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Democracia siglo XXI

fecha

junio 23, 2013

Espionaje USA: De la Caverna a la Web

espionaje

 

Lina María Aguirre |

 

Se necesita un tiempo para intentar asimilar de forma comprensiva la información que se está conociendo en relación con el programa ‘PRISMA’ de espionaje sistematizado del gobierno de los Estados Unidos a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). Es tal la particularidad del caso que ha puesto de acuerdo a dos hombres cuyas posturas ideológicas se conocen como irreconciliables: el cineasta Michael Moore y el conservador Glenn Beck. Aunque ya se habla de “spygate”, el tema desborda el cliché periodístico. Exige otras formas de ánalisis,  como propone el filósofo Peter Ludlow en uno de los textos más agudos publicados hasta ahora. No se trata solamente de una ‘guerra contra el terrorismo’ o de una ‘guerra contra las libertades civiles’, el sistema de vigilancia de los Estados Unidos libra una “Guerra real contra la realidad“.

Ludlow es profesor de la Universidad Northwestern y es uno de los filósofos contemporáneos que escribe en The Stone, en la sección de opinión del New York Times. Investiga sobre temas como el ‘Estado vigilante’, agencias privadas de inteligencia y hacktivismo. En su artículo del ‘Opinionator’, recuerda que el entender el concepto del engaño y la decepción ha sido un propósito fundamental de la filosofía durante 2500 años. La caverna de Platón es el lugar en el cual las sombras se confunden con realidad y en el mundo contemporáneo, grupos con poder operan secretamente para crear/mantener ‘cavernas’ en las cuales el público esté expuesto a falsas impresiones, a falsas realidades: el terreno en el cual se encuentra “el trabajo de periodistas, filósofos y otros que buscan la verdad”.

La magnitud de la cuestión está, como pasa en otras ocasiones, en los detalles y uno que es importante destacar es que, como observa Ludlow, la mayor parte del trabajo de inteligencia de los EE.UU. es llevado a cabo por agencias privadas, no por el gobierno directamente, así que es recomendable encontrar relaciones entre las revelaciones de los últimos días y otras previas, como las hechas por el grupo que hoy se conoce como LulzSec (antes ‘Internet  Feds’) cuando sacó a la luz pública 75000 emails que mostraban, entre otros casos, el origen de ‘Team Themis‘, un programa creado específicamente “para  sabotear o desacreditar la organización contraria”, en ese momento los cables del caso WikiLeaks y el periodista Glenn Greenwald (quien ahora ha dado la premicia del caso de Edward Snowden). Los emails muestran cómo Team Themis desarrolló otras propuestas de intervención para la Cámara de Comercio y la Fuerza Aérea de los EE.UU., que incluían por ejemplo la creación de identidades falsas en redes sociales y estrategias para socavar la credibilidad de organizaciones independientes ciudadanas.

Documentos conocidos posteriormente, procedentes del trabajo de un hacker, Jeremy Hammond,  han mostrado la forma cómo opera Stratfor (Strategic Forcasting), otra compañía privada de seguridad que coordinó programas de infiltración en el movimiento ‘Occupy’ en Austin, de monitoreo de activistas ambientales, vigilancia a miembros del grupo crítico de la empresa Dow Chemical, los ‘Yes Men’. Stratfor respondió a una petición de la empresa Coca-Cola sobre la organización PETA (para el tratamiento ético de animales) diciendo que vería que podía “desclasificar” en los archivos del FBI. Además, se ha conocido el intensivo trabajo de relaciones públicas de Stratfor y el hecho de que tenía varias compañías de medios en su nómina.

Se sabe ahora, como informa David Kravets en Wired, que el general Keith Alexander, director de la NSA, ha accedido a cooperar con una investigación del Grupo de Vigilancia de Privacidad y las Libertades Civiles en el caso ‘Spygate’, propuesta por el senador demócrata Tom Udali, aunque es incierto cuánta información de la investigación saldrá a la luz pública, al menos por canales oficiales, ya que Alexander ha advertido que “se ha hecho gran daño revelando todo esto, la consecuencia es que nuestra seguridad ha sido puesta en peligro”, y hoy en día se conocen antecedentes sobre las medidas que a veces son tomadas en nombre de la seguridad. A propósito del personaje, un trabajo periodístico notable de James Bamford en Wired merece atención porque ayuda a conocer mejor el contexto de los hechos recientes.

