058 2

Por Anna Karerina Zambrano

Hoy luego de casi dos años es mucho lo que se puede decir sobre el contenido y alcance de la resolución in comento.

Publicada en Gaceta Oficial número 40.029 de fecha 16 de octubre de 2012, la resolución emanada del Ministerio del poder Popular para la Educación establece la normativa y procedimiento para el funcionamiento del consejo educativo, siendo este ultimo una forma asociativa de hecho creada con el objeto de organizar el funcionamiento de la comunidad educativa para promover la participación de los integrantes de la misma.

¿Es inconstitucional?, ¿Es ilegal?; en términos existenciales, es y está presente en uno de los terrenos que nos es más íntimo, nuestras escuelas.

La resolución adolece de defectos sustanciales de forma, sin embargo por lo que respecta al fondo constituye un mecanismo para la participación de distintos factores que hacen vida en la comunidad educativa en su funcionamiento, sin que esto constituya un adorno superficial a lo que sabemos para otros pretende ser el último eslabón en la conformación de un “ideal” Estado Comunal.

En buen derecho y especialmente en el caso que nos ocupa en su interpretación se debe imponer el método de la hermenéutica. En este sentido sus normas deben interpretarse dentro del universo normativo al cual pertenecen teniendo como norte en primer lugar los tratados internacionales ratificados por Venezuela, la Constitución así como las leyes orgánicas especiales en la materia, esto es la Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes.

De esta manera los considerandos de la resolución deben estar necesariamente circunscritos al propósito de la misma el cual es explícito en su referencia a la Constitución del 99, por ende cualquier interpretación que de los mismos se haga estará sujeta a la misma.

Queda igualmente claro que la resolución  reconoce expresamente la participación dentro del consejo educativo de personas naturales y jurídicas, por ende admite la presencia en su seno de asociaciones civiles de padres, por ejemplo, siempre que su objeto y funcionamiento este vinculado con la unidad educativa a la cual pertenezca el consejo en cuestión.

Conviene destacar que el consejo educativo es la suma de los comités por ende no son excluyentes entre sí, e igualmente no se desconoce la figura del director académico de las instituciones educativas quienes además son los que detentan la credencial que expide el Ministerio del Poder Popular para la Educación y por ende los cuentadantes de las unidades educativas.

En ningún casola figura del comité de contraloría suple a la labor docente ni a la dirección académica, sirve sí de contraloría social sobre el desarrollo de las actividades escolares.

En este estado de las cosas, el tema neurálgico no es debatir sobre la inconstitucionalidad o no, la legalidad o no, de la resolución.

Fundamental si es su viabilidad y sobre todo como enfrentar sus posible efectos adversos en el terreno que nos ocupa directamente, los colegios de nuestros hijos.

Se aboga por su implementación desde la interpretación up supra señalada y por ende como órgano de participación que permite coadyuvar en la consecución de las necesidades escolares, las cuales superan mejorar el salario de los docentes.

En este sentido, como en muchos otros que nos aquejan a diario, se impone la capacidad de organización de la sociedad civil, en este caso, particularmente a través de las figuras de asociaciones civiles, no sólo porque la resolución expresamente los reconoce, sino en virtud del derecho humano consagrado en la constitución relativo la libertad de asociación el cual se haya desarrollado en el Código Civil que establece las formas de asociación así como las normas supletorias en la materia consagradas en el Código de Comercio, todo esto en concordancia con el derecho y obligación que tiene los padres sobre la educación de sus hijos.

La “ambigüedad” de la resolución 058 permite que sobre la base de la organización civil y por supuesto las normas relativas a las buenas prácticas de gobierno corporativo se reglamente su funcionamiento para que de la mano de las asociación de padres, así como de los propietarios de los colegios sean entes laicos o clérigos se logre contener el embate económico y por supuesto de mediocridad académica que padecen muchos de los colegios hoy en día.

El consejo educativo está integrado en su mayoría por padres, representantes y docentes que entendemos tienen ambos un objetivo común: mejorar la educación de sus hijos y estudiantes así como las instalaciones y condiciones laborales, si ese objetivo no se logra no es por la redacción de la resolución 058.

Frente a situaciones de crisis periódicas como las que nos embargan, las cuales tienen hoy un pico alto, lejos de plantear dudas y confusión se debe procurar contra todo pronóstico aclarar y establecer caminos concretos, la cuestión es que es necesario tener claro cuál es  la causa de los problemas y sobre todo cuál es el problema o circunstancia que nos aqueja.

La participación ciudadana activa y en positivo en este caso de los padres es mínima, he ahí uno de nuestros principales problemas, la apatía frente a lo que desconocemos, no nos gusta o consideramos adverso que además esperamos que resuelva otra persona porque al final siempre es el trabajo de alguien más.

Más allá de lo legal o no debemos ocuparnos de asumir el control de nuestros colegios haciendo equipo con la dirección, los docentes, personal obrero y administrativo; mientras sigamos el juego “leguleyo” para evadir un asunto político estaremos condenados al fracaso.

La persistencia es clave sobre todo en luchas asimétricas e igualmente la capacidad de comprensión sobre el hecho de que cada problema en específico tiene su propia forma de tratamiento.

La precariedad de nuestro sistema educativo en todos sus niveles sobrepasa el tema salarial, sin embargo en ese aspecto la sociedad civil lejos de abanderar una revolución en el sistema de la mano de un proyecto educativo del siglo XXI, se limita a reaccionar frente a las “iniciativas” que emergen desde el poder, que nos gusten o no al menos son iniciativas.

Debo aclarar que en ningún caso se debe entender que la actualización, por llamarlo de esa manera, que debe darse en nuestro sistema educativo para impulsarlo hacia el reto de las necesidades del nuevo milenio, deba partir o tenga su base en la estructura comunal que de la mano del plan de la patria se pretende imponer.

Tampoco he señalado “bondades” en torno al texto de la resolución 058.

Planteo sí, una forma más asertiva de enfrentar una realidad que vale decir fue publicada en Gaceta Oficial desde el año 2012, es decir, desde hace dos años atrás, para utilizar los consejos educativos como apoyo a las sociedades de padres en la ejecución de las actividades propias a estas asociaciones civiles, haciéndose evidente su inviabilidad en el plano de la horizontalidad y colectivismo, reglamentándolos en función a una estructura vertical y con manual de roles y funciones, teniendo también en cuenta que la Constitución reconoce a la prestación de los servicios educativos privados dentro del sistema educativo. Todo lo cual implica un reto político dentro de la unidad educativa con el objeto de conciliar el funcionamiento escolar permitiendo la participación de otros factores.

Es fundamental, en consecuencia la organización de la sociedad civil y el ejercicio ciudadano de la política, desde lo más cercano haciendo expansivo hacia lo más general, cada quien dentro de su área de influencia haciendo lo propio.

Frente a la situación política que vivimos, sobre la cual es mucho lo que se puede considerar, se impone la ponderación y síntesis en los argumentos a fin de focalizar los mismos a aquellos suficientemente contundentes y por ende sobre los cuales no haya otra conclusión más que ceder y/o rectificar, enfocando las denuncias, impugnaciones entre otros a los argumentos que sean a todas luces irrefutables.

 

 

 

 

 

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