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Democracia del siglo XXI

Irrevocable

irrevocable

Dulce María Tosta

A decir de los entendidos en materia jurídica, hay ciertos aspectos de la salida de Maduro que no han sido expuestos a la opinión pública con la debida rigurosidad.

Ni los que quiebran lanzas a favor del revocatorio (Capriles y Julio Borges, principalmente), ni los que aúpan la vía de la nacionalidad (los mismos que propusieron «la salida») para terminar con esta pesadilla, han mencionado las consecuencias jurídicas de uno u otro método, permitiendo que en el imaginario popular se forme la creencia de que son las mismas y que la defenestración de Maduro es suficiente premio para cualquier esfuerzo.

Vamos con una perogrullada: solo puede ser revocado quien sea revocable, es decir, aquel que se encuentre ejerciendo un cargo o magistratura de elección popular, al cual haya accedido mediante cumplimiento de los requisitos constitucionales, entre los que destacan los señalados en los artículos 40 (derechos políticos son privativos de los venezolanos por nacimiento), 41 (cargos que solo pueden ser ejercidos por venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad) y 227 (requisitos para ser Presidente de la República (venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad, entre otros)).

La Presidencia de la República es un órgano del Estado, una creación constitucional que no existiría si la Constitución no lo señalara expresamente. Por tanto, para ser titular del órgano Presidencia de La República, es decir, para ser Presidente de la República, es imprescindible que el aspirante cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos por ella; basta que faltare alguno para que el órgano encargado de la administración electoral (CNE) rechace la postulación y el aspirante no alcanzara ni siquiera el nivel de candidato.

Pero ¿Qué sucedería si el CNE, incumpliendo sus deberes fundamentales, acepta como candidato presidencial a un extranjero y, posteriormente, lo proclama Presidente electo de la República? Obviamente, dicha proclamación sería nula de nulidad absoluta por inconstitucional y tanto el proclamante como el proclamado serían reos de delitos contra la Constitución y sujetos a las sanciones correspondientes.

Surge otra pregunta: ¿Puede un extranjero o con doble nacionalidad ser Presidente de la República? Ni por un segundo, pues aun cuando ostente los signos exteriores del cargo (proclamación como electo, juramentación ante la Asamblea, banda presidencial, uso de la oficina y residencia presidenciales, etc.), no es ni por un instante titular del órgano, pues esa titularidad solo se constituye con estricto apego a las normas constitucionales.
Hasta el día de hoy (23/04/2016), Maduro no ha presentado pruebas relativas a su nacionalidad, por lo que el revocatorio pasaría a ser un instrumento de legitimación de su régimen y no, como se quiere hacer ver, de su eliminación, dado que el revocatorio produciría efectos hacia el futuro (ex nunc) y legitimaría todo lo actuado hasta la fecha de la revocación.

La impugnación por razones de nacionalidad dejaría sin efecto todo lo actuado o, como dicen los juristas, tendría efectos retroactivos (ex tunc), borrando del mundo jurídico todo lo hecho por quien nunca tuvo derecho a hacerlo.

Estas reflexiones refuerzan mi criterio de que existen negociados entre el régimen y ciertos «opositores» y de que hay entre ellos acuerdos feos, muy feos, superiores en fealdad a lo que las personas comunes nos atrevemos a imaginar.

urmero_2009@hotmail.com
@DulceMTostaR
http://www.dulcemariatosta.com

La manía de legislar

Legislar

Alberto Medina Méndez

 

Prevalece en esta era, una visión que afirma que las leyes pueden resolver cualquier problema. Esta falacia se ha instalado, no solo en la política sino también en buena parte de la sociedad que las demanda. Parece que jamás se ha comprendido, con claridad, la naturaleza y la esencia de las normas.

Muchos dirigentes políticos depositan abundantes energías en imaginar novedosas reglamentaciones que modifiquen la calidad de vida de todos, sin entender que las conductas no se transforman artificialmente. Ellos adhieren a esta necia postura de suponer que una ley todo lo puede.

En estos países, pululan a diario intentos de legislar sobre cualquier asunto. Ninguna jurisdicción logra escaparse de este molde general y caen, irremediablemente, en este eterno juego. Esta actitud obsesiva de los legisladores no distingue partidos. Todos creen en la omnipotencia del Estado, que impone reglas haciendo que la gente se someta a ellas sin más.

Es la ley la que debe interpretar a la sociedad, ajustándose a sus valores y no al revés. En estas comunidades, los legisladores suponen que pueden establecer reglas importadas, incompatibles con la idiosincrasia local y así producir genuinos cambios de hábitos, que permitan vivir en una sociedad desarrollada, gracias a su gigante creatividad e interesantes normas.

Por eso abundan, en estas latitudes, tantas leyes que pretenden fijar precios, impedir la comercialización de productos o regular la distribución de otros. Esos políticos creen que pueden controlar la economía y subordinarla a sus caprichos. Están convencidos de que, desde sus escritorios, pueden obligar a todos a obedecerlos, porque la razón y la verdad los asiste.

La economía se rige por un complejo sistema de estímulos. Cuando la legislación interfiere, altera no solo los precios relativos, sino que genera múltiples daños y consecuencias inimaginables para ese legislador. Sus claras limitaciones intelectuales y morales le impiden comprender que la interacción voluntaria entre los hombres no es objeto de su tarea cotidiana.

Pero eso no solo sucede en la economía, sino también en el resto de las manifestaciones individuales. Nadie deja de consumir estupefacientes, aborta, pasa un semáforo en rojo, se prostituye o porta armas, porque la legislación lo prohíbe. Razonar de ese modo es desconocer a la humanidad. Las personas toman decisiones en función de otros paradigmas diferentes.

Las leyes pueden intentar amedrentar pero, en casi todos los casos, solo consiguen que esas mismas acciones igualmente se concreten, pero en ambientes de mayor marginalidad, criminalizando sus determinaciones.

Los seres humanos solo evolucionan cuando aprenden, maduran, reflexionan y toman decisiones voluntarias totalmente conscientes y no cuando el Estado los amenaza con multas, penalidades o prisión.

No es que no se pueda legislar sobre absolutamente nada, pero es importante comprender que el trillado “respeto a las leyes” no se consigue arrodillando a la sociedad con rigor. El respeto se gana, nunca se impone. Si la idea es infundir temor, miedo, pánico y terror, esas no parecen ser las mejores alternativas para construir una comunidad pacífica y civilizada.

La sociedad en general está dispuesta a cumplir normas que coinciden con su matriz moral. La prohibición de matar, es compatible con esa convicción de que cada uno debe decidir por sí mismo que hacer con su cuerpo. Bajo esa perspectiva resulta inadmisible que otro pueda disponer de ella a su arbitrio. Así se explica el elevado consenso de esta norma.

Algo similar ocurre con el robo. La mayoría comprende el concepto de la propiedad privada, aunque últimamente haya relativizado esa creencia. La gente entiende que apropiarse del fruto del trabajo ajeno no es ético y por eso aprueba que cualquiera que transgreda ese principio sea sancionado.

Es evidente que se viven en el presente tiempos de “inflación legislativa”. Muchos actores de la política contemporánea pretenden contener la subida de precios, evitar despidos, extender la expectativa de vida, erradicar enfermedades y eliminar adicciones apelando a las leyes. Si realmente esas herramientas fueran efectivas y sus teorías tuvieran algún correlato empírico con la realidad, la humanidad seria rica, joven y feliz por decreto.

Claro que muchos adhieren a esta visión por conveniencia y no por ignorancia. Una parte importante del “negocio” de la política se sustenta sobre la idea de que la sociedad esté convencida de que la legislación salva vidas, enriquece a las personas y las hace mejores. Si esa tesis no tuviera adeptos, probablemente, muchos de los burócratas no tendrían salarios, y no podrían vivir entonces a expensas del trabajo de los demás.

Pero no menos cierto es que otro  sector de la sociedad cree ingenuamente en estas mentiras y alienta estos reprochables comportamientos de la política. Son muchos los ciudadanos que les exigen a los dirigentes que bajen los precios, generen empleos y que los jóvenes jamás se droguen, como si estos tuvieran en sus manos una varita mágica para lograrlo.

Es la peor combinación. Una sociedad irresponsable que delira con soluciones facilistas en complicidad con una clase política manipuladora que aprovecha esa candidez para atraer votos con estos disparates.

Mientras tanto, no solo no se resuelven los problemas sino que estas maniobras dilatorias hacen que finalmente nadie se ocupe seriamente de las cuestiones de fondo, de esas donde realmente se pueden mitigar impactos. Las normas no solo no aportan soluciones eficientes, sino que además desenfocan y postergan el abordaje correcto de las problemáticas actuales.

Si la sociedad desea cambios en positivo, debe comprender las verdaderas motivaciones que explican las conductas humanas y ponerse a trabajar con sensatez, sin delegar en terceros sus responsabilidades, intentando convertirse en genuinos agentes de cambio e inspirando a otros a imitarlos.

La ideología imperante que invita a redactar leyes a mansalva es una gran ilusión, un absoluto fraude. Pero, evidentemente, es funcional a una sociedad profundamente desorientada y a un sistema político procaz que promueve este espejismo de la mano de esta perversa manía de legislar.

albertomedinamendez@gmail.com

El deber de la Asamblea Nacional de desconocer a la Sala Constitucional

 

desconocimiento

 

José Armando Mejía Betancourt 1

Sumario

 

Introducción: El cisma constitucional.

1.- El desconocimiento de la Sala Constitucional.

a.- Las razones para desconocer a la Sala Constitucional.

b.- El fundamento constitucional para desconocer una autoridad constituida.

c.- La iniciativa de desconocimiento y la designación transitoria de una nueva

Sala Constitucional.

2.- Los efectos políticos constitucionales.

a.- El conflicto de poderes: dos Salas constitucionales respaldadas por poderes

diferentes.

b.- La solución militar y represiva del conflicto y la teoría de la disuasión.

c.- El arbitraje constituyente del conflicto.

Conclusión: Actuar frente a la pérdida de vigencia de la Constitución.

Introducción: El cisma constitucional.

 

Con el presente trabajo2 queremos llamar la atención de la sociedad

democrática, con el fin de proponer que la nueva Asamblea Nacional desconozca a la

actual Sala Constitucional como autoridad del poder público constituido, para poder

rescatar y restablecer el Estado de derecho en Venezuela. Mediante la acción de

protección constituyente de la integridad de la Constitución y para el restablecimiento

de su efectiva vigencia, prevista en ella.3

 

La Constitución de 1999 prevé la intervención del poder constituyente del

pueblo en dos supuestos diferentes: primero, como un poder constituyente normativo

en los procesos de reforma constitucional; 4 y segundo, como un poder constituyente

protector en las acciones de protección de la Constitución.5 El análisis de este último

supuesto es el que aquí nos interesa,6 visto que se ha producido un cisma

 

1 Abogado de la UCAB. Doctor de la Universidad de Paris (II). Postgrados: DSUP en Finanzas Públicas; DSUP en

Derecho Administrativo; DSUP en Derecho Comercial; en la Universidad de París (II). Miembro de la Sociedad de

Legislación Comparada de París y de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Profesor de la Universidad

Metropolitana, de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica del Táchira.

2 Este trabajo se sitúa dentro del contexto de otro artículo titulado: “La vocación constituyente de la nueva

Asamblea Nacional”, de febrero 2016.

3 Este proceso está previsto en los artículos 333 y 350 de la Constitución.

4 Constitución. Título IX.

5 Constitución. Título VIII.

6 Hay numerosa doctrina jurídica sobre el estudio del poder constituyente normativo. Ver: Jesús Luis Castillo Vegas.

“El Poder Constituyente y sus condiciones de Legitimación en la sociedad Actual”. Revista Tachirense de Derecho.

 

constitucional al dividirse y separarse la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de

Justicia en el seno de la Constitución vigente, provocando la pérdida de su efectiva

vigencia, destrozando su integridad y provocando una escisión, discordia y

desavenencia irreparable con la nueva Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de

2015, donde la oposición democrática obtuvo una amplia y legítima mayoría.

La Sala Constitucional con el objeto de desconocer la nueva realidad política

surgida de esa elección, ha utilizado su poder jurisdiccional para crear con sus

sentencias un cordón sanitario alrededor de la nueva Asamblea Nacional y un cerco

eléctrico autoritario, desconociendo la legitima conformación de la Asamblea

nacional,7 sus competencias legislativas,8 sus potestades de control sobre los demás

poderes públicos9 y habilitando al Poder Ejecutivo para legislar. 10

 

No. 10/1998. Antonio Negri. “El Poder Constituyente”. Libertarias/ Prodhufi. Madrid. 1994. Claude Klein. “Théorie et

practique du pouvoir constituant”. PUF. Paris. 1996. Y, Olivier Beaud. “La puissance de l’Etat”. PUF. París. 1994.

7 El Gobierno chavista pretende mediante acciones judiciales anular la elección de varios diputados de la oposición

democrática, para impedir que tenga una mayoría calificada de 2/3 partes en la Asamblea Nacional, que

constitucionalmente le proporciona las más amplias competencias legislativas y de control. Ver periódico “El

Nacional” de 2/1/2016: “La suspensión de la proclamación de cuatro diputados electos y la imposición del

“Parlamento Comunal”, entre otros casos, demuestran que el diálogo político será difícil en 2016”. El Tribunal

Supremo de Justicia, esta vez en Sala Electoral, dictó la Sentencia n. 260 del 30/12/2015 que mediante un amparo

cautelar, suspendió los efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de las elecciones de los

diputados en el Estado Amazonas. Luego dictó la Sentencia n. 1 de fecha 8/1/2016 que declaró que la Asamblea

Nacional había desacatado la sentencia N° 260, al proceder a la juramentación de tres diputados del estado

Amazonas cuya proclamación había sido “suspendida” y “NULOS ABSOLUTAMENTE los actos de la Asamblea

Nacional que se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos de la

decisión N° 260 del 30 de diciembre de 2015 y del presente fallo”. La Sala Constitucional en Sentencia número 3 de

14/1/2016, convalidó arbitrariamente estas decisiones de la Sala Electoral y refiriéndose a ellas afirmo

textualmente con autosuficiencia, arrogancia e insolencia, de manera escandalosamente antijurídica lo siguiente:

“Lo que incapacita al Poder Legislativo para ejercer sus atribuciones constitucionales de control político de gestión”.