Es un reportaje extenso sobre el general Keith Alexander, quien está a cargo de una ciudadela secreta desde donde se dirige el plan de ciberguerra de los Estados Unidos de América (el cual, como se podría  deducir, no se restringe necesariamente a las fronteras físicas del país). Allí trabaja ‘un ejército’ de hackers y personal experto en computación e ingeniería que diseña estrategias y equipos con capacidad para lanzar ataques letales no solamente a infraestructura (de diverso tipo) de una fuerza “enemiga” sino también a personas.

Se les atribuye la creación de Stuxnet, una pieza compleja de software lanzada para destruir instalaciones nucleares en Irán. Una fuente anónima del periodista, exagente de alto rango de la CIA, declara: “Bromeamos llamándolo Emperador Alexander, porque cualquier cosa que quiere, la consigue”. Está convencido de que las ciberarmas son en el siglo XXI lo que las nucleares fueron en el XX y en una conferencia reciente en Canadá, citada por Bamford, declaró “estoy preocupado porque [la creciente actividad potencialmente peligrosa en las redes] va a traspasar el umbral y el sector privado no podrá manejar más la situación, y el gobierno tendrá que intervenir”. Como dice el periodista, “en sus palabras, la amenaza [contra los Estados Unidos] es tan inmensamente grande que la nación no tiene más opción que poner toda la internet civil bajo su protección, exigiendo que tweets , emails pasen por sus filtros y poner el botón de ‘kill’ bajo el dedo índice del gobierno”.

Otro material recomendado de la cobertura y análisis especial de Wired sobre el tema incluye: esta advertencia de porqué pensar ‘no tengo nada que temer’ es equivocado al juzgar el impacto de los programas de vigilancia informática, por Moxie Marlisnpike, quien alerta también sobre la enorme cantidad de leyes y crímenes catalogados en unas 27000 páginas del Código de los Estados Unidos, el desconocimiento de todas ellas al detalle y la disparidad de criterios en los distintos estados, así que un ciudadano no puede estar siempre seguro/a de ‘no tener nada que temer’. Merece la pena además volver a leer este artículo de Bruce Schneier “En cuestión de seguridad, estamos regresando al feudalismo”, en el cual explica la transformación del concepto de seguridad informática de los primeros tiempos de internet y web, que dependía fundamentalmente del usuario/a (firewalls, antivirus, etc) a depender ahora completamente de lo que decidan y hagan los fabricantes de equipos y las compañías del software y servicios en línea, quienes a su vez llegan a acuerdos con el gobierno -y por extensión, con firmas privadas de vigilancia contratadas por éste- para ‘asegurar’ su protección a toda costa, a menudo en detrimento de la transparencia debida para con el público.

Los hechos recientes, que apenas parecen ser ‘la punta del iceberg’ han puesto de relieve también las nuevas formas de hacer periodismo de investigación hoy. Es cierto que el Guardian y el Washington Post fueron ‘elegidos’ directamente por el informante Edward Snowden, excontratista de NSA,  en el caso presente, pero el tratamiento subsiguiente ha sido uno que revela las exigencias tanto como la reafirmación de relevancia del periodismo de calidad hoy para analizar, interpretar y comunicar los hallazgos provenientes de fuentes tanto convencionales como no convencionales.

Nicholas Weaver, investigador del Instituto Internacional de Ciencia Computacional de Berkeley, escribía el pasado 14 de mayo estas recomendaciones útiles tanto para quienes quieran dar información secreta a la prensa (“futuras Gargantas Profundas”) como para  periodistas y organizaciones de medios. En este artículo del New York Times, la documentalista que ha hecho las grabaciones de las declaraciones de Snowden, Laura Poitras (perfil de Salon), explica cómo una de las razones por las cuales fue contactada e hizo las filmaciones con Snowden, además de su conocimiento en temas de seguridad (varias publicaciones, filmes e interrogatorios al entrar a su país, Estados Unidos) ha sido su conocimiento técnico para tener conversaciones encriptadas en línea. A propósito, este es el mensaje en código que Wired le ha enviado a Snowden, hecho público con la nota de “no leerlo si ud. no es él”.

