desconocimiento

 

José Armando Mejía Betancourt 1

Sumario

 

Introducción: El cisma constitucional.

1.- El desconocimiento de la Sala Constitucional.

a.- Las razones para desconocer a la Sala Constitucional.

b.- El fundamento constitucional para desconocer una autoridad constituida.

c.- La iniciativa de desconocimiento y la designación transitoria de una nueva

Sala Constitucional.

2.- Los efectos políticos constitucionales.

a.- El conflicto de poderes: dos Salas constitucionales respaldadas por poderes

diferentes.

b.- La solución militar y represiva del conflicto y la teoría de la disuasión.

c.- El arbitraje constituyente del conflicto.

Conclusión: Actuar frente a la pérdida de vigencia de la Constitución.

Introducción: El cisma constitucional.

 

Con el presente trabajo2 queremos llamar la atención de la sociedad

democrática, con el fin de proponer que la nueva Asamblea Nacional desconozca a la

actual Sala Constitucional como autoridad del poder público constituido, para poder

rescatar y restablecer el Estado de derecho en Venezuela. Mediante la acción de

protección constituyente de la integridad de la Constitución y para el restablecimiento

de su efectiva vigencia, prevista en ella.3

 

La Constitución de 1999 prevé la intervención del poder constituyente del

pueblo en dos supuestos diferentes: primero, como un poder constituyente normativo

en los procesos de reforma constitucional; 4 y segundo, como un poder constituyente

protector en las acciones de protección de la Constitución.5 El análisis de este último

supuesto es el que aquí nos interesa,6 visto que se ha producido un cisma

 

1 Abogado de la UCAB. Doctor de la Universidad de Paris (II). Postgrados: DSUP en Finanzas Públicas; DSUP en

Derecho Administrativo; DSUP en Derecho Comercial; en la Universidad de París (II). Miembro de la Sociedad de

Legislación Comparada de París y de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Profesor de la Universidad

Metropolitana, de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica del Táchira.

2 Este trabajo se sitúa dentro del contexto de otro artículo titulado: “La vocación constituyente de la nueva

Asamblea Nacional”, de febrero 2016.

3 Este proceso está previsto en los artículos 333 y 350 de la Constitución.

4 Constitución. Título IX.

5 Constitución. Título VIII.

6 Hay numerosa doctrina jurídica sobre el estudio del poder constituyente normativo. Ver: Jesús Luis Castillo Vegas.

“El Poder Constituyente y sus condiciones de Legitimación en la sociedad Actual”. Revista Tachirense de Derecho.

 

constitucional al dividirse y separarse la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de

Justicia en el seno de la Constitución vigente, provocando la pérdida de su efectiva

vigencia, destrozando su integridad y provocando una escisión, discordia y

desavenencia irreparable con la nueva Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de

2015, donde la oposición democrática obtuvo una amplia y legítima mayoría.

La Sala Constitucional con el objeto de desconocer la nueva realidad política

surgida de esa elección, ha utilizado su poder jurisdiccional para crear con sus

sentencias un cordón sanitario alrededor de la nueva Asamblea Nacional y un cerco

eléctrico autoritario, desconociendo la legitima conformación de la Asamblea

nacional,7 sus competencias legislativas,8 sus potestades de control sobre los demás

poderes públicos9 y habilitando al Poder Ejecutivo para legislar. 10

 

No. 10/1998. Antonio Negri. “El Poder Constituyente”. Libertarias/ Prodhufi. Madrid. 1994. Claude Klein. “Théorie et

practique du pouvoir constituant”. PUF. Paris. 1996. Y, Olivier Beaud. “La puissance de l’Etat”. PUF. París. 1994.

7 El Gobierno chavista pretende mediante acciones judiciales anular la elección de varios diputados de la oposición

democrática, para impedir que tenga una mayoría calificada de 2/3 partes en la Asamblea Nacional, que

constitucionalmente le proporciona las más amplias competencias legislativas y de control. Ver periódico “El

Nacional” de 2/1/2016: “La suspensión de la proclamación de cuatro diputados electos y la imposición del

“Parlamento Comunal”, entre otros casos, demuestran que el diálogo político será difícil en 2016”. El Tribunal

Supremo de Justicia, esta vez en Sala Electoral, dictó la Sentencia n. 260 del 30/12/2015 que mediante un amparo

cautelar, suspendió los efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de las elecciones de los

diputados en el Estado Amazonas. Luego dictó la Sentencia n. 1 de fecha 8/1/2016 que declaró que la Asamblea

Nacional había desacatado la sentencia N° 260, al proceder a la juramentación de tres diputados del estado

Amazonas cuya proclamación había sido “suspendida” y “NULOS ABSOLUTAMENTE los actos de la Asamblea

Nacional que se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos de la

decisión N° 260 del 30 de diciembre de 2015 y del presente fallo”. La Sala Constitucional en Sentencia número 3 de

14/1/2016, convalidó arbitrariamente estas decisiones de la Sala Electoral y refiriéndose a ellas afirmo

textualmente con autosuficiencia, arrogancia e insolencia, de manera escandalosamente antijurídica lo siguiente:

“Lo que incapacita al Poder Legislativo para ejercer sus atribuciones constitucionales de control político de gestión”.

Haciendo pasar una amañada y falsa medida cautelar por encima de la Constitución.

8 La Sentencia número 259 del 31/3/2016 de la Sala Constitucional, declara inconstitucional la Ley de Reforma de la

Ley del Banco Central de Venezuela. Porque según dice y reconoce expresamente: “el órgano legislativo nacional

actuó con desviación de poder, ya que la finalidad de la reforma es la de asegurar el control del Banco Central de

Venezuela por parte del grupo parlamentario de la Asamblea Nacional que actualmente ostenta la mayoría de los

diputados que la integran”. Y que el propósito de la Ley “es la de asegurar, por parte de la mayoría parlamentaria de

la Asamblea Nacional, el control político del instituto emisor”. La propia sentencia reconoce claramente con el

mayor desparpajo, que ella lo que hace es impedir a la nueva mayoría parlamentaria opositora ejercer las

competencias legislativas de la Asamblea Nacional. Cuando en todos los parlamentos del mundo en los países

democráticos se reconoce a la mayoría parlamentaria el poder de imponer legítimamente la decisión política. La

Sala Constitucional desconoce ese principio universal de la mayoría política porque el chavismo ya no es mayoría.

La Sala Constitucional también impide a la Asamblea Nacional ejercer sus competencias legislativas, con la

Sentencia número 264 del 11/4/2016, que declara inconstitucional la Ley de Amnistía de los presos políticos

dictada el 29/3/2016 por el cuerpo legislativo, nada más y nada menos, que como dice la bárbara y temeraria

sentencia, de: “la totalidad de su articulado”.

9 La Sentencia número 9 del 1/3/2016 de la Sala Constitucional, cercenó arbitrariamente a la Asamblea Nacional su

potestades de ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, previstas en los

artículos 183 numeral 3, 222 y 223 de la Constitución. Y descartó toda posibilidad para “revisar, anular, revocar o de

cualquiera forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de magistrados y magistradas del

tribunal Supremo de Justicia”, conducido a empujones y violando abiertamente la Constitución por la anterior

mayoría chavista de la Asamblea Nacional, “sin tener la mayoría calificada de las dos terceras partes”. Cuando esa

mayoría fue arrebatada por la Sala Electoral en Sentencia número 260 del 30/12/2015 y convalidada por la propia

Sala Constitucional en Sentencia número 3 del 14/1/2016. Montando una sentencia sobre otra para ir creando una

pirámide de inconstitucionalidades y falsa legalidad.