Haciendo pasar una amañada y falsa medida cautelar por encima de la Constitución.

8 La Sentencia número 259 del 31/3/2016 de la Sala Constitucional, declara inconstitucional la Ley de Reforma de la

Ley del Banco Central de Venezuela. Porque según dice y reconoce expresamente: “el órgano legislativo nacional

actuó con desviación de poder, ya que la finalidad de la reforma es la de asegurar el control del Banco Central de

Venezuela por parte del grupo parlamentario de la Asamblea Nacional que actualmente ostenta la mayoría de los

diputados que la integran”. Y que el propósito de la Ley “es la de asegurar, por parte de la mayoría parlamentaria de

la Asamblea Nacional, el control político del instituto emisor”. La propia sentencia reconoce claramente con el

mayor desparpajo, que ella lo que hace es impedir a la nueva mayoría parlamentaria opositora ejercer las

competencias legislativas de la Asamblea Nacional. Cuando en todos los parlamentos del mundo en los países

democráticos se reconoce a la mayoría parlamentaria el poder de imponer legítimamente la decisión política. La

Sala Constitucional desconoce ese principio universal de la mayoría política porque el chavismo ya no es mayoría.

La Sala Constitucional también impide a la Asamblea Nacional ejercer sus competencias legislativas, con la

Sentencia número 264 del 11/4/2016, que declara inconstitucional la Ley de Amnistía de los presos políticos

dictada el 29/3/2016 por el cuerpo legislativo, nada más y nada menos, que como dice la bárbara y temeraria

sentencia, de: “la totalidad de su articulado”.

9 La Sentencia número 9 del 1/3/2016 de la Sala Constitucional, cercenó arbitrariamente a la Asamblea Nacional su

potestades de ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, previstas en los

artículos 183 numeral 3, 222 y 223 de la Constitución. Y descartó toda posibilidad para “revisar, anular, revocar o de

cualquiera forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de magistrados y magistradas del

tribunal Supremo de Justicia”, conducido a empujones y violando abiertamente la Constitución por la anterior

mayoría chavista de la Asamblea Nacional, “sin tener la mayoría calificada de las dos terceras partes”. Cuando esa

mayoría fue arrebatada por la Sala Electoral en Sentencia número 260 del 30/12/2015 y convalidada por la propia

Sala Constitucional en Sentencia número 3 del 14/1/2016. Montando una sentencia sobre otra para ir creando una

pirámide de inconstitucionalidades y falsa legalidad.

10 Un ejemplo de ello son las Sentencias número 4 del 20/1/2016, y la número 7 del 11/2/2016, de la Sala

Constitucional del TSJ, que declaran constitucional y vigente el Decreto de emergencia económica número 2184 del

14/1/2016, dictado por el Presidente de la República y rechazado por la Asamblea Nacional mediante Acuerdo

desaprobatorio del 22/1/2016. La Sentencia número 7 del 11/2/2016 que declara “constitucionalmente írrito” el

Acuerdo de la Asamblea Nacional del 22/1/2016 que desaprobó el mencionado decreto de emergencia económica,

afirma con cinismo y burla hacia la Constitución que “la aprobación o desaprobación del decreto de estado de

 

De esta manera la Sala Constitucional chavista se ha erigido de hecho en un

super-poder por encima de la Constitución y la ha doblegado para ajustarla a sus

propias interpretaciones y criterios, en violación abierta con el texto mismo de la

Constitución. De lo cual se desprende que la Sala Constitucional al situarse arriba de la

Constitución y utilizar desviadamente su poder para concentrar todo el poder público

en las manos del Presidente de la República se ha salido de la Constitución. Creando

una escisión que ha alterado sustancialmente el régimen constitucional y ha

provocado un cisma al separarse del seno de la Constitución, provocando una

desavenencia inconstitucional con la Asamblea Nacional y una discordia irresoluble

entre los poderes públicos. Este cisma constitucional tiene su razón de ser en la clara

voluntad de la Sala Constitucional de eliminar la división de los poderes, para

concentrar todo el poder público en el Gobierno como órgano del Poder Ejecutivo y en

manos del Presidente de la República. Con el objeto de que el chavismo mantenga

intacta toda su arbitraria hegemonía en el ejercicio del poder político en Venezuela y

para permitir que el Ejecutivo Nacional continúe con su proyecto político que

denomina la construcción del “Estado socialista”, que es un concepto que no aparece

en ninguna parte de la Constitución.11

 

El cisma constitucional se terminó de consumar con la inconstitucional

designación apresurada de los magistrados que integran la nueva Sala Constitucional

luego de que el Gobierno perdiera las elecciones legislativas y con la arbitraria serie de

sentencias que ha dictado posteriormente a su entrada en funciones, con el objeto de

vaciar las competencias constitucionales de la nueva Asamblea Nacional electa el 6 de

diciembre de 2015 y desconocer a la nueva mayoría política surgida de esos comicios.

La oposición democrática ha sostenido permanentemente que en todo caso va

a actuar siempre apegada a la Constitución, lo que ha sido su fortaleza y un criterio

que ha orientado permanentemente su acción política. Pero ahora, ante la gravísima

crisis institucional, la oposición democrática tiene que considerar el utilizar, sin salirse

de ellos, los mecanismos más extremos de protección del texto constitucional que la

propia Constitución prevé. Es decir, que al recurrir a tales mecanismos, la oposición

democrática se mantiene en su conducta de actuar apegada a la Constitución en

cualquier circunstancia de la vida política, pero queda claro que se ve obligada a

utilizar tales mecanismos ante la violación abierta de la Constitución en que ha

incurrido la Sala Constitucional bajo los auspicios del Gobierno chavista.

También queda claro, que tales mecanismos de protección previstos en la

Constitución para ser utilizados en caso extremo, no van a ser aceptados por el

Gobierno chavista y serán rechazados con toda la violencia verbal y la represión

indiscriminada a que nos tiene acostumbrados. Pero, precisamente por ser medidas

 

excepción por parte de la asamblea Nacional, lo afecta desde la perspectiva de control político y por ende lo

condiciona políticamente, pero no desde la perspectiva jurídico constitucional”; contradiciendo sin menos rubor y

con soberbia impune el artículo 339 de la Constitución. Estas decisiones autorizan el arrebato de las competencias

legislativas a la Asamblea Nacional sin su autorización y se las entregan autoritariamente al Poder Ejecutivo. De

manera que a partir de ahora el Poder Ejecutivo podrá ejercer unilateralmente las competencias legislativas de la

Asamblea Nacional, como si hubiera recibido de ella una Ley habilitante. Y, la Sentencia número 184 de 17/3/2016

que prorroga por 60 días el Decreto de emergencia número 2184 de 14/1/ 2016 en contra de la voluntad expresada

por la Asamblea Nacional.

11 Todos los documentos oficiales hacen referencia a este concepto. Por ejemplo la exposición de motivos de la

reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta, dictada por el Presidente de la República, publicada en la Gaceta

Oficial extraordinaria número 6210 del 30/12/2015, señala que la reforma se fundamenta en “correspondencia

con la concepción del Estado socialista, inspirado en el marco de la Constitución y el Plan de la Patria”.

 

extremas que conducen a un rescate de la Constitución y a la recuperación del Estado

de derecho en situaciones políticas extremas, llevaran a desnudar y a desenmascarar la

dictadura militar que Gobierna a Venezuela. Lo que tampoco puede ser razón para que

la oposición democrática se abstenga y se inhiba de recurrir a tales mecanismos

constitucionales de protección.

 

La lógica del comportamiento político de la oposición democrática de actuar

apegada a la Constitución es su fortaleza y debe mantenerse, pero debe llevarse hasta

los extremos que la propia Constitución le permite. Si la aplicación de la Constitución

en los términos que ella es entendida e interpretada a la luz de los principios que ella

consagra, conduce a una radicalización del Gobierno chavista para hacerse con todo el

poder y desconocer a la voluntad popular, ello no puede ser una razón para que la

oposición democrática no recurra a la Constitución y se abstenga de utilizar los

mecanismos de protección que ella prevé, por precaución de las consecuencias

políticas que acarrearía. Por la simple razón de que tal comportamiento significaría

también una violación de la Constitución misma y de la obligación constitucional que

tiene la Asamblea Nacional de defender y proteger a la Constitución. Por ello, si la

aplicación de la Constitución del 99 significa que de una vez por todas se le quite la

máscara a la dictadura y se ponga a la luz del día sin disimulo el autoritarismo que nos

gobierna, eso no debe ser una razón para que la oposición democrática no recurra a la

Constitución por miedo a ser aplastada y reprimida brutalmente por el Gobierno

chavista.

 

La Asamblea Nacional está ante un delicado dilema: o se mantiene en su lucha

por defender la Constitución o sucumbe ante el miedo y se transforma en un apéndice

colaborador por pasiva de la dictadura chavista.12

 

1.- El desconocimiento de la Sala Constitucional.

La nueva Asamblea Nacional ante el cisma constitucional provocado por la Sala

Constitucional tiene el deber de desconocerla como máxima autoridad jurisdiccional,

lo que significa que no la acata como legítima autoridad y la niega como órgano del

poder público constituido.

 

En efecto, la contradicción entre las sentencias que ha dictado la Sala

Constitucional en contra de la Asamblea Nacional y el texto de la Constitución es

evidente, al punto de impedir el ejercicio de la función legislativa y de control del

Gobierno que son las competencias naturales e indiscutibles de la Asamblea Nacional

y de cualquier parlamento en un régimen democrático. Luego la Asamblea Nacional al

constatar la existencia de tal situación, tiene la obligación política y constitucional de

remover los obstáculos que le impiden ejercer sus competencias y de rescatar la

efectiva vigencia de la Constitución, profundamente alterada por las decisiones de la

Sala Constitucional. Pues no constituyen una legítima jurisprudencia constitucional

que orienta la vida política de la nación en un sentido o en otro, sino de unas bárbaras

decisiones inconstitucionales que le impiden a la Asamblea Nacional nada más y nada

menos que ejercer sus funciones propias, lo cual es constatado por el propio órgano

del poder legislativo.

 

12 La colaboración por pasiva es por ejemplo la de tolerar la arbitrariedad. Sin olvidar que se promueve lo que se

tolera: Si se tolera la dictadura se la promueve.

 

Además, no se trata de destituir a la Sala Constitucional sino de desconocerla

conforme a lo previsto en la Constitución, para corregir este tipo de situaciones

irregulares y destructivas del orden constitucional. Una destitución debe hacerse

siguiendo los procedimientos establecidos pero el desconocimiento es una situación

diferente, ya que, de lo que se trata es de no aceptarla ni acatarla como autoridad. Y si

la Asamblea Nacional acepta esta situación irregular, como hemos dicho, a su vez

violaría la Constitución al someterse a un órgano que ha violado groseramente la

Constitución.

 

El desconocimiento es una situación derivada del comportamiento de la propia

Sala Constitucional con relación al orden constitucional, que ha contrariado los

valores, principios y garantías democráticos, es decir, que ha violentado al Estado de

derecho al cual está llamada a garantizar. Que es una vieja táctica conocida por la

doctrina comparada que siempre la ha llamado “golpes de fuerza”, cuando la

Constitución vigente es “violada gravemente por uno de los órganos que ella misma

creara y que se hallaba obligado a respetarla”.13Como ocurre en la presente situación,

cuando la Sala Constitucional que sin dejar de proclamar su fidelidad a la Constitución

y negando cometer ninguna usurpación, sin embargo se apodera del poder

constituyente del pueblo e impide a la Asamblea Nacional ejercer sus competencias

constitucionales con evidente violación de la Constitución del 99.

 

Hay que tener en cuenta que la Sala Constitucional no puede ser soberana

como ella pretende serlo, sino que su actuación y comportamiento debe ajustarse a la

Constitución. Pero ella cree falsamente que al ser la última instancia jurisdiccional no

hay posibilidad alguna de control jurídico sobre ella,14cuando precisamente la función

de los artículos 333 y 350 de la Constitución, que se combinan, concilian y conjugan

entre ellos, es habilitar al pueblo y a la representación nacional para, justamente,

ejercer directamente un control constituyente de aquellos órganos del poder público

que se salen o se apartan de la Constitución, mediante el desconocimiento de su

autoridad en aras de la protección de la Constitución.

 

Esta fórmula prevista en la Constitución relativa a su protección tiene como

telón de fondo la soberanía del pueblo y más precisamente su soberanía

constituyente. Que se habilita para actuar directamente en defensa y protección de la

integridad de la Constitución, frente a una violación grosera de ella por abuso o

desviación de poder15que amenaza su efectiva vigencia.16

La distinción es clara, porque la soberanía constituyente del pueblo no se

convoca en este supuesto para modificar o revisar el texto de la Constitución, sino para

organizar su defensa contra actuaciones que la violenten o quieran ignorarla. Aquí la

manifestación constituyente del pueblo es en defensa del pacto constitucional que se

ha dado soberanamente el pueblo contra un ataque frontal contra él. Por lo tanto, la

apreciación de los actos que contrarían la Constitución no es controlable por un

órgano jurisdiccional constituido sino por la soberanía popular directamente, como

 

13 Carré de Malberg. “Teoría general del Estado”. FCE/UNAM. México. 1998. Pág. 1171. (Primera edición en francés

data de 1922)

14 Esta falsa creencia esta erradamente extendida en la clase política y particularmente entre el oficialismo y la

cúpula militar chavista. Aquí en este escrito, con la argumentación que la soporta, la desmentimos jurídicamente de

manera contundente. También la doctrina se pregunta frecuentemente: “¿Quién controla al custodio de la

Constitución?” Ver: José Ignacio Hernández. “¿Puede la Sala Constitucional del TSJ anular a la Asamblea Nacional?”.

Portal Prodavinci. Caracas. 3/11/2015.

15 Ver: Constitución. Art. 139.

16 Ver: Constitución. Art. 333.

 

ocurre en el presente caso, donde la nueva Asamblea Nacional actuando en

representación de la soberanía del pueblo califica el comportamiento de la Sala

Constitucional y la desconoce por contrariar los valores, principios y garantías

democráticos y menoscabar los derechos humanos.

