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Esta condena, que puede llevar a prisión al director del periódico, marca un retroceso para la libertad de expresión en el país. Ipys Venezuela rechaza que el gobierno utilice el sistema judicial para silenciar a los medios de información venezolanos

#AlertaIPYSVe  Censura Indirecta por Poderes No Estatales |

IPYS Venezuela rechaza la pena impuesta al diario del estado Bolívar, el Correo del Caroní y su director David Natera Febres, condenados luego de enfrentar -por dos años y ocho meses- una demanda por difamación e injuria al informar sobre hechos de corrupción de la empresa estatal Ferrominera del Orinoco -que fueron reconocidos y sancionados en su momento por el Estado venezolano-.

Desde esta organización, insistimos en que esta condena -que deriva en censura para la cobertura en materia de corrupción- es regresiva para la libertad de expresión y pone en riesgo el ejercicio del periodismo, como un oficio natural para escrutar el poder y de contraloría social. Reiteramos que la justicia no debe ser utilizada para castigar la labor de medios y de periodistas. El sistema de justicia debería proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados -de manera pertinente adecuada y oportunamente- sobre los asuntos de interés público, y no aplicar penas por difamación. Estos delitos deben ser eliminados de la legislación nacional de acuerdo al exhorto que hizo al Estado Venezolano el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en julio de 2015. Este mismo llamado ha sido reiterado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diversas oportunidades.

Sentencia de madrugada

Tras 20 horas del juicio, el tribunal dictó sentencia durante la madrugada. La decisión estuvo a cargo del juez Beltrán Javier Lira, quien condenó a David Natera Febres a cuatro años de prisión por el delito de difamación e injuria, tras una demanda que ejerció Yamal Mustafá, presidente y dueño de Primicia, otro medio regional privado, cuya línea editorial simpatiza con los intereses del gobierno regional. Se ordenó también la prohibición de salida del país del editor de 72 años, y su presentación periódica ante los tribunales de la región.

El abogado de Correo del Caroní informó que la sentencia mantiene la medida de censura impuesta en contra del diario en 2013, que le impide publicar informaciones en las que se vincule a Mustafá, específicamente, con el caso de corrupción en Ferrominera Orinoco. Calzadilla consideró que la sentencia emitida representa una “atrocidad” para la labor periodística y las libertades fundamentales de los ciudadanos. “Este precedente pudiese ser un nuevo ensayo para terminar de silenciar a todos los directivos” y editores de los medios de comunicación.

Se presentaron las pruebas por parte del demandante y también de parte del Correo del Caroní. Sin embargo, no permitieron que el diario presentara las pruebas, con los trabajos de investigación, que refutaban la motivación de la demanda. El juicio duró alrededor de 20 horas, no fue grabado, aunque era de carácter oral y público, según declaró a IPYS Venezuela Eliecer Calzadilla, uno de los abogados que lleva el caso. Luego de dos años y ocho meses de interpuesta la demanda, el caso debió haber prescrito judicialmente, peo este alegato de la defensa que no fue admitido por el Tribunal Sexto de Juicio, de acuerdo a su relato.

De acuerdo al fallo, sobre el Correo del Caroní pesa una multa de 1.137 unidades tributarias, que equivalen a 201.249 bolívares (aproximadamente 1.000 dólares al cambio oficial, al tipo de divisas complementarias, fluctuante, que para el momento se ubicó en 200 Bs. por dólar).

Lea el trabajo completo:
Sentencia de madrugada / Justicia expedita para callar casos de corrupción / Juicio viciado /  Una estrategia que se ha copiado / Resumen procedimientos judiciales a medios y periodistas en Venezuela

 

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