Este es un artículo de opinión de Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional @ErikaGuevaraR

Por Erika Guevara

nicaragua

Campesinos durante una marcha hasta Managua, hace un año, para protestar contra el impacto para ellos del proyecto del canal interoceánico, que partiría en dos a Nicaragua, de concretarse. Crédito: Carlos Herrera/IPS

 MÉXICO, 4 nov 2016 (IPS) – El próximo martes 8, millones de personas de todo el mundo se quedarán pegadas a la pantallas de sus televisiones y a las redes sociales para ver cómo decide Estados Unidos quién dirigirá el país más poderoso de la tierra.

Alrededor de 3.000 kilómetros más allá, en una nación mucho más pequeña situada en medio de América Central, habrán tenido lugar otras elecciones solo un par de días antes. Aunque las elecciones presidenciales de Nicaragua no tienen la fama de la carrera Clinton-Trump, son igual de controvertidas.

El presidente Daniel Ortega, líder de la formación política gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, se presenta como candidato para desempeñar el cargo por tercera vez consecutiva. Su esposa, Rosario Murillo, se presenta como vicepresidenta.

Ambos han sido acusados de dirigir una campaña que tiene por objeto erradicar toda forma de oposición.

Para los seis millones de personas que viven en Nicaragua, un país rico en recursos, los escándalos políticos no son nada nuevo. Hay síntomas del deterioro de la situación de los derechos humanos en uno de los países más invisibles de las Américas, donde los recursos naturales básicos, como la tierra y el agua, marcan la línea del frente de una batalla entre los pocos que tienen el poder y las mayorías marginadas.

 

Veamos cuatro cosas que hay que saber acerca de lo que está ocurriendo en el contexto de las elecciones de Nicaragua: 

Una: Desarrollo, para algunos

En 2013, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una nueva ley que preparaba el terreno para la construcción de un nuevo canal interoceánico, que rivalizaría con el de Panamá. Si se construye, conectará el océano Pacífico con el mar Caribe e inyectará, se afirma, millones de dólares a la economía del país, incluyendo la generación de decenas de miles de puestos de trabajo.

Sin embargo, es probable que el canal obligue también a decenas de miles de personas, incluidas muchas comunidades indígenas, a abandonar sus tierras. También es probable que afecte a sus medios de vida y a recursos naturales esenciales, como el agua, con consecuencias para las próximas generaciones, lo que en la práctica contrarrestaría las posibles ventajas económicas del proyecto.

El proyecto se utilizó también como excusa para aprobar una ley que da, de hecho, carta blanca al gobierno nicaragüense para permitir subproyectos de desarrollo (incluida la explotación de recursos naturales esenciales) con independencia de lo que piensen las numerosas comunidades afectadas.

Dos: Las mujeres, ciudadanas de segunda clase

Las mujeres que viven en la pobreza en toda Nicaragua son todavía las principales víctimas de la mortalidad materna, y el país tiene uno de los mayores índices de embarazo adolescente del continente, pues  28 por ciento de las mujeres dan a luz antes de los 18 años de edad.

A pesar de ello, las mujeres están todavía sometidas a una de las legislaciones sobre el aborto más estrictas del planeta. El aborto está prohibido en todas las circunstancias, incluso si es indispensable para salvar la vida de la mujer.

En un contexto de prevalencia de la impunidad de los delitos de género, las organizaciones locales que trabajan sobre los derechos de las mujeres sufren amenazas constantes. En junio atacaron un refugio de la Fundación Civil para el Apoyo a Mujeres Víctimas de la Violencia. Las autoridades no han abierto una investigación sobre el incidente. Y, lamentablemente, éste es sólo un caso entre muchos otros.

Tres: Los derechos de los pueblos indígenas, pisoteados

Los pueblos indígenas de toda Nicaragua también son tratados como ciudadanía de segunda clase; se pisotean continuamente sus derechos y no se les escucha, pues sus demandas entran a menudo en conflicto con poderosos intereses económicos.

El año pasado, en la Región Autónoma de Atlántico Norte (RAAN) —tierra de la mítica “Mosquitia”— estalló una violenta lucha por el territorio. Las comunidades indígenas misquitas sufrieron amenazas, ataques, asesinatos, agresiones sexuales y desplazamiento forzado a manos de pobladores no indígenas.

El Estado no les ha brindado en absoluto protección efectiva. En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de algunas comunidades misquitas y pidió a Nicaragua que las protegiera.

En mayo de 2016, los líderes de las comunidades indígenas y afrodescendientes del Territorio Rama y Kriol dijeron que se había firmado un acuerdo de construcción del Gran Canal de Nicaragua sin un proceso efectivo de consulta, lo que violaba su derecho de consentimiento libre, previo e informado.

Cuatro: El “delito” de defender los derechos humanos

Quienes con su activismo los derechos humanos básicos y el acceso a los recursos naturales sufren hostigamiento y ataques sistemáticos, dirigidos a silenciar sus demandas. Estos ataques raras veces se investigan.

En las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pedía que se tomaran medidas para proteger a los defensores de los derechos humanos del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, que habían recibido amenazas de muerte debido a su trabajo en favor de los derechos indígenas.

Artículos relacionados

Asimismo, la coordinadora del Consejo Nacional de Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía ha informado recientemente de intimidaciones y hostigamiento contra ella y su familia. Ha venido denunciado activamente los posibles efectos del Gran Canal Interoceánico en las comunidades campesinas nicaragüenses.

Nicaragua está retrocediendo rápida y peligrosamente a algunas de las épocas más oscuras vividas en el país en decenios, y el gobierno está cerrando los ojos ante las violaciones de los derechos humanos que prometió hacer valer y sancionando a quienes “se pasan de la raya”.

Esta estrategia está peligrosamente mal orientada y es ilegal.

Al no proteger los derechos humanos básicos, garantizar el acceso a los recursos naturales esenciales para la vida ni respetar a quienes los defienden, las autoridades nicaragüenses condenan a millones de personas a un futuro de desigualdad y sufrimiento.

Pero hay otra vía. Quienquiera que resulte elegido para dirigir esta nación centroamericana durante los próximos cinco años debe examinar minuciosamente el discurso de derechos humanos del país y la realidad de sus millones de personas, en particular de las más marginadas, y garantizar que las prioridades futuras del gobierno están debidamente alineadas.

Lo contrario, sencillamente, llevará al país a una deriva tan difícil que será imposible recuperarse de ella.