Como lo ha dicho reiteradamente la doctrina jurisdiccional y lo establece la

propia Constitución, la soberanía reside directamente en el pueblo quien la ejerce

directamente o mediante sus representantes.17 En el presente caso, el

desconocimiento de la Sala Constitucional puede producirse por el pueblo

directamente o por intermedio de sus representantes en la Asamblea Nacional, que en

esta situación actúa como un medio de manifestación de la soberanía constituyente

del pueblo, para la defensa de la integridad de la Constitución y el restablecimiento de

su efectiva vigencia.18

 

Es un contexto fáctico muy interesante que resalta la doctrina del Derecho

comparado, ya que es claro que en este tipo de situaciones el cuerpo legislativo

encarna la representación nacional y está actuando en representación de la soberanía

constituyente del pueblo para la defensa y resguardo del pacto constitucional. No se

trata de un poder constituyente concebido para modificar la Constitución, sino de una

manifestación directa de la soberanía constituyente del pueblo en acciones

encaminadas a su protección, como sería en nuestro caso la defensa de la Constitución

antes las inconstitucionales actuaciones de la Sala Constitucional.19Lo cual tiene toda

lógica, luz y legitimidad constitucional, pues se trata precisamente de que la Sala

Constitucional ha arrebatado arbitrariamente las competencias de la representación

nacional, dejando al pueblo sin posibilidad de ejercer su soberanía a través de sus

representantes, es decir, que la Sala Constitucional de esta manera ha impedido que la

soberanía del pueblo se manifieste a través de sus representantes. Por lo tanto, puede

la nueva Asamblea Nacional desconocer en nombre del pueblo que representa a la

Sala Constitucional.

 

En fin, el desconocimiento es una figura distinta a la destitución, que acarrea la

inevitable consecuencia que las autoridades desconocidas no pueden seguir ejerciendo

sus funciones, pues ellas mismas se apartaron del orden constitucional y ello significa

que no se las acata, ni se les reconoce la constitucionalidad de sus actuaciones, ni su

autoridad: han perdido sus atributos como autoridad pública y toda investidura. Si la

Sala Constitucional luego de ser desconocida por la Asamblea Nacional pretende

ejercer sus funciones, se pone en una situación semejante a la de usurpación de

autoridad, cuando una persona sin investidura asume una función pública.20 Porque el

desconocimiento produce el efecto de que a la autoridad rechazada no se le

reconocen los atributos, investidura y competencias que le otorgó la Constitución y la

Ley, ya que, si por su propia voluntad se puso en una situación inconstitucional, ella

misma originó con su proceder la pérdida de toda su jurisdicción. La autoridad objeto

de tal desconocimiento está fuera del poder público y no puede ejercer ninguna

 

17 Ver: Constitución. Art. 5 y 347. Ver: TSJ. “Bases Jurisprudenciales de la Supraconstitucionalidad”. Caracas. 2000.

18 Ver Constitución. Art. 5, 333 y 62.

19 Un caso parecido en su configuración teórica está planteado en España con relación a la disputa por la

independencia de Cataluña, donde los poderes constituidos de la Comunidad Autónoma de Cataluña están

empeñados en contrariar la Constitución española. El Gobierno de España ha advertido reiteradamente que

desconocerá cualquier acción contra el orden constitucional vigente, por parte de cualquiera de las autoridades

autonómicas catalanas.

20 Allan R. Brewer Carías. “Estado de derecho y control judicial”. INAP. Madrid. 1987. Pág. 527.

 

potestad pública; luego si posteriormente al desconocimiento pretende ejercer

funciones públicas se sitúa en un supuesto de usurpación de funciones, y “toda

autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.21

a.- Las razones para desconocer a la Sala Constitucional

Luego de la elección de la nueva Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2015,

la anterior Asamblea Nacional en funciones dominada por el chavismo que venía de

perder contundentemente la mayoría parlamentaria, procedió a designar los

magistrados de la Sala Constitucional violando los procedimientos previstos en la

propia Constitución.22 La cual una vez entrada en funciones, ha dictado una serie

consecutiva de sentencias con el único objetivo de impedir que la nueva Asamblea

Nacional pueda ejercer sus competencias constitucionales tanto legislativas como de

control del poder público;23 y permitir de esta manera al Gobierno chavista seguir

consolidando el llamado Estado socialista.24

 

La Sala Constitucional ha hecho pues una férrea alianza política de sumisión

con el Poder Ejecutivo, para hacer inefectiva la manifestación de la voluntad popular

que eligió a la nueva mayoría en la Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2015. Para

ello ha cercenado las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional

impidiendo el ejercicio de sus potestades y, de esta manera, seguir permitiendo al

Gobierno chavista que ejerza el poder político sin control alguno, se comporte como

un cañón sin control y continúe con sus abusos y desafueros.

 

Con esta conducta y actuación la Sala Constitucional chavista se ha salido de la

Constitución y se ha apartado del Estado de derecho, por lo que es necesario

desconocerla para propiciar el restablecimiento de la efectiva vigencia de la

Constitución. Para lo cual es necesario específicamente, que la nueva Asamblea

Nacional en representación de la amplia mayoría nacional y de la soberanía del pueblo

proceda desconocer a la Sala Constitucional como autoridad y designe una Sala

Constitucional transitoria, hasta tanto sean elegidos regularmente los magistrados de

la Sala Constitucional en estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos.

La Sala Constitucional con sus sentencias ha procedido a realizar una triple

confiscación del poder soberano del pueblo. Por una parte, se ha sustituido a la

Constitución y la ha confiscado, interpretándola a su libre albedrio y modificándola a

su antojo, para eliminar las potestades legislativas y de control sobre los demás

poderes públicos que tiene la Asamblea Nacional, con el único objetivo de concentrar

 

21 Constitución. Art. 138.

22 En este sentido, “El Nacional” de 26/12/2015, trae la siguiente nota: “Dudosa legalidad. Estados Unidos manifestó

su profunda preocupación por la forma cómo se designaron los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de

Justicia. Un funcionario del Departamento de Estado dijo que fueron alterados los procedimientos regulados para la

selección de los juristas. Consideraron que los esfuerzos realizados por el Parlamento saliente para renovar a los

magistrados “son de dudosa legalidad e interfieren en el ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional recién

elegida por mandato constitucional”.

23 Ver en el portal de internet “PRODAVINCI” el magnífico seguimiento y análisis jurídico de estas sentencias que

hace el Profesor José Ignacio Hernández.

24 El concepto de “Estado Socialista” no está previsto en la Constitución, pero es usado permanentemente por el

Poder Ejecutivo al dictar sus actos normativos tanto legislativos como reglamentarios. Con fundamento en el

documento político oficial denominado “Plan de la patria”, que es asumido por el oficialismo como una fuente

normativa. Por ejemplo, ver la Exposición de Motivos de la Ley de impuesto a la grandes transacciones financieras,

dictada por el Presidente de la República, publicada en la Gaceta Oficial número 6210 de 30/12/2015.

 

todo el poder en manos del Presidente de la República. Por otra parte, ha procedido a

confiscar la soberanía política que reside en el pueblo, al impedir que sea ejercida por

los representantes del pueblo constituidos en Asamblea Nacional, y asumir ella las

potestades que le corresponden a la Asamblea Nacional. Y, finalmente, además, ha

confiscado el poder constituyente del pueblo, al anunciar que impedirá cualquier

convocatoria a referendo popular constituyente, para imposibilitar que el pueblo como

árbitro institucional resuelva el grave conflicto entre los poderes constituidos.

Recordemos que el conflicto de poderes planteado en Venezuela obliga a consultar al

poder constituyente para que como árbitro lo resuelva.

 

Siendo esto así, Venezuela ha caído en un vacío institucional de antiderecho,

25 del derecho injusto como fenómeno positivo que viola la Constitución sin

control, debido al comportamiento cismático de la Sala Constitucional que se apartó

de la autoridad reconocida de la Constitución. Así las cosas, se reafirma la doctrina de

Derecho comparado de resistencia al poder injusto,26 ante la degradación sistemática

del orden constitucional auspiciada por la Sala Constitucional al propiciar la expulsión

de la Constitución del terreno que ella ocupa para instalarse como máxima autoridad,

obligando a la Constitución de retirarse para instalar sus propias reglas y pulverizando

el orden constituido. Lo que hace necesario el restablecimiento de la efectiva vigencia

de la Constitución, para lo cual la nueva Asamblea Nacional tiene el deber de

desconocer la autoridad de la Sala Constitucional y designar una nueva Sala

Constitucional transitoria, hasta tanto se regularice la situación conforme a lo

dispuesto en la Constitución.

 

b.- El fundamento constitucional para desconocer una autoridad constituida.

Hemos dicho que la función de los artículos 333 y 350 de la Constitución, que

se combinan, concilian y conjugan entre sí, es habilitar al pueblo y a la representación

nacional para, precisamente, ejercer directamente un control constituyente de

aquellos órganos del poder público que se salen o se apartan de la Constitución,

mediante el desconocimiento de su autoridad en aras de la protección de la

Constitución.

 

También hemos venido esbozando que la Constitución de 1999 se

comprometió profundamente con la teoría del poder constituyente, al punto que

integró en su texto el conjunto de principios que en la doctrina del Derecho

comparado han sido expuestos como su fundamento.27 Así, en los artículos 333 y 350

se consagró el mecanismo de defensa constituyente de la Constitución, es decir, se

instrumentó una acción de protección de naturaleza constituyente de la Constitución

vigente. Diferente a los mecanismos de control jurisdiccional propios del Derecho

constituido, pero prevista para los supuestos como el que nos ocupa, cuando los

mecanismos jurisdiccionales ordinarios se hacen inoperantes e ineficaces para la

protección de la Constitución, por provenir la grave violación de un órgano como la

 

25 Jean Carbonnier. “Flexible Droit”. LGDJ. París. 1983. Pág. 24.

26 Ver: Francisco Rubio Llorente. “La doctrina del Derecho de resistencia frente al poder injusto y el concepto de

Constitución”. En: “Libro homenaje a la memoria de Joaquín Sánchez-Covisa”. UCV. Caracas. 1975. Pág. 905.

27 De ahí que ha surgido un nuevo “Derecho constituyente”, con una lógica y unos principios muy diferentes al

Derecho constituido. El estudio del Derecho constituyente que ordena al poder constituyente es una materia

pendiente a partir de la aprobación de la Constitución vigente. Ver: José Amando Mejía B. “La confiscación del

poder constituyente”. Revista Tachirense de Derecho. UCAT. San Cristóbal. Estado Táchira. 2008. Pág. 101.

 

Sala Constitucional que ella ha creado y que se halla obligada a respetarla. Por tanto,

ante la posibilidad de que se consolide una situación injusta, que colide con la

naturaleza de Estado de Justicia que reconoce la Constitución,28 la propia Constitución

organizo su protección constituyente, mediante el mecanismo de intervención del

poder constituyente establecido en los artículos 333 y 350 de la Constitución.

Por una parte, el artículo 350 señala lo siguiente:

 

“El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la

independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o

autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe

los derechos humanos”.

 

Por otra parte, el artículo 333 señala lo siguiente:

“Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de

fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad,

tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

El desconocimiento de una autoridad que contraríe los valores, principios y

garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos es una figura claramente

reconocida en el artículo 350. Que significa, como hemos explicado, un mecanismo

constituyente de protección de la Constitución activable por el pueblo. Luego como

aquí ocurre, se tienen que producir los hechos por parte de una autoridad pública, en

este caso la Sala Constitucional, que contraríen la Constitución. Precisamente, las

recientes sentencias dictadas por la Sala Constitucional29 le impiden a la nueva

Asamblea Nacional ejercer sus competencias constitucionales,30 particularmente la de

legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las

distintas ramas del Poder Nacional; la de ejercer funciones de control sobre el

Gobierno y la Administración Pública Nacional; o la de decretar amnistías.31 Por lo que

queda en evidencia como la Sala Constitucional ha violado sistemáticamente la

Constitución para evitar que la nueva mayoría parlamentaria pueda ejercer sus

atribuciones constitucionales y pretende concentrar todo el poder público en manos

del Presidente de la República.

 

Por otra parte, la Constitución en el artículo 333 establece que ella no pierde su

vigencia a pesar de las violaciones que pueda sufrir, pero en ese caso, se debe

colaborar y proceder al restablecimiento de su efectiva vigencia mediante,

precisamente, el desconocimiento de la autoridad que ha contrariado a la

Constitución. Como hemos dicho, la Constitución no pierde su vigencia en ninguna

circunstancia por hechos de fuerza o porque se la ignore, pero si no es posible corregir

esas graves anomalías mediante los procedimientos jurisdiccionales existentes,

entonces debe intervenir el poder constituyente para restablecer su efectiva vigencia y

asegurar su integridad desconociendo cualquier autoridad que atente contra ella.

 

28 Constitución. Art. 2.

29 Muchas de ellas en contradicción con los criterios sostenidos por la misma Sala Constitucional cuando la mayoría

parlamentaria estaba en manos del chavismo. Lo que demuestra claramente la violación de la Constitución.

30 Previstas y enumeradas en la Constitución en el artículo 187.

31 Ya el Gobierno chavista ha venido anunciado que se opondrá conjuntamente con la Sala Constitucional a la

aprobación de una Ley de Amnistía para liberar a los presos políticos. Y la Sala constitucional dictó la Sentencia

número 264 del 11/4/2016, que declara inconstitucional la Ley de Amnistía de los presos políticos aprobada el

29/3/2016 por La Asamblea Nacional.

 

c.- La iniciativa de desconocimiento y la designación transitoria de una nueva

Sala Constitucional.

Como toda manifestación del poder constituyente, la iniciativa de

desconocimiento de la autoridad que contraríe los valores, principios y garantías

democráticos o menoscabe los derechos humanos, proviene del pueblo soberano,32

quien puede actuar directamente o por medio de sus representantes.33

Particularmente el artículo 333 de la Constitución establece que todo ciudadano

investido o no de autoridad tiene el deber de intervenir para restablecer su efectiva

vigencia. Luego está claro que la Asamblea Nacional como órgano representativo del

pueblo tiene la iniciativa para desconocer a la Sala Constitucional, sobre todo por la

circunstancia de que es la autoridad que le ha arrebatado sus competencias

constitucionales.

