The return to the Constitutional Order in Venezuela

 

Los escritores, profesores, artistas, maestros, músicos, curadores, editores, artesanos, periodistas y demás profesionales venezolanos, junto a sus colegas de otras nacionalidades y todos aquellos quienes, abajo firmantes, se hacen solidarios de este comunicado, queremos hacer pública nuestra posición ante la crisis de dimensiones sin precedentes que atraviesa la Nación venezolana.

La violación continuada del orden constitucional, y su definitiva ruptura a través de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, crímenes irrevocables en contra de la república a los que se añaden actos espurios y sin legitimidad recientemente adoptados por un gobierno sin base moral, legal y popular, así como el estado de emergencia económica decretado, hoy convertido en un “estado de excepción” de facto y el uso indiscriminado de la fuerza pública en contra de la población que manifiesta pacíficamente su descontento, exigen de los venezolanos y de quienes con ellos se solidarizan la expresión de una decisión ante la quiebra de la nación y de sus marcos institucionales y legales.

Invocamos la universalidad ética de esta decisión ante un momento sin retorno.

La situación venezolana trasciende cualquier dimensión de carácter político-ideológico o partidista. Es una crisis real que afecta a todas las personas que habitan el país, y que se manifiesta en hechos irrefutables: la mayor inflación del planeta, los peores índices de violencia criminal, el desabastecimiento y la carestía generalizada de alimentos y medicinas, la descomposición de los servicios públicos, el secuestro gubernamental de todas las instituciones –salvo la Asamblea Nacional- y el uso indebido, abyecto, de la fuerza en contra de la libertad de expresión y de manifestación.

El gobierno de Nicolás Maduro ha infringido todas las normas civilizadas de convivencia y orden legal. Quienes lo apoyan con el uso de la violencia y con el abuso de los bienes públicos, incluido un sector de la Fuerza Armada, sólo pueden ser calificados como elementos pertenecientes a la criminalidad organizada. El progresivo y brutal desmantelamiento del Estado de Derecho y la violación continua de la Constitución, intencionalmente ejecutados desde la primera magistratura de la Nación, ha conllevado la cancelación por tecnicismos espurios de la legal convocatoria a un referendum revocatorio que hubiese permitido la solución pacífica y constitucional de la crisis política en Venezuela; la suspensión indefinida de las elecciones regionales y gubernamentales; el diferimiento ilegal de la renovación de las autoridades judiciales y electorales; la violación del debido proceso en centenas de casos de encarcelamiento por razones políticas y, en el colmo de  un ejercicio dictatorial de gobierno, la suspensión por parte de un Tribunal sin legitimidad ética o jurídica de las competencias de la Asamblea Nacional recientemente electa por el pueblo venezolano y, con  ello, la ruptura definitiva del orden constitucional en Venezuela.

Estos crímenes no tienen enmienda, ni pueden prescribir en el futuro. Los responsables directos e indirectos de su cometimiento deberán ser juzgados y condenados.

Las consecuencias de estas continuas violaciones son claras e inevitables: la agonía entre la legalidad y la legitimidad se ha resuelto en nuestro país por la interrupción absoluta del orden legal. En Venezuela no podemos invocar la ley, porque ésta no existe, y sólo nos queda por lo tanto la opción de restaurarla, invocando la fuerza moral y ciudadana de la legitimidad política.

Ante esta hora crítica, los abajo firmantes nos unimos al reclamo multitudinario de la población venezolana al exigir, sin dilaciones o diferimientos, el cumplimiento de las únicas condiciones, no negociables, para el restablecimiento de la ley y de la paz, para el retorno del orden democrático y para la restauración de la república:

1.     Renuncia y/o revocación inmediata de los responsables de la ruptura del orden constitucional.

2.     Restablecimiento absoluto de las competencias de la Asamblea Nacional.

3.     Liberación inmediata de todos los prisioneros políticos.

4.     Renovación de las autoridades judiciales y electorales desde la Asamblea Nacional.

5.     Apertura de canales humanitarios, para asistencia alimentaria y médica.

6.     Convocatoria de elecciones regionales, gubernamentales y generales bajo estricta supervisión internacional.

Venezuela no merece la agonía a la que ha sido injustamente sometida por un gobierno abyecto, ni es digna de las divisiones y ultrajes que la dictadura plebiscitaria de Hugo Chávez y Nicolás Maduro le ha impuesto; la Nación no soporta más las consecuencias del perjurio y de la corrupción, y clama por un futuro más libre, más generoso, más democrático y más próspero en el que pueda volver a ser, con su dignidad restituida y bajo el exclusivo imperio de la ley, la república de todos los venezolanos

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