crisis Brasil

En esta columna, Fernando Cardim de Carvalho, economista y profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, analiza la situación política de Brasil y sostiene que el país se encuentra en un punto muerto, ya que ningún partido político tiene la fuerza suficiente o el interés para hallar una estrategia política alternativa que sea mejor y más promisoria.

Por Por Fernando Cardim de Carvalho |English version

Fernando Cardim de Carvalho

Fernando Cardim de Carvalho

RÍO DE JANEIRO, 27 ago 2015 (IPS) – Mientras que la situación política en Brasil parece alcanzar un estado de equilibrio inestable, o más directamente, que la inestabilidad se transforma en un punto muerto, la economía sigue deteriorándose.

La agudización de los conflictos políticos que podrían conducir al colapso absoluto de la economía parece haberse atenuado por el traspaso, el 7 de abril, del poder político real de la presidenta Dilma Rousseff al vicepresidente Michel Temer.

Temer logró traer de vuelta al bando gubernamental a Renan Calheiros, el presidente del Senado federal, con un pacto de reparto de poder destinado a aislar al presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, quien asumió una postura mucho más radical.

El acuerdo ha funcionado hasta el momento.

La presión para que la presidenta dimita o para que los órganos competentes inicien los procedimientos de juicio político parece haber alcanzado su límite.

La oposición popular a la administración federal, que tiene su fuerte en São Paulo – como se demostró en las manifestaciones masivas de marzo y abril y, más recientemente, del 16 de agosto – no tuvo el crecimiento de bola de nieve que sus dirigentes esperaban.

En suma, las posiciones parecen haberse solidificado a medida que se alcanzó cierto grado de acuerdo político.

El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) tomó la delantera del lado del gobierno, y la oposición formal a Rousseff, incluido el partido que lidera nominalmente a la oposición, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), se congregó en torno a Cunha, que sigue siendo su mejor esperanza para la vía hacia el juicio político.

En este punto las manifestaciones callejeras no parecen capaces de cambiar el panorama. Sin embargo, cabe señalar que solo la oposición fue capaz de organizar protestas multitudinarias. Los intentos de los grupos progubernamentales de hacer lo mismo a favor del gobierno fueron pocos y de escaso éxito.

En este contexto, la economía brasileña sigue deteriorándose. El impacto contractivo del ajuste fiscal fue mayor de lo esperado porque nadie puede prever lo que vendrá, aunque, de hecho, se implementarán las medidas anunciadas, mientras que las dificultades actuales, incluidas las fiscales, seguirán creciendo.

El gobierno federal no logró aprobar las medidas de contracción que, según argumentaba, eran esenciales, generando así un callejón sin salida por el cual se prevé que el éxito del gobierno será muy malo para el país, pero su fracaso aun peor.

Muchos economistas pronostican una caída del producto interno bruto (PIB) en 2015 cercana a dos por ciento, y postergan la posibilidad de recuperación hasta 2017, al menos.

Si esta contracción realmente sucede será una de las recesiones más graves de la historia reciente, mucho peor que la sucedida en 2008 y 2009.

Los motivos son complejos y el gobierno tiene razón, en parte, al apuntar al empeoramiento del escenario externo. China ya no puede impulsar el avance de Brasil. La recuperación de la economía estadounidense es débil y volátil. Europa no logra superar sus fosiizados puntos de vista sobre las virtudes de la austeridad, lo que hace trastabillar a toda la zona.

Por supuesto, esta excusa solo es válida hasta cierto punto.

Muchos analistas llamaron la atención de las autoridades gubernamentales al hecho de que el crecimiento durante los dos mandatos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) se desvanecería si China perdía su impulso, lo que ha ocurrido.

El país perdió la oportunidad de realizar inversiones, sobre todo en infraestructura, lo que habría aumentado su capacidad productiva.

Con ese fin deberían haberse aplicado sistemáticamente políticas industriales eficientes, expandido la inversión pública y buscado políticas cambiarias constantes para modificar la imagen de la sobrevaluación que asfixia a la manufactura nacional, con vaivenes, desde que se implementó el Plan Real en 1994.

Prácticamente nada de esto se llevó a cabo.

Se anunciaron planes de inversión sin consecuencia alguna, los fabricantes nacionales se convirtieron cada vez más en importadores, y las carreteras, los puertos y la producción de energía se rezagaron ante las necesidades reales, mientras que el gobierno presentaba las medidas para aumentar el endeudamiento y ampliar el consumo como una combinación exitosa de políticas socioeconómicas.

En los dos últimos años del primer mandato de Rousseff (2011-2014), estas políticas ni siquiera lograron elevar las tasas de crecimiento y el PIB se estancó a medida que el gobierno intentaba reactivar la economía recurriendo cada vez más a los trucos, en particular a los de carácter contable, y al reparto de favores a sectores con conexiones políticas.

En gran medida, el retorno a la austeridad fue motivado por la incapacidad para reactivar la economía, que duplicó la apuesta por las políticas erradas. Las medidas de austeridad en una economía en contracción solo pueden acelerar la caída. Pero la disolución del poder político de la presidenta triplicó esa apuesta.

Nadie puede creer que Rousseff tiene el poder de emprender realmente una trayectoria política alternativa. De hecho, si la alternativa a la austeridad es volver a lo que hizo en su primer mandato, la mandataria no encontrará quién la apoye, excepto, quizás, en el bando cada vez menor de sus creyentes incondicionales.

Así que el país se encuentra en un punto muerto. Ningún partido político parece tener la fuerza suficiente o el interés para hallar una estrategia política alternativa que sea mejor y más promisoria.

Los rivales más radicales – el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y el PSDB – se enfrascaron en un juego de culpas mutuas, en el intento de determinar cuál de los dos presidentes, Fernando Henrique Cardoso o Lula, había sido peor.

Ninguno de ellos parece tener nada que ofrecer.

El PMDB no se ocupa de las estrategias mayoristas y parece estar más interesado en las minoristas. Dada la fuerte pérdida de confianza en el PT y sus líderes, Lula incluido, el partido parecería estar excluido de todo acuerdo de poder que pueda concebirse en el futuro próximo. Y sus perspectivas para el futuro a largo plazo son, como mínimo, muy inciertas.

La situación del PSDB no es mucho mejor, porque todo lo que tiene a su favor es el recuerdo desdibujado del período de Cardoso, cuando prácticamente los mismos problemas eran tan graves como los actuales y el partido era igual de incompetente en señalar soluciones como el PT lo es ahora.

En esta situación tomó la posta el PMDB. Alcanzó cierto grado de estabilidad política pero no tiene la visión de dónde conducir a la economía. Dada su estructura, basada en una federación de dirigentes estatales, al partido le va mejor con los favores que con las estrategias.

Como ocurrió durante la presidencia de José Sarney a fines de la década de 1980, eso puede alcanzar – en el mejor de los casos – para frenar el deterioro económico, pero no para conducir a la reactivación.

El país va a sobrevivir, por supuesto, como lo ha hecho en el pasado. El problema es que Brasil tiene experiencia, lamentablemente demasiado frecuente, en el liderazgo político de baja calidad, por lo que incluso los analistas optimistas solo ven dificultades en el porvenir.

Editado por Phil Harris / Traducido por Álvaro Queiruga

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