 

La Asamblea Nacional puede y debe proceder a desconocer a la Sala

Constitucional actuando como órgano del poder público e integrado como cuerpo

legislador por los diputados electos representantes del pueblo. A quienes la Sala

Constitucional les impide con su proceder ejercer el mandato representativo otorgado

por el pueblo y que por lo tanto tienen, también, el deber individual de desconocer a la

Sala Constitucional.

 

De aquí surge el deber de restablecimiento de la efectiva vigencia de la

Constitución, que obliga a la Asamblea Nacional a dictar una “medida constituyente de

restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución” y proceder a designar una

Sala Constitucional transitoria, hasta que los nuevos magistrados sean designados

regularmente por los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes; y

teniendo en cuenta que es competencia constitucional natural de la Asamblea

Nacional el elegir a los integrantes de la Sala Constitucional.34 Todo en virtud de la

habilitación otorgada por el artículo 333 de la Constitución, al exigir la colaboración de

los ciudadanos investidos de autoridad pública en el restablecimiento de la efectiva

vigencia de la Constitución y para asegurar su integridad.

 

2.- Los efectos políticos constitucionales.

Si se produce un desconocimiento constituyente de la Sala Constitucional, la

naturaleza y las consecuencias de tal pronunciamiento tienen naturaleza constituyente

y será por tanto un pronunciamiento de carácter supraconstitucional, irrevocable y

fuera del alcance y control de cualquier otro poder público.35 Porque dentro del orden

constitucional venezolano, no hay ninguna posibilidad de que ningún órgano del poder

público constituido pueda controlar efectivamente una manifestación del poder

constituyente hecha directamente por el pueblo o por medio de la Asamblea Nacional.

Luego ese pronunciamiento además de incontrolable por otro Poder es

irreversible, porque si es precisamente la Sala Constitucional la autoridad agresora y

32 Constitución. Art. 350.

33 Constitución. Art. 5 y 62.

34 Constitución. Art. 264.

35 No hay duda que tal pronunciamiento tiene carácter supraconstitucional porque proviene directamente del

poder constituyente del pueblo. Ver: TSJ. “Bases Jurisprudenciales de la Supraconstitucionalidad”. Caracas. 2000.

 

violadora del orden constitucional, que con sus sentencias le impide a la Asamblea

Nacional el ejercicio de sus competencias constitucionales, su restablecimiento

constituiría una nueva inconstitucionalidad.

 

Esta protección constituyente de la Constitución es para el Derecho comparado

una manifestación del Derecho de resistencia frente a la opresión y constituye una

conexión entre este “ius resistendi” y el orden constitucional establecido. Se trata de

un despliegue constituyente del Derecho de resistencia al poder injusto. Por ello, el

desconocimiento de la Sala Constitucional se entiende como la negación a aceptar la

pretensión a la legitimidad de su autoridad y el rechazo a someterse a la injusticia de

su actuación.

 

El desconocimiento constituyente de una autoridad como la Sala Constitucional

se encuadra pues en el Derecho comparado, dentro de la teoría de la resistencia frente

al poder injusto, en aquel supuesto donde la lucha es contra quien “aun teniendo

título para el ejercicio del poder, actúa de modo injusto”.36Y que la propia Constitución

articula su protección con la acción constituyente de resistencia-desconocimiento

contra una autoridad “cuya injusticia ha anulado la posible legitimidad

originaria”.37Teniendo en cuenta además que la Sala Constitucional, como hemos

dicho, debido a la manera como fueron designados los magistrados que la integran

carece de toda legitimidad de origen.

 

a.- El conflicto de poderes: Dos Salas constitucionales respaldadas por

poderes diferentes.

El desconocimiento de la Sala Constitucional por la Asamblea Nacional pone en

evidencia y a la luz del día el serio conflicto de poderes existente en Venezuela. Lo que

se complicará enormemente en el momento que tal pronunciamiento no sea aceptado

por los demás poderes del Estado y, como es de prever, el Poder Ejecutivo pretenda

por la fuerza y con amenazas imponer su autoridad para mantener a la actual Sala

Constitucional como órgano constituido.

 

Como hemos advertido, un pronunciamiento constituyente es incontrolable por

los poderes constituidos38 y no tiene ninguna posibilidad de ser revertido

jurídicamente por un órgano del poder constituido ni con el uso de la fuerza, caso en

el cual, sería el Poder Ejecutivo el que se pondría en la misma situación que la Sala

Constitucional y susceptible de ser también desconocido por el pueblo. Al elevarse el

conflicto al nivel constituyente adquiere esencialmente una naturaleza política, porque

no hay ningún Derecho positivo que pueda aplicarse para resolverlo. Recordemos que

como dice la doctrina por encima de la Constitución hay un nada jurídico y todo el

Derecho constituyente es de naturaleza política.

 

A nivel internacional se podrá apreciar la gravedad del conflicto institucional

venezolano al observar que existen dos Tribunales Constitucionales: uno respaldado

 

36 Francisco Rubio Llorente. “La doctrina del Derecho de resistencia frente al poder injusto y el concepto de

Constitución”. En: “Libro homenaje a la memoria de Joaquín Sánchez-Covisa”. UCV. Caracas. 1975. Pág. 902.

37 Francisco Rubio Llorente. “La doctrina del Derecho de resistencia frente al poder injusto y el concepto de

Constitución”. En: “Libro homenaje a la memoria de Joaquín Sánchez-Covisa”. UCV. Caracas. 1975. Pág. 912.

38 Recordemos que según la doctrina de Sieyès la soberanía popular consiste esencialmente en el poder

constituyente del pueblo. Y que, “el pueblo al conservar en sus manos el poder constituyente, no queda obligado

por la Constitución: ésta podrá obligar a las autoridades constituidas, pero no puede encadenar al soberano mismo,

o sea al pueblo, que siempre es dueño de cambiarla”. Carré de Malberg. “Teoría general del Estado”. FCE/UNAM.

México. 1998. Pág. 1165.

 

por el Presidente de la República39 y otro transitorio respaldado por la Asamblea

Nacional. A nivel interno, la existencia de dos Salas Constitucionales como cabezas del

orden jurisdiccional provocará una confusión y un caos interno en el poder judicial. Por

más que el Poder Ejecutivo pretenda obligar al Poder Judicial a reconocer a la Sala

Constitucional chavista, bajo todo tipo de amenazas contra sus funcionarios como es

su reiterada práctica política, eso no será suficiente para recuperar la legitimidad

perdida y el desvío del conflicto dentro del poder judicial no será fácilmente

controlable por el Poder Ejecutivo.

 

La paralización del servicio de justicia por la presión ciudadana y por el conflicto

de poderes se constituiría en una disputa política mayor. Y como es de prever, cuando

el Poder Ejecutivo ordene el cierre militar de la Asamblea Nacional y el

acuartelamiento del Poder Judicial, entonces estaremos al borde del derrumbe final de

los pocos escombros que quedan del precario Estado de derecho venezolano.

Pero la oposición democrática que con lucidez política ha tenido siempre como

hoja de ruta respetar el marco constitucional en sus actuaciones, debe entonces

indicar el camino designando una Sala Constitucional transitoria hasta tanto se

proceda conforme a los procedimientos establecidos a su designación regular. Para,

como hemos dicho,40 mantener la continuidad de la función jurisdiccional, defender el

hilo constitucional y conservar la legitimidad democrática de sus actuaciones. En este

caso lo que hace la Asamblea Nacional es aplicar al máximo la lógica institucional que

la Constitución autoriza y establece, haciendo entrar al poder constituyente para

proteger a la Constitución y restituir su efectiva vigencia.

 

b.- La solución militar y represiva del conflicto y la teoría de la disuasión.

Ante el conflicto y la eventual paralización de los poderes públicos,41el

Gobierno chavista seguramente va a recurrir a la fuerza militar para dominar la

situación política. No es difícil de imaginar lo que conlleva la definitiva toma del control

del Estado por los militares, a menos que la cúpula militar sopese con cuidado lo que

ello significa. Indudablemente que el Gobierno chavista desea arrastrar a los militares

a una toma final y brutal del control del poder político y establecer definitivamente la

dictadura militar revolucionaria, según el modelo político cubano que tanto admira y al

cual está carnalmente entregado.

 

Para lo cual, los militares saben que tendrán que desencadenar una dura, larga

y masiva represión política con el objetivo de instalar y consolidar una clásica

 

39 La designación de los magistrados de la Sala Constitucional, como hemos anotado, ha sido producto de una

manipulación descarada del poder legislativo y del Tribunal Supremo de Justicia por el Presidente de la República. Si

bien la Sala Constitucional fue formalmente designada por la anterior Asamblea Nacional con mayoría chavista, en

la realidad política fue designada por el Presidente de la República con la mayor desvergüenza.

40 Conforme al artículo 333 de la Constitución, la Asamblea Nacional tiene la obligación de colaborar con el

restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución, lo que la habilita para hacer lo necesario para

restablecer el orden constitucional como sería designar una autoridad transitoria.

41 De hecho la Asamblea Nacional está paralizada como consecuencia de las sentencias de la Sala Constitucional y

seguirá inmovilizada por el resto del periodo parlamentario, reduciéndose su actividad a ser la sede de un foro

público de debate y discusión política. La idea cínica y burlona del chavismo es solo permitirle a la mayoría

parlamentaria que siga cantando sus quejas y críticas políticas durante los próximos cinco años que dura el mandato

legislativo, como “il castrato” o un eunuco, en una especie de discurso-terapia política permanente, pero sin

ninguna posibilidad de ejercer sus competencias legislativas ni de control del poder público.

 

dictadura militar latinoamericana como la que existe en Cuba.42 Pero hay que

preguntarse si los militares venezolanos pueden y tienen con qué conducir el conflicto

por el camino de la represión política para poder instalar la dictadura definitiva? No

hay la menor duda que la dictadura final es el objetivo querido por los cogollos

militares43 y por ello sus públicas amenazas y permanentes declaraciones van por este

camino. Pero, particularmente, creo que la pregunta podemos formularla de la

siguiente manera: ¿Tienen los militares llegado el caso, la capacidad política,

operacional y represiva para instalar y mantener en Venezuela una masiva y sangrienta

dictadura militar al estilo cubano? En mi opinión no la tienen.

 

Aquí es donde funciona el concepto de la ciencia política comparada de la

“disuasión política” frente a un oponente que es más fuerte.44 Si bien el gobierno

chavista es fuerte pues constitucionalmente tiene el control de la fuerzas armadas, 45

es muchísimo más débil políticamente por tener un apoyo popular mucho menor que

la oposición democrática. Y cabría preguntarse si los militares venezolanos en su

conjunto están dispuestos a acompañar a los chavistas en su locura de desatar una

guerra civil en Venezuela y a provocar la destrucción del país como lo ha hecho su

aliado el dictador de Siria? 46 Los militares tendrían que considerar lo que significa no

para el pueblo sino para los propios militares la pretensión de instalar una cruenta

dictadura.

 

Indudablemente que con el desconocimiento de la Sala Constitucional por

parte de la Asamblea Nacional la temperatura política va subir, pero, en mi opinión,

este recalentamiento va a funcionar como un disuasivo frente a la cúpula militar

chavista,47 que tendrá que decidir si se embarca en una dictadura o se reconduce al

camino constitucional.48

 

Es mi opinión que frente a una motivada movilización popular, masiva y

nacional, en respaldo a la democracia constitucional, los militares venezolanos se

verán obligados a regresar a la senda de la Constitución, al Estado de derecho y a la

democracia. Pues, por una parte, la gobernabilidad de Venezuela está en el suelo y el

gobierno militar no tiene ni tendrá en el mediano plazo, los recursos financieros para

enfrentar los graves problemas sociales y económicos que tiene el país; y, por otro

lado, como he dicho, las fuerzas armadas no tienen la capacidad política para instalar

en Venezuela una dictadura y desatar una guerra civil. Esa posibilidad quedó en el

pasado cuando el chavismo era poderoso al disponer de ingentes recursos petroleros,

influencia internacional y tenía amplio apoyo popular. Pero, ahora sin recursos,

 

42 El presidente de Cuba Raúl Castro no se cansa de repetir públicamente que Venezuela está en la misma situación

que cuando comenzó la revolución cubana.

43 Sobre todo aquellos que están aliados al narcotráfico, al enriquecimiento ilícito y a los intereses económicos

cubanos. Ver: Marcos Tarre y Carlos Tablante. “Estado Delincuente”. Caracas. 2013.

44 Concepto acuñado en Francia por el General De Gaulle. Que significa tener una fortaleza específica en un área

determinada para disuadir al oponente de cometer una agresión. La disuasión gaulista era el arma nuclear francesa.

45 La oposición democrática no tiene armas y el gobierno además de las fuerzas armadas se apoya descaradamente

en colectivos armados y violentos.

46 Cualquiera entiende que no es lo mismo instalar una dictadura en una isla del Caribe que en un territorio de

amplias fronteras como Venezuela, donde la eventual circulación y tráfico de armamento para alimentar los bandos

en conflicto no representaría mayor problema. Actualmente esta situación es observable en Ucrania y en todos los

países de la primavera árabe.

47 Sometida vergonzosamente a la jefatura de los militares cubanos como el general Ramiro Valdés “Ramirito”,

procónsul asignado a Venezuela, ex director de la prisión de la Cabaña durante los fusilamientos, que según la

revista francesa “L’Express” es conocido en el Caribe como “charco de sangre”, por ser el hombre clave de la

represión cubana durante medio siglo. Ver: “L’Express”. Paris. Francia. Publicaciones de 5/2/2010 y 8/2/2010.

48 Ya ocurrió con las elecciones del 6 de diciembre de 2016 que los militares se vieron obligados a respetar.

 

agobiados por su pésima gestión gubernamental, desprestigiados por una inmensa e

indecente corrupción y sin apoyo del pueblo, no tienen los elementos necesarios para

embarcarse en la aventura de instalar en Venezuela una dictadura, salvo con el empleo

de la fuerza bruta y sin tener garantías de que lo puedan hacer con éxito.

