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Democracia siglo XXI

fecha

abril 8, 2013

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA: ¿HACIA LA DEMOCRACIA DEL SIGLO XXI?

participación

 Las formas posibles de participación política de la ciudadanía y las instituciones que las apoyan han variado a través del tiempo, en buena parte por las posibilidades que permiten las tecnologías de comunicación e información. Con las redes e internet se abre un campo para seguir profundizando la democracia renovando las instituciones democráticas con nuevos dispositivos. 

André-Noël Roth

El mundo ha sufrido más de los dirigentes y autoridades que de las masas (J. Dewey, 1927)

Con el inicio de las discusiones del tema de la participación política, el proceso de negociación entre la delegación del gobierno de Santos y la de las Farc en la Mesa de Conversaciones de la Habana entra en una nueva fase que, si se aprovecha la oportunidad, puede ser histórica para la democracia del siglo XXI. En efecto, el segundo punto considera la revisión de los “Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas”. Pensar instituciones democráticas para el siglo XXI pasa por una redefinición de las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre Estado, administración y ciudadanía. Teniendo como horizonte la superación de las formas y de los mecanismos institucionales imaginados en el siglo XVIII en otro contexto, podría ser la oportunidad histórica de profundizar seriamente las prácticas de democracia participativa institucionalizándolas, y poniendo así a Colombia a la delantera de la construcción de un nuevo modo de gobierno más democrático.

El cambio tecnológico en el campo de la comunicación y de la difusión de los saberes tiene un impacto directo sobre las formas de representación política y de gobierno imaginables que luego se traduce, aunque siempre imperfectamente, en instituciones. Así, se admite comúnmente que la invención de la imprenta permitió la difusión de saberes y de competencias a un público más amplio, lo cual no tardó en provocar revueltas contra las formas entonces establecidas de gobierno. La difusión de la Biblia permitió la contestación del monopolio de la interpretación de los textos sagrados por la jerarquía clerical católica. El cisma “protestante” de Lutero se inscribe así en un proceso democratizador de las instituciones. Igualmente, la imprenta facilitó la difusión de las ideas de la Ilustración. En el plano político, la monarquía absoluta tuvo que ceder ante la presión de la democracia censitaria instaurada por la República. Las nuevas instituciones representativas corresponden así a una nueva legitimidad basada sobre el conocimiento y el éxito económico. El gobierno debe ser ejercido por los más inteligentes, y éstos son los más educados, dirán los revolucionarios franceses. Esto permitió imponer una nueva forma de dominación basada sobre las cualidades individuales medidas en éxito económico (como señal de destino divino) y en títulos académicos certificados por el Estado. El triunfo de los valores de la burguesía tenía la ventaja para, de un lado, permitir la confusión entre la legitimidad para ejercer el poder político y la dominación económica. Y por otro lado, permitía también devolver el pueblo que había invadido el espacio público a sus (miserables) hogares mientras no se educaba.

En América latina, esta victoria de la mentalidad burguesa se reflejó, además, en un proceso de exclusión racial: los negros e indios no disponían de las competencias necesarias para legitimar su participación a las nuevas instituciones. De esta forma, las instituciones republicanas, como dispositivos funcionales, son producto de este “racismo de la inteligencia” (Bourdieu) impuesto a la sociedad por los grupos sociales que tuvieron acceso a estas nuevas formas legítimas de dominación válidas hasta hoy en día. La difusión del saber impreso en el siglo XIX, luego complementado por la radio y la televisión en lo siglo XX, impulsará luego la legitimación progresiva del sufragio universal, como dispositivo institucional de la masificación de la democracia y del consumo permitido por la producción en masa. En este proceso la diferencia entre los regímenes occidentales de democracia representativa y las democracias “populares” a partido único de tipo soviético no es sino de grado. En esencia, en los dos modelos el pueblo fue excluido del ejercicio directo del poder político por su manifiesta incompetencia e ignorancia; el poder es confiscado por una sucesión de élites ilustradas, en una versión siempre renovada del gobierno de los sabios de Platón. El público fue eclipsado, como diría el filósofo pragmatista John Dewey.

La revolución informática, iniciada en los años 80, genera nuevas perspectivas para la democracia. La comunicación horizontal e inmediata que posibilitan las redes informáticas ayudó al colapso de la forma soviética de gobierno, permitiendo nuevamente la irrupción del público-pueblo, socavando la capacidad de control societal ejercido de forma vertical y compartimentada por algún Comité Central. Más recientemente, el mayor acceso a la información y su instantaneidad fue un factor importante para arrasar a varios de los regímenes dictatoriales y corruptos del medio oriente. La difusión del saber y de la información sigue ejerciendo así una presión democratizadora, la ciudadanía exigiendo una mayor participación a los asuntos de gobierno.