10 Un ejemplo de ello son las Sentencias número 4 del 20/1/2016, y la número 7 del 11/2/2016, de la Sala

Constitucional del TSJ, que declaran constitucional y vigente el Decreto de emergencia económica número 2184 del

14/1/2016, dictado por el Presidente de la República y rechazado por la Asamblea Nacional mediante Acuerdo

desaprobatorio del 22/1/2016. La Sentencia número 7 del 11/2/2016 que declara “constitucionalmente írrito” el

Acuerdo de la Asamblea Nacional del 22/1/2016 que desaprobó el mencionado decreto de emergencia económica,

afirma con cinismo y burla hacia la Constitución que “la aprobación o desaprobación del decreto de estado de

 

De esta manera la Sala Constitucional chavista se ha erigido de hecho en un

super-poder por encima de la Constitución y la ha doblegado para ajustarla a sus

propias interpretaciones y criterios, en violación abierta con el texto mismo de la

Constitución. De lo cual se desprende que la Sala Constitucional al situarse arriba de la

Constitución y utilizar desviadamente su poder para concentrar todo el poder público

en las manos del Presidente de la República se ha salido de la Constitución. Creando

una escisión que ha alterado sustancialmente el régimen constitucional y ha

provocado un cisma al separarse del seno de la Constitución, provocando una

desavenencia inconstitucional con la Asamblea Nacional y una discordia irresoluble

entre los poderes públicos. Este cisma constitucional tiene su razón de ser en la clara

voluntad de la Sala Constitucional de eliminar la división de los poderes, para

concentrar todo el poder público en el Gobierno como órgano del Poder Ejecutivo y en

manos del Presidente de la República. Con el objeto de que el chavismo mantenga

intacta toda su arbitraria hegemonía en el ejercicio del poder político en Venezuela y

para permitir que el Ejecutivo Nacional continúe con su proyecto político que

denomina la construcción del “Estado socialista”, que es un concepto que no aparece

en ninguna parte de la Constitución.11

 

El cisma constitucional se terminó de consumar con la inconstitucional

designación apresurada de los magistrados que integran la nueva Sala Constitucional

luego de que el Gobierno perdiera las elecciones legislativas y con la arbitraria serie de

sentencias que ha dictado posteriormente a su entrada en funciones, con el objeto de

vaciar las competencias constitucionales de la nueva Asamblea Nacional electa el 6 de

diciembre de 2015 y desconocer a la nueva mayoría política surgida de esos comicios.

La oposición democrática ha sostenido permanentemente que en todo caso va

a actuar siempre apegada a la Constitución, lo que ha sido su fortaleza y un criterio

que ha orientado permanentemente su acción política. Pero ahora, ante la gravísima

crisis institucional, la oposición democrática tiene que considerar el utilizar, sin salirse

de ellos, los mecanismos más extremos de protección del texto constitucional que la

propia Constitución prevé. Es decir, que al recurrir a tales mecanismos, la oposición

democrática se mantiene en su conducta de actuar apegada a la Constitución en

cualquier circunstancia de la vida política, pero queda claro que se ve obligada a

utilizar tales mecanismos ante la violación abierta de la Constitución en que ha

incurrido la Sala Constitucional bajo los auspicios del Gobierno chavista.

También queda claro, que tales mecanismos de protección previstos en la

Constitución para ser utilizados en caso extremo, no van a ser aceptados por el

Gobierno chavista y serán rechazados con toda la violencia verbal y la represión

indiscriminada a que nos tiene acostumbrados. Pero, precisamente por ser medidas

 

excepción por parte de la asamblea Nacional, lo afecta desde la perspectiva de control político y por ende lo

condiciona políticamente, pero no desde la perspectiva jurídico constitucional”; contradiciendo sin menos rubor y

con soberbia impune el artículo 339 de la Constitución. Estas decisiones autorizan el arrebato de las competencias

legislativas a la Asamblea Nacional sin su autorización y se las entregan autoritariamente al Poder Ejecutivo. De

manera que a partir de ahora el Poder Ejecutivo podrá ejercer unilateralmente las competencias legislativas de la

Asamblea Nacional, como si hubiera recibido de ella una Ley habilitante. Y, la Sentencia número 184 de 17/3/2016

que prorroga por 60 días el Decreto de emergencia número 2184 de 14/1/ 2016 en contra de la voluntad expresada

por la Asamblea Nacional.

11 Todos los documentos oficiales hacen referencia a este concepto. Por ejemplo la exposición de motivos de la

reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta, dictada por el Presidente de la República, publicada en la Gaceta

Oficial extraordinaria número 6210 del 30/12/2015, señala que la reforma se fundamenta en “correspondencia

con la concepción del Estado socialista, inspirado en el marco de la Constitución y el Plan de la Patria”.

 

extremas que conducen a un rescate de la Constitución y a la recuperación del Estado

de derecho en situaciones políticas extremas, llevaran a desnudar y a desenmascarar la

dictadura militar que Gobierna a Venezuela. Lo que tampoco puede ser razón para que

la oposición democrática se abstenga y se inhiba de recurrir a tales mecanismos

constitucionales de protección.

 

La lógica del comportamiento político de la oposición democrática de actuar

apegada a la Constitución es su fortaleza y debe mantenerse, pero debe llevarse hasta

los extremos que la propia Constitución le permite. Si la aplicación de la Constitución

en los términos que ella es entendida e interpretada a la luz de los principios que ella

consagra, conduce a una radicalización del Gobierno chavista para hacerse con todo el

poder y desconocer a la voluntad popular, ello no puede ser una razón para que la

oposición democrática no recurra a la Constitución y se abstenga de utilizar los

mecanismos de protección que ella prevé, por precaución de las consecuencias

políticas que acarrearía. Por la simple razón de que tal comportamiento significaría

también una violación de la Constitución misma y de la obligación constitucional que

tiene la Asamblea Nacional de defender y proteger a la Constitución. Por ello, si la

aplicación de la Constitución del 99 significa que de una vez por todas se le quite la

máscara a la dictadura y se ponga a la luz del día sin disimulo el autoritarismo que nos

gobierna, eso no debe ser una razón para que la oposición democrática no recurra a la

Constitución por miedo a ser aplastada y reprimida brutalmente por el Gobierno

chavista.

 

La Asamblea Nacional está ante un delicado dilema: o se mantiene en su lucha

por defender la Constitución o sucumbe ante el miedo y se transforma en un apéndice

colaborador por pasiva de la dictadura chavista.12

 

1.- El desconocimiento de la Sala Constitucional.

La nueva Asamblea Nacional ante el cisma constitucional provocado por la Sala

Constitucional tiene el deber de desconocerla como máxima autoridad jurisdiccional,

lo que significa que no la acata como legítima autoridad y la niega como órgano del

poder público constituido.

 

En efecto, la contradicción entre las sentencias que ha dictado la Sala

Constitucional en contra de la Asamblea Nacional y el texto de la Constitución es

evidente, al punto de impedir el ejercicio de la función legislativa y de control del

Gobierno que son las competencias naturales e indiscutibles de la Asamblea Nacional

y de cualquier parlamento en un régimen democrático. Luego la Asamblea Nacional al

constatar la existencia de tal situación, tiene la obligación política y constitucional de

remover los obstáculos que le impiden ejercer sus competencias y de rescatar la

efectiva vigencia de la Constitución, profundamente alterada por las decisiones de la

Sala Constitucional. Pues no constituyen una legítima jurisprudencia constitucional

que orienta la vida política de la nación en un sentido o en otro, sino de unas bárbaras

decisiones inconstitucionales que le impiden a la Asamblea Nacional nada más y nada

menos que ejercer sus funciones propias, lo cual es constatado por el propio órgano

del poder legislativo.

 

12 La colaboración por pasiva es por ejemplo la de tolerar la arbitrariedad. Sin olvidar que se promueve lo que se

tolera: Si se tolera la dictadura se la promueve.