Dicho esto, la propuesta de que la Asamblea Nacional desconozca a la Sala

Constitucional será el detonante para clarificar y sincerar la crisis política y

constitucional venezolana sin derramamiento de sangre, por la carga disuasiva que ella

tiene y porque abre un camino que permite a los militares regresar al Estado de

Derecho. Pero hay que enfrentar con decisión la situación actual para que en el caso

extremo, los militares reconozcan y respeten el orden constitucional y se dobleguen

ante la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano.

 

c.- El arbitraje constituyente del conflicto.

La normalización definitiva de la crisis política causada por el conflicto de

poderes podrá lograrse mediante la realización de un referendo popular constituyente,

que transforme a la nueva Asamblea Nacional en una Constituyente.49

Dentro de las diferentes opciones que se están estudiando con el objeto de

encontrar una solución a la crisis política venezolana, hemos planteado la propuesta de

que la nueva Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 se transforme en

una Asamblea Constituyente; dada la imposible cohabitación institucional de los

poderes públicos constituidos y el grave conflicto político entre el Gobierno y la nueva

Asamblea Nacional.

 

Situación frecuente en la historia de los sistemas políticos latinoamericanos,

debido a la rigidez de la separación de poderes que caracteriza a estos regímenes

políticos de gobierno presidencialistas.50 Que al no tener una solución constitucional

fluida, hace necesario recurrir al poder constituyente para buscar y abrir una salida

política y construir una solución institucional al grave conflicto entre los poderes

constituidos. La experiencia histórica comparada demuestra que cuando ocurren estas

crisis de alta intensidad colapsa el sistema político y se derrumban las democracias.51

La legitimidad representativa de la nueva Asamblea Nacional es enorme.

 

Probablemente sea la Asamblea legislativa de mayor legitimidad política y democrática

electa en la historia de Venezuela y sin duda de la era democrática. Lo que la habilita

ampliamente como órgano colegiado para asumir el poder constituyente, si el pueblo

mediante referendo así lo decide. Tal posibilidad puede surgir y nacer de un referendo

popular consultivo convocado conforme a lo previsto en el artículo 71 de la

Constitución, o de un referendo popular aprobatorio convocado dentro del marco de

un procedimiento de enmienda52 o de reforma constitucional.53

 

Pero el problema no termina aquí, ya que en mi opinión, la nueva Asamblea

Nacional una vez transformada en Constituyente debe proceder a modificar el régimen

político presidencial y transformar a Venezuela en una moderna democracia

parlamentaria y generar el cambio verdadero al que aspiran los venezolanos. Además,

 

9 Como lo he explicado en el trabajo antes referido denominado: “La vocación constituyente de la nueva asamblea

Nacional”. Caracas. Febrero 2016.

50 Ver: Juan Linz y Arturo Valenzuela. “Las crisis del presidencialismo”. Alianza Editorial. Madrid. 1997.

51 Ver: Juan J. Linz. “La quiebra de las democracias”. Alianza Editorial. Madrid. 1987.

52 Constitución. Art. 341.

53 Constitución. Art. 344.

 

durante el periodo de transición entre una Constitución y otra, la Constituyente podrá

intervenir los poderes constituidos para reconstruir la vida institucional, económica y

social de Venezuela sumida en un verdadero caos.

 

Conclusión: Actuar frente a la pérdida de vigencia de la Constitución.

La oposición democrática ha actuado aferrada a la Constitución y predica con

mucho acierto que no se saldrá del marco constitucional. Ahora, ante una situación

política tan complicada como la existente en Venezuela, la Constitución ofrece

soluciones enmarcadas dentro de ella que la oposición democrática no puede ignorar,

dejar de discutir ni descartar, sin estudiarlas cuidadosamente y más bien en mi opinión

tiene la obligación de implementar.54

 

El desconocimiento de la Sala Constitucional por la nueva Asamblea Nacional es

un impecable mecanismo constitucional indudablemente legítimo, incuestionable

jurídicamente y necesario políticamente. Es más, la Asamblea Nacional tiene la

obligación de activarlo para restablecer la efectiva vigencia de la Constitución y si no lo

hace quebrantaría a su vez la Constitución, al someterse a una autoridad que como

órgano del poder público ha violado gravemente la Constitución que estaba obligada

de garantizar y respetar. ¿Cómo es posible que un parlamento no pueda dictar la ley

porque un tribunal constitucional se lo impida? Una violación más clara de la

Constitución no puede existir y es una prueba fehaciente de que la Constitución del 99

perdió su efectiva vigencia.

 

No se puede aceptar que la oposición democrática se abstenga y deje de

recurrir a las soluciones constituyentes y constitucionales porque no las comprende,55

o porque el Poder Ejecutivo amenaza con la represión y la guerra civil. La amenaza56 y

la represión57 han sido la actitud y la conducta política permanente del chavismo en el

poder, para ejercer la dominación política sobre la sociedad venezolana y para tener

las manos libres para cometer todo tipo de abusos y desafueros, durante los diecisiete

años que dura su permanencia en el poder. Pero estas circunstancias dramáticas y

peligrosas no pueden impedir que se activen los mecanismos constitucionales y

constituyentes que permiten el desconocer a la Sala Constitucional como autoridad.

 

54 Tengo la amarga experiencia de constatar que la mayoría de las veces, los dirigentes políticos y económicos

venezolanos descartan rápida y sin mayor consideración, opiniones, opciones, posturas y planteamientos que hacen

otros estudiosos y observadores de la vida política venezolana. No se abren a la discusión y solo se escuchan entre

ellos mismos. Situación que los politólogos de la Universidad de Harvard y del MIT denominan: “la ley de hierro de

las elites políticas latinoamericanas”. Ver: Daron Acemoglu y James A. Robinson. “WHY NATIONS FAIL”. Crown

Business. New York. 2012. Y la doctrina venezolana llama “El sistema de conciliación de élites”. Ver: Juan Carlos Rey.

“La Democracia venezolana y la Crisis del Sistema Populista de Conciliación”. “Revista de Estudios políticos”. N. 74.

Madrid. 1991. Pág. 542-544.

55 Los mecanismos están previstos en los artículos 333 y 350 de la Constitución. No se puede caer en el simplismo

de ignorarlos y no aplicarlos porque no se han estudiado cuidadosamente, o no se comprenden como técnica

jurídica, o porque la opinión pública se ha hecho de ellos una idea distorsionada, falsa o banal.

56 El difunto Hugo Chávez gritaba y amenazaba permanentemente que: “esta es una revolución pacífica pero

armada”. Igualmente la existencia de los llamados “colectivos chavistas” que son grupos armados por el oficialismo,

se dedican a infundir miedo, a intimidar políticamente y a reprimir violentamente a la población. Hay numerosas

fuentes disponibles que fundamentan estas afirmaciones y, por ejemplo, el hecho de que muchos manifestantes

opositores han sido heridos en la cabeza y asesinados por francotiradores, ha infundido terror en la sociedad

democrática que se abstiene a salir a la calle a protestar. Ver: Marcos Tarre y Carlos Tablante. “Estado Delincuente”.

Caracas. 2013.

57 Es bien conocido que las cárceles venezolanas están llenas de presos políticos y miles de venezolanos están

siendo procesados penalmente por razones políticas.

16

 

Los dispositivos normativos están en el texto constitucional y una vez cumplidos los

supuestos para que se activen, como ocurre en la presente situación, la nueva

Asamblea Nacional está en el deber y en la obligación de implementarlos y activarlos.

Aun bajo la amenaza de represión y encarcelamiento de la dirigencia opositora por el

régimen militar y policial chavista.

 

La Sala Constitucional violó la Constitución al quitar y arrebatar la fuerza

normativa de la Constitución,58 para asumirla como propia y subyugar el texto

constitucional para acomodarlo a su libre albedrío y a los intereses del Presidente de la

República. La Constitución no es un una norma complaciente ni acomodaticia a los

intereses del Poder Ejecutivo, ni un paraíso normativo donde el Presidente de la

República como jefe del gobierno puede hacer lo que le da la gana, actuar sin control e

ignorar las competencias de los otros poderes del Estado. La fuerza normativa de la

Constitución es la misma que obliga a la Sala Constitucional, a los demás poderes

públicos y a todos los venezolanos. Los miles de abogados, juristas, profesores

universitarios y estudiantes de derecho venezolanos, no van a aceptar teóricamente ni

en la realidad profesional la autoridad de la Sala Constitucional en su pretensión de

transformarse en un órgano por encima de la Constitución, ni en un poder

constituyente de hecho, ni en una autoridad supraconstitucional.

 

Además, hay que tener en cuenta, que el conflicto de la Asamblea Nacional con

la Sala Constitucional es de naturaleza constituyente, en tanto que el conflicto de la

Asamblea Nacional con el Presidente de la República es un conflicto dentro del poder

constituido. Por lo tanto, no pueden ser tratados ni considerados de la misma manera

ni tienen la misma perspectiva y solución constitucional. Confundirlos y manejarlos del

mismo modo es un error. Por ello, el conflicto de la representación nacional con la Sala

Constitucional está situado a un nivel superior y la manera de abordarlo es

completamente diferente a como se enfrenta el conflicto con el Presidente de la

República, que es un problema de regulación de las competencias y de respeto de las

atribuciones de cada quien. En tanto que el conflicto con la Sala Constitucional es una

situación inconstitucional de abuso, amputación, usurpación y confiscación del poder

público que la Constitución le ha otorgado a la Asamblea Nacional.

 

La legitimidad política de la Asamblea Nacional como representativa del poder

constituyente del pueblo en este supuesto de protección de la Constitución vigente, es

muy superior y casi incomparable con la legitimidad que pudiera aspirar a tener

cualquiera de los otros órganos de los poderes públicos del Estado, por su naturaleza

política de ser el órgano representativo de la voluntad popular dentro de la

democracia representativa.59 Además, la asamblea Nacional tiene una enorme

legitimidad política efectiva y fáctica, como dice la doctrina, derivada de los comicios

efectuados el 6 de diciembre de 2015, que le dio una amplia mayoría a la oposición

democrática, lo que la hace el eje de la democracia representativa venezolana.

El Gobierno chavista pretende repudiar, rechazar y arrinconar a la mayoría

parlamentaria de la oposición democrática que surgió de las elecciones del 6 de

58 Ver el concepto de Constitución normativa en: Elizabeth Zoller. “Droit constitutionnel”. Puf. París. 1998.

59 Recordemos que el Presidente de la República es un simple Jefe de Gobierno electo por el pueblo directamente y

cuyas funciones son fundamentalmente ejecutivas. Su legitimidad que deriva también de una elección popular lo

habilita para presidir el Gobierno que es el órgano del Poder Ejecutivo y tiene sus funciones establecidas en la

Constitución. Por el principio de la separación de poderes cada uno de ellos tiene sus funciones propias. Situación

que ha sido alterada de manera radical por las decisiones de la Sala Constitucional, por lo que la Asamblea Nacional

se ve obligada entonces a desconocerla.

 

diciembre de 2015, y procura que este trabajo sucio lo haga el Tribunal Supremo de

Justicia, haciendo recaer en la Sala Constitucional todo el peso de la trama de su

autoritaria supremacía y dominación sobre los otros poderes públicos.

La Sala Constitucional ha utilizado sus sentencias con el firme propósito de

provocar una degradación de la Constitución, al generar un vaciamiento y deterioro de

la institucionalidad de la Asamblea Nacional que se ha hecho irreversible y contra el

cual es vano luchar con los mecanismos del Derecho constituido. Mientras que en el

plano constituyente si cabe el legítimo combate, pues la degradación es producto de

una autoridad como la Sala Constitucional que le ha hecho perder a la Constitución su

efectiva vigencia. La propia Constitución prevé un proceso de protección para depurar

las autoridades que por su comportamiento desviado han degradado el sistema

constitucional y que la Constitución acertadamente llama: “la pérdida de su efectiva

vigencia”. La separación artificial hecha por la Sala Constitucional entre la Constitución

y las competencias y funciones de la propia Sala y el hecho que ésta se erija por

encima de la Constitución haciéndole perder su vigencia, al ejercer sus funciones con el

objeto de preservar y concentrar todo el poder público en el Presidente de la

República ha provocado su degradación, olvidando que el concepto de Constitución es

una forma política en la que “el poder está dividido y los derechos fundamentales

garantizados”.60

 

La amplia mayoría política que tiene la oposición democrática en la Asamblea

Nacional le permite desconocer a la Sala Constitucional. Si procede en este sentido, la

nueva Asamblea Nacional será el líder colectivo que Venezuela requiere y necesita

para rescatar su Estado de derecho, su democracia y su dignidad. El país entero estará

pendiente para seguir el liderazgo político de la nueva Asamblea Nacional y provocar

un profundo cambio en la conducción del destino de los venezolanos. Pero si la nueva

Asamblea Nacional no asume sus responsabilidades y acepta que la Sala Constitucional

le siga arrebatando sus competencias constitucionales, se estará conformando con ser

un órgano más de la estructura institucional de la dictadura chavista y colaboradora

con su consolidación. De cómo reaccione la Asamblea Nacional ante este dilema

depende el futuro de nuestro Estado de derecho y de la democracia.

 

Caracas. Abril 2016.

 

60 Francisco Rubio Llorente. “La doctrina del Derecho de resistencia frente al poder injusto y el concepto de

Constitución”. En: “Libro homenaje a la memoria de Joaquín Sánchez-Covisa”. UCV. Caracas. 1975. Pág. 909.

“¡Latinos, salgan a votar!”, piden migrantes en EE.UU

Un grupo de inmigrantes latinos y sus familiares,

 

Un grupo de inmigrantes latinos y sus familiares, procedentes del estado de Minnesota, al pie del monumento a Martin Luther King, en Washington, durante una movilización por sus derechos políticos. Crédito: Mónica González/

Por Daniela Rea y Mónica González 

http://www.ipsnoticias.net/2016/04/latinos-salgan-a-votar-piden-migrantes-en-eeuu

 

La efectividad del Acuerdo de París está en su ratificación

Este artículo forma parte de una serie elaborada por IPS acerca del Acuerdo de París sobre el cambio climático, con motivo de su firma el 22 de abril, en una ceremonia de alto nivel en la sede de la ONU en Nueva York.
Acuerdo clima

“Los pronósticos indican que los compromisos sobre la reducción de emisiones previstos en el Acuerdo de París llevarán a un aumento de la temperatura global superior a tres grados centígrados, lo que tendría consecuencias catastróficas para el mundo”, dijo Meena Raman a IPS. Crédito: Manipadma Jena/IPS.