En el mundo occidental, y en América Latina en particular, la presión por una mayor democratización de la sociedad se expresó también, aunque de forma menos espectacular,  con la introducción de la noción de democracia participativa. Hasta volverse un imperativo. Las contradicciones con la lógica censitaria y oligárquica de hecho y de poder indirecto del régimen representativo se hacen cada vez más evidentes. Es significativo que uno de los argumentos que legitimó el retiro del proyecto de reforma a la ley 30 (Educación superior) en Colombia en el 2011 fuese justamente el hecho de que no había sido concertado con los interesados. Sin participación de, o concertación con los interesados, ya no se vuelve difícil tomar decisiones políticas legítimas. La “nueva” ciudadanía está poniendo en aprietos y deslegitima las ahora envejecidas y anticuadas prácticas e instituciones de representación y de gobierno. Las formas democráticas de gobierno que resultaron hegemónicas durante los siglos XIX y XX están agotadas y colapsando.

Las condiciones tecnológicas contemporáneas de la comunicación inducen hacia una nueva ruptura del orden democrático. La comunicación dejó de ser monopólica o oligopólica y unidireccional como en tiempos de la información de los medios impresos y audiovisuales controlados, en su inmensa mayoría, por los poderes políticos o los grandes grupos económicos. La interactividad directa permitida por los medios de comunicación del siglo XXI tiene el potencial de generar las condiciones para una nueva irrupción de la ciudadanía en la gestión de los asuntos que la concierne. ¿Será el fin del eclipse?

Es tal vez aún utópico pensarlo. Pero, por lo menos, es factible imaginar instituciones que servirían de soporte a un nuevo proceso de profundización democrática. Y como siempre, lo nuevo ya está en gestación en lo viejo. Lo que necesita la democracia es el mejoramiento radical de las condiciones de deliberación. Hoy en día estas condiciones deben significar la inclusión y la participación de los involucrados en nuevos escenarios para deliberar y debatir sobre las decisiones que pueden afectarlos. Desde varios ámbitos, la presión por la participación ha permitido nuevas experimentaciones político-sociales y administrativas como el presupuesto participativo o la consulta pevia. Un dispositivo como la consulta previa, establecido para instaurar un diálogo con  base en la interculturalidad entre Estado y minorías étnicas, podría ser extendido al conjunto de la población, tanto rural como urbana. Por ejemplo, ¿por qué no se establecen dispositivos de concertación y consulta con la ciudadanía bogotana para la construcción del metro o sus alternativas? La resistencia misma del poder político a institucionalizar dispositivos participativos de manera seria y adecuada es tal vez señal de su potencial emancipador. Instaurar el diálogo y la deliberación sobre diversos asuntos públicos de forma organizada y directa entre los distintos actores involucrados e interesados y de manera equitativa en término de acceso a la información, experticia, recursos y poder de decisión significaría una transformación radical de las relaciones entre gobernantes y gobernados.

Hoy las condiciones tecnológicas para la institucionalización generalizada de la consulta previa ya están dadas. Así mismo, en estas últimas décadas las ciencias sociales han desarrollado importantes capacidades y técnicas para recolectar las reflexiones y opiniones de la ciudadanía mediante metodologías participativas. Se trata de generar, vía la participación directa a las deliberaciones, un aumento de las aptitudes de la ciudadanía para estimar el alcance de decisiones y ser a su vez coproductor de éstas. En el campo del análisis de las políticas públicas, dispositivos como las Conferencias de consenso y los sondeos deliberativos buscan reintroducir la voz y la competencia ciudadanas, el saber profano, en el proceso de decisión político y administrativo. La democratización de la tarea administrativa, lugar en donde se formatean hoy en día gran parte de las decisiones políticas, implica inventar mecanismos de participación ciudadana en este ámbito. Incluso, repensar la reintroducción razonable y razonada de un mecanismo altamente democrático como el sorteo, combinado con procesos electivos, para la ocupación de diversas funciones públicas ofrecería una real posibilidad de romper con el clientelismo y la corrupción, así como limitaría el espíritu exacerbado de competición individual.

El Foro sobre participación ciudadana, a cargo de la ONU y de la Universidad Nacional de Colombia, a realizarse por invitación de la Mesa de Conversaciones debería ser un escenario adecuado para que surjan nuevas propuestas de participación ciudadana para construir los dispositivos y las instituciones de la democracia del siglo XXI.

