren al acto político se convierten en sastres y no en hombres de Estado o en pensadores de nuevos códigos de ADN. Cuando uno habla de nuevas concepciones dicen que fulano de tal es su modelo, sin darse cuenta que se refieren a un pensador del siglo XIX. Cuando uno requiere de nuevos incentivos conceptuales para modificar la asamblea y el acto político, argumentan que la academia acabó con los “neo” y que todo es como lo dijo el clásico de comienzos del siglo XX. Así, la democracia se queda vestida con los trajes antiguos, mientras uno trata de rescatar a la mujer que embadurnada con tales telas acompaña a Aristófanes a los baños públicos de Atenas.

A estas alturas habremos entendido que no se trata de trajes lo que requiere la democracia. Lo que requiere es una reinvención, porque ofrecerle a los pueblos incentivos para que haga quórum en el acto político es como triplicar los óvalos que tanto molestaban a Aristóteles. Y como los griegos eran unos verracos y se las pasaban en la academia fuera de Atenas, siguieron inventando con la esperanza de que estas sociedades de origen cultural greco-latino mantuviesen la invención en lugar de dedicarse a hacer desfiles de moda. En buena parte la República Romana lo hizo, hasta el punto de que aquellos granjeros ilustrados que son llamados padres de la nación norteamericana la tuvieron más que presente.

Ahora andamos en esto que llaman el siglo XXI. La tecnología ha transformado el concepto de poder. Los ciudadanos ahítos de tanta tela vieja se marchan al sonido de las renovadas flautas del populismo y de los raídos vestidos ideológicos. Y los de la democracia lo único que pretenden es desempolvar los baúles, sacudir la telarañas, pedir restitución de la vieja monarquía que dejó a la gran dama expuesta ante las acciones de la rapiña militarista. Asocian –indebidamente es obvio- a democracia con mercado, cuando el asaltante de la dictadura desnuda se va en lenguaradas sólo atinan a reclamar respeto absoluto ante el altar de la propiedad privada. Eso se llama desconocer la evolución del pensamiento, sobre todo porque la dama de la que nos estamos ocupando no es un cuerpo con vida eterna que simplemente no envejece, sino que es un conjunto de pensamiento e ideas que se llevan a la realización en lo que he recordado a lo largo de este texto se llama acción política.

O el endeble cuerpo se reconoce como más importante que los vestidos o los restauradores del ancien régime se van a quedar con los crespos hechos. Lo peor no es que se queden ellos, es que dejen a toda una sociedad a merced de los depredadores. De manera que para tranquilidad de Aristóteles hay que reinventarse la democracia, hay que hacerla de este siglo, hay que dar respuesta a las quejas, como esa que va sobre el eclipse de la representación y de los partidos como dueños totalitarios de las postulaciones.

En definitiva, hay que dejar a Blépiro resolviendo su estreñimiento y darle un poco de descanso a Aristófanes, también porque ya Aristófanes no hay, lo que queda son simples Awards.

teodulolopezm@yahoo.com

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