Por Thalif Deen

NACIONES UNIDAS, 20 abr 2016 (IPS) – Unos 150 países podrían suscribir el Acuerdo de París este viernes 22 en Nueva York, pero el histórico tratado para frenar los efectos más catastróficos del cambio climático no entrará en vigor hasta que nos sea ratificado por lo menos por 55 estados parte.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, elogió el acuerdo, alcanzado durante la 21 Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), por ser “un hito en la cooperación internacional sobre uno de los asuntos más complejos del mundo”.

Para lectura completa http://www.ipsnoticias.net/2016/04/la-efectividad-del-acuerdo-de-paris-esta-en-su-ratificacion

América Latina redobla su empuje climático en Nueva York

Este artículo forma parte de una serie elaborada por IPS acerca del Acuerdo de París sobre el cambio climático, con motivo de su firma el 22 de abril, en una ceremonia de alto nivel en la sede de la ONU en Nueva York.

Por Diego Arguedas Ortiz |English version

La deforestaci

La deforestación es uno de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero en América Latina, como en esta área de Rio Branco, en el norteño estado de Acre, en Brasil. Crédito: Kate Evans / Centro para la Investigación Forestal Internacional

SAN JOSÉ, 20 abr 2016 (IPS) – Los países latinoamericanos acudirán en masa a  estampar su firma sobre el Acuerdo de París, en lo que será un sencillo acto protocolario con una enorme implicación política: es la chispa que moverá el engranaje para contener el recalentamiento del planeta.

Más de 160 países confirmaron su participación a la ceremonia convocada para este viernes 22 en Nueva York por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, y ocho de ellos anunciaron que entregarán allí mismo  la ratificación del  acuerdo, tras haber completado el proceso interno para ello.

Para lectura completa http://www.ipsnoticias.net/2016/04/america-latina-redobla-su-empuje-climatico-en-nueva-york

Paradigmas ambientales (II)

Paradigmas amb 2

 

Por Andrés Hoyos

Los ambientalistas, así a algunos les moleste, tendrán que escoger entre sus ilusiones locales y la totalidad del planeta.

Lo que es benéfico en una escala puede ser dañino en la otra y viceversa. Difícil encrucijada. De ahí la broma de Bernard Pivot en Twitter: “¿por qué quieres volverte ecologista?”, preguntaba alguien. “Para cambiar de amigos con frecuencia”, respondía otro.
Muchos de los nuevos paradigmas globales tienen bemoles a nivel local. Hagamos una lista, que dista de ser exhaustiva.

El desarrollo tecnológico, junto con políticas de reciclaje, deberán disminuir el consumo de recursos no renovables como, por ejemplo, los metales. El alto precio de los que se tornen escasos haría el resto. En caso extremo se podría pensar en decretar impuestos selectivos, destinados a desestimular determinados consumos.

Lo único que tendrá que seguir creciendo por muchas décadas es la producción de energía. No toda puede ser limpia en el corto plazo, así que el gas —más limpio que el carbón o el petróleo— será clave en la transición. Parece aconsejable, sobre todo en los países ricos, decretar un impuesto a las emisiones de carbono y a la liberación de gases de efecto invernadero, como el metano que genera el ganado vacuno.

Sin un desarrollo acelerado de la energía atómica, incluyendo la secundaria que podrá usar los residuos actuales como combustible, no parece posible mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2° C. En esta materia no queda de otra que superar los prejuicios.

La idea en los países pobres es acelerar el cambio hacia energías más limpias, dígase la hidroeléctrica, sin por ello detener el crecimiento económico que se requiere para eliminar la pobreza y reducir la explosión demográfica, de por sí perjudicial para el medioambiente.

Las ciudades grandes y bien hechas, es decir compactas y atendidas por transporte público multimodal, son claves para salvar el planeta, pese a que en su inevitable crecimiento ocupen tierras de primera calidad, como una parte de la espléndida Sabana de Bogotá. Las mujeres empoderadas que habitan una ciudad típica racionalizan su fertilidad. En la ciudad el consumo de energía per cápita es más bajo que en el campo.

La idea es dejar intacta la mayor cantidad de naturaleza posible, no explotarla de forma sostenible. De ahí que la producción de biocombustibles sea desaconsejable, pues estos en últimas suplantan bosques primarios, así sea en una zona diferente del mundo.
La agricultura debe aspirar a la más alta productividad posible para que ocupe menos tierra.

En ello, el recurso a semillas genéticamente modificadas, entre otros desarrollos científicos, es insustituible. Aunque la agroindustria a gran escala tiene que ser la base que permitirá alimentar la creciente población del planeta, nada impide que se utilicen predios de menor tamaño. Dicho de otro modo, la productividad de la agricultura campesina también debe aumentar. En contraste, hacer énfasis en lo orgánico y lo artesanal va en contra de este paradigma, pues obliga a deforestar en alguna parte, dada la necesidad de mayor área para producir un mismo tonelaje.

Estos nuevos paradigmas, y otros que no caben aquí o que aún no se han desarrollado, son considerados inaceptables por muchos ambientalistas tradicionales, de suerte que un debate, agrio a veces, será inevitable. Muy en particular están en el deber de abocarlo las universidades. Para mañana es tarde.

andreshoyos@elmalpensante.com

Comunistas cubanos ajustan reformas y esbozan nuevo modelo

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Delegados e invitados al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, durante la plenaria de clausura en el Palacio de Convenciones, en La Habana, el 19 de abril. Crédito: Omara García Mederos/ACN

Por Ivet González

LA HABANA , 20 abr 2016 (IPS) – Pendiente de una consulta popular, las autoridades cubanas elaboraron el primer boceto del modelo que aspiran a construir con los cambios iniciados en 2008 y que fueron ajustados entre el sábado 16 y el martes 19, durante el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC).

 

Los casi 1.000 delegados que participaron en el cónclave del único partido legal en este país caribeño, revisaron y modificaron varios documentos, entre ellos los “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”, el programa de reformas aprobado por el anterior congreso, en 2011.

 

Además, entre los nuevos documentos aprobaron  el  “Proyecto de Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista”.

 

Lo acordado en el VII Congreso será objeto de un “proceso de debate amplio y democrático”, antes de su aprobación final, en esta ocasión después de la reunión, cuando lo habitual es que la consulta a la población suceda antes.

 

Cuando ello suceda, esa conceptualización se convertirá en la nueva guía teórica de los cambios económicos, sociales y políticos que pilota el gobierno de Raúl Castro, para salir de la profunda depresión en que vive este país socialista hace más de 20 años.

 

La conceptualización del modelo “tiene como objetivos esenciales explicar y fundamentar con claridad y rigor sus características principales, con vista a su mejor comprensión”, apuntó una de las cuatro resoluciones del Congreso. También contiene “los principios del socialismo cubano” y define “las transformaciones principales, a tono con el momento”.

 

En los debates se prevé que participen “todos los militantes del partido y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC, cantera del PCC), representantes de las organizaciones de masas y de amplios sectores de la sociedad”, indicó una de las resoluciones, sin dar más detalles sobre el calendario.

La cita del PCC se concentró en revisar la marcha de las transformaciones iniciadas en 2008, que continuarán implementándose “sin prisa pero sin pausa”, una frase casi simbólica que reiteró una vez más Raúl Castro, el primer secretario del PCC y presidente del país.

 

Con una tasa promedio anual de crecimiento de 2,8 por ciento entre 2011 y 2015, la economía cubana sigue sin dar el gran salto que mejore, entre otras cosas, la capacidad de consumo de la población de 11,2 millones de habitantes.

 

Un gran volumen de reformas aprobadas en 2011 dentro de los Lineamientos,  permanece en el tintero, porque apenas 21 por ciento de ellos fue implementado, mientras 77  por ciento está en ese proceso y el dos por ciento restante no se ha ejecutado por causas diversas.

 

Ahora, el VII Congreso modificó y amplió su programa para 2016-2021, que quedó con 274 lineamientos, después de revisar, integrar y agregar 50 nuevas directrices.

 

“Espero que en los debates por venir se tomen de verdad en cuenta los criterios de las personas. El pueblo necesita sentirse parte del proceso”, dijo a IPS la investigadora Irania García, de 28 años, que participó en los análisis populares de los lineamientos de la reforma, realizados en todo el país de noviembre de 2010 a febrero de 2011.

PCC 2

Fidel Castro, sentado, es cumplimentado por su hermano, el presidente Raúl Castro, tras su intervención durante la clausura del VII Congreso del Partido Comunista Cuba, el 19 de abril, en La Habana. Crédito: Ismael Francisco/ Cubadebate

 

“En el debate anterior, no se sabía cómo se pensaban lograr los lineamientos ni qué país se aspiraba a construir. Esa poca claridad fue un obstáculo para realizar la discusión. Al menos en el centro de investigación de la agricultura donde trabajo, pedimos sin éxito más información”, recordó la agrónoma.

 

Trascendió que algunas incorporaciones persiguen fortalecer más la contabilidad como herramienta para tomar decisiones, potenciar la inversión extranjera en la introducción de tecnología de avanzada y parques tecnológicos, crear una política de desarrollo del cine cubano y el perfeccionamiento de los gobiernos locales.

 

Este Congreso “será el último dirigido por la generación histórica”, anunció Raúl Castro en el discurso de clausura, el martes 19, donde hizo una inesperada comparecencia pública el expresidente Fidel Castro, quien leyó unas breves palabras a los delegados y 280 invitados reunidos en el Palacio de Convenciones de La Habana.

 

Los hermanos Castro son el emblema de la llamada “generación histórica”, de hombres y mujeres que sobrepasan los 80 años y llegaron al poder con la Revolución cubana de 1959, declarada socialista en 1961. Fidel Castro gobernó el país hasta 2006, y desde 2008 le sucedió plenamente su hermano, tras gobernar dos años en forma interina.

 

El Congreso acordó implementar el límite de 60 años, como edad máxima para ingresar al Comité Central y hasta 70 años para ocupar cargos de dirección, así como el tope de dos períodos de cinco años en estos cargos. También se propuso replicar la medida en el gobierno, para lo que volvió a anunciar el requerido referendo constitucional.

 

Aunque aún no consta en los estatutos del PCC, los límites de edad fueron considerados en alguna medida durante las elecciones de la cima partidista, indicó el actual mandatario en su alocución de cierre. Los resultados de la votación se conocieron la jornada de clausura, a través de la prensa estatal cubana.

 

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El mandatario reveló que, de los 142 integrantes del Comité Central, 55 fueron elegidos por primera vez y todos ellos son menores de 60 años.

 

Y entre los 17 integrantes del Buró Político entran el secretario general de los sindicatos, Ulises Guilarte, y Roberto Morales, ministro de Salud Pública.

 

La entrada en ese buró de Miriam Nicado, rectora de la Universidad de las Ciencias Informáticas, de Teresa Amarelle, de la Federación de Mujeres Cubanas, y de Marta Ayala, vicedirectora General del estatal Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, se espera que anticipe una mayor presencia femenina en la conducción del PCC y del poder.

 

Apenas hubo recambio generacional en la cúpula partidista, donde se mantuvo Raúl Castro (85 años) y José Ramón Machado Ventura (86 años), como primero y segundo secretario del Comité Central.

 

La franja joven, de menores de 35 años, permanece a la zaga de los espacios políticos y de decisión.

 

“Es preocupante que un país tan envejecido como el nuestro, no se atiendan más y mejor las necesidades de nuestros jóvenes”, dijo a IPS la realizadora audiovisual Yaima Pardo, de 36 años.

 

“Hay que poner a producir ese capital  por el futuro de nuestro país y hacerlo ahora”, conminó.

Por su parte, la joven investigadora Marta Gómez valoró que “la participación en esferas políticas resulta uno de los espacios de mayor polémica actualmente en la juventud cubana”. “Se percibe cierta apatía para militar en las organizaciones del país, desde la UJC hasta el PCC, y asumir cualquier postura política”, afirmó.

 

De hecho, la militancia del partido único sufrió un abrupto descenso a 671.344 al cierre de 2015 con respecto a los casi 800.000 los militantes registrados en 2011.

 

Donde sí Pardo y Gómez observan protagonismo juvenil es en los emprendimientos privados y cooperativos ampliados por la reforma. Son jóvenes 30 por ciento de las 496.400 personas registradas en el trabajo por cuenta propia, como se llama en este país a la actividad privada.

 

Editado por Estrella Gutiérrez

 

 

 

 

 

Nosotros, los inconstitucionales

Artículo de Teódulo López Meléndez en el diario “El Universal”(Miércoles 20/04/16)

Inconstitucionales

www.eluniversal.com/noticias/opinion/nosotros-los-inconstitucionales_305520

 

Medio Oriente podría quedar inhabitable por el cambio climático

 Mapa

Mapa de Medio Oriente de la clasificación de Köppen, del 20 de febrero de 2016. Mejorado, modificado y vectorizado por Ali Zifan. Crédito: Creative Commons.

Este es el primero de dos artículos sobre el impacto del cambio climático en Medio Oriente y África del norte previo a la firma del Acuerdo de París este 22 de abril en Nueva York.

Por Baher Kamal English version

EL CAIRO, 18 abr 2016 (IPS) – La posibilidad de que Medio Oriente se vuelva inhabitable no es un planteo sensacionalista, sino la dramática conclusión a la que llegaron varias investigaciones sobre las consecuencias del cambio climático en esta región, en especial en la zona del Golfo.

“En este siglo, partes del Golfo Pérsico podrían sufrir el impacto de eventos sin precedentes como olas de calor, derivados del cambio climático, según un estudio de modelos climáticos de alta resolución”, alerta una investigación del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

Para lectura completa  http://www.ipsnoticias.net/2016/04/medio-oriente-podria-quedar-inhabitable-por-el-cambio-climatico

Contra o Fanatismo Textualista: Corrupção, jeitinho brasileiro e estado de direito

corrupción Brasil

José Rodrigo Rodríguez

Este texto organiza o debate público sobre corrupção no Brasil a partir de dois extremos: absolvição moral e pânico moral. Em seguida, o texto mostra como essas duas posições podem ser vistas como versões do que chamamos de “fanatismo textualista” e aponta as inconsistências e riscos dessa posição para a democracia brasileira.

https://www.academia.edu/24021514/Contra_o_Fanatismo_Textualista_Corrup%C3%A7%C3%A3o_jeitinho_brasileiro_e_estado_de_direito?auto=bookmark&campaign=weekly_digest

La controversia sobre Uber

Uber

Por Alberto Medina Méndez

La llegada a estas latitudes de este novedoso sistema instaló un apasionante debate con múltiples aristas, que merecen ser abordadas para comprender con mayor claridad los prejuicios, paradigmas y contradicciones con los que la sociedad contemporánea decidió convivir en la actualidad.