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Margaret Thatcher, neoliberalismo sin concesiones

 

Margaret

 

Margaret Thatcher, que falleció hoy a los 87 años, levantó como pocos políticos en la historia del Reino Unido las pasiones más encontradas, desde la admiración absoluta hasta un rechazo que rozaba en muchos casos el rencor y el odio.

EFE  |  Londres (Reino Unido)

 

Para bien o para mal, Thatcher pasará a la historia como una primera ministra conservadora fundamental que transformó, y dividió, al país en los casi once años que estuvo en el Gobierno y fue la primera mujer del Reino Unido en llegar al cargo más alto del poder.

Con tesón y estilo agresivo a la hora de negociar, Thatcher se atrevió con todo, desde la casi destrucción de los sindicatos, el enfrentamiento con el IRA, la defensa de los intereses británicos frente a Europa, sus críticas a la desaparecida URSS y a un conflicto armado en 1982, cuando envió tropas al Atlántico Sur para defender las islas Malvinas de la ocupación argentina.

La fuerte voluntad y la determinación de Thatcher le valieron el nombre de la “dama de hierro”, apodada así en su día por los medios soviéticos por su férrea oposición al comunismo.

 

Nacida el 13 de octubre de 1925 en Grantham (norte de Inglaterra), la política “tory” procedía de una familia de modestos recursos pues su padre había sido propietario de dos tiendas de comestibles. Con gran capacidad para el estudio, Thatcher ingresó en un colegio secundario público de carácter selectivo y consiguió entrar en la Universidad de Oxford, donde estudió Química. Pronto se daría cuenta de que su pasión era la política, por lo que estudió Derecho y se graduó como abogada en 1954.

El paso más importante lo daría en 1959 cuando fue elegida diputada por la circunscripción de Finchley (norte de Londres), lo que le permitió ocupar la subsecretaría de Estado de Pensiones en el Gobierno de Harold Mcmillan (1957-63).

Después desempeñaría diversos cargos en su partido cuando estaba en la oposición hasta 1970. Con la victoria del “tory” Edward Heath en 1970, Thatcher se encargó de la cartera de Educación, pero cuando los conservadores perdieron las elecciones generales en 1974, desafió ese liderazgo y, para sorpresa de muchos, salió victoriosa.

Desde entonces, su carrera al 10 de Downing Street, residencia de los primeros ministros, fue meteórica al ganar los comicios de 1979 en momentos en que el Partido Laborista estaba debilitado y el país parecía paralizado por las huelgas y la crisis económica. Su llegada al poder supuso una completa transformación del Reino Unido al apoyar la privatización de industrias estatales y el transporte público (trenes y autobuses); la reforma de los sindicatos, a los que prácticamente despojó de poder, la reducción de los impuestos y del gasto público y la flexibilidad laboral.

Las medidas pronto consiguieron rebajar una inflación que parecía no tener freno, pero tuvieron un coste muy alto para la población británica por el aumento del número de parados. La euforia inicial por su llegada al poder se transformó pronto en frustración, a tal punto que los sondeos presagiaban la derrota de Thatcher en las elecciones generales de 1983.

Sin embargo, la inesperada ocupación de las islas Malvinas por parte de los militares argentinos el 2 de abril de 1982 cambió el rumbo de la historia. La victoria de los británicos en junio de ese año selló el destino, y la fama, de la “dama de hierro”, que se alzó con la victoria en las generales de 1983. Con ese triunfo vendrían los años duros de Thatcher, que no dudó en continuar con el congreso anual de su partido en Brighton (sur de Inglaterra) cuando el IRA perpetró en 1984 un atentado contra el hotel donde se celebraba o cuando se enfrentó a los mineros, a los que derrotó en 1985, después de un año de enfrentamientos por el cierre de pozos de carbón.

 

También marcaron los años de Thatcher su fuerte alianza con el expresidente de EEUU Ronald Reagan y su oposición al comunismo, si bien se dejó seducir por el carisma del reformador soviético Mijail Gorbachov.

 

Pero el declive de Thatcher llegó a finales de los 80 con su impopular “poll-tax”, un impuesto municipal cuyo impago se castigaba con la negación del derecho al voto, además de su continua intransigencia sobre la integración europea. Su caída por el controvertido impuesto no vino de la mano del votante, sino de su propio partido, que el 22 de noviembre de 1990 la castigó con una revuelta interna por su implacable determinación, la misma que la llevó al poder.

 

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