Como dice Poitras, se está en medio de una historia que todavía está desenvolviéndose. Falta más para conocer y completar un cuadro más completo que dé una idea clara, entre otras cosas, del papel exacto que están jugando las compañías como Microsoft, Apple, Google, Facebook o Yahoo en este nuevo escenario mundial en el cual el espionaje por parte de quienes concentran poder (estatal, económico, técnico, de cabildeo) se ha convertido en una actividad masiva, internacional y con un potencial de millones de personas afectadas sin que esté definido exactamente cómo pueden invocar sus derechos individuales.

Una situación compleja que reitera la obligación de auto-educarse en la forma cómo funciona y las consecuencias del uso de tecnología y servicios web ampliamente difundidos, saber qué puede pasar con el material personal alegremente puesto a circular en redes, y también conocer las iniciativas recientes surgidas en los últimos días, como StopWatchingUs, respaldada, entre otras, por las organizaciones como la Electronic Frontier Foundation, la Fundación World Wide Web, MoveOn, Mozilla o el Center for Democracy and Technology. El inventor de la Web, sir Tim Berners-Lee, ha dicho de nuevo que la “vigilancia gubernamental sin control es una intrusión en los derechos humanos fundamentales y amenaza las bases mismas de una sociedad democrática”.

La campaña recuerda, entre otras, dos declaraciones elocuentes: “Aquellos que renuncian a la Libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad”, de Benjamin Franklin, y  “Sería estremecedor para mí si los ciudadanos de los Estados Unidos permiten que esto continúe”, del disidente Ai WeiWei, quien también ha dicho que el país americano “se está comportando como China“, y por supuesto, no lo ha dicho como un elogio.

lavanguardia.com

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El debate sobre la función del voto en la democracia

reinventar 3

Por José Miguel Onaindia

Esta semana se producen debates en las dos orillas del Río de la Plata que invitan a reflexionar sobre el voto y sus funciones en un sistema democrático del siglo XXI. En Uruguay, se inició un proceso para convocar a referéndum contra la ley que legaliza y regula la interrupción voluntaria del embarazo, sancionada por el Congreso, según el procedimiento de participación popular que establece la Constitución y que tiene una tradición en el desarrollo institucional y, especialmente, desde su recuperación democrática. En Argentina, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley que modifica el sistema de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, órgano incorporado en la reforma constitucional de 1994.

Ambas situaciones, que no tienen semejanzas ni por la materia ni por los procedimientos, son disparadores para discernir sobre los mecanismos de legitimidad en las democracias contemporáneas: ambos contrapuestos escenarios tienen la participación popular como eje de la reflexión institucional.

Votar o no votar. El domingo comenzará, en Uruguay, el proceso para someter a referéndum la ley de legalización del aborto, que como en muchos países causó controversias y divisiones aun entre legisladores de las mismas fuerzas. Es necesario aclarar que plebiscito y referéndum no son sinóminos. El plebiscito es convocado para aprobar o rechazar una reforma constitucional, como la última etapa del proceso reformador de la norma fundamental. El referéndum es un procedimiento de participación popular que se inicia con el aval de un 25% del total de inscriptos habilitados para votar, dentro del año de promulgada la ley. Si alcanza ese piso de respaldo, permite que mediante otro acto electoral se ratifique o rechace la ley cuestionada.

Las fuerzas políticas se dividen respecto de su posición sobre la participación en el acto electoral. Mientras el grupo Voz y Voto, que promueve el referéndum, sostiene que la ley fue votada por la mayoría , con diferencia de un voto, el Frente Amplio gobernante recuerda a la ciudadanía que la ley se aprobó por sesenta y siete votos. Mientras los opositores sostienen que los uruguayos superan sus diferencias mediante el voto, el oficialismo recuerda que la consulta convocada no es obligatoria. Estas posturas fueron plasmadas en campañas publicitarias que provocaron arduas discusiones en las redes sociales.

Del otro lado del Río de la Plata y en la misma semana, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de una ley recientemente aprobada por el Congreso que determinó que los miembros del Consejo de la Magistratura fueran elegidos por el voto popular. Más allá del juicio de valor que esta decisión merezca, lo cierto es que basta la lectura del artículo 114 de la Constitución para advertir que la decisión legislativa es violatoria de esa disposición. La norma establece que el Consejo será integrado por representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal y de personas del ámbito científico y académico.