No es un fenómeno estrictamente local. Esta polémica ya es global y poco tiene que ver con los parámetros culturales domésticos de cada país. Esto ya no es noticia, porque ha ocurrido, hace muy poco tiempo, en otros lugares distantes, con diversos matices pero idénticas características.

Algunos argumentos se repiten hasta el cansancio y ocupan el centro de la escena en estas discusiones. Sin embargo, no son las únicas enseñanzas que quedan como herencia de éste particular ida y vuelta.

Los relevamientos más serios afirman que la mayoría de la gente prefiere estar del lado de Uber aduciendo que se trata de un servicio de mayor calidad, cómodo, seguro y más barato que el que ofrece un taxi.

Los usuarios han inclinado la balanza apelando siempre  a motivos de absoluto orden práctico, con un alto grado de sensatez y sin recurrir a sofisticados razonamientos ideológicos, jurídicos ni morales.

Los detractores de Uber, por el contrario, alegan que es un servicio ilegal, intentando de ese modo custodiar los intereses económicos de los taxistas, que intimidan desde esa prerrogativa formal que hace viable su actividad.

Es este el debate de fondo entre la legalidad y la moralidad. Sin entrar en pormenores jurídicos, los usuarios que prefieren esta moderna alternativa sostienen, con mucho criterio, que ellos solo invocan su legítimo derecho a concretar un acuerdo voluntario entre individuos que pactan un valor monetario a cambio de un servicio y cuestionan enérgicamente la supuesta potestad del Estado de restringir este tipo de posibilidades.

Esta visión objeta aquella trillada frase que dice que “las leyes están para cumplirse”. Es la moralidad de una decisión la que realmente legitima la vigencia de las normas. Ellas no se convierten en buenas y sabias por el solo hecho de haber sido redactadas y aprobadas por los legisladores.

Es importante entender  que los gobiernos tampoco son neutrales en estas disputas, porque sus propios intereses son parte central del debate. El sistema de licencias otorgados a los medios de transporte les generan cuantiosos ingresos al Estado y, entonces, los funcionarios también son protagonistas de esta maraña de beneficios que prioriza lo recaudatorio.

Ni hablar de los taxistas, que pagan impuestos al fisco y cumplen requisitos formales para circular a cambio de esa retorcida protección con la que pretenden sojuzgar a los consumidores cercenándoles su capacidad de elección. Ellos son cómplices y no víctimas. Pagan tributos a los gobiernos para obtener una “concesión monopólica”, alquilando un zoológico para cazar dentro de él a su voluntad, eliminando cualquier competidor externo.

Los gobiernos nacieron para asegurar derechos a los ciudadanos. No brotaron para prohibir actividades que los ciudadanos desean hacer ejerciendo su libertad, sin dañar a terceros. Una persona decide que otra lo traslade hasta su destino y lo compensa con una suma de dinero acordada, sin perjudicar a nadie. Proteger a los que cobran más caro y prestan un peor servicio no es función del Estado. Los circunstanciales “perdedores” podrían mejorar sus prestaciones y bajar sus precios para ser elegidos genuinamente en vez de obligar a todos a consumir su patético servicio.

Es increíble que aún algunos individuos estén dispuestos a fomentar monopolios artificiales engendrados a la sombra de normas inmorales, que preservan inocultables intereses sindicales para el provecho de personas que viven a expensas del esfuerzo de los demás, solo porque instrumentaron un perverso régimen de onerosos permisos especiales que les permiten recaudar dinero espurio cobrándole mayores precios a los indefensos consumidores finales.

El circuito pergeñado se desmoronará cuando se eliminen regulaciones, se supriman privilegios y se quiten impuestos. Eso colocará a los que deseen ejercer esta actividad de transportar personas, en igualdad de condiciones. En ese libre juego de competencia los mejores sobrevivirán, y los que no traten bien a sus pasajeros y cobren más caro, no tendrán clientes.

No se puede tapar el sol con un dedo. El progreso tecnológico y la creatividad humana emergen cotidianamente y permiten a la sociedad desarrollarse. Impulsar arcaicos sistemas que fueron superados no tiene ningún sentido. Aducir que se pierden fuentes de trabajo es una gran falacia porque cuando unas desaparecen germinan nuevas mucho más eficientes.

Si se aceptará esa pérfida lógica, habría que regresar al correo postal y eliminar los envíos electrónicos, renunciar a la tecnología y volver a la época de las cavernas.  Solo se debe avanzar en libertad, incentivando el talento creador del hombre. La mayoría de los adelantos del presente permiten a la humanidad vivir más y mejor, por lo que no parece inteligente despotricar contra todo lo que se usa a diario con enorme satisfacción.

Aun persisten igualmente algunas contradicciones. No se entiende porque mientras se apoyan este tipo de interesantes iniciativas, no se razona de igual modo cuando los gobiernos justifican medidas proteccionistas obligando a los consumidores a pagar más por lo mismo. Las barreras arancelarias gozan aún de muchos promotores, inclusive de quienes se perjudican pagando en exceso por cosas de menor calidad, solo para proteger a industriales ineficientes. Es un debate pendiente en la sociedad.

La discusión de estas semanas no gira alrededor del presente de un original medio de transporte. Es acerca del cuestionable valor moral de las leyes, es sobre la libertad de emprender y también de elegir sin restricciones, pero fundamentalmente es sobre el nefasto poder de las corporaciones en alianza con los gobiernos de turno, de cualquier color político. Son los mismos que siempre priorizan sus conveniencias sectoriales por encima de las decisiones de los individuos. Las discusiones no fueron en vano porque ha quedado en evidencia el gran legado de la controversia sobre Uber.

albertomedinamendez@gmail.com

Crisis política borra la mítica cordialidad brasileña

Diputados Brasil

En un ambiente crispado y partidizado comenzó este viernes 15 en la Cámara de Diputados de Brasil la histórica votación sobre la apertura de un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Análisis de Mario Osava

RÍO DE JANEIRO, 15 abr 2016 (IPS) – Una pediatra que deja de atender a un bebe por discrepancias políticas con la madre, ciclistas agredidos por usar bicicletas rojas, celebridades hostilizadas por su apoyo al gobierno, son casos de violencia que proliferaron en Brasil últimamente.

La agresividad en las relaciones interpersonales, desatada por el proceso que busca destituir la presidenta Dilma Rousseff, niega el mito de los brasileños como personas tolerantes, que priorizan la alegría y la afectividad

 

Para lectura completa http://www.ipsnoticias.net/2016/04/crisis-politica-borra-la-mitica-cordialidad-brasilena

Comunismo cubano frente al desafío del consenso

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De izquierda a derecha, el presidente Raúl Castro y el vicepresidente Miguel Díaz-Canel, seguidos de tres de los ministros, todos dirigentes del Partido Comunista de Cuba, que celebrará su VII Congreso entre el 16 y el 19 de abril en La Habana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg

LA HABANA, 14 abr 2016 (IPS) – El Partido Comunista de Cuba (PCC) enfrenta el reto de lograr consenso en una sociedad cada vez más heterogénea y demandante, que espera mayor participación política y transformaciones socioeconómicas que aceleren el desarrollo del país.

Esa organización política, única permitida legalmente, inicia el sábado 16 su VII Congreso en un contexto internacional y político marcado por el proceso de normalización de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que tuvo su apogeo en la histórica visita de su presidente, Barack Obama, entre el 20 y el 22 de marzo.

“El monopolio estatal sobre la producción, el comercio y las finanzas debe desmantelarse. Sin esta reforma verdaderamente estructural y profunda, todo lo demás que se haga será insuficiente y nos hará seguir perdiendo tiempo, esfuerzos y nos continuará rezagando en relación al resto del mundo”: Pável Vidal.

“En el VI Congreso del PCC teníamos a nuestro principal enemigo ideológico a 90 millas, ahora lo tenemos en casa”, comentó a IPS un antiguo militante comunista que pidió no dar su nombre, al establecer diferencias con la cita de 2011 en que se aprobó el programa de transformaciones aún en desarrollo.
Hasta ahora, solo se han puesto en vigor 21 por ciento de los Lineamientos de la Política Económica y Social, como se denomina al plan de medidas encargadas de “actualizar” el modelo socialista de desarrollo.

Su evaluación figura entre los temas a tratar por los 1.000 delegados a la cita, en representación de toda la militancia, estimada entre 750.000 y 800.000 afiliados, del único partido que existe en el país y al que  la constitución local otorga el papel de fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado.

Se espera que de ese análisis, a lo largo del cónclave que se clausurará el martes 19,  surjan medidas que profundicen y aceleren el proceso de modernización del socialismo cubano.

“El Congreso debería reconocer que la reforma ‘sin prisa’ y muy parcial no ha reportado los resultados esperados”, dijo a IPS el economista y académico cubano Pável Vidal.
En opinión de este experto, “los límites políticos e ideológicos que frenan una reforma más amplia deben repensarse sobre esta evidencia y sobre la evidencia acumulada por décadas dentro y fuera de Cuba sobre la inefectividad del sistema de economía centralmente controlada”.

Vidal consideró que “el sector privado debe transcender el ‘cuentapropismo’, la empresa estatal debe concentrarse solo en algunos sectores prioritarios y a la inversión extranjera debe otorgársele el espacio que requiere para poder modernizar el aparato productivo e insertar la economía en los mercados globales”.

Hasta ahora el emprendimiento privado (llamado aquí por cuenta propia) está autorizado en unas 200 actividades.

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Una mujer camina por una calle céntrica de La Habana, delante de un grafiti en el que se observa la bandera de Cuba junto a la frase del líder histórico Fidel Castro: “Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado”, que funciona como reclamo para el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Según los últimos datos oficiales, entre 2008 y 2014 aumentó la cifra de licencias otorgadas, de unas 165.000 a casi 500.000. Pero el crecimiento parece estancado, entre otras razones, por la falta de un mercado mayorista y la ampliación a negocios de mayor envergadura.

“El monopolio estatal sobre la producción, el comercio y las finanzas debe desmantelarse. Sin esta reforma verdaderamente estructural y profunda, todo lo demás que se haga será insuficiente y nos hará seguir perdiendo tiempo, esfuerzos y nos continuará rezagando en relación al resto del mundo”, remató Vidal.

En su VII edición, esta cita encara además asuntos claves para el futuro del país que hasta ahora se conocen públicamente solo por el enunciado de los documentos, como la conceptualización del modelo económico social cubano de desarrollo socialista y el Programa de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030.
La ausencia de una consulta popular que tuviese en cuenta a toda la población de 11,2 millones de personas, similar a la que se llevó a cabo para analizar los lineamientos aprobados en 2011 por el sexto congreso, causó innumerables quejas y críticas expresadas en cartas a la prensa estatal cubana y en las redes sociales.

Al respecto,  el diario oficial Granma respondió que más que desplegar, a mitad de camino, un nuevo proceso de debate a escala de toda la sociedad, lo que corresponde es terminar lo iniciado, continuar la ejecución de la voluntad popular expresada hace cinco años, y seguir avanzando por el rumbo que trazó el congreso precedente.

“Para lograr el apoyo político consciente basado en el consenso, hay que mantener la comunicación, la transparencia con la población”, consideró a IPS la economista Blanca Munster.
A su juicio, es clara la ausencia de participación y la insuficiente comprensión conceptual sobre “la actualización del modelo” que “ha caracterizado al proceso de debate previo al congreso”, argumentó.

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Vista nocturna de un edificio donde funcionan varios locales privados administrados por trabajadores por cuenta propia en una céntrica calle del barrio de Vedado en La Habana. Los emprendedores privados esperan que el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba acelere la apertura económica iniciada en el país en 2008. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Para esta investigadora del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial  y experta en temas de género, el modelo económico del socialismo no puede ser la suma automática de fórmulas económicas o sociales, sino que en su diseño debe haber integralidad y sistematicidad y, sobre todas las cosas, tiene que haber participación.

Más aún, también “tiene que haber cuestionamientos y rendición de cuentas; y para eso tiene que haber información, para eso tienen que haber mecanismos democráticos que te permitan expresar, recoger criterios, y creo que no hemos logrado esto”, agregó Munster.

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· Comunistas cubanos ante el reto de la renovación

Los estatutos del PCC definen el congreso como “órgano supremo del partido” que entre otros fines, examina y señala las vías para la solución de los problemas más importantes de la construcción del socialismo y “aprueba los lineamientos y programas estratégicos para el desarrollo económico, social y cultural de la nación”.

El cónclave elige de entre sus delegados al Comité Central, organismo superior de dirección de la organización política, que a su vez elige al primer y segundo secretario y demás miembros del Buró Político, órgano que dirige la labor partidista entre los plenos del Comité Central y lleva a la práctica los acuerdos de los congresos, entre otras tareas

Se prevé que el encuentro partidista continúe el proceso de renovación y rejuvenecimiento de los cargos políticos y estatales iniciado en el congreso anterior, en el cual el presidente Raúl Castro, de 84 años, anunció que no gobernaría más de dos periodos quinquenales, plazo que se cumple en 2018.

No está claro si Castro dejaría también su puesto de primer secretario del PCC, para el que fue electo en la pasada cita partidista. La decisión de limitar a un máximo de dos períodos consecutivos el desempeño de los cargos políticos y estatales “fundamentales” quedó plasmada en la primera conferencia nacional del PCC realizada en enero de 2012.