 

Además, no se trata de destituir a la Sala Constitucional sino de desconocerla

conforme a lo previsto en la Constitución, para corregir este tipo de situaciones

irregulares y destructivas del orden constitucional. Una destitución debe hacerse

siguiendo los procedimientos establecidos pero el desconocimiento es una situación

diferente, ya que, de lo que se trata es de no aceptarla ni acatarla como autoridad. Y si

la Asamblea Nacional acepta esta situación irregular, como hemos dicho, a su vez

violaría la Constitución al someterse a un órgano que ha violado groseramente la

Constitución.

 

El desconocimiento es una situación derivada del comportamiento de la propia

Sala Constitucional con relación al orden constitucional, que ha contrariado los

valores, principios y garantías democráticos, es decir, que ha violentado al Estado de

derecho al cual está llamada a garantizar. Que es una vieja táctica conocida por la

doctrina comparada que siempre la ha llamado “golpes de fuerza”, cuando la

Constitución vigente es “violada gravemente por uno de los órganos que ella misma

creara y que se hallaba obligado a respetarla”.13Como ocurre en la presente situación,

cuando la Sala Constitucional que sin dejar de proclamar su fidelidad a la Constitución

y negando cometer ninguna usurpación, sin embargo se apodera del poder

constituyente del pueblo e impide a la Asamblea Nacional ejercer sus competencias

constitucionales con evidente violación de la Constitución del 99.

 

Hay que tener en cuenta que la Sala Constitucional no puede ser soberana

como ella pretende serlo, sino que su actuación y comportamiento debe ajustarse a la

Constitución. Pero ella cree falsamente que al ser la última instancia jurisdiccional no

hay posibilidad alguna de control jurídico sobre ella,14cuando precisamente la función

de los artículos 333 y 350 de la Constitución, que se combinan, concilian y conjugan

entre ellos, es habilitar al pueblo y a la representación nacional para, justamente,

ejercer directamente un control constituyente de aquellos órganos del poder público

que se salen o se apartan de la Constitución, mediante el desconocimiento de su

autoridad en aras de la protección de la Constitución.

 

Esta fórmula prevista en la Constitución relativa a su protección tiene como

telón de fondo la soberanía del pueblo y más precisamente su soberanía

constituyente. Que se habilita para actuar directamente en defensa y protección de la

integridad de la Constitución, frente a una violación grosera de ella por abuso o

desviación de poder15que amenaza su efectiva vigencia.16

La distinción es clara, porque la soberanía constituyente del pueblo no se

convoca en este supuesto para modificar o revisar el texto de la Constitución, sino para

organizar su defensa contra actuaciones que la violenten o quieran ignorarla. Aquí la

manifestación constituyente del pueblo es en defensa del pacto constitucional que se

ha dado soberanamente el pueblo contra un ataque frontal contra él. Por lo tanto, la

apreciación de los actos que contrarían la Constitución no es controlable por un

órgano jurisdiccional constituido sino por la soberanía popular directamente, como

 

13 Carré de Malberg. “Teoría general del Estado”. FCE/UNAM. México. 1998. Pág. 1171. (Primera edición en francés

data de 1922)

14 Esta falsa creencia esta erradamente extendida en la clase política y particularmente entre el oficialismo y la

cúpula militar chavista. Aquí en este escrito, con la argumentación que la soporta, la desmentimos jurídicamente de

manera contundente. También la doctrina se pregunta frecuentemente: “¿Quién controla al custodio de la

Constitución?” Ver: José Ignacio Hernández. “¿Puede la Sala Constitucional del TSJ anular a la Asamblea Nacional?”.

Portal Prodavinci. Caracas. 3/11/2015.

15 Ver: Constitución. Art. 139.

16 Ver: Constitución. Art. 333.

 

ocurre en el presente caso, donde la nueva Asamblea Nacional actuando en

representación de la soberanía del pueblo califica el comportamiento de la Sala

Constitucional y la desconoce por contrariar los valores, principios y garantías

democráticos y menoscabar los derechos humanos.

Como lo ha dicho reiteradamente la doctrina jurisdiccional y lo establece la

propia Constitución, la soberanía reside directamente en el pueblo quien la ejerce

directamente o mediante sus representantes.17 En el presente caso, el

desconocimiento de la Sala Constitucional puede producirse por el pueblo

directamente o por intermedio de sus representantes en la Asamblea Nacional, que en

esta situación actúa como un medio de manifestación de la soberanía constituyente

del pueblo, para la defensa de la integridad de la Constitución y el restablecimiento de

su efectiva vigencia.18

 

Es un contexto fáctico muy interesante que resalta la doctrina del Derecho

comparado, ya que es claro que en este tipo de situaciones el cuerpo legislativo

encarna la representación nacional y está actuando en representación de la soberanía

constituyente del pueblo para la defensa y resguardo del pacto constitucional. No se

trata de un poder constituyente concebido para modificar la Constitución, sino de una

manifestación directa de la soberanía constituyente del pueblo en acciones

encaminadas a su protección, como sería en nuestro caso la defensa de la Constitución

antes las inconstitucionales actuaciones de la Sala Constitucional.19Lo cual tiene toda

lógica, luz y legitimidad constitucional, pues se trata precisamente de que la Sala

Constitucional ha arrebatado arbitrariamente las competencias de la representación

nacional, dejando al pueblo sin posibilidad de ejercer su soberanía a través de sus

representantes, es decir, que la Sala Constitucional de esta manera ha impedido que la

soberanía del pueblo se manifieste a través de sus representantes. Por lo tanto, puede

la nueva Asamblea Nacional desconocer en nombre del pueblo que representa a la

Sala Constitucional.

 

En fin, el desconocimiento es una figura distinta a la destitución, que acarrea la

inevitable consecuencia que las autoridades desconocidas no pueden seguir ejerciendo

sus funciones, pues ellas mismas se apartaron del orden constitucional y ello significa

que no se las acata, ni se les reconoce la constitucionalidad de sus actuaciones, ni su

autoridad: han perdido sus atributos como autoridad pública y toda investidura. Si la

Sala Constitucional luego de ser desconocida por la Asamblea Nacional pretende

ejercer sus funciones, se pone en una situación semejante a la de usurpación de

autoridad, cuando una persona sin investidura asume una función pública.20 Porque el

desconocimiento produce el efecto de que a la autoridad rechazada no se le

reconocen los atributos, investidura y competencias que le otorgó la Constitución y la

Ley, ya que, si por su propia voluntad se puso en una situación inconstitucional, ella

misma originó con su proceder la pérdida de toda su jurisdicción. La autoridad objeto

de tal desconocimiento está fuera del poder público y no puede ejercer ninguna

 

17 Ver: Constitución. Art. 5 y 347. Ver: TSJ. “Bases Jurisprudenciales de la Supraconstitucionalidad”. Caracas. 2000.

18 Ver Constitución. Art. 5, 333 y 62.

19 Un caso parecido en su configuración teórica está planteado en España con relación a la disputa por la

independencia de Cataluña, donde los poderes constituidos de la Comunidad Autónoma de Cataluña están

empeñados en contrariar la Constitución española. El Gobierno de España ha advertido reiteradamente que

desconocerá cualquier acción contra el orden constitucional vigente, por parte de cualquiera de las autoridades

autonómicas catalanas.