La sentencia recibió la dura condena del oficialismo, que tuvo como vocero principal a la Presidenta y una amplia aprobación de la oposición política y de vastos sectores del pensamiento académico. La crítica tiene como principal argumento la violación de la voluntad popular, expresada por la mayoría del Congreso, de votar la ley cuestionada, mientras quienes apoyan la decisión jurisprudencial sostienen la legitimidad del principio de control de constitucionalidad que la Constitución otorga al Poder Judicial para mantener el principio de supremacía de la Constitución.

Indispensable, pero insuficiente. El lector puede preguntarse qué me conduce a relacionar ambas situaciones de dos países muy diferentes en sus sistemas de organización política y en sus comportamientos sociales. Entiendo que en ambos escenarios hay una cuestión que subyace: ¿en una democracia todo se legitima con el voto? Hace ya veinte años, en un ensayo que se tituló ¿Qué es la democracia?, Alain Touraine sostenía que “con votar no basta” . Esta afirmación parte de la base de que el voto es indispensable para que se establezca un sistema democrático, pero insuficiente en el siglo XXI para determinar la existencia de un sistema democrático.

Elegidos los órganos de representación popular por el sufragio universal, supuesto indispensable para que se establezca una democracia, ¿el voto legitima toda decisión o conducta? ¿Puede el voto popular habilitar la restricción o supresión de derechos humanos fundamentales? ¿Puede el Congreso elegido por el pueblo y expresión de la mayoría transitoria dictar normas que transgredan y modifiquen las normas constitucionales?

Estas preguntas que pueden parecer de respuesta obvia están en la base de las controversias que se suscitan en ambos países frente a supuestos de hecho y mecanismos constitucionales de control muy diferentes.

La ley de interrupción voluntaria del embarazo fue sancionada por una legítima mayoría que no fue expresión única del frente político gobernante, sino que contó con el voto de algunos legisladores de la oposición. Para sus adherentes, significa una ampliación de los derechos humanos y un avance en el reconocimiento de la extensión de derechos a la mujer, ayudando a que el Estado controle y custodie el derecho a la vida y a la salud de quienes deciden voluntariamente asumir esa decisión. Para sus opositores, cercena el derecho a la vida de la persona por nacer. La Constitución uruguaya permite dentro del primer año de promulgación que la ley sea sometida a este proceso de ratificación popular.

Me parece interesante recordar que estos mecanismos de participación popular surgen para tornar más participativos los sistemas democráticos y permitir que el ciudadano se pronuncie por la aceptación o rechazo de determinadas materias que se ponderen de importancia política. Su recepción constitucional ha sido una tendencia de la evolución del constitucionalismo en el siglo XX.

El control judicial de constitucionalidad de las leyes es un mecanismo que surge desde los orígenes del movimiento constitucional y que en una forma de gobierno presidencialista como la argentina constituye un necesario mecanismo de control para la adecuación a la norma constitucional de gobernantes y gobernados. La sentencia de la Corte que declara la inconstitucionalidad parcial de la ley de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura reitera principios que son la base del sistema político como la separación de poderes, la supremacía de la Constitución y el control de los actos de los restantes órganos por el Poder Judicial.

Más allá de muchas críticas que pueden hacerse y que he formulado a la organización de sistema judicial argentino, me parece necesario señalar que en los casi treinta años de la recuperación del orden constitucional, en muchas situaciones mediante el control de constitucionalidad se ha ampliado la base de los derechos humanos y se ha anticipado medidas legislativas demoradas. Desde la ley de divorcio vincular a la de matrimonio igualitario, desde el cuestionamiento a la obediencia debida y al indulto hasta la ampliación de los derechos sociales como la movilidad del haber jubilatorio, la Justicia, mediante este sistema de control, ha tenido un rol trascendente en la protección de los derechos y el orden constitucional.

Las democracias contemporáneas se legitiman y amplían cuando, además de la elección popular de sus representantes y el ejercicio de formas de participación popular, hacen que sus normas e instituciones permitan la más amplia extensión de los derechos de las personas, respeten la diversidad de individuos y grupos y diriman sus conflictos dentro de los mecanismos del sistema. Como expresa el ya citado Alain Touraine, la democracia no consiste en que el pueblo se siente en el trono, sino en que no haya trono.

 

*Profesor de Derecho Constitucional y Legislación Cultural en UBA, UNC y Flacso.

 

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