Editado por Estrella Gutiérrez

Paradigmas ambientales

 

cambio climático

Por Andrés Hoyos

Andrés Hoyos

Nació, o por lo menos dio un gran salto adelante, a comienzos de los años 60 cuando Rachel Carson publicó Silent Spring (Primavera silenciosa), primero en tres ediciones consecutivas de The New Yorker y luego en forma de libro. Al primer ambientalismo lo movía la indignación por el maltrato del medioambiente, lo que desembocó en políticas puntuales como la prohibición del DDT en la agricultura. La segunda bestia negra que enardecía a los ecologistas era la energía nuclear, a la que asociaban con la bomba atómica. Venía el Armagedón. Nos habíamos entregado al dios del progreso y este pérfido personaje nos llevaba vendados al abismo. La disciplina nació, pues, indignada y con una vocación micro.

 

Por una rara coincidencia, el accidente de Chernóbil, que volvió inhabitable un área de 60 kilómetros a la redonda, mató a 31 personas y causó daño a miles más, ocurrió en simultánea con el descubrimiento del calentamiento global, un problema ambiental que afecta a la totalidad del planeta. Nadie tenía en ese momento la menor idea de la escala del problema, de modo que fue necesario pasar al análisis macro. Las primeras proyecciones, hechas a regañadientes, fueron apocalípticas y demostraron estar descachadas. Para dar un solo ejemplo, Al Gore predijo en 2007 que para 2014 habría desaparecido casi todo el hielo polar, el cual sigue ahí. Por un tiempo, los errores de bulto desacreditaron al movimiento, pero ahora los análisis se han vuelto más rigurosos y ya no cabe ninguna duda que la salud del planeta está en verdadero peligro.

 

El ambientalismo tradicional decantó una serie de paradigmas que rigen sus reacciones. Según ellos, se supone que: 1) El consumo de recursos no renovables va a un ritmo insostenible. Casi todos se agotarán pronto. 2) El crecimiento económico es perjudicial para el planeta y, por ende, debe restringirse o detenerse. 3) Las ciudades son el cáncer del medioambiente. Hay que limitar su crecimiento y, en lo posible, regresar al campo. 4) Es preferible la agricultura artesanal y orgánica, cercana a los centros de consumo, en vez hacer peligrosos experimentos agroindustriales con OGM. 5) El uso de la naturaleza debe ser sostenible. Los biocombustibles, en particular, son benéficos. 6) Es conveniente imitar los usos de las sociedades primitivas, considerados preferibles a los modernos.

 

Esta suma de paradigmas que parecía tan pulcra —aunque aterradora— a nivel micro empezó, sin embargo, a mostrar dramáticas limitaciones a nivel macro. Para seguir con el orden: 1) El consumo de muchos recursos no renovables ha disminuido su ritmo de crecimiento. Tan solo la demanda de energía mantiene el suyo. 2) Sin crecimiento económico, un país pobre no tiene cómo salir de la pobreza. 3) En las ciudades bajan el crecimiento demográfico y el consumo de energía per cápita, dos variables claves. 4) Alimentar a la creciente población del planeta con una agricultura artesanal y orgánica acabaría con la mayoría de los bosques primarios que aún existen. 5) Producir una cantidad apreciable de la energía global con biocombustibles también arrasaría con cientos de millones de hectáreas de bosques. 6) Un estudio más detallado muestra que muchas sociedades primitivas eran ambientalmente destructivas.

 

Por todo lo anterior, están surgiendo nuevos paradigmas ambientales, tema para la siguiente columna.

andreshoyos@elmalpensante.com  @andrewholes

El juego perverso

Artículo de Teódulo López Meléndez en el diario “El Universal” (Miércoles 13/04/16)

Juego perverso 2

www.eluniversal.com/noticias/opinion/juego-perverso_258659

 

Revocatorio

revocatorio

 

Dulce María Tosta

Dulce María Tosta

El hecho de que algunos dirigentes de la oposición propongan el revocatorio como forma de concluir esta absurda pesadilla, no sería motivo de preocupación si a ella no viniera adosada una virulenta campaña de desprestigio de otras maneras igualmente válidas: la nacionalidad y la renuncia.

Los opositores que se adhieren sinceramente a la necesidad de poner fin a este desgobierno para salvar al País de mayores males, seguramente tendrán razones para preferir una u otra manera, en virtud de su viabilidad y del menor costo humano y social; pero los que anteponen sus intereses personales o grupales, pudieran estar calculando lapsos y oportunidades, intereses electorales y acuerdos subrepticios, con vista a las elecciones presidenciales de 2019.

Según el artículo 233 de la Constitución, «Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar el mismo.»

Solo un amnésico grave podría vislumbrar un futuro revocatorio presidencial sin recordar al que fuera sometido Chávez en 2004, propuesto por una Coordinadora Democrática, hasta tal punto sumisa, que admitió una deformación de la letra, espíritu, propósito y razón del artículo 72 constitucional y la conversión del revocatorio en un plebiscito, sin asidero jurídico alguno.

El tercer párrafo del citado artículo 72 dice a la letra: «Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley.» El verbo, es decir, la parte de la oración que nos informa la acción, es la forma compuesta «hubieren votado», del verbo votar. El «si» y el «no» plebiscitarios, acordados por el revocable Chávez y la oposición oficial, fue claramente inconstitucional y sin fundamentación jurídica alguna. Lo que pasó ya es historia.

Lo acontecido sería anecdótico, si las personas que rompen lanzas a favor del revocatorio presidencial no fueran las mismas que negociaron el pasado, hasta convertirlo en un plebiscito proclive a Chávez. Esta circunstancia nos hace temer lo siguiente:

– El CNE, en su condición de apoderado electoral del chavismo, hará cuanto esté a su alcance para que el revocatorio no se efectúe y, en el peor de los casos para él, se realice durante el cuarto año del revocable, con lo cual saldría Maduro, pero no el régimen;

– Como ya nos tiene acostumbrados, la oposición oficial protestará la inacción del CNE, se rasgará las vestiduras ante el retardo pero, al final, aceptará el abuso entre llantos y quejas;

– A buena parte de la oposición oficial le conviene que el revocatorio se postergue hasta el cuarto año del mandato, pues de esa forma Leopoldo López seguirá preso e inhabilitado y dejará de ser un estorbo para los planes presidenciales de otro. La defensa a ultranza que algunos hacen del revocatorio pudiera estar dirigida a descabezar electoralmente a Leopoldo y no –en realidad– a ponerle punto final al régimen.

Además, es casi seguro que la Ley de Amnistía sea declarada inconstitucional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pues si no lo hiciere, los presos políticos obtendrían la libertad y el régimen perdería su rehén más valioso y buena parte de su capacidad de negociación, pues algunos «opositores» parecen dispuestos a ceder hasta lo inimaginable a cambio de que Leopoldo permanezca en Ramo Verde hasta después de las elecciones de 2019.

Espero estar equivocada. Amanecerá y veremos.

 

turmero_2009@hotmail.com
@DulceMTostaR
http://www.dulcemariatosta.com

 

 

 

Tenencia de la tierra, escurridiza para mujeres latinoamericanas

Blanca Molina muestra unos guisantes orgánicos

Blanca Molina muestra unos guisantes orgánicos recién cosechados en uno de los cuatro invernaderos que construyó con sus manos en su pequeña finca familiar en Villa Simpson, en la región de Aysén, en el sur patagónico de Chile. Crédito: Marianela Jarroud /IPS

Por Marianela Jarroud

SANTIAGO, 12 abr 2016 (IPS) – Las mujeres rurales de América Latina enfrentan aún graves dificultades en la tenencia de la tierra, lo que las mantiene en una situación de vulnerabilidad, pese a su peso creciente en la producción de alimentos y la seguridad alimentaria.

“Las mujeres son el grupo de personas con la mayor condición de vulnerabilidad frente al tema de la tenencia de la tierra”, confirmó a IPS la especialista Soledad Parada, asesora de Género de la oficina regional de laOrganización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en la capital chilena.

Para lectura completa http://www.ipsnoticias.net/2016/04/tenencia-de-la-tierra-escurridiza-para-mujeres-latinoamericanas

El turno de los descarados

discusión de fondo

Alberto  Medina Méndez

Alberto Medina Méndez

Parece asomarse lentamente el tiempo de encerrar en la cárcel a algunos corruptos. Sin embargo, no se vislumbra con claridad, un plan serio, integral y concreto para desarticular las verdaderas causas de la corrupción.

Es posible que se estén dando algunos pasos en la dirección adecuada, recorriendo una línea de progresivos avances. Es necesario que los que se apropiaron del dinero de la gente no queden impunes. Si todo esto ocurre finalmente, será una excelente señal para el presente y el futuro del país.

Aun no se sabe si lo que viene aconteciendo es parte de una venganza organizada desde la corporación judicial, una meditada decisión política o solo un ataque espasmódico de moralina ventajista. El resultado final puede ser igualmente muy positivo, con independencia de las motivaciones que han llevado a este repentino despertar cívico y a esta inusual valentía republicana nacida desde las entrañas de este cuestionado sistema.

Más allá de las innegables implicancias favorables de estas noticias que todavía conmueven, desmontar las profundas raíces de la corrupción doméstica, de esa maquinaria arraigada por décadas, precisará de muchas otras acciones y no solo de este mero conjunto de loables intentos aislados.

Esta puede ser una enorme bisagra en la historia política, sobre todo por su significativo valor simbólico.  De algún modo, desde ahora mismo se puede hacer bien lo que casi nunca se hizo adecuadamente. Los corruptos no merecen clemencia alguna. Ellos tampoco la han tenido en ningún momento y sus remordimientos no aparecieron jamás, ni siquiera ahora.

El inocultable cinismo que ostentaron varias generaciones de dirigentes políticos es tremendamente ofensivo para todos. Demuestra una total falta de respeto a los ciudadanos, a esos mismos a los que se les ha mentido reiteradamente sin sonrojarse y sin ningún pudor. Sin dudas, esa despreciable actitud amerita, como mínimo, un castigo moral equivalente.

Para esto no sirve demasiado el endiosado gradualismo que invita a quedarse a mitad de camino. Claro que hay que avanzar caso por caso y continuar por ese sendero, pero importa mucho hacerlo con total determinación y suficiente potencia, para no caer en la eterna tentación de ocuparse solo de algunos emblemáticos incidentes, de seleccionarlos con un sentido político y haciendo gala de un indisimulable oportunismo.

Siempre ha sido una preocupación la impunidad ante la ley, pero hay que invertir también muchas energías en conseguir que los corruptos reciban además un contundente rechazo ciudadano, no solo porque corresponde, sino porque esa es la mayor garantía de que si la estrategia legal tropieza, no podrán continuar con sus fechorías como si nada hubiera acaecido.

Esta casta de inmorales tiene cierto talento para acomodarse a los nuevos escenarios a una gran velocidad, logrando que buena parte de la sociedad olvide todo lo sucedido sin pedir explicaciones por ese evidente cambio. El modo eficiente de terminar con esta patética historia es asegurarse que los corruptos tengan su merecido, pero que también los “colaboracionistas de siempre”, no se escapen de ciertas normas haciéndose los despistados.

Una importante cantidad de dirigentes han sido, no solo funcionales por omisión, sino que han cooperado a cara descubierta con esos mismos a los que hoy les han soltado la mano, demostrando además, sin disimulo, sus escasos escrúpulos, su cruel personalidad y su indecencia crónica. .

Los delincuentes que se quedaron con el fruto del esfuerzo de la gente merecen todo el repudio. Pero ese premio también debe ser para aquellos otros que además de colaborar con las andanzas de los malhechores, deambulan por ahí como si nada tuvieran que ver, como si lo ocurrido no se hubiera logrado también gracias a su imprescindible complicidad manifiesta.

Esta actitud de hacerse los distraídos nos los exculpa de nada.  Hicieron lo que hicieron con total convicción. No fueron obligados a punta de pistola a hacer lo que no deseaban. Recibieron beneficios directos por sus posturas públicas y contribuyeron enormemente a construir el andamiaje político de ese perverso poder que fue el instrumento para ejecutar tantas atrocidades.

Es necesario mirar hacia adelante y dar vuelta la página de una vez, pero para hacerlo es indispensable que no se cuelen por los resquicios los secuaces de los forajidos de la política que aun pululan por ahí y pretenden pasar desapercibidos como si ellos no fueran parte central del problema.

Las sociedades siempre evolucionan con los individuos que disponen en un momento determinado y eso incluye a sus dirigentes. Hay que generar el marco de oportunidad para arrepentirse genuinamente. Si se cometieron errores bien vale asumirlos a viva voz, confesar los desaciertos sin eufemismos y comprometerse de un modo diferente para lo que viene.

Lo que no parece razonable es intentar que algo cambie con la participación protagónica de los mismos actores, con gente que no tiene miramiento alguno para delinquir, y que además exhibe una ausencia de códigos de lealtad con sus ideales y sus amigos, que los muestra como lo que son.

Un personaje que mira para otro lado, que ahora descubre mágicamente que, en el pasado, se cometieron delitos que fueron denunciados hasta el cansancio, que de pronto se sorprende ante la inmensa nómina de abusos de poder que emergen a diario y las reiteradas arbitrariedades que han quedado al desnudo, no merece tampoco respeto ciudadano alguno.

La lucha permanentemente contra la corrupción es un deber de todos. Encarcelar a los corruptos también. Pero es necesario además asumir las equivocaciones del pasado reciente con hidalguía. En ese proceso resulta vital ocuparse de esos pícaros que intentan hacerse los desentendidos. Para ellos también están las normas legales, pero si esas reglas no alcanzan para ponerlos en su lugar, será entonces la sociedad la que tendrá que recurrir a las urnas para que pronto sea también el turno de los descarados.

Alberto Medina Méndez

albertomedinamendez@gmail.com

El Niño destruye cosechas en África

 nIÑO

Crédito: Anne Holmes/IPS

 

 

Por Jeff Williams |English version

 

MOMBASA, Kenia, 8 abr 2016 (IPS) – Los países en desarrollo que dependen de la agricultura y de la pesca, en especial los que están sobre el océano Pacífico, son los más perjudicados por El Niño, un fenómeno meteorológico que atenta contra la producción de alimentos en África, donde viven 1.200 millones de personas.

 

Para lectura completa http://www.ipsnoticias.net/2016/04/el-nino-destruye-cosechas-en-africa

El malestar

Artículo de Teódulo López Meléndez en el diario “El Universal” (Miércoles 06/04/16)

Elecciones USA 2

www.eluniversal.com/noticias/opinion/malestar_248050

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