20 Allan R. Brewer Carías. “Estado de derecho y control judicial”. INAP. Madrid. 1987. Pág. 527.

 

potestad pública; luego si posteriormente al desconocimiento pretende ejercer

funciones públicas se sitúa en un supuesto de usurpación de funciones, y “toda

autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.21

a.- Las razones para desconocer a la Sala Constitucional

Luego de la elección de la nueva Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2015,

la anterior Asamblea Nacional en funciones dominada por el chavismo que venía de

perder contundentemente la mayoría parlamentaria, procedió a designar los

magistrados de la Sala Constitucional violando los procedimientos previstos en la

propia Constitución.22 La cual una vez entrada en funciones, ha dictado una serie

consecutiva de sentencias con el único objetivo de impedir que la nueva Asamblea

Nacional pueda ejercer sus competencias constitucionales tanto legislativas como de

control del poder público;23 y permitir de esta manera al Gobierno chavista seguir

consolidando el llamado Estado socialista.24

 

La Sala Constitucional ha hecho pues una férrea alianza política de sumisión

con el Poder Ejecutivo, para hacer inefectiva la manifestación de la voluntad popular

que eligió a la nueva mayoría en la Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2015. Para

ello ha cercenado las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional

impidiendo el ejercicio de sus potestades y, de esta manera, seguir permitiendo al

Gobierno chavista que ejerza el poder político sin control alguno, se comporte como

un cañón sin control y continúe con sus abusos y desafueros.

 

Con esta conducta y actuación la Sala Constitucional chavista se ha salido de la

Constitución y se ha apartado del Estado de derecho, por lo que es necesario

desconocerla para propiciar el restablecimiento de la efectiva vigencia de la

Constitución. Para lo cual es necesario específicamente, que la nueva Asamblea

Nacional en representación de la amplia mayoría nacional y de la soberanía del pueblo

proceda desconocer a la Sala Constitucional como autoridad y designe una Sala

Constitucional transitoria, hasta tanto sean elegidos regularmente los magistrados de

la Sala Constitucional en estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos.

La Sala Constitucional con sus sentencias ha procedido a realizar una triple

confiscación del poder soberano del pueblo. Por una parte, se ha sustituido a la

Constitución y la ha confiscado, interpretándola a su libre albedrio y modificándola a

su antojo, para eliminar las potestades legislativas y de control sobre los demás

poderes públicos que tiene la Asamblea Nacional, con el único objetivo de concentrar

 

21 Constitución. Art. 138.

22 En este sentido, “El Nacional” de 26/12/2015, trae la siguiente nota: “Dudosa legalidad. Estados Unidos manifestó

su profunda preocupación por la forma cómo se designaron los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de

Justicia. Un funcionario del Departamento de Estado dijo que fueron alterados los procedimientos regulados para la

selección de los juristas. Consideraron que los esfuerzos realizados por el Parlamento saliente para renovar a los

magistrados “son de dudosa legalidad e interfieren en el ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional recién

elegida por mandato constitucional”.

23 Ver en el portal de internet “PRODAVINCI” el magnífico seguimiento y análisis jurídico de estas sentencias que

hace el Profesor José Ignacio Hernández.

24 El concepto de “Estado Socialista” no está previsto en la Constitución, pero es usado permanentemente por el

Poder Ejecutivo al dictar sus actos normativos tanto legislativos como reglamentarios. Con fundamento en el

documento político oficial denominado “Plan de la patria”, que es asumido por el oficialismo como una fuente

normativa. Por ejemplo, ver la Exposición de Motivos de la Ley de impuesto a la grandes transacciones financieras,

dictada por el Presidente de la República, publicada en la Gaceta Oficial número 6210 de 30/12/2015.

 

todo el poder en manos del Presidente de la República. Por otra parte, ha procedido a

confiscar la soberanía política que reside en el pueblo, al impedir que sea ejercida por

los representantes del pueblo constituidos en Asamblea Nacional, y asumir ella las

potestades que le corresponden a la Asamblea Nacional. Y, finalmente, además, ha

confiscado el poder constituyente del pueblo, al anunciar que impedirá cualquier

convocatoria a referendo popular constituyente, para imposibilitar que el pueblo como

árbitro institucional resuelva el grave conflicto entre los poderes constituidos.

Recordemos que el conflicto de poderes planteado en Venezuela obliga a consultar al

poder constituyente para que como árbitro lo resuelva.

 

Siendo esto así, Venezuela ha caído en un vacío institucional de antiderecho,

25 del derecho injusto como fenómeno positivo que viola la Constitución sin

control, debido al comportamiento cismático de la Sala Constitucional que se apartó

de la autoridad reconocida de la Constitución. Así las cosas, se reafirma la doctrina de

Derecho comparado de resistencia al poder injusto,26 ante la degradación sistemática

del orden constitucional auspiciada por la Sala Constitucional al propiciar la expulsión

de la Constitución del terreno que ella ocupa para instalarse como máxima autoridad,

obligando a la Constitución de retirarse para instalar sus propias reglas y pulverizando

el orden constituido. Lo que hace necesario el restablecimiento de la efectiva vigencia

de la Constitución, para lo cual la nueva Asamblea Nacional tiene el deber de

desconocer la autoridad de la Sala Constitucional y designar una nueva Sala

Constitucional transitoria, hasta tanto se regularice la situación conforme a lo

dispuesto en la Constitución.

 

b.- El fundamento constitucional para desconocer una autoridad constituida.

Hemos dicho que la función de los artículos 333 y 350 de la Constitución, que

se combinan, concilian y conjugan entre sí, es habilitar al pueblo y a la representación

nacional para, precisamente, ejercer directamente un control constituyente de

aquellos órganos del poder público que se salen o se apartan de la Constitución,

mediante el desconocimiento de su autoridad en aras de la protección de la

Constitución.

 

También hemos venido esbozando que la Constitución de 1999 se

comprometió profundamente con la teoría del poder constituyente, al punto que

integró en su texto el conjunto de principios que en la doctrina del Derecho

comparado han sido expuestos como su fundamento.27 Así, en los artículos 333 y 350

se consagró el mecanismo de defensa constituyente de la Constitución, es decir, se

instrumentó una acción de protección de naturaleza constituyente de la Constitución

vigente. Diferente a los mecanismos de control jurisdiccional propios del Derecho

constituido, pero prevista para los supuestos como el que nos ocupa, cuando los

mecanismos jurisdiccionales ordinarios se hacen inoperantes e ineficaces para la

protección de la Constitución, por provenir la grave violación de un órgano como la

 

25 Jean Carbonnier. “Flexible Droit”. LGDJ. París. 1983. Pág. 24.

26 Ver: Francisco Rubio Llorente. “La doctrina del Derecho de resistencia frente al poder injusto y el concepto de

Constitución”. En: “Libro homenaje a la memoria de Joaquín Sánchez-Covisa”. UCV. Caracas. 1975. Pág. 905.

27 De ahí que ha surgido un nuevo “Derecho constituyente”, con una lógica y unos principios muy diferentes al

Derecho constituido. El estudio del Derecho constituyente que ordena al poder constituyente es una materia

pendiente a partir de la aprobación de la Constitución vigente. Ver: José Amando Mejía B. “La confiscación del

poder constituyente”. Revista Tachirense de Derecho. UCAT. San Cristóbal. Estado Táchira. 2008. Pág. 101.

 

Sala Constitucional que ella ha creado y que se halla obligada a respetarla. Por tanto,

ante la posibilidad de que se consolide una situación injusta, que colide con la

naturaleza de Estado de Justicia que reconoce la Constitución,28 la propia Constitución

organizo su protección constituyente, mediante el mecanismo de intervención del

poder constituyente establecido en los artículos 333 y 350 de la Constitución.

Por una parte, el artículo 350 señala lo siguiente:

 

“El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la

independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o

autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe

los derechos humanos”.

 

Por otra parte, el artículo 333 señala lo siguiente:

“Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de

fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad,

tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

El desconocimiento de una autoridad que contraríe los valores, principios y

garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos es una figura claramente

reconocida en el artículo 350. Que significa, como hemos explicado, un mecanismo

constituyente de protección de la Constitución activable por el pueblo. Luego como

aquí ocurre, se tienen que producir los hechos por parte de una autoridad pública, en

este caso la Sala Constitucional, que contraríen la Constitución. Precisamente, las

recientes sentencias dictadas por la Sala Constitucional29 le impiden a la nueva

Asamblea Nacional ejercer sus competencias constitucionales,30 particularmente la de

legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las

distintas ramas del Poder Nacional; la de ejercer funciones de control sobre el

Gobierno y la Administración Pública Nacional; o la de decretar amnistías.31 Por lo que

queda en evidencia como la Sala Constitucional ha violado sistemáticamente la

Constitución para evitar que la nueva mayoría parlamentaria pueda ejercer sus

atribuciones constitucionales y pretende concentrar todo el poder público en manos

del Presidente de la República.

 

Por otra parte, la Constitución en el artículo 333 establece que ella no pierde su

vigencia a pesar de las violaciones que pueda sufrir, pero en ese caso, se debe

colaborar y proceder al restablecimiento de su efectiva vigencia mediante,

precisamente, el desconocimiento de la autoridad que ha contrariado a la

Constitución. Como hemos dicho, la Constitución no pierde su vigencia en ninguna

circunstancia por hechos de fuerza o porque se la ignore, pero si no es posible corregir

esas graves anomalías mediante los procedimientos jurisdiccionales existentes,

entonces debe intervenir el poder constituyente para restablecer su efectiva vigencia y

asegurar su integridad desconociendo cualquier autoridad que atente contra ella.

 

28 Constitución. Art. 2.

29 Muchas de ellas en contradicción con los criterios sostenidos por la misma Sala Constitucional cuando la mayoría

parlamentaria estaba en manos del chavismo. Lo que demuestra claramente la violación de la Constitución.

30 Previstas y enumeradas en la Constitución en el artículo 187.

31 Ya el Gobierno chavista ha venido anunciado que se opondrá conjuntamente con la Sala Constitucional a la

aprobación de una Ley de Amnistía para liberar a los presos políticos. Y la Sala constitucional dictó la Sentencia

número 264 del 11/4/2016, que declara inconstitucional la Ley de Amnistía de los presos políticos aprobada el

29/3/2016 por La Asamblea Nacional.

 

c.- La iniciativa de desconocimiento y la designación transitoria de una nueva

Sala Constitucional.

Como toda manifestación del poder constituyente, la iniciativa de

desconocimiento de la autoridad que contraríe los valores, principios y garantías

democráticos o menoscabe los derechos humanos, proviene del pueblo soberano,32

quien puede actuar directamente o por medio de sus representantes.33

Particularmente el artículo 333 de la Constitución establece que todo ciudadano

investido o no de autoridad tiene el deber de intervenir para restablecer su efectiva

vigencia. Luego está claro que la Asamblea Nacional como órgano representativo del

pueblo tiene la iniciativa para desconocer a la Sala Constitucional, sobre todo por la

circunstancia de que es la autoridad que le ha arrebatado sus competencias

constitucionales.

 

La Asamblea Nacional puede y debe proceder a desconocer a la Sala

Constitucional actuando como órgano del poder público e integrado como cuerpo

legislador por los diputados electos representantes del pueblo. A quienes la Sala

Constitucional les impide con su proceder ejercer el mandato representativo otorgado

por el pueblo y que por lo tanto tienen, también, el deber individual de desconocer a la

Sala Constitucional.

 

De aquí surge el deber de restablecimiento de la efectiva vigencia de la

Constitución, que obliga a la Asamblea Nacional a dictar una “medida constituyente de

restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución” y proceder a designar una

Sala Constitucional transitoria, hasta que los nuevos magistrados sean designados

regularmente por los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes; y

teniendo en cuenta que es competencia constitucional natural de la Asamblea

Nacional el elegir a los integrantes de la Sala Constitucional.34 Todo en virtud de la

habilitación otorgada por el artículo 333 de la Constitución, al exigir la colaboración de

los ciudadanos investidos de autoridad pública en el restablecimiento de la efectiva

vigencia de la Constitución y para asegurar su integridad.

 

2.- Los efectos políticos constitucionales.

Si se produce un desconocimiento constituyente de la Sala Constitucional, la

naturaleza y las consecuencias de tal pronunciamiento tienen naturaleza constituyente

y será por tanto un pronunciamiento de carácter supraconstitucional, irrevocable y

fuera del alcance y control de cualquier otro poder público.35 Porque dentro del orden

constitucional venezolano, no hay ninguna posibilidad de que ningún órgano del poder

público constituido pueda controlar efectivamente una manifestación del poder

constituyente hecha directamente por el pueblo o por medio de la Asamblea Nacional.

Luego ese pronunciamiento además de incontrolable por otro Poder es

irreversible, porque si es precisamente la Sala Constitucional la autoridad agresora y

32 Constitución. Art. 350.

33 Constitución. Art. 5 y 62.

34 Constitución. Art. 264.

35 No hay duda que tal pronunciamiento tiene carácter supraconstitucional porque proviene directamente del

poder constituyente del pueblo. Ver: TSJ. “Bases Jurisprudenciales de la Supraconstitucionalidad”. Caracas. 2000.

 

violadora del orden constitucional, que con sus sentencias le impide a la Asamblea

Nacional el ejercicio de sus competencias constitucionales, su restablecimiento

constituiría una nueva inconstitucionalidad.

 

Esta protección constituyente de la Constitución es para el Derecho comparado

una manifestación del Derecho de resistencia frente a la opresión y constituye una

conexión entre este “ius resistendi” y el orden constitucional establecido. Se trata de

un despliegue constituyente del Derecho de resistencia al poder injusto. Por ello, el

desconocimiento de la Sala Constitucional se entiende como la negación a aceptar la

pretensión a la legitimidad de su autoridad y el rechazo a someterse a la injusticia de

su actuación.

 

El desconocimiento constituyente de una autoridad como la Sala Constitucional

se encuadra pues en el Derecho comparado, dentro de la teoría de la resistencia frente

al poder injusto, en aquel supuesto donde la lucha es contra quien “aun teniendo

título para el ejercicio del poder, actúa de modo injusto”.36Y que la propia Constitución

articula su protección con la acción constituyente de resistencia-desconocimiento

contra una autoridad “cuya injusticia ha anulado la posible legitimidad

originaria”.37Teniendo en cuenta además que la Sala Constitucional, como hemos

dicho, debido a la manera como fueron designados los magistrados que la integran

carece de toda legitimidad de origen.

 

a.- El conflicto de poderes: Dos Salas constitucionales respaldadas por

poderes diferentes.

El desconocimiento de la Sala Constitucional por la Asamblea Nacional pone en

evidencia y a la luz del día el serio conflicto de poderes existente en Venezuela. Lo que

se complicará enormemente en el momento que tal pronunciamiento no sea aceptado

por los demás poderes del Estado y, como es de prever, el Poder Ejecutivo pretenda

por la fuerza y con amenazas imponer su autoridad para mantener a la actual Sala

Constitucional como órgano constituido.

 

Como hemos advertido, un pronunciamiento constituyente es incontrolable por

los poderes constituidos38 y no tiene ninguna posibilidad de ser revertido

jurídicamente por un órgano del poder constituido ni con el uso de la fuerza, caso en

el cual, sería el Poder Ejecutivo el que se pondría en la misma situación que la Sala

Constitucional y susceptible de ser también desconocido por el pueblo. Al elevarse el

conflicto al nivel constituyente adquiere esencialmente una naturaleza política, porque

no hay ningún Derecho positivo que pueda aplicarse para resolverlo. Recordemos que

como dice la doctrina por encima de la Constitución hay un nada jurídico y todo el

Derecho constituyente es de naturaleza política.

 

A nivel internacional se podrá apreciar la gravedad del conflicto institucional

venezolano al observar que existen dos Tribunales Constitucionales: uno respaldado

 

36 Francisco Rubio Llorente. “La doctrina del Derecho de resistencia frente al poder injusto y el concepto de

Constitución”. En: “Libro homenaje a la memoria de Joaquín Sánchez-Covisa”. UCV. Caracas. 1975. Pág. 902.

37 Francisco Rubio Llorente. “La doctrina del Derecho de resistencia frente al poder injusto y el concepto de

Constitución”. En: “Libro homenaje a la memoria de Joaquín Sánchez-Covisa”. UCV. Caracas. 1975. Pág. 912.

38 Recordemos que según la doctrina de Sieyès la soberanía popular consiste esencialmente en el poder

constituyente del pueblo. Y que, “el pueblo al conservar en sus manos el poder constituyente, no queda obligado

por la Constitución: ésta podrá obligar a las autoridades constituidas, pero no puede encadenar al soberano mismo,

o sea al pueblo, que siempre es dueño de cambiarla”. Carré de Malberg. “Teoría general del Estado”. FCE/UNAM.

México. 1998. Pág. 1165.

 

por el Presidente de la República39 y otro transitorio respaldado por la Asamblea

Nacional. A nivel interno, la existencia de dos Salas Constitucionales como cabezas del

orden jurisdiccional provocará una confusión y un caos interno en el poder judicial. Por

más que el Poder Ejecutivo pretenda obligar al Poder Judicial a reconocer a la Sala

Constitucional chavista, bajo todo tipo de amenazas contra sus funcionarios como es

su reiterada práctica política, eso no será suficiente para recuperar la legitimidad

perdida y el desvío del conflicto dentro del poder judicial no será fácilmente

controlable por el Poder Ejecutivo.

 

La paralización del servicio de justicia por la presión ciudadana y por el conflicto

de poderes se constituiría en una disputa política mayor. Y como es de prever, cuando

el Poder Ejecutivo ordene el cierre militar de la Asamblea Nacional y el

acuartelamiento del Poder Judicial, entonces estaremos al borde del derrumbe final de

los pocos escombros que quedan del precario Estado de derecho venezolano.

Pero la oposición democrática que con lucidez política ha tenido siempre como

hoja de ruta respetar el marco constitucional en sus actuaciones, debe entonces

indicar el camino designando una Sala Constitucional transitoria hasta tanto se

proceda conforme a los procedimientos establecidos a su designación regular. Para,

como hemos dicho,40 mantener la continuidad de la función jurisdiccional, defender el

hilo constitucional y conservar la legitimidad democrática de sus actuaciones. En este

caso lo que hace la Asamblea Nacional es aplicar al máximo la lógica institucional que

la Constitución autoriza y establece, haciendo entrar al poder constituyente para

proteger a la Constitución y restituir su efectiva vigencia.

 

b.- La solución militar y represiva del conflicto y la teoría de la disuasión.

Ante el conflicto y la eventual paralización de los poderes públicos,41el

Gobierno chavista seguramente va a recurrir a la fuerza militar para dominar la

situación política. No es difícil de imaginar lo que conlleva la definitiva toma del control

del Estado por los militares, a menos que la cúpula militar sopese con cuidado lo que

ello significa. Indudablemente que el Gobierno chavista desea arrastrar a los militares

a una toma final y brutal del control del poder político y establecer definitivamente la

dictadura militar revolucionaria, según el modelo político cubano que tanto admira y al

cual está carnalmente entregado.

 

Para lo cual, los militares saben que tendrán que desencadenar una dura, larga

y masiva represión política con el objetivo de instalar y consolidar una clásica

 

39 La designación de los magistrados de la Sala Constitucional, como hemos anotado, ha sido producto de una

manipulación descarada del poder legislativo y del Tribunal Supremo de Justicia por el Presidente de la República. Si

bien la Sala Constitucional fue formalmente designada por la anterior Asamblea Nacional con mayoría chavista, en

la realidad política fue designada por el Presidente de la República con la mayor desvergüenza.

40 Conforme al artículo 333 de la Constitución, la Asamblea Nacional tiene la obligación de colaborar con el

restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución, lo que la habilita para hacer lo necesario para

restablecer el orden constitucional como sería designar una autoridad transitoria.

41 De hecho la Asamblea Nacional está paralizada como consecuencia de las sentencias de la Sala Constitucional y

seguirá inmovilizada por el resto del periodo parlamentario, reduciéndose su actividad a ser la sede de un foro

público de debate y discusión política. La idea cínica y burlona del chavismo es solo permitirle a la mayoría

parlamentaria que siga cantando sus quejas y críticas políticas durante los próximos cinco años que dura el mandato

legislativo, como “il castrato” o un eunuco, en una especie de discurso-terapia política permanente, pero sin

ninguna posibilidad de ejercer sus competencias legislativas ni de control del poder público.

 

dictadura militar latinoamericana como la que existe en Cuba.42 Pero hay que

preguntarse si los militares venezolanos pueden y tienen con qué conducir el conflicto

por el camino de la represión política para poder instalar la dictadura definitiva? No

hay la menor duda que la dictadura final es el objetivo querido por los cogollos

militares43 y por ello sus públicas amenazas y permanentes declaraciones van por este

camino. Pero, particularmente, creo que la pregunta podemos formularla de la

siguiente manera: ¿Tienen los militares llegado el caso, la capacidad política,

operacional y represiva para instalar y mantener en Venezuela una masiva y sangrienta

dictadura militar al estilo cubano? En mi opinión no la tienen.

 

Aquí es donde funciona el concepto de la ciencia política comparada de la

“disuasión política” frente a un oponente que es más fuerte.44 Si bien el gobierno

chavista es fuerte pues constitucionalmente tiene el control de la fuerzas armadas, 45

es muchísimo más débil políticamente por tener un apoyo popular mucho menor que

la oposición democrática. Y cabría preguntarse si los militares venezolanos en su

conjunto están dispuestos a acompañar a los chavistas en su locura de desatar una

guerra civil en Venezuela y a provocar la destrucción del país como lo ha hecho su

aliado el dictador de Siria? 46 Los militares tendrían que considerar lo que significa no

para el pueblo sino para los propios militares la pretensión de instalar una cruenta

dictadura.

 

Indudablemente que con el desconocimiento de la Sala Constitucional por

parte de la Asamblea Nacional la temperatura política va subir, pero, en mi opinión,

este recalentamiento va a funcionar como un disuasivo frente a la cúpula militar

chavista,47 que tendrá que decidir si se embarca en una dictadura o se reconduce al

camino constitucional.48

 

Es mi opinión que frente a una motivada movilización popular, masiva y

nacional, en respaldo a la democracia constitucional, los militares venezolanos se

verán obligados a regresar a la senda de la Constitución, al Estado de derecho y a la

democracia. Pues, por una parte, la gobernabilidad de Venezuela está en el suelo y el

gobierno militar no tiene ni tendrá en el mediano plazo, los recursos financieros para

enfrentar los graves problemas sociales y económicos que tiene el país; y, por otro

lado, como he dicho, las fuerzas armadas no tienen la capacidad política para instalar

en Venezuela una dictadura y desatar una guerra civil. Esa posibilidad quedó en el

pasado cuando el chavismo era poderoso al disponer de ingentes recursos petroleros,

influencia internacional y tenía amplio apoyo popular. Pero, ahora sin recursos,

 

42 El presidente de Cuba Raúl Castro no se cansa de repetir públicamente que Venezuela está en la misma situación

que cuando comenzó la revolución cubana.

43 Sobre todo aquellos que están aliados al narcotráfico, al enriquecimiento ilícito y a los intereses económicos

cubanos. Ver: Marcos Tarre y Carlos Tablante. “Estado Delincuente”. Caracas. 2013.

44 Concepto acuñado en Francia por el General De Gaulle. Que significa tener una fortaleza específica en un área

determinada para disuadir al oponente de cometer una agresión. La disuasión gaulista era el arma nuclear francesa.

45 La oposición democrática no tiene armas y el gobierno además de las fuerzas armadas se apoya descaradamente

en colectivos armados y violentos.

46 Cualquiera entiende que no es lo mismo instalar una dictadura en una isla del Caribe que en un territorio de

amplias fronteras como Venezuela, donde la eventual circulación y tráfico de armamento para alimentar los bandos

en conflicto no representaría mayor problema. Actualmente esta situación es observable en Ucrania y en todos los

países de la primavera árabe.

47 Sometida vergonzosamente a la jefatura de los militares cubanos como el general Ramiro Valdés “Ramirito”,

procónsul asignado a Venezuela, ex director de la prisión de la Cabaña durante los fusilamientos, que según la

revista francesa “L’Express” es conocido en el Caribe como “charco de sangre”, por ser el hombre clave de la

represión cubana durante medio siglo. Ver: “L’Express”. Paris. Francia. Publicaciones de 5/2/2010 y 8/2/2010.

48 Ya ocurrió con las elecciones del 6 de diciembre de 2016 que los militares se vieron obligados a respetar.

 

agobiados por su pésima gestión gubernamental, desprestigiados por una inmensa e

indecente corrupción y sin apoyo del pueblo, no tienen los elementos necesarios para

embarcarse en la aventura de instalar en Venezuela una dictadura, salvo con el empleo

de la fuerza bruta y sin tener garantías de que lo puedan hacer con éxito.

Dicho esto, la propuesta de que la Asamblea Nacional desconozca a la Sala

Constitucional será el detonante para clarificar y sincerar la crisis política y

constitucional venezolana sin derramamiento de sangre, por la carga disuasiva que ella

tiene y porque abre un camino que permite a los militares regresar al Estado de

Derecho. Pero hay que enfrentar con decisión la situación actual para que en el caso

extremo, los militares reconozcan y respeten el orden constitucional y se dobleguen

ante la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano.

 

c.- El arbitraje constituyente del conflicto.

La normalización definitiva de la crisis política causada por el conflicto de

poderes podrá lograrse mediante la realización de un referendo popular constituyente,

que transforme a la nueva Asamblea Nacional en una Constituyente.49

Dentro de las diferentes opciones que se están estudiando con el objeto de

encontrar una solución a la crisis política venezolana, hemos planteado la propuesta de

que la nueva Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 se transforme en

una Asamblea Constituyente; dada la imposible cohabitación institucional de los

poderes públicos constituidos y el grave conflicto político entre el Gobierno y la nueva

Asamblea Nacional.

 

Situación frecuente en la historia de los sistemas políticos latinoamericanos,

debido a la rigidez de la separación de poderes que caracteriza a estos regímenes

políticos de gobierno presidencialistas.50 Que al no tener una solución constitucional

fluida, hace necesario recurrir al poder constituyente para buscar y abrir una salida

política y construir una solución institucional al grave conflicto entre los poderes

constituidos. La experiencia histórica comparada demuestra que cuando ocurren estas

crisis de alta intensidad colapsa el sistema político y se derrumban las democracias.51

La legitimidad representativa de la nueva Asamblea Nacional es enorme.

 

Probablemente sea la Asamblea legislativa de mayor legitimidad política y democrática

electa en la historia de Venezuela y sin duda de la era democrática. Lo que la habilita

ampliamente como órgano colegiado para asumir el poder constituyente, si el pueblo

mediante referendo así lo decide. Tal posibilidad puede surgir y nacer de un referendo

popular consultivo convocado conforme a lo previsto en el artículo 71 de la

Constitución, o de un referendo popular aprobatorio convocado dentro del marco de

un procedimiento de enmienda52 o de reforma constitucional.53

 

Pero el problema no termina aquí, ya que en mi opinión, la nueva Asamblea

Nacional una vez transformada en Constituyente debe proceder a modificar el régimen

político presidencial y transformar a Venezuela en una moderna democracia

parlamentaria y generar el cambio verdadero al que aspiran los venezolanos. Además,

 

9 Como lo he explicado en el trabajo antes referido denominado: “La vocación constituyente de la nueva asamblea

Nacional”. Caracas. Febrero 2016.

50 Ver: Juan Linz y Arturo Valenzuela. “Las crisis del presidencialismo”. Alianza Editorial. Madrid. 1997.

51 Ver: Juan J. Linz. “La quiebra de las democracias”. Alianza Editorial. Madrid. 1987.

52 Constitución. Art. 341.

53 Constitución. Art. 344.

 

durante el periodo de transición entre una Constitución y otra, la Constituyente podrá

intervenir los poderes constituidos para reconstruir la vida institucional, económica y

social de Venezuela sumida en un verdadero caos.

 

Conclusión: Actuar frente a la pérdida de vigencia de la Constitución.

La oposición democrática ha actuado aferrada a la Constitución y predica con

mucho acierto que no se saldrá del marco constitucional. Ahora, ante una situación

política tan complicada como la existente en Venezuela, la Constitución ofrece

soluciones enmarcadas dentro de ella que la oposición democrática no puede ignorar,

dejar de discutir ni descartar, sin estudiarlas cuidadosamente y más bien en mi opinión

tiene la obligación de implementar.54

 

El desconocimiento de la Sala Constitucional por la nueva Asamblea Nacional es

un impecable mecanismo constitucional indudablemente legítimo, incuestionable

jurídicamente y necesario políticamente. Es más, la Asamblea Nacional tiene la

obligación de activarlo para restablecer la efectiva vigencia de la Constitución y si no lo

hace quebrantaría a su vez la Constitución, al someterse a una autoridad que como

órgano del poder público ha violado gravemente la Constitución que estaba obligada

de garantizar y respetar. ¿Cómo es posible que un parlamento no pueda dictar la ley

porque un tribunal constitucional se lo impida? Una violación más clara de la

Constitución no puede existir y es una prueba fehaciente de que la Constitución del 99

perdió su efectiva vigencia.

 

No se puede aceptar que la oposición democrática se abstenga y deje de

recurrir a las soluciones constituyentes y constitucionales porque no las comprende,55

o porque el Poder Ejecutivo amenaza con la represión y la guerra civil. La amenaza56 y

la represión57 han sido la actitud y la conducta política permanente del chavismo en el

poder, para ejercer la dominación política sobre la sociedad venezolana y para tener

las manos libres para cometer todo tipo de abusos y desafueros, durante los diecisiete

años que dura su permanencia en el poder. Pero estas circunstancias dramáticas y

peligrosas no pueden impedir que se activen los mecanismos constitucionales y

constituyentes que permiten el desconocer a la Sala Constitucional como autoridad.

 

54 Tengo la amarga experiencia de constatar que la mayoría de las veces, los dirigentes políticos y económicos

venezolanos descartan rápida y sin mayor consideración, opiniones, opciones, posturas y planteamientos que hacen

otros estudiosos y observadores de la vida política venezolana. No se abren a la discusión y solo se escuchan entre

ellos mismos. Situación que los politólogos de la Universidad de Harvard y del MIT denominan: “la ley de hierro de

las elites políticas latinoamericanas”. Ver: Daron Acemoglu y James A. Robinson. “WHY NATIONS FAIL”. Crown

Business. New York. 2012. Y la doctrina venezolana llama “El sistema de conciliación de élites”. Ver: Juan Carlos Rey.

“La Democracia venezolana y la Crisis del Sistema Populista de Conciliación”. “Revista de Estudios políticos”. N. 74.

Madrid. 1991. Pág. 542-544.

55 Los mecanismos están previstos en los artículos 333 y 350 de la Constitución. No se puede caer en el simplismo

de ignorarlos y no aplicarlos porque no se han estudiado cuidadosamente, o no se comprenden como técnica

jurídica, o porque la opinión pública se ha hecho de ellos una idea distorsionada, falsa o banal.

56 El difunto Hugo Chávez gritaba y amenazaba permanentemente que: “esta es una revolución pacífica pero

armada”. Igualmente la existencia de los llamados “colectivos chavistas” que son grupos armados por el oficialismo,

se dedican a infundir miedo, a intimidar políticamente y a reprimir violentamente a la población. Hay numerosas

fuentes disponibles que fundamentan estas afirmaciones y, por ejemplo, el hecho de que muchos manifestantes

opositores han sido heridos en la cabeza y asesinados por francotiradores, ha infundido terror en la sociedad

democrática que se abstiene a salir a la calle a protestar. Ver: Marcos Tarre y Carlos Tablante. “Estado Delincuente”.

Caracas. 2013.

57 Es bien conocido que las cárceles venezolanas están llenas de presos políticos y miles de venezolanos están

siendo procesados penalmente por razones políticas.

16

 

Los dispositivos normativos están en el texto constitucional y una vez cumplidos los

supuestos para que se activen, como ocurre en la presente situación, la nueva

Asamblea Nacional está en el deber y en la obligación de implementarlos y activarlos.

Aun bajo la amenaza de represión y encarcelamiento de la dirigencia opositora por el

régimen militar y policial chavista.

 

La Sala Constitucional violó la Constitución al quitar y arrebatar la fuerza

normativa de la Constitución,58 para asumirla como propia y subyugar el texto

constitucional para acomodarlo a su libre albedrío y a los intereses del Presidente de la

República. La Constitución no es un una norma complaciente ni acomodaticia a los

intereses del Poder Ejecutivo, ni un paraíso normativo donde el Presidente de la

República como jefe del gobierno puede hacer lo que le da la gana, actuar sin control e

ignorar las competencias de los otros poderes del Estado. La fuerza normativa de la

Constitución es la misma que obliga a la Sala Constitucional, a los demás poderes

públicos y a todos los venezolanos. Los miles de abogados, juristas, profesores

universitarios y estudiantes de derecho venezolanos, no van a aceptar teóricamente ni

en la realidad profesional la autoridad de la Sala Constitucional en su pretensión de

transformarse en un órgano por encima de la Constitución, ni en un poder

constituyente de hecho, ni en una autoridad supraconstitucional.

 

Además, hay que tener en cuenta, que el conflicto de la Asamblea Nacional con

la Sala Constitucional es de naturaleza constituyente, en tanto que el conflicto de la

Asamblea Nacional con el Presidente de la República es un conflicto dentro del poder

constituido. Por lo tanto, no pueden ser tratados ni considerados de la misma manera

ni tienen la misma perspectiva y solución constitucional. Confundirlos y manejarlos del

mismo modo es un error. Por ello, el conflicto de la representación nacional con la Sala

Constitucional está situado a un nivel superior y la manera de abordarlo es

completamente diferente a como se enfrenta el conflicto con el Presidente de la

República, que es un problema de regulación de las competencias y de respeto de las

atribuciones de cada quien. En tanto que el conflicto con la Sala Constitucional es una

situación inconstitucional de abuso, amputación, usurpación y confiscación del poder

público que la Constitución le ha otorgado a la Asamblea Nacional.

 

La legitimidad política de la Asamblea Nacional como representativa del poder

constituyente del pueblo en este supuesto de protección de la Constitución vigente, es

muy superior y casi incomparable con la legitimidad que pudiera aspirar a tener

cualquiera de los otros órganos de los poderes públicos del Estado, por su naturaleza

política de ser el órgano representativo de la voluntad popular dentro de la

democracia representativa.59 Además, la asamblea Nacional tiene una enorme

legitimidad política efectiva y fáctica, como dice la doctrina, derivada de los comicios

efectuados el 6 de diciembre de 2015, que le dio una amplia mayoría a la oposición

democrática, lo que la hace el eje de la democracia representativa venezolana.

El Gobierno chavista pretende repudiar, rechazar y arrinconar a la mayoría

parlamentaria de la oposición democrática que surgió de las elecciones del 6 de

58 Ver el concepto de Constitución normativa en: Elizabeth Zoller. “Droit constitutionnel”. Puf. París. 1998.

59 Recordemos que el Presidente de la República es un simple Jefe de Gobierno electo por el pueblo directamente y

cuyas funciones son fundamentalmente ejecutivas. Su legitimidad que deriva también de una elección popular lo

habilita para presidir el Gobierno que es el órgano del Poder Ejecutivo y tiene sus funciones establecidas en la

Constitución. Por el principio de la separación de poderes cada uno de ellos tiene sus funciones propias. Situación

que ha sido alterada de manera radical por las decisiones de la Sala Constitucional, por lo que la Asamblea Nacional

se ve obligada entonces a desconocerla.

 

diciembre de 2015, y procura que este trabajo sucio lo haga el Tribunal Supremo de

Justicia, haciendo recaer en la Sala Constitucional todo el peso de la trama de su

autoritaria supremacía y dominación sobre los otros poderes públicos.

La Sala Constitucional ha utilizado sus sentencias con el firme propósito de

provocar una degradación de la Constitución, al generar un vaciamiento y deterioro de

la institucionalidad de la Asamblea Nacional que se ha hecho irreversible y contra el

cual es vano luchar con los mecanismos del Derecho constituido. Mientras que en el

plano constituyente si cabe el legítimo combate, pues la degradación es producto de

una autoridad como la Sala Constitucional que le ha hecho perder a la Constitución su

efectiva vigencia. La propia Constitución prevé un proceso de protección para depurar

las autoridades que por su comportamiento desviado han degradado el sistema

constitucional y que la Constitución acertadamente llama: “la pérdida de su efectiva

vigencia”. La separación artificial hecha por la Sala Constitucional entre la Constitución

y las competencias y funciones de la propia Sala y el hecho que ésta se erija por

encima de la Constitución haciéndole perder su vigencia, al ejercer sus funciones con el

objeto de preservar y concentrar todo el poder público en el Presidente de la

República ha provocado su degradación, olvidando que el concepto de Constitución es

una forma política en la que “el poder está dividido y los derechos fundamentales

garantizados”.60

 

La amplia mayoría política que tiene la oposición democrática en la Asamblea

Nacional le permite desconocer a la Sala Constitucional. Si procede en este sentido, la

nueva Asamblea Nacional será el líder colectivo que Venezuela requiere y necesita

para rescatar su Estado de derecho, su democracia y su dignidad. El país entero estará

pendiente para seguir el liderazgo político de la nueva Asamblea Nacional y provocar

un profundo cambio en la conducción del destino de los venezolanos. Pero si la nueva

Asamblea Nacional no asume sus responsabilidades y acepta que la Sala Constitucional

le siga arrebatando sus competencias constitucionales, se estará conformando con ser

un órgano más de la estructura institucional de la dictadura chavista y colaboradora

con su consolidación. De cómo reaccione la Asamblea Nacional ante este dilema

depende el futuro de nuestro Estado de derecho y de la democracia.

 

Caracas. Abril 2016.

 

60 Francisco Rubio Llorente. “La doctrina del Derecho de resistencia frente al poder injusto y el concepto de

Constitución”. En: “Libro homenaje a la memoria de Joaquín Sánchez-Covisa”. UCV. Caracas. 1975. Pág